CE - 012331000201100324011SENTENCIA20230606093801

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 76001233100020110032401 (56.868)

Demandante: Fundación para el Desarrollo Social Farallones

Demandado: Municipio de Santiago de Cali Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO - estudio de las prestaciones pactadas / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA

CONTRATACIÓN ESTATAL / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la S ala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primer grado , mediante la cual fueron negadas las pretensiones de la demanda.

En el centro de la controversia, la actora planteó el incumplimiento en el pago de la remuneración pactada. El a quo negó las pretensiones al aducir que el actor no logró el objeto convenido y, en todo caso, la entidad demandada no se comprometió con una contraprestación económica a favor de la fundación accionante . La parte demandante presentó recurso de alzada afirmando que sí se pactó una retribución a su favor y que el Tribunal desconoció los elementos probatorios que daban cuenta del cumplimiento del objeto acordado.

demandante presentó recurso de alzada afirmando que sí se pactó una retribución a su favor y que el Tribunal desconoció los elementos probatorios que daban cuenta del cumplimiento del objeto acordado.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 18 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se decidió lo siguiente:

“PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda.

“SEGUNDO.- ORDENAR para que la Secretaría proceda a inscribir el presente proveído en el Sistema Justicia XXI.

“TERCERO.- LIQUIDAR los gastos del proceso conforme se ordenó en el auto admisorio de la demanda y previa solicitud, DEVOLVER si existieren, los remanentes a la parte demandante”1.

1 Folios 672 del cuaderno principal.Radicación: 76001233100020110032401 (56.868)

Demandante: Fundación para el Desarrollo Social Farallones

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

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El anterior proveído resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos principales , y fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

2. La Fundación para el Desarrollo Social Farallones solicitó se accediera a declarar las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe conforme obra):

“1ª. Declárese el INCUMPLIMIENTO por parte del Municipio de Cali – Secretaría de Vivienda Social del CONVENIO de Asociación de fecha 23 de noviembre de 2.007, celebrado entre: ASOCIADO PARTICIPE PROMOTOR: Municipio de Cali, SECRETARIA

Vivienda Social del CONVENIO de Asociación de fecha 23 de noviembre de 2.007, celebrado entre: ASOCIADO PARTICIPE PROMOTOR: Municipio de Cali, SECRETARIA

DE VIVIENDA SOCIAL ; ASOCIADO PARTICIPE PROPIETARIO: Señor ALVARO

MONTES GALLON en representación del Señor TEOFILO TORRES y ASOCIADO

PARTICIPE GESTOR: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL -FARALLONES-

“2ª. Condenase (sic) al Municipio de Santiago de Cali, a pagar a la FUNDA CIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL -FARALLONES, el valor del porcentaje equivalente al 15% de lo estipulado en el convenio, lo mismo que los perjuicios de orden material causado (sic) daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados, los cuales asciend en, aproximadamente, a la suma de: “- El 15% del Valor del contrato: $993.432.510 (El valor del contrato es de $6.622.883.400) “Indemnización por perjuicios materiales por: Daño emergente por $805.761.217 Lucro cesante por $993.432.510 “TOTAL: Dos mil setecientos Noventa y Dos millones, Seiscientos Veintiséis mil, Doscientos Treinta y Siete pesos $2.792.626.237; monto que ha de ser actualizado en su valor conforme a lo previsto en el artículo 178 del C.C.A.”2.

