CE - 012331000201200087011SENTENCIA20230201135238

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA.

Radicación: 730012331000201200087 01 (53721)

Demandante: ARACELY GONZALEZ GARCÍA Y OTROS Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS Tema: Muerte por accidente de tránsito. Conductor de motocicleta.

Árbol caído sobre vía departamental. Imposibilidad de exigir a entidad demandada una acción eficaz y precisa para evitar el accidente. No transcurrió tiempo considerable para que entidad accionada se enterara de existencia de obstáculo. Conducción imprudente. Hecho de tercero. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra | la sentencia del 10 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 10 de enero de 2010, Miguel Ángel Flórez González, conductor de la motocicleta de placas LSF35B, colisionó contra el costado izquierdo del vehículo de placas VXC044, luego de que éste último invadiera el carril contrario, por el que aquel transitaba, al esquivar un árbol que obstaculizaba la carretera, en el kilómetro 1 de la vía secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio

que aquel transitaba, al esquivar un árbol que obstaculizaba la carretera, en el kilómetro 1 de la vía secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio de Dolores (Tolima). Como consecuencia del accidente de tránsito falleció Miguel - Ángel Flórez González. Los demandantes consideran que el Departamento del Tolima, el municipio de Dolores y la Nación - Ministerios de Defensa y de Transporte son patrimonialmente responsables por la muerte de Miguel Ángel Flórez González, pues afirman que la camioneta de placas VXC044 invadió el carril por el que éste transitaba porque había un árbol obstaculizando su carril, que no contaba con la debida señalización.Radicación: 730012331000201200087 01 (53721) .

Demandante: Aracely González García y otros

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 13 de febrero de 2012”, Aracely González García, Yeferson Flórez González y Haidy Hanelly Flórez González, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra del Departamento del Tolima, el municipio de Dolores y la Nación - Ministerios de Defensa y de Transporte, para que fueran declarados patrimonialmente responsables por la

muerte de Miguel Ángel Flórez González. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 250 SMLMV a Aracely González García y 100 SMLMV a Yeferson Rlórez González y Haidy Hanelly Flórez González; por daño emergente, la sima de $20.000.000 a Aracely

González García y 100 SMLMV a Yeferson Rlórez González y Haidy Hanelly Flórez González; por daño emergente, la sima de $20.000.000 a Aracely González García; y por lucro cesante, la suma de $2.040.000.000 a Aracely González García. | En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 10 de enero de 2010, Miguel Ángel Flórez González, conductor de la motocicleta de placas LSF35B, colisionó contra el costado izquierdo del vehículo de placas VXC044, luego de que éste último invadiera el carril contrario, por el que aquel, transitaba, al esquivar un árbol que obstaculizaba la carretera, en el kilómetro 1 de la vía - secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio de Dolores (Tolima). Sostiene que una de las consecuencias del accidente de tránsito fue el fallecimiento inmediato de Miguel Ángel Flórez González Los demandantes consideran que el Departamento del Tolima, el municipio de : Dolores y la Nación - Ministerios de Defensa y de Transporte son patrimonialmente responsables por la muerte de Miguel Ángel Flórez González, -1F1 19a39,C.1.Radicación: 730012331000201200087 01 (53721) Demandante: Aracely González García y otros pues afirman la camioneta de placas VXC044 invadió el carril por el que éste transitaba, porque había un árbol obstaculizando su carril, que no contaba con ta debida señalización. -2. Contestaciones El 15 de marzo de 2012? el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda

transitaba, porque había un árbol obstaculizando su carril, que no contaba con ta debida señalización. -2. Contestaciones El 15 de marzo de 2012? el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público. 2.1. El Departamento del Tolima? sostuvo que la muerte de Miguel Ángel Flórez González se produjo porque el conductor del vehículo de placas VXC044 invadió el carril por el que éste se movilizaba. 2.2. El municipio de Dolores afirmó que no era competente para realizar el mantenimiento ni la señalización de la vía en la que se produjo el accidente de tránsito. 2.3. La Nación - Ministerio de Defensa? manifestó que el daño se produjo por la imprudencia de la propia víctima. 2.4. La Nación - Ministerio de Transporte? indicó que no era competente para realizar el mantenimiento ni señalizar el kilómetro 1 de la vía secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio de Dolores (Tolima). - 3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 24 de julio de 2014” se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 2 Fl, 43 y 44, C. 3F1.62a67, C. 4 FL. 77 a82, C. 5 Fl. 137 a 148, 8 Fl. 167 a 174, 7 FI, 209, C. 1. 1. 1. 1 Cc. 1

C. 1.Radicación: 730012331000201200087 01 (53721) ab

8 Fl. 167 a 174, 7 FI, 209, C. 1. 1. 1. 1 Cc. 1

C. 1.Radicación: 730012331000201200087 01 (53721) ab Demandante: Aracely González Garcia y otros 3.1. La parte demandante?, el Departamento del Tolima?, el municipio de Dolores”, la Nación — Ministerio de Defensa!! y la Nación —Ministerio de Transporte? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 10 de febrero de 20151% el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la muerte de Miguel Ángel Flórez González no se ocasionó por una falla del servicio imputable a las entidades demandadas, pues “no transcurrió mucho tiempo entre la caída del árbol y la ocurrencia del accidente”.

