CE - 012331000201101041011SENTENCIASENTENCIA20230323174415

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Título
CE - 012331000201101041011SENTENCIASENTENCIA20230323174415
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 08001-23-31-000-2011-01041-01 (56504)

Actor: Afilio José Verbo! Zarza y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01041-01 (56504) Demandantes: Atilio José Verbel Zarza y otros Demandada: Nación —Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia Subtema 1: Privación injusta de la libertad Subtema 2: Antijuridicidad del daño no acreditada SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada el 27 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Atilio José Verbel Zarza fue capturado en cumplimiento de la orden emitida por la Fiscalía en virtud de la denuncia presentada en su contra por los disparos con arma de fuego que le propinó a Edison Garcés, durante una riña en la que este amenazaba con un palín a su hijo Helcer Verbel. La Fiscalía 38 Delegada ante la Unidad de Delitos contra la Vida, el 10 de octubre de 2003, al resolver su situación jurídica, impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva, por lo que el procesado fue

contra la Vida, el 10 de octubre de 2003, al resolver su situación jurídica, impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva, por lo que el procesado fue trasladado a la Cárcel Modelo de Barranquilla, donde permaneció hasta el 4 de diciembre de 2003, cuando la Fiscalía 35 Delegada ante la Unidad de Delitos Contra la Vida decidió sustituir la medida impuesta por detención domiciliaria. El 27 de febrero de 2004, dicha Fiscalía calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra del procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa en legítima defensa en exceso y le otorgó libertad provisional. Finalmente, el 27 de abril de 2009, el Juzgado Sexto Penal def Circuito de Barranquilla profirió sentencia absolutoria, debido a que consideró que se configuró la causal de ausencia de responsabilidad penal por legítima defensa.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Atilio José Verbel Zarza, Enalba Rosa Vergara de Verbel, Hercel Luis Verbel Vergara, Yudis Margoth Verbel Vergara, Custodio Ignacio Verbel Vergara, Pedro José Verbel Vergara, Carmen Marqueza Verbel Vergara, ldailde Patricia Verbel Vergara y Jonathan Ricardo Verbel Vergara, por medio de apoderado, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación —Fiscalía General de la Nación, para que se le declare administrativamente responsable por el daño derivado de la privación de la libertad sufrida por Atilio José Verbel Zarza.

La parte actora fundamentó sus pretensiones en que la Fiscalía dictó orden de captura

para que se le declare administrativamente responsable por el daño derivado de la privación de la libertad sufrida por Atilio José Verbel Zarza. La parte actora fundamentó sus pretensiones en que la Fiscalía dictó orden de captura en contra de Atilio José Verbel, por el delito de tentativa de homicidio, debido a losRadicado: 08001-23-31-000-2011-01041-01 (56504) Actor: Atilio José Verbal Zarza y otros disparos que le propinó a Edinson Garcés, para disuadir la pelea entre este y su hijo Helcer Verbel, y profirió en su contra medida de aseguramiinto de detención preventiva sin tener en cuenta las pruebas que demostraban que el imputado actuó en legítima defensa, lo que contraría lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 356 de la Ley 600 de 2000, a saber: "no procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad". La Fiscalía profirió resolución de acusación por el delito de homicidio en grado de tentativa en legitima defensa en exceso y sustituyó la medida de aseguramiento por detención domiciliaria. Finalmente, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla dictó sentencia absolutoria. 1 2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia Admitida la demanda presentada el 30 de agosto de 2011 1 , notificado el auto admisorio 2 , y corridos los traslados de ley, la Nación -Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y solicitó se nieguen las pretensiones, puesto que la conducta desplegada por Atilio José Verbel fue contraria a los deberes jurídicos, lo que permite

contestó la demanda y solicitó se nieguen las pretensiones, puesto que la conducta desplegada por Atilio José Verbel fue contraria a los deberes jurídicos, lo que permite configurar un eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima 3 . Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión 4 . Así lo hicieron la parte actora y la entidad demandadas. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de sentencia dictada el 27 de junio de 2014, negó las pretensiones de la demanda, bajo la copsideración de que el hecho por el cual el demandante Atilio José Verbel fue absuelto dé responsabilidad penal, no se encuentra enunciado en las "causales eximentes de resPonsabilidad penal regulado por el artículo 414 del C.P.P., en el entendido que el hecho sí existió, el sindicado sí lo cometió, no obstante que no era antijurídica o culpable". Pdr otra parte, señaló que no se encuentra acreditada una falla en el servicio, pues no se evidenció un inadecuado análisis de las pruebas o la inexistencia de los indicios sobre los cuales se ordenó la restricción de la libertad del demandante, por el contrario, consideró que el juez penal analizó que el sindicado "no tuvo la intención de matar, puesto que si hubiera querido acabar con la vida del agresor de su hijo, nada le impidió que continuara disparando hasta matado, en el arma le quedaba munición, y ni el hermano ni los amigos de la víctima, tenían un arma que lo hubieran impedido. De tal manera que su reacción llegó