Hechos relevantes

3. El 23 de noviembre de 2007, se celebró un convenio de asociación entre el municipio de Cali como Asociado Partícipe Promotor –en adelante AP Promotor –, el propietario del terre no como Asociado Partícipe Propietario –en adelante AP

municipio de Cali como Asociado Partícipe Promotor –en adelante AP Promotor –, el propietario del terre no como Asociado Partícipe Propietario –en adelante AP Propietario-, y la Fundación Farallones como Asociado Partícipe Gestor –en adelante AP Gestor-, cuyo objeto era “aunar esfuerzos para facilitar el proceso de legalización y titulación masiva del lote ub icado en el Barrio Lleras Camargo de la Comuna 20 de Cali, en el predio de dominio del Asociado Partícipe Propietario, con el concurso del Asociado Partícipe Gestor y Asociado Partícipe Promotor; proceso que se adelantara en la medida en que cada ocupante solicite la titulación del predio ocupado ”. La retribución económica de dicho acuerdo se fijó, para el caso del AP G estor, en el 15% del valor de venta de cada predio.

4. En desarrollo de los compromisos que adquirió al suscribir el convenio, el AP gestor rindió de forma permanente informes sobre el avance de la gestión . Entre ellos, destacó el informe presentado el 5 de septiembre de 2008 relativo a 2024 predios que estaban debidamente censados e identificados. Para el cumplimiento del convenio la fundaci ón suscribió un contrato de colaboración empresarial con PROINSER por valor de $189’951.360 , como consta en certificación del 12 de mayo de 2009.

2 Folios 431 y 432 del cuaderno 1.Radicación: 76001233100020110032401 (56.868)

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5. Indicó que en acta 01 del 12 de mayo de 2008, la Secretaría de Vivienda Social del municipio renunció a co brar el 5% de la retribución que pactó a su favor en el convenio. Y el 27 de febrero de 2009 la Fundación le comunicó al municipio sobre la culminación de su labor.

6. El 2 de marzo de 2009, AP Gestor remitió cuenta de cobro al municipio por valor de $6.622.833.400 m/cte y, posteriormente, el 14 de mayo de l mismo año presentó una petición a la Secretaría de Hacienda para el “ pago y certificación de la obligación”; sin que se hubiera efectuado dicho pago.

Fundamentos de derecho

7. Para el actor, el municipio de Cali transgredió los artículos 2, 6, 25, 51 , 83, 90 y 124 de la Constitución Política , así como el artículo 77 de la Ley 9 de 198 9, la Ley 388 de 1997, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 23, 26, 32, 50 y 51 de la Ley 80 de 1993.

8. En la demanda, refirió que el municipio de Santiago de Cali promovió el convenio de asociación, con el fin de garantizar de manera progresiva el derecho de acceso a la vivienda digna y resolver la informalidad de la tenencia de tierras mediante la titulación y legalización de predios en la comuna 20 de la ciudad ; se quejó de que

de asociación, con el fin de garantizar de manera progresiva el derecho de acceso a la vivienda digna y resolver la informalidad de la tenencia de tierras mediante la titulación y legalización de predios en la comuna 20 de la ciudad ; se quejó de que luego de tres años de labores e inversión de recursos, no se pagara la retribución pactada. A demás, de acuerdo con la cláusula segunda -núm. VII del convenio - la Secretaría de Vivienda Social estaba comprometida a gestionar la financiación de los saldos de los lotes a titular sin que ello hubiese ocurrido3.

9. Aseveró que el municipio omitió la gestión a la que se obligó en materia de subsidios y la relativa a los préstamos ante los bancos para los ocupantes de los terrenos, y por ello, no había lugar a la liquidación bilateral del convenio, por cuanto la Administración no cumplió con lo que le correspondía.

10. Igualmente, resaltó que el negocio no se limitó a un contrato de arr endamiento del inmueble donde desarrolló sus actividades, sino a un real convenio de asociación, en el que el municipio se abstuvo de cumplir lo que le correspondía , y lo redujo a la entrega de “ unas oficinas para que le hicieran el trabajo GRATIS, lo cual es un atropello en el que no se ha tenido en cuenta la BUENA FE”4.

