CE - 012331000201100030011SENTENCIA20230201130915

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 410012331000201100030 01 (55685)

Demandante: SANDRA LILIANA VIDAL MORA Y OTROS Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de grupos subversivos. Demandante no cumplió con la carga de la prueba.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional contra la sentencia proferida el 3 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 29 de noviembre de 2009, en horas de la mañana, en la plaza de mercado del municipio de Algeciras, se presentó una incursión armada de subversivos pertenecientes a la segunda compañía Ayiverth González de la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC, que atacó una patrulla policial que se encontraba realizando labores de vigilancia, control y de abastecimiento en el sector. Los agentes repelieron el ataque mediante el uso de sus armas de dotación oficial. El enfrentamiento dio como resultado la muerte de 4 agentes de la policia — Deivis Nieto Bisbal, Schneider Amaya Sabogal, Tito Valverde Huila y Reynaldo

sector. Los agentes repelieron el ataque mediante el uso de sus armas de dotación oficial. El enfrentamiento dio como resultado la muerte de 4 agentes de la policia — Deivis Nieto Bisbal, Schneider Amaya Sabogal, Tito Valverde Huila y Reynaldo Durango Mesa; la muerte de los subversivos Diego Fernando Díaz Rincón y Jorge Cano Benítez; heridas al subversivo Wilfredo Díaz Bermúdez, quien fue capturado; y lesiones a los civiles Sandra Liliana Vidal Mora, Marco Saúl Campera Otavo y Rosendo Pastrana Toledo. La demandante, Sandra Liliana Vidal Mora sufrió herida de arma de fuego en pie derecho con incapacidad definitiva de 55 días que le dejó secuelas permanentes.Radicación: 410012331000201100030 01 (55685) Demandante: Sandra Litana Vidal Mora y otros Los demandantes afirman que “tos daños [...] son imputables a la parte demandada, | en atención a que esta expuso a los perjudicados a un riesgo excepcional, por el enfrentamiento que sostuvo la policía en medio de los particulares, en una población en la que se habían registrado varios ataques guerrilleros y ha vivido en constantes amenazas por parte de los grupos subversivos que operan en la región [...] El hecho de la administración consiste en la omisión de lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución [...] las lesiones padecidas por Sandra Liliana Vidal Mora fueron consecuencia exclusiva de la falla en la prestación del servicio a cargo de la Policía Nacional

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 1? de octubre de 2010, Sandra Liliana Vidal Mora y Alessandro Benavides Olaya, en nombre propio y en representación de sus dos hijas menores - Luisa Fernanda

Nacional

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 1? de octubre de 2010, Sandra Liliana Vidal Mora y Alessandro Benavides Olaya, en nombre propio y en representación de sus dos hijas menores - Luisa Fernanda Benavides Vidal y Laura Valentina Benavides Vidal -, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por las lesiones padecidas por Sandra Liliana Vidal

Mora. Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Sandra Liliana Vidal : Mora y Alessandro Benavides Olaya y 50 SMLMV a Luisa Fernanda Benavides Vidal y Laura Valentina Benavides Vidal; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV. a Sandra Liliana Vidal Mora y Alessandro Benavides Olaya y 50 MLMV a Luisa Fernanda Benavides Vidal y Laura Valentina Benavides Vidal; por daño emergente, la suma de $1.500.000 a Sandra Liliana Vidal Mora; y por lucro cesante, la suma de $259:000.000 a Sandra Liliana Vidal Mora. OS En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 29 de noviembre de 2009, a las 9:30 a.m., en la plaza de mercado del municipio de Algeciras, Huila, 1FL1a10,C. 1.Radicación: 410012331000201100030 01 (55085) Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros se presentó la incursión subversiva de la segunda compañía Ayiverth González de

1FL1a10,C. 1.Radicación: 410012331000201100030 01 (55085) Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros se presentó la incursión subversiva de la segunda compañía Ayiverth González de la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC. Indica que la incursión ¡iba dirigida contra la patrulla móvil policial que se encontraba realizando labores de vigilancia y control en el sector, generándose así el enfrentamiento armado entre los subversivos y los agentes de la fuerza pública. Sostiene que en el cruce de disparos perdieron la vida 3 agentes de policía y dos subversivos, resultaron heridos un agente de policía y un subversivo, e igualmente, resultaron lesionados dos civiles, entre ellos, Sandra Liliana Vidal mora quien sufrió un impacto de bala en el pie derecho. Asevera que Sandra Liliana Vidal Mora recibió primeros auxilios en el hospital municipal de la localidad y fue remitida a la clínica Mediláser de Neiva, donde fue intervenida quirúrgicamente para sustracción del proyectil y hospitalizada durante cuatro días. Sostiene que el 28 de enero del 2010 se elaboró el tercer informe técnico médico legal de lesiones no fatales en el que se dictaminó una incapacidad definitiva de 55 días con secuelas por perturbación funcional de órgano de carácter a definir, cicatriz de 2.5 por 1 cm en cara interna de pie derecho, hiper crónica, atrofia muscular de miembro inferior derecho, limitación para el apoyo y la marcha por dolor y marcha con ayuda de muletas. Los demandantes sostienen que “Los daños que motivaron la presente acción son