hasta matado, en el arma le quedaba munición, y ni el hermano ni los amigos de la víctima, tenían un arma que lo hubieran impedido. De tal manera que su reacción llegó solo hasta el momento en pudo evitar todo peligro al a vida e integridad de su hijo". 2.4. El recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación 6 en contra de la decisión de primera instancia, con la pretensión de que se revoque y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda. Argumentó que el escrito de demanda fue claro en señalar que la Fiscalía debió atender lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 356 de la Ley 600 de 2000, ya que las pruebas recaudadas daban cuenta de que el imputado actuó bajo la causal de ausencia de responsabilidad. 1 Auto admisorio de la demanda, 13 de septiembre de 2011, f. 123, c. 1. 2 Notificación por aviso, f. 126 a 127, c. 1. 3 Escrito de contestación de la demanda, Fiscalía General de la Nación, f. 133 a 143, c. 1. 4 Auto de traslado, 25 de febrero de 2014, f. 310, c. 1. 5 Alegatos en primera instancia, f. 311 y 335, c. 1. 6 Recurso de apelación, f. 345, c. ppal. 2Radicado: 08001-23-31-000-2011-01041-01 (56504) Actor: Atilio José Verbel Zarza y otros 2.5. El trámite relevante de segunda instancia Esta Corporación, por medio de auto del 2 de marzo de 2016 7 admitió el recurso de

Actor: Atilio José Verbel Zarza y otros 2.5. El trámite relevante de segunda instancia Esta Corporación, por medio de auto del 2 de marzo de 2016 7 admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En providencia posterior, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo°. La Nación, Fiscalía General de la Nación aseveró que no existe responsabilidad que permita indemnizar al demandante, por cuanto su actuación no fue injusta o desproporcionada, pues la para el momento en que se impuso la medida de aseguramiento existían suficientes elementos probatorios que daban lugar a la privación de la libertadg. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. PROBLEMA JURÍDICO En atención a los argumentos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, constitutivos del marco de juzgamiento de la segunda instancia, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos: ¿La medida de aseguramiento impuesta a Atilio José Verbel Zarza, en el trámite de la investigación penal iniciada por el delito de tentativa de homicidio, constituye un daño antijurídico por haber sido impuesta a pesar de la configuración de una causal eximente de responsabilidad penal por legítima defensa?

En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la Subsección establecerá: ¿El daño antijurídico derivado de la imposición de la medida de detención en contra Atilio José Verbel Zarza resulta imputable a la Nación -Fiscalía General de la Nación por su acción u omisión?

Subsección establecerá: ¿El daño antijurídico derivado de la imposición de la medida de detención en contra Atilio José Verbel Zarza resulta imputable a la Nación -Fiscalía General de la Nación por su acción u omisión?

Finalmente, en caso de que se configuren los dos presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad estatal, se estudiará la prueba atinente a los perjuicios, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación.

IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS ENUNCIADOS El material de prueba aportado al expediente da cuenta de los siguientes hechos: 4.1. El 10 de octubre de 2003, la Fiscalía 38 Delegada ante la Unidad de Delitos contra la Vida resolvió la situación jurídica de Atilio José Verbel Zarza y dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, sindicado de los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. El despacho fiscal, al hacer el recuento del caso, señaló que contaba con la denuncia formulada por Jairo Primera Garcés, hermano de la víctima y testigo presencial de los hechos, quien manifestó que el 6 de septiembre de 2003, a las 7:30 p. m., se encontraba tomando cerveza con su hermano y otras persona en la tienda Los Caracoles, de propiedad de Atilio José Verbel, quien les pidió que se fueran, por encontrarse resentido porque Edinson

(víctima) "le había tomado de su patio un pescado, a lo que este contestó que Helcer (hijo del sindicado) le debía una bolsa de cemento, que se cobrara el pescado y le diera