Contestación de la demanda

11. El municipio de Cali se opuso a las súplicas de la demanda . Para el efecto , se refirió a los criterios diferenciadores de los convenios y de los contratos , indicando que en los primeros no es viable predicar la equivalencia entre las prestaciones pactadas, pues lo que existe es una distribución convenida de actividades con el fin

refirió a los criterios diferenciadores de los convenios y de los contratos , indicando que en los primeros no es viable predicar la equivalencia entre las prestaciones pactadas, pues lo que existe es una distribución convenida de actividades con el fin de desarrollar un objetivo común y, por ello, no le son aplicables las reglas de la Ley 80 de 1993 para valorar el alcance de los aportes de los asociados.

3 Folio 435 del cuaderno 1. 4 Folio 438 del cuaderno 1.Radicación: 76001233100020110032401 (56.868)

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12. Afirmó que, a partir del examen del objeto del convenio de asociación, no se pactaron obligaciones recíprocas entre los asociados, sino que éstos hicieron aportes para l ograr un objetivo común (titulación de lotes de terreno )5 y que , pese a que algunos fragmentos del convenio estaban redactados de forma imprecisa, lo cierto es que su objeto e ra determinado e identificable y culminaba con la inscripción del predio legalizado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali , lo cual en ningún caso ocurrió.

13. Señaló que el pago del 15% a título de retribución requerido al municipio de Cali no se acompasa con el espíritu y naturaleza del convenio de asociación suscrit o, en el que se estableció que los ocupantes de hecho del predio cancelarían un valor determinado de acuerdo al área ocupada por su vivienda y , una vez obtuvieran el título de transferencia a su favor, pagarían el valor pactado , de modo que no existe

el que se estableció que los ocupantes de hecho del predio cancelarían un valor determinado de acuerdo al área ocupada por su vivienda y , una vez obtuvieran el título de transferencia a su favor, pagarían el valor pactado , de modo que no existe vínculo obligacional alguno entre la fundación y el municipio. A su vez, adujo que la obligación de la Secretaría de Vivienda Social se enmarcó en divulgar a la comunidad el convenio para brindar la confianza a los compradores , y en todo caso, a tal entidad le estaba vedado recibir utilidad económica proveniente de activi dades ejecutadas por particulares.

14. Indicó que no se perfeccionó el convenio, toda vez que no se adjudicó el encarg o fiduciario que establecía la cláusula tercera del mismo, el cual era ese ncial para su ejecución, toda vez que mediante una fiducia se administrarían los recursos que se recaudaran y se concretaría la participación económica de los asociados partícipes en el convenio.

15. Resaltó que sí ocurrió la liquidación bilateral del con venio, la cual fue suscrita por el AP Propietario y el A P Promotor, sin contar con la anuencia del A P Gestor, por razones que solo eran imputables a éste y en la cual, con ocasión de su inasistencia, no plasmó las salvedades o reclamaciones, razón por la c ual no puede pretender discutir en juicio tales inconformidades.

16. Igualmente, propuso las siguientes excepciones de fondo: (i) ineficacia de la acción contractual , puesto que no se configuraron los elementos de una relación contractual, al advertir que ninguno de los asociados partícipes es deudor de los

16. Igualmente, propuso las siguientes excepciones de fondo: (i) ineficacia de la acción contractual , puesto que no se configuraron los elementos de una relación contractual, al advertir que ninguno de los asociados partícipes es deudor de los otros; (ii) inexistencia de conmutatividad y reciprocidad de obligaciones, por cuanto el municipio no se obligó a pagar retribución alguna a la fundación; (iii) incumplimiento del objeto convencional pactado por parte de la fun dación, en la medida que ésta no concretó ninguna venta en los términos pactados, esto es, hasta el registro del título de dominio en la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Cali; ( iv) alteración fraudulenta del sello ra dicador de correspondencia de la Secretaría de Vivienda Social en documento aportado como prueba , a saber, la cuenta de cobro 19 del 2 de marzo de 2009, por la suma de $6.622.833.400 , por cuanto el sello de recibido del documento no corresponde al del relo j con el que se radica la correspondencia recibida y despachada en la Secretarí a, ni al sello manual que se utiliza en esta dependencia cuando el reloj automático se daña, por lo que la actora simuló la