miembro inferior derecho, limitación para el apoyo y la marcha por dolor y marcha con ayuda de muletas. Los demandantes sostienen que “Los daños que motivaron la presente acción son imputables a la parte demandada, en atención a que esta expuso a los perjudicados a un riesgo excepcional, por el enfrentamiento que sostuvo la policía en medio de los particulares, en una población en la que se habían registrado varios ataques guerrilleros y ha vivido en constantes amenazas por parte de los grupos subversivos que operan en la región [...] El hecho de la administración consiste en la omisión de lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución [...] las lesiones padecidas por Sandra Liliana Vidal Mora fueron consecuencia exclusiva de la falla en la prestación del servicio a cargo de la Policía Nacional ”.Radicación: 410012331000201100030 01 (55685)

Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros

2. Contestación El 28 de enero de 2011?, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Ministerio de Defensa —- Policía Nacional?-, sostuvo que los daños y perjuicios afligidos a la señora Sandra Liliana Vidal Mora no fueron consecuencia de la acción u omisión de la entidad demandada sino de la actuación indiscriminada, delincuencial y demencial de grupos al margen de la ley. En efecto, propuso la excepción del hecho exclusivo de del tercero como causante del daño y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 10 de noviembre de 2011 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

legitimación en la causa por pasiva.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 10 de noviembre de 2011 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El Ministerio de Defensa — Policía Nacional? reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la demanda. 3.2. La parte actora? alegó que los daños que motivaron la presente acción eran imputables a la parte demandada, porque esta expuso a los perjudicados a un riesgo excepcional con el enfrentamiento que sostuvo en medio de los particulares, configurando una falla en el servicio por omisión en los deberes propios de la administración. 3.3, El Ministerio Público” solicitó acceder.a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la fuerza pública conocía las graves alteraciones de orden público que afectaban la municipalidad. A 2 FI. 52a53,C. 1. 3 Fl. 68 a72, C.1. 4 Fl. 173,C.1.

5FL 175a177,C. 1. $ Fl. 188 a 191, C.1. 7 FL 205 a 213, C.f.Radicación: 410012331000201100030 01 (55685)

Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 3 de junio de 2015% el Tribunal Administrativo del Huila accedió a las pretensiones de la demanda al constatar que las lesiones padecidas por Sandra Liliana Vidal Mora fueron consecuencia del enfrentamiento armado entre agentes de la policía que se encontraban en la galería municipal de Algeciras Huila y el grupo subversivo FARC.

por Sandra Liliana Vidal Mora fueron consecuencia del enfrentamiento armado entre agentes de la policía que se encontraban en la galería municipal de Algeciras Huila y el grupo subversivo FARC. Al efecto, sostuvo que: “Si bien no se puede sostener que la víctima resultó lesionada por los disparos efectuados por los agentes de la Policía Nacional, sí se puede concluir que las lesiones por ella padecidas fueron como consecuencia del enfrentamiento con el grupo insurgente, ataque que se inició teniendo como objetivo exclusivo los agentes de policía que se encontraban en la galería municipal de Algeciras, Huila.”. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Huila condenó a la entidad demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 40 SMLMV para cada uno de los demandantes; por daño a la salud, la suma de 40 SMLMV para Sandra Liliana Vidal Mora; por daño emergente la suma de $572.700, para Sandra Liliana Vidal Mora; y por lucro cesante la suma de $1.363.440 para Sandra Liliana Vidal Mora.

5. Recurso de apelación El 30 de julio de 2015 el Ministerio de Defensa — Policía Nacional interpuso el recurso de apelación, el cual fue concedido el 20 de agosto de 2015 y admitido el 25 de noviembre de 201510. 5.1. El Ministerio de Defensa — Policia Nacional! indicó que el a quo no valoró en conjunto y en debida forma el material probatorio allegado al plenario pues aunque está se demostró que hubo un daño antijurídico, no se probó que la causa del mismo hubiera sido una omisión del Estado. Asimismo, sostuvo que los perjuicios 8 Fl. 323 a 351, C.Ppal.