Al efecto, manifestó lo siguiente: “T...] considera la Sala que la parte actora no logró demostrar la falla del servicio endilgable a las entidades demandadas, toda vez que no se encuentra acreditado que las mismas tuvieran conocimiento de la existencia del árbol que se encontraba obstaculizando la vía, máxime si se fiene en cuenta que según los testimonios de los señores Luis Hernán Mur Durán, Luz Dary González Castro y Miller Fernando Pérez Cardozo [...] el árbol en la vía se encontraba desde el sábado 9 de enero de 2010 y el accidente ocurrió el domingo 10 de enero de 2010 en las horas de la mañana, por lo tanto no transcurrió mucho tiempo entre la caída

el sábado 9 de enero de 2010 y el accidente ocurrió el domingo 10 de enero de 2010 en las horas de la mañana, por lo tanto no transcurrió mucho tiempo entre la caída del árbol y la ocurrencia del accidente, por lo tanto no se puede imputar una responsabilidad al Estado por la omisión de la remoción o señalización del obstáculo en la vía, teniendo en cuenta que no existió demora injustificada. Asimismo, la parte actora debió acreditar la existencia de la irregularidad de la administración. Sin embargo, no obra en el proceso prueba alguna que permita satisfacer tal exigencia, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda”. $ Fl, 231 a239,C. 1. 9 Fl. 240 a 242, C. 1. 10 Fl, 254 a 258, C. 11 FI:210 a 220, C. 12 Fl, 221 a 230, C. Cc. 1.

1. 1. - Fl, 263 a 280, C. 2.Radicación: 730012331000201200087 01 (53721)

Demandante: Aracely González García y otros

5. Recurso de Apelación El 2 de marzo de 2015 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 10 de marzo de 20151 y admitido el 6 de mayo de 201518. 5.1. La parte demandante señaló que el Departamento del Tolima, el municipio de Dolores y la Nación — Ministerios de Defensa y de Transporte eran patrimonialmente responsables por la muerte de Miguel Ángel Flórez González, porque incumplieron'sus deberes de mantenimiento y vigilancia del kilómetro 1 de

Dolores y la Nación — Ministerios de Defensa y de Transporte eran patrimonialmente responsables por la muerte de Miguel Ángel Flórez González, porque incumplieron'sus deberes de mantenimiento y vigilancia del kilómetro 1 de la vía secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio de Dolores (Tolima), donde ocurrió el accidente de tránsito.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 17 de junio de 20151” se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Nación — Ministerio de Defensa!$ reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 6.2. La parte demandante, el Departamento del Tolima, el municipio de Dolores, la Nación - Ministerio de Transporte y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal 1+ F1, 294, C. 2. 15 Fl, 295, 0.2. 18 Fl. 300, €. 2. 17 FI, 302, C. 2. 18 Fl. 303 a 306, C. 2.Radicación: 730012331000201200087 01 (53721) Demandante: Aracely González García y otros Administrativo del Tolima, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida en el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta

demanda, supera la exigida en el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación!?.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86% del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por una omisión imputable al Departamento del Tolima, al municipio de Dolores y a la Nación - Ministerios de Defensa y de Transporte

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la rotección del interés general?! estableció unos plazos para poder ejercer 9 19 La pretensión mayor de la demanda se estima en $2.040.000.000, lo cual es superior a 500

SMLMY del año en que ésta se presentó (2012), lo cual equivale a $283.650.000. 20 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa O ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa O ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.Radicación: 730012331000201200087 01 (53721) Demandante: Aracely González García y otros oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia

consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. - La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure“ que opera por la falta de actividad Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a

posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legistador (...). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”. 23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. LasRadicación: 730012331000201200087 01 (53721) Demandante: Aracely González García y otros oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. : El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a

de la facultad potestativa de accionar. : El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el 10 de enero de 2010 falleció Miguel Ángel Flórez González (hecho probado 7.1.3.); ij que el 9 de diciembre de 2011 los accionantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial, la cua! fue declarada fallida el 25 de enero de 2012 y iii) que la demanda se presentó el 13 de febrero de 20122, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa 4.1. Aracely González Garcia (esposa), Yeferson Flórez González (hijo) y Haidy Hanelly Flórez González (hija) están legitimados en la causa por activa, pues se acreditó que conformaban el núcleo familiar de Miguel Ángel Flórez González partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso iure o de pleno derecho, es

hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso iure o de pleno derecho, es decir. que no admite renuncia, y el juez debe declarara de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia. del fenómeno indicado”. 25 FL 17, C.1. 26 Fl 42, C. 1.Radicación: 730012331000201200087 01 (53721)