5 Folio 566 del cuaderno 1.Radicación: 76001233100020110032401 (56.868)

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recepción de la cuenta de cobro; (v) improcedencia de l sustento jurídico de las pretensiones, por falta de asidero constitucional, legal o convencional; y, (vi) pérdida

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recepción de la cuenta de cobro; (v) improcedencia de l sustento jurídico de las pretensiones, por falta de asidero constitucional, legal o convencional; y, (vi) pérdida de la oportunidad para acceder a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , pues la inasistencia de la fundación a la liquidación bil ateral le impide formular reclamaciones en juicio.

Alegatos en primera instancia

17. Surtido el debate probatorio 6, el a quo, mediante decisión del 14 de febrero de 20127, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto . En esa etapa procesal , el municipio de Cali ratificó los argumentos que expuso en la contestación de la demanda 8, y agregó que no obran pruebas que demuestren el perjuicio material pedido.

18. Por su parte, la Fundación para el Desarrol lo Social Farallones manifestó que no era cierto que el municipio no hubiese recibido la cuenta de cobro y que el apoderado del municipio se valió de una “artimaña” para aducir que ello no ocurrió ; además, sostuvo que el material obrante en el plenario dem uestra que el trabajo fue realizado cabalmente y que, en vista de ello, el municipio le invitó a ofrecer $400’000.000 para llegar a una conciliación por la labor ejecutada y que , asimismo, no es viable sustentarse en el acuerdo logrado en la liquidación, p ues ésta no contó con la participación de la Fundación Farallones9.

El Ministerio Público guardó silencio.

Fundamentos de la providencia recurrida

sustentarse en el acuerdo logrado en la liquidación, p ues ésta no contó con la participación de la Fundación Farallones9.

El Ministerio Público guardó silencio.

Fundamentos de la providencia recurrida

19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda. Indicó que, revisado el convenio 001 de 2007 , en específico el literal c de la cláusula 4, no se pactó un pago a favor de la parte demandante quien, por el contrario, se comprometió a asumir y atender con recursos propios todo lo necesario para alcanzar el objeto convenido , a la par de lo cual, la retribución económica a favor de este último provenía del valor de la venta que alcanzara de cada predio.

20. Señaló que “la contraprestación se generaría por la compraventa que realizara el respectivo ‘comprador’ y no la entidad territorial partícipe del convenio ”10, y para ello era de su cargo realizar las gestiones de titulación, legalización y registro de los inmuebles.

21. Concluyó que el municipio accionado no se obligó al pago de una contraprestación económica a favor de la Fundación por los servicios prestados6 En auto del 8 de julio de 2011 se abrió a pruebas el proceso –folios 603 y 604 del cuaderno 1 -, providencia en la cual se tuvo como tales los documentos aportados por la parte actora –folios 1 a 421 del cuaderno 1y por la parte demandada -folios 508 a 581del cuaderno 1-. 7 Folio 609 del cuaderno 1. 8 Folios 620 a 628 del cuaderno 1. 9 Folios 629 a 644 del cuaderno 1.

7 Folio 609 del cuaderno 1. 8 Folios 620 a 628 del cuaderno 1. 9 Folios 629 a 644 del cuaderno 1. 10 Folio 672 del cuaderno principal.Radicación: 76001233100020110032401 (56.868)

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pues ésta aceptó que su retribución se derivaría de la venta de los predios, lo que no ocurrió; por ende , no se configuró un enriquecimiento sin causa a favor de dicha entidad territorial.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Síntesis del recurso de apelación:

22. Al presentar recurso de apelación, la parte actora indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta que el demandado aceptó los hechos contentivos de la retribución económica y de cumplimiento de los requisitos contract uales, ni hizo mención sobre la designación de un interventor al negocio jurídico y la posición de la Administración durante la ejecución del convenio, al ordenar el desalojo de las oficinas que ocupaba la fundación. Asimismo, sostuvo que no se desvirtuaron los supuestos ni las pruebas relativas a los informes rendidos sobre la ejecución del trabajo y los costos en que incurrió la Fundación para ello –entre ellos, el contrato con PROINSER-.