está se demostró que hubo un daño antijurídico, no se probó que la causa del mismo hubiera sido una omisión del Estado. Asimismo, sostuvo que los perjuicios 8 Fl. 323 a 351, C.Ppal. $ FL 236, C.Ppal. 19 FI, 253, C. Ppal. 1 Fl 217 a 221, C.Ppal.Radicación: 410012331000201100030 01 (55685) Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros reconocidos a favor de los demandantes carecían de acreditación.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 27 de enero de 20161? se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El Ministerio de Defensa — Policía Nacional alegó que, de acuerdo con lo probado en el proceso, no le asistía la razón a los planteamientos presentados en la demanda, por cuanto no se encontraba probada la. faila en el servicio y, por el contrario, estaba probada la excepción de hecho de un tercero como causante exclusivo y determinante del daño. 6.2. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio!?.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 3 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo, un proceso adelantado en ejercicio

de 500 SMLMV para que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo, un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación!.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación 12 Fl, 255, €. Ppal. 5 Fl, 281, C. Ppal. 14 La pretensión mayor de la demanda se estima en $259.000.000 por lucro cesante, lo cual es superior a 500 SMLMV ($257.000.000.) del año en que ésta se presentó.Radicación: 4100123310002031100030 01 (55685) Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños por hechos imputables a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!$, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser. razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

protección del interés general!$, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser. razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?”, ofrecer estabilidad del 15 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa O ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución juridico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6874-05 ...ef derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridosRadicación: 410012331000201100030 01 (55685) Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también-como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso iure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar, El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe deciararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ...[s/i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicación: 410012331000201100030 01 (55685)

Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros

sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicación: 410012331000201100030 01 (55685) Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta to siguiente: ¡) que las lesiones padecidas por Sandra Liliana Vidal Mora tuvieron lugar el 29 de noviembre de 2009 (hechos probados 7.1.2. y 7.1.3.); li) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de marzo de 2010, la cual se declaró fallida el 12 de junio de 2010?; y ¡i¡) que la demanda se presentó el 1% de octubre de 2010, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.

4. Legitimación en la causa 4.1 Sandra Liliana Vidal Mora (víctima), Alessandro Benavides Olaya (cónyuge), Luisa Fernanda Benavides Vidal (hija) y Laura Valentina Benavides Vidal (hija) son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, en razón a que la primera es la víctima directa de las lesiones cuya reparación se demanda y los siguientes conformaban su núcleo familiar, según dan cuenta las copias auténticas de los registros civiles de matrimonio y nacimiento obrantes en el plenario?!. 4.2, La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente

su núcleo familiar, según dan cuenta las copias auténticas de los registros civiles de matrimonio y nacimiento obrantes en el plenario?!. 4.2, La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa — Policía Nacional, pues en la demanda se alega que esta entidad es patrimonialmente responsable por las lesiones padecidas por Sandra Liliana Vidal Mora.

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si en el caso bajo examen se reúnen los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones padecidas por Sandra Liliana Vidal Mora o si, por el contrario, se configuró el hecho exclusivo de un tercero. 20 Fl. 35 a 36, C.1. 21 FI. 7a18,C.1.Radicación: 410012331000201100030 01 (55685)

Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros

6. Solución al problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre: i) La responsabilidad del Estado, ¡¡) La responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de grupos subversivos y ¡ii) El hecho exclusivo de un tercero. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 19912? consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraria el orden legal? o que está desprovista de una

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraria el orden legal? o que está desprovista de una causa que la justifique””, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida?f, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre?”. 2 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945'" 24 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoria General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2 ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia.del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499: Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 26 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra coleCTlva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia.

26 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra coleCTlva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia. 27 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en suRadicación: 410012331000201100030 01 (55685) Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros La imputación no es otra cosa que la atribución jurídica y fáctica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto?.

ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto?. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 6.2. Responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de grupos subversivos La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la responsabilidad del Estado con ocasión de actos de grupos armados puede examinarse a partir de tres criterios de imputación, a saber: falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial, según la determinación fáctica de cada caso y la atribución jurídica que - proceda. Así las cosas, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de vista de la falla del servicio, tratándose de daños causados por grupos armados insurgentes, cuando se tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia de mandatos de abstención —deberes negativoscomo de acción —deberes positivosa cargo del Estado. Sin embargo, para que se genere responsabilidad con fundamento en ello es menester acreditar, a título de ejemplo, i) el incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes normativos, li) la omisión o inactividad de la administración pública, o ii) el desconocimiento de la posición de garante institucional que pueda asumir la administración. Como en los daños causados por la acción de grupos insurgentes se está en presencia de un hecho de un tercero, desde un plano causal, deberá demostrarse ta cognoscibilidad real del peligro que

institucional que pueda asumir la administración. Como en los daños causados por la acción de grupos insurgentes se está en presencia de un hecho de un tercero, desde un plano causal, deberá demostrarse ta cognoscibilidad real del peligro que definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n. 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386. 11Radicación: 410012331000201100030 01 (55685).

Demandante: Sandra Liliana Vidal Mora y otros corre el bien jurídico que debe ser protegido, al igual que la posibilidad material de actuar en defensa del mismo, o bien por el negligente o inadecuado despliegue d de las acciones de defensa ej