CE - 012331000201200292011SENTENCIA20230117120708

| CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 73001233100020120029201 (49933) Demandante: ' MIGUEL IGNACIO CÁRDENAS MARTÍNEZ Y'OTROS Demandado: — NACIÓN — FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia: Suplantación de identidad. No se probó daño antijuridico. .-- SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de "apelación interpuestos por la parte demandada contra la sentencia del 21 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 26 de marzo de 2009, Andrés Felipe Márquez detuvo a una persona que en ese momento se encontraba 'hurtándole el espejo retrovisor de su vehículo. Instantes después, el aprehendido fue puesto a disposición de la Policía Nacional, quien se identificó con el nombre de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y ese mismo día, fue llevado ante la Fiscalía 57 Local de Ibagué. Posteriormente, el 27 de marzo de 2009, se realizaron las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de quien se identificó como Miguel Ignacio Cárdenas Martínez. Mediante sentencia del 15 de

se realizaron las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de quien se identificó como Miguel Ignacio Cárdenas Martínez. Mediante sentencia del 15 de febrero de 2010, el Juzgado 3” Penal Municipal de Ibagué con Función de Conocimiento condenó a Miguel Ignacio Cárdenas Martínez por el delito de hurto calificado.Radicado: 73001233100020120029201 (49933) Demandante: Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y otros No obstante, mediante informe del 20 de julio de 2011, investigadores profesionales en dactiloscopia de la Policía Judicial señalaron que la identidad de quien que se había identificado con el nombre de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez, realmente correspondía a la de Carlos Humberto Suarez Martínez. Por ello, mediante sentencia del 24 de agosto de 2011, el Juzgado 3” Penal Municipal de Ibagué con Funciones de Conocimiento corrigió la sentencia del 15 de febrero de 2010, en el sentido de aclarar que la condena debía entenderse impartida contra Carlos Humberto Suarez Martínez y no contra Miguel Ignacio Cárdenas Martínez. Los demandantes consideran que la Fiscalía 57 Local de Ibagué y el Juzgado 3” Penal Municipal de Ibagué con Funciones de Conocimiento incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque no cumplieron con el deber legal de identificar e individualizar al verdadero autor del delito investigado, lo que a su juicio ocasionó que se vulnerara el derecho fundamental al buen nombre de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y “las condiciones de existencia por cuanto se

legal de identificar e individualizar al verdadero autor del delito investigado, lo que a su juicio ocasionó que se vulnerara el derecho fundamental al buen nombre de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y “las condiciones de existencia por cuanto se condenó a un ser querido quien por las anotaciones existentes en los sistemas de entidades públicas como la Procuraduría General de la Nación, le impidieron celebrar contratos con entidades estales”.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 14 de mayo de 20121, Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y Ruth Marina Bustos Herrera, en nombre propio y en representación de Andrés Julián Cárdenas Bustos; y María Lucia Merchán Ochoa, en nombre propio y en representación de Jhon Jaider Cárdenas Merchán, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial por los perjuicios ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrieron la Fiscalia 57

Local de Ibagué y el Juzgado 3” Penal Municipal de lbagué con Función de Conocimiento, al incumplir el deber jurídico de identificar e individualizar plenamente 1 FI, 218 a 249; 260 a 261; C. 1.Radicado: 73001233100020120029201 (49933) Demandante: Miguel ignacio Cárdenas Martínez y otros a un sujeto que se hizo pasar por Miguel Ignacio Cárdenas Martínez, en un proceso penal por el delito de hurto calificado. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los

penal por el delito de hurto calificado. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes; por “alteración grave de las condiciones de existencia” 100 SMLMV a Miguel Ignacio Cárdenas Martínez; por lucro cesante, la suma de $2.000.000 a Miguel Ignacio Cárdenas Martinez; y, como medida de reparación no pecuniaria, que "se ordene a fitulo de reparación integral a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, adoptar las medidas necesarias para comunicar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación la ausencia de condenas e inhabilidades a nombre de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez”. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 26 de marzo de 2009, Andrés Felipe Márquez detuvo a una persona que en ese momento se encontraba hurtándole el espejo retrovisor de su vehículo. Señala que instantes después el aprehendido fue puesto a disposición de la Policía Nacional y se identificó con el nombre de Miguel Ignacio Cárdenas Martinez. Indica que ese mismo día, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 57 Local de Ibagué. Sostiene que el 27 de marzo de 2009, se realizaron las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de quien se identificó como Miguel Ignacio Cárdenas Martínez. Aduce que mediante sentencia del 15 de febrero de 2010, el Juzgado 3” Penal