23. Sostuvo que sí se aportaron las pruebas relativas al trabajo r ealizado y que si no se culminaron las “ventas” fue por la conducta del municipio que no “tramitó lo concerniente a los subsidios de vivienda a los cuales se había comprometido”11.

se culminaron las “ventas” fue por la conducta del municipio que no “tramitó lo concerniente a los subsidios de vivienda a los cuales se había comprometido”11.

24. Pidió tener como prueba a su favo r la renuncia del 5% que realizó el m unicipio respecto de la retribución pactada, al afirmar que carecía de sustento y que se debía analizar si los subsidios solo eran procedentes a través del Fondo Especial de Vivienda, como dijo el accionado en su contestación, con la precisión de que “ el fondo es de la Secretaría de Vivienda y es manejado por el mismo Secretario”12.

25. Resaltó que el ente accionado reconoció su responsabilidad al no haber concretado las ventas y ofrecerle a la fundación “$400 millones y llegar a una conciliación ante el Tribunal Contencioso Administrativo”13.

26. Finalmente, c uestionó la conducta del municipio de no otorgar los subsidios y debatir su entrega, pues esto “ palpablemente demuestra que ENGAÑARON a la FUNDACIÓN FARALLONES al obligarse la Municipalidad con unos s ubsidios que según él no están permitidos ”14, pese a que el mismo a quo anotó que el trabajo se entregó al Concejo Municipal, con la relación de 2.024 predios censados e identificados.

Trámite de segunda instancia

27. El 13 de marzo de 2015 , el Tribunal de primera instancia concedió el recurso de apelación15 y esta Corporación, en proveído del 24 de mayo de 2016 , lo admitió16;

11 Ibidem. 12 Folio 682 del cuaderno principal. 13 Folio 683 del cuaderno principal. 14 Ibidem. 15 Folio 695 del cuaderno principal.

11 Ibidem. 12 Folio 682 del cuaderno principal. 13 Folio 683 del cuaderno principal. 14 Ibidem. 15 Folio 695 del cuaderno principal. 16 Folio 702 del cuaderno principal.Radicación: 76001233100020110032401 (56.868)

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luego, el 28 de junio de 2017 , se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto17, oportunidad en la cual el ente accionado reiteró los argumentos que sustentaron su contestación de la demanda y sus alegatos de primera instancia18.

28. La Fundación para el Desarrollo Social Farallones insistió en los planteamientos efectuados en curso del proceso y resaltó la buena fe en que sustentó su actuar , pues pagó la póliza de cumplimiento, cont ó con un interventor, vincul ó una costosa nómina de trabajadores y suscribi ó un contrato de colaboración empresarial con

PROINSER.

Añadió que resu lta absurdo que la demandada ataque su propio convenio (i) al afirmar que está redactado de forma imprecisa, (ii) al señalar que los ingresos pactados para el municipio no tienen soporte legal , y (iii) que la atribución en el otorgamiento de subsidios le c ompete al Fondo Especial de Vivienda y no a la Secretaría de Vivienda . Asimismo, reseñó que se encuentra probada la labor que ejecutó y que “ no se entiende c ómo sin verificación alguna se procede … a no darle

Secretaría de Vivienda . Asimismo, reseñó que se encuentra probada la labor que ejecutó y que “ no se entiende c ómo sin verificación alguna se procede … a no darle credibilidad al juicioso y dispendioso trabajo desarrollado”19.