Demandante: Aracely González García y otros ' 4 s

(victima), según da cuenta copia simple?” del registro civil de matrimonio de la primera y los registros civiles de nacimiento de los demás?. 4.2. El Departamento del Tolima está legitimado en la causa por pasiva, pues se alega en la demanda que el árbol caido ubicado en el kilómetro 1 de la vía

primera y los registros civiles de nacimiento de los demás?. 4.2. El Departamento del Tolima está legitimado en la causa por pasiva, pues se alega en la demanda que el árbol caido ubicado en el kilómetro 1 de la vía secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio de Dolores (Tolima), fue el que produjo el accidente de tránsito en el que murió Miguel Ánge! Flórez González, por no estar debidamente señalizado. Aunado a lo anterior, se probó que la vía secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio de Dolores (Tolima), hace parte de la Red Vial Departamental, pues según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 105 de 1993% “hacen parte de la infraestructura departamental de transporte [entre otros] las vías que... comunican entre sí dos cabeceras municipales...”. 4.3. El municipio de Dolores no está legitimado en la causa por pasiva, pues para la época de los hechos no tenía a su cargo el mantenimiento y/o señalización del kilómetro 1 de la vía secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio de Dolores (Tolima), donde ocurrió el accidente de tránsito en el que falleció Miguel Ángel Flórez González. 4.4. Los intereses de la Nación no se encuentran debidamente representados por los Ministerios de Defensa y de Transporte, pues para la época de los hechos dichas entidades no tenía a su cargo el mantenimiento y/o señalización del kilómetro 1 de la vía secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio de Dolores (Tolima), donde ocurrió el accidente de tránsito en el que falleció Miguel Ángel Flórez González.

kilómetro 1 de la vía secundaria que del municipio de Prado conduce al municipio de Dolores (Tolima), donde ocurrió el accidente de tránsito en el que falleció Miguel Ángel Flórez González. 27 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013. 2 F.6a8,C.1. 29 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación « en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.10

Radicación: 730012331000201200087 01 (53721)

Demandante: Aracely González Garcia y otros

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: i) si el Departamento del Tolima incurrió en alguna omisión que propició el accidente de tránsito ocurrido el 10 de enero de 2010, en el que murió Miguel Ángel Flórez González y ¡i) si concurrió alguna otra causa:en la producción del daño referido. mos.

6. Solución de los problemas jurídicos Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, la responsabilidad que a este le corresponde por omisión en el mantenimiento y señalización de vías públicas y el hecho exclusivo de un tercero como causal eximente de responsabilidad. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y ¡i) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho”, que contraría el orden legal%? o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación 0 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijuridicos que le sean matablos causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. % Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 ' 32 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2 ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.11

Radicación: 730012331000201200087 01 (53721)

Demandante: Aracely González Garcia y otros 1 . . . . . .

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.11

Radicación: 730012331000201200087 01 (53721)

Demandante: Aracely González Garcia y otros 1 . . . . . . reconocida o protegida, violando 'de manera directa el principio alterum non o! . go - . . laedere, en tanto resulta contrario; al ordenamiento jurídico dañar a otró sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto, Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 6.2. Responsabilidad del Estado por omisión en el mantenimiento y señalización de vías públicas Mediante sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el artículo 90 de la Constitución Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad, por lo que es deber del juez establecer cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el proceso”. Sin perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que el régimen de responsabilidad subjetiva o de falla en el servicio es el título de imputación bajo

establecer cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el proceso”. Sin perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que el régimen de responsabilidad subjetiva o de falla en el servicio es el título de imputación bajo cuya óptica, por excelencia, se deben analizar las controversias suscitadas con el Estado, toda vez que con base en él se analiza el incumplimiento de las obligaciones a su cargo”. ' 34 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia. 35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36386 36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de abril de 2012. Rad.: 21515. 37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993, Rad.: 8163; Sentencia del 10 de marzo del 2011, Rad: 17.738; Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.:.50315.12

Radicación: 730012331000201200087 01 (53721) Demandante: Aracely González García y otros El artículo 19 de la Ley 105 de 1993 dispone que corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte de su propiedad.

Ahora bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que para efectuar el análisis de responsabilidad del Estado en: eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización o mantenimiento de la vía, se debe tener en

Ahora bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que para efectuar el análisis de responsabilidad del Estado en: eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización o mantenimiento de la vía, se debe tener en cuenta que aquel está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial. Por tal razón, el Estado deberá responder patrimonialmente en los eventos en que: i) conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito; y li) cuando incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiera efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía, evento en el cual se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que ésta omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad?. No obstante lo anterior, es menester poner de presente que para declarar la

cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad?. No obstante lo anterior, es menester poner de presente que para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, la parte demandante siempre deberá 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 25 de agosto de 2011, Rad.: 17613. 9% Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de septiembre de 2016, Rad.