aseguramiento en contra de quien se identificó como Miguel Ignacio Cárdenas Martínez. Aduce que mediante sentencia del 15 de febrero de 2010, el Juzgado 3” Penal Municipal de Ibagué con Función de Conocimiento condenó a Miguel Ignacio Cárdenas Martínez por el delito de hurto calificado.Radicado: 73001233100020120029201 (49933) Demandante: Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y otros Afirma que mediante informe del 20 de julio de 2011, investigadores profesionales en dactiloscopia de la Policía Judicial señalaron que la identidad de quien que se había identificado con el nombre de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez, realmente correspondía a la de Carlos Humberto Suarez Martínez. Indica que mediante sentencia del 24 de agosto de 2011, el Juzgado 3” Penal Municipal de Ibagué con Funciones de Conocimiento corrigió la sentencia del 15 de febrero de 2010, en el sentido de aclarar que la condena debía entenderse impartida contra Carlos Humberto Suarez Martínez y no en contra Miguel ignacio Cárdenas Martínez. Los demandantes consideran que la Fiscalía 57 Local de Ibagué y el Juzgado 3” Penal Municipal de Ibagué con Funciones de Conocimiento incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque no cumplieron con el deber legal de identificar e individualizar al verdadero autor del delito investigado, lo que a su juicio ocasionó que se vulnerara el derecho fundamental al buen nombre de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y “las condiciones de existencia por cuanto se condenó a un ser querido quien por las anotaciones existentes en los

investigado, lo que a su juicio ocasionó que se vulnerara el derecho fundamental al buen nombre de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y “las condiciones de existencia por cuanto se condenó a un ser querido quien por las anotaciones existentes en los sistemas de entidades públicas como la Procuraduría General de la Nación, le impidieron celebrar contratos con entidades estales”.

2. Contestaciones El 12 de junio de 2012? el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación? indicó que se configuró la eximente de. responsabilidad del “hecho de un tercero”, toda vez que Carlos Humberto Suarez Martínez suplantó la identidad de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y se allanó a los cargos en la audiencia de formulación de imputación. a 2 Fl, 254 a 255; 297 a298, C. 1. 3 Fl. 264 a 268; 280 a 284; 307; C. 1. Radicado: 73001233100020120020201 (49933) Demandante: Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y otros 2.2. La Rama Judicial! manifestó que la decisión adoptada por el fallador de primera instancia estuvo acorde con lo dispuesto en los artículos 239, 240, 310 y 312 de la Ley 906 de 2004, pues condenó al acusado con fundamento en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, la cual exhibió la Fiscalía General de la Nación en las .audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de

materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, la cual exhibió la Fiscalía General de la Nación en las .audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra del detenido. Formuló como excepción la que denominó “inexistencia de perjuicios”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 29 de julio de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1 La parte demandante? y la Fiscalía General de la Nación? reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente. 3.2. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera. instancia Mediante sentencia del 21 de octubre de 20138 el Tribuna! Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial habían incurrido en falla del servicio, pues adelantaron una investigación penal y profirieron sentencia condenatoria en contra de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez, sin identificar en debida forma al sujeto activo del hecho punible.

Al efecto, sostuvo que: “f...] Los elementos de prueba enunciados, permiten evidenciar 4 Fl. 288 a 294; 300 a 301; C. 1. 5 Fl. 316, C. 1. $ Fl. 317 2323, C. 1. 7 Fl. 324 a 329, C. 1. $ FL 350 a 350, C. 2.Radicado: 73001233100020120029201 (49933)

$ Fl. 317 2323, C. 1. 7 Fl. 324 a 329, C. 1. $ FL 350 