29. El Ministerio Público pidió confirmar el fallo recurrido, por cuanto d el análisis de las cláusulas negociales no aparece remuneración alguna pactada a favor de la fundación -AP G estor-. Igualmente, aseveró que como no se alcanzó el obj eto convenido, el cual se lograba con la inscripción de la venta de los lotes en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, era imposible hablar de retribución económica, dado que no ingresó dinero a la fiducia proveniente de dichas ventas , razón por la cual no era viable endilgar incumplimientos de pago a cargo de la demandada.

Precisó, en todo caso, que mediante la acció n adecuada podría demostrarse válidamente un enriquecimiento sin causa, por cuanto la Fundación sí incurrió en cuantiosos gastos, per o finalmente no recibió remuneración alguna por la falta de concreción de la venta de los predios objeto del convenio.

30. Mediante proveído del 18 de enero de 2023, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (secretaría) para que enviara a esta Corporación todas las piezas procesales que conforman este expediente; lo anterior, pues en el trámite de estudio del sub lite se advirtió que mediante oficio 1175 LSAO del 8 de marzo de 2016, el a quo señaló que solo había remitido a esta Colegiatura un cuaderno con 695 folios, y que “ en caso de ser necesario se informa que existen dos cajas con copias

quo señaló que solo había remitido a esta Colegiatura un cuaderno con 695 folios, y que “ en caso de ser necesario se informa que existen dos cajas con copias correspondientes al asunto”, sin enviar esta última documentación. Como la mencionada dependencia guardó silencio, la Secretaría de esta Secció n la conminó en tres oportunidades al cumplimiento del citado auto, mediante los oficios: (i) del 6 de febrero de 2023 ; (ii) del 15 de febrero siguiente; y (iii ) del 24 de ese mismo mes y año , a ctuaciones en las que, ademá s, se subrayó que la omisión a atender lo solicitado por esta Corporación daría lugar a la sanció n prevista en el

17 Folio 704 del cuaderno principal. 18 Folios 741 y 742 del cuaderno principal. 19 Folio 716 del cuaderno principal.Radicación: 76001233100020110032401 (56.868)

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ordenamiento procesal. Luego, en proveído del 13 de marzo de 2023, el Despacho ponente requirió por última vez al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Secretaría, para que en el término de cinco (5) dí as diera cumplimiento a la providencia del 18 de enero de 2023, u ordenara a quien correspondiera el envío de la documentación requerida –auto notificado el 22 de marzo de 2023 , reiterado mediante oficio del 24 de abril de 2023 – sin que, a la fecha , el requerimiento fuera atendido.

31. Según fue advertido por el propio demandante , las cajas solicitadas contienen la

mediante oficio del 24 de abril de 2023 – sin que, a la fecha , el requerimiento fuera atendido.

31. Según fue advertido por el propio demandante , las cajas solicitadas contienen la documentación relativa a la identificación e individualización de los predios que se convino y no se logró legalizar -sustento del informe que se presentó ante el Concejo de Cali, que sí obra en el expediente-. Por tanto, sin desconocer el reparo formulado por la actora sobre la falta de remisión y estudio de la totalidad de los insumos probatorios, la Sala precisa qu e la citada omisión no tiene incidencia en la decisión que se apresta a adoptar, como adelante se explicará.

32. Al lado de lo anterior , la Sala no desconoce la omisión injustificada en que ha incurrido la secretaría d el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca respecto al envío de todas las piezas que conforman el expediente , pese a los múltiples requerimientos realizados en tal sentido . Así las cosas, como no fue posible determinar si, como se infiere de lo afirmado por el a quo, se trataba de fotocopias de los documentos aportados , en la parte resolutiva de esta providencia se dispondrá remitir copias del presente asunto a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 20, para que inicie la investigación que corresponda y esclarezca lo sucedido con las dos cajas de documentos no remitidas a esta Corporación , así c omo la renuencia de la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para remitir la documentación que insistentemente y sin éxito, le fue solicitada.