(víctima) "le había tomado de su patio un pescado, a lo que este contestó que Helcer (hijo del sindicado) le debía una bolsa de cemento, que se cobrara el pescado y le diera el cambio (..) cuando de repente salió Helcer con un patín y le dio golpes por la espalda, Edinson trató de defenderse y como pudo le arrebató el patín, pero Atilio (. ..), actuó de manera explosiva y sacó un arma haciéndole los disparos (...)". 7 Auto admisorio del recurso de apelación, f. 391, c. ppal. 8 Auto de traslado para alegar de conclusión, f. 393, c. ppal. 9 Alegatos de conclusión de la Nación—Fiscalia General de la Nación, f. 394 a 399, c. ppal. 3Radicado: 08001-23-31 -000-2011-01041-01 (56504) Actor Atilio José Verbal Zarza y otros El Fiscal consideró satisfechos los requisitos legales para la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, puesto que contaba con la confesión del procesado, quien admitió haber disparado en contra de Edinson Garcés Ávila; la denuncia formulada por el hermano de la víctima; las declaraciones de Helcer Verbel y Omar Campo; y el dictamen médico legal practicado é la víctima por el Instituto Nacional de Medicina Legal, que reportó "herida por arma de fuego en tórax derecho y objeto contundente en antebrazo izquierdo, con herida puntiforme (entrada) en el temer espacio costal derecho anterior con línea media clavicular, con orificio de salida estrellado a nivel dorsal; herida puntiforme (entrada) a nivel del 5° espacio costal

objeto contundente en antebrazo izquierdo, con herida puntiforme (entrada) en el temer espacio costal derecho anterior con línea media clavicular, con orificio de salida estrellado a nivel dorsal; herida puntiforme (entrada) a nivel del 5° espacio costal derecho posterior, sin orificio de salida". Por último, respecto de la causal de ausencia de responsall•ilidad por legítima defensa, alegada por el defensor, el Fiscal resaltó que este eximente de responsabilidad no se encontraba configurado, puesto que las pruebas recaudadas no permitían establecer que hubiere desplegado una acción de defensa proporcionada a la agresión, pues no fue la víctima quien provocó el enfrentamiento, no se encontraba armado y resultó agredido con un objeto contundente (palín) y disparos de arma de fuego". 4.2. El 4 de diciembre de 2003, la Fiscalía 35 Delegada Unidad de Vida de Barranquilla resolvió la solicitud de revocación de la medida de aseguramiento, realizada por el defensor con base en los numerales 6 y 7 del artículo ,32 del Código Penal, que establecen la ausencia de responsabilidad en casos de legítima defensa. El despacho fiscal consideró que, aunque estaba demostrada la necesidad de defensa ante una agresión, la actuación del sindicado resultó desproporcionada al disparar con arma de fuego contra la humanidad de Edinson Garcés, por lo que solo accedió a la sustitución de la detención preventiva por domiciliaria". 4.3. El 27 de febrero de 2004, la Fiscalía 35 Delegada antéla Unidad de Delitos Contra la Vida, al calificar el mérito del sumario, profirió resolución de acusación contra Atilio

4.3. El 27 de febrero de 2004, la Fiscalía 35 Delegada antéla Unidad de Delitos Contra la Vida, al calificar el mérito del sumario, profirió resolución de acusación contra Atilio José Verbel Zarza, como presunto autor del delito de homicidio en grado de tentativa en legítima defensa en exceso consagrada en el numeral 7 del artículo 32 del Código Penal, y sustituyó la detención domiciliara por detención preventiva, concediéndole la libertad provisional mediante caución prendaria 12 . 4.4. El 27 de abril de 2009, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla profirió sentencia absolutoria bajo la consideración que no hubo un exceso de legítima defensa, sino que configuró la causal de ausencia de responsabilidad penal. El juez penal disintió del análisis realizado por la Fiscalía relacionado con la desproporción entre la capacidad de daño del arma utilizada por el procesado (arma de fuego) y aquella usada por el agresor de su hijo (palín), pues "la condición de indefensión en que se hallaba en el suelo Helcer Vervel Vergara frente a la superioridad de Edinson Garcés Ávila, quien portaba un palln en sus manos en posición de descargarla en la cabeza de este, la reacción del padre no puede calificarse como desproporcionada (. ..y. Además, el juez penal no encontró en el comportamiento del procesado una intención de matar, puesto que "si hubiera querido acabar con la vida del agresor de su hip, nadie le impidió que continuara disparando hasta matarlo. En el arma quedaba munición, y ni el hermano ni los amigos de Edinson Garcés Ávila tenían arma que lo hubieran impedido. De tal

continuara disparando hasta matarlo. En el arma quedaba munición, y ni el hermano ni los amigos de Edinson Garcés Ávila tenían arma que lo hubieran impedido. De tal manera que su reacción llegó solo hasta el momento en que pudo evitar todo peligro a la vida e integridad de su hijo Helcer Verbel Vergara". La sentencia absolutoria adquirió fuerza ejecutoria a partir del 8 de junio de 2009 13 . 10 Auto que resuelve situación jurídica, f. 47 a 56, c. 1. 11 Providencia del 4 de diciembre de 2003, Fiscalía 35 delegada, f. 58 a 63, c. 1. 12 Resolución de acusación, 27 de febrero de 2004, f. 64 a 68, c. 1. 13 Sentencia penal absolutoria, Juzgado 6 Penal del Circuito de Barranquilla, 27 de abril de 2009, y constancia de ejecutoria, f 69 a 83, c. 1. 4Radicado: 08001-23-31-000-2011-01041-01 (56504)

Actor: Adlio José Verbel Zarza y otros

V. CONSIDERACIONES La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de la competencia que le asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, estableció que estos asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía".

A su vez, el ejercicio oportuno de la acción se encuentra acreditado", porque: i) la

competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía". A su vez, el ejercicio oportuno de la acción se encuentra acreditado", porque: i) la medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Atilio José Verbel Zarza culminó con la decisión de absolución que quedó debidamente ejecutoriada el 8 de junio de 2009, ii) la parte demandante solicitó audiencia de conciliación prejudicial el 7 de junio de 2011' 6 , que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio, tal como consta en la certificación del procurador fechada el 30 de agosto de 2011 y, iii) la demanda fue presentada ese mismo día 30 de agosto de 2011. En relación con la legitimación para la causa por activa, está acreditado en el expediente que Atilio José Verbel Zarza fue la persona que soportó la medida de detención preventiva que derivó el daño que pretende le sea reparado, por lo que se encuentra legitimado. En cuanto a los demandantes, Enalba Rosa Vergara de Verbel, Hercel Luis Verbel Vergara, Yudis Margoth Verbel Vergara, Custodio Ignacio Verbel Vergara, Pedro José Verbel Vergara, Carmen Marqueza Verbel Vergara, ldailde Patricia Verbel Vergara, Jonathan Ricardo Verbel Vergara, las relaciones de parentesco como hijos del afectado con la privación están debidamente acreditadas con los respectivos registros civiles de nacimiento, así como con los testimonios traídos al proceso que corroboran su convivencia permanente con la madre de los hijos". Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones que corresponden a la Fiscalía General

que corroboran su convivencia permanente con la madre de los hijos". Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación, como como entidad encargada de adelantar la investigación penal en contra del demandante. De manera que la Nación, como persona jurídica representada por el jefe de la oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación, se encuentra legitimada en este asunto. 5.1. Antijuridicidad del daño La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, prescribe que el Estado es responsable "patrimonialmente 14 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de manera expresa por el artículo 309 del CPACA, este último declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C818 de 1 ° de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los asuntos referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 152 de ese código. 15 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño

la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37410). 16 Constancia de la audiencia de conciliación prejudicial, f. 100, c. 1. 17 Registro civil de nacimiento de Helcer Luis Verbel Vergara indicativo serial 740630; Yudis Margoth Verbel Vergara, indicativo serial 890613; Custodio Ignacio Verbel Vergara, indicativo serial 751217; Pedro José Verbel Vergara, indicativo serial 800323; Carmen Marqueza Verbel Vergara, indicativo serial 770217; Idailde Patricia Verbel Vergara, indicativo serial 821105; Jonathan Ricardo Verbel Vergara, indicativo serial 781015, documentos que dan cuenta de que son hijos de Atilio José Verbel Zarza, f. 87 a 93, c. 1. Testimonios que dan cuenta de la relación de convivencia permanente con Enalba Rosa Vergara de Verbel, f. 174 a 179, c. 1,Radicado: 08001-23-31-000-2011-01041-01 (56504) Actor Afilio José Verbal Zarza y otros por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas". La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el

de las autoridades públicas". La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el daño antijurídico" y (ii) la imputabilidad al Estado; esta imputabilidad se desenvuelve en dos fases, una en el plano fáctico, que se verifica en función del principio de causalidad, y otra en el plano jurídico, que se verifica en función de la carga obligacional del órgano demandado 1 °. Con relación al primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el daño debe ser cierto, personal y antijurídico; es decir, i) ;que exista lesión a un bien jurídico tutelado que tenga consecuencias ciertas en el patrimonio económico o moral del titular, ii) que quien padece el daño no tenga el deber jurídico de soportarlo 2 °. En los eventos en que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido en virtud del ejercicio del poder de investigación penal del Estado a través de la imposición de la medida preventiva y excepcional de detención preventiVa, el daño que genera tal restricción será indemnizable solo cuando se configure una privación injusta de la libertad, tal como lo prevé el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justiciabajo la consideración que el término "injusticia" hace referencia a una actuación "abiertamente arbitraria", "desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales" 21 . En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitúción Política establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad judicial competente,

En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitúción Política establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades previstas en la ley. Ahora, la Corte Constitucional precisó que su determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho" 22 . Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que quien califica de injusta la medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la actuación fue "abiertamente arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de los principios de razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el sacrificio de la libertad debe ser excepcional. La apreciación de los medios de prueba realizada con ese propósito, exige "valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de octubre de 2018, exp. 46932. 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de abril de 2014, exp. 29195. 28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 28 de abril de 2010 y de 25 de abril de 2012, expediente 21861. 21 Corte Constitucional, sentencia C037 de 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el artículo 68 de la Ley

21861. 21 Corte Constitucional, sentencia C037 de 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se tome evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria?. 22 Corte Constitucional, sentencia SU -072 de 5 de julio de 2018. "En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el articulo 90 de la Constitución no define un título de imputación, y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras em investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho (...) 103. Ahora bien, el entendimiento de los calificativos contenidos en dicha norma exige tener en cuenta que las diferentes normas que han regulado los supuestos en los cuales procede la detención preventiva tienen imito el juicio de razonabilidad y proporcionalidad; por ejemplo, en el Decreto Ley 2700 de 1991 se consagraba como presupuesto para imponer medida de aseguramiento que contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.".

2700 de 1991 se consagraba como presupuesto para imponer medida de aseguramiento que contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.". 6Radicado: 08001-23-31-000-2011-01041-01 (56504) Actor: Afilio José Verbal Zarza y otros 270 de 1996, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad" 23 . De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsabilidad al Estado bajo el título de privación injusta de la libertad no procede con la sola acreditación de una decisión preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal, dado que, conforme a lo dispuesto en la sentencia de constitucionalidad citada, es necesario que en cada caso particular se analicen los presupuestos de procedencia de la medida de aseguramiento al momento de su imposición, para determinar si se ajustó o no a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que la rigen, análisis que, en lo que atañe a la razonabilidad, está directamente relacionado con el estándar probatorio previsto en cada etapa del proceso penal (principio de progresividad penal) 24 . Bajo el marco constitucional y legal referido, la Sala procede a establecer si la medida privativa de la libertad impuesta en contra de Atilio José Verbel Zarzal se revela razonable, proporcional y necesaria. En el caso bajo estudio, las pruebas allegadas revelan que la Fiscalía 35 de la Unidad de Delitos Contra la Vida le impuso a Atilio José Verbel Zarzal una medida de detención

razonable, proporcional y necesaria. En el caso bajo estudio, las pruebas allegadas revelan que la Fiscalía 35 de la Unidad de Delitos Contra la Vida le impuso a Atilio José Verbel Zarzal una medida de detención preventiva el 10 de octubre de 2003, sindicado del delito de tentativa de homicidio. Posteriormente, la Fiscalía sustituyó la medida de detención por domiciliaria, la cual se hizo efectiva a partir del 11 de diciembre de 2003. Finalmente, el procesado fue cobijado con libertad provisional a partir de 27 de febrero de 2004, y el 27 de abril de 2009, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla profirió sentencia absolutoria. Así, se encuentra acreditado que el demandante soportó una medida restrictiva del bien jurídico fundamental de la libertad personal y física, excepcional y preventiva, que generó padecimiento a él y a sus seres queridos 25 , por lo que honró la carga que le asistía de demostrar el daño o menoscabo a un bien o interés jurídicamente tutelado. Para juzgar la razonabilidad que pueda haber en la medida impuesta a Verbal Zarza, la Sala toma en consideración que, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, para definir la situación del capturado, la Fiscalía contaba con los siguientes medios de convicción: • La denuncia presentada por Jairo Primera Garcés, hermano de la víctima y testigo presencial de los hechos, quien relató de manera detallada los móviles del enfrentamiento y las circunstancias en que ocurrieron los hechos violentos, en los que el procesado, Atilio José Verbel, su hijo, Helcer Velbel y Edison

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