III. CONSIDERACIONES

El objeto de la apelación

33. La inconformidad de la parte actora se centró en dos aspectos principales: a) que

documentación que insistentemente y sin éxito, le fue solicitada.

III. CONSIDERACIONES

El objeto de la apelación

33. La inconformidad de la parte actora se centró en dos aspectos principales: a) que la Fundación sí entregó la labor que le fue encomendada, a través de los informes de ejecución, pero el a quo no los valoró; y , b) que en el convenio sí se pactó una retribución a su favor, solo que la misma no se logró por cuenta de la falta de trámite de los subsidios que el municipio se comprometió gestionar y que proveían los recursos necesarios para concretar la venta de los predios.

Conforme al c ontexto de la apelación, la Sala pasa a pronunciarse acerca de (i) las generalidades del negocio jurídico que originó el sub lite; y, (ii) los supuestos específicos alegados por la demandante como desencadenantes de incumplimiento.

20 A través del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó un nuevo modelo de disciplina de la Rama Judicial, en virtud del cual se cre ó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, organismo encargado de ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación: 76001233100020110032401 (56.868)

Demandante: Fundación para el Desarrollo Social Farallones

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El convenio de asociación

34. El 23 de noviembre de 2007, la Secretaría de Vivienda Social del municipio de Cali actuando como A P Promotor, el señor Teófilo Torres -propietario del terreno

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El convenio de asociación

34. El 23 de noviembre de 2007, la Secretaría de Vivienda Social del municipio de Cali actuando como A P Promotor, el señor Teófilo Torres -propietario del terreno identificado con la matrícula inmobiliaria 370 -26790en calidad de A P Propietario, y la Fundación para el Desarrollo Social Farallones en su condición de AP Gestor, celebraron un convenio de asociación, en cuyo objeto se estableció lo siguiente:

“Aunar esfuerzos para facilitar el proceso de legalización y titulación masiva del lote ubicado en el Barrio Lleras Camargo de la Comuna 20 de Cali, en el predio de dominio del Asociado Part icipe Propietario, con el concurso del Asociado Part icipe Gestor y el Asociado Part icipe Promotor; Proceso (sic) que se adelantará en la medida que cada ocupante s olicite la titulación del predio ocupado; y los dineros que se manejen se depositen en el encargo fiduciario seleccionado por los Asociados Participes (sic), tal como mas adelante se establece y una vez culmine con la inscripción del predio legalizado en l a Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, conforme a los lineamientos más adelante detallados”21.

35. Como consideraciones generales de dicho negocio, se manifestó que en garantía del derecho a la vivienda digna y en concordancia con los artículos 71 de la Ley 9 de 1989, que estatuye la posibilidad de asociación entre entidades públicas y particulares para el desarrollo de programas de vivienda, y 96 de la Ley 489 de 1998, que determina la facultad de la entidades de asociarse con personas jur ídicas

1989, que estatuye la posibilidad de asociación entre entidades públicas y particulares para el desarrollo de programas de vivienda, y 96 de la Ley 489 de 1998, que determina la facultad de la entidades de asociarse con personas jur ídicas particulares con el fin de cooperar con el cumplimiento de las funciones administrativas, así como el Plan de Desarrollo Económico y Social de Cali, adoptado mediante el Acuerdo 127 de 2004, y en atención a los propósitos particulares de la Secretaría de Vivienda Social, relativos a propiciar modalidades de asociación con particulares para la ejecución de proyectos de vivienda y de renovación urbana, así como el desarrollo de planes de regularización de inmuebles, se advirtió la necesidad de adelanta r la titulación y legalización de predios en la Comuna 20 de la ciudad , para otorgar títulos de transferencia del derecho de dominio de predios ocupados por particulares.

36. Asimismo, se hizo referencia a la creación de la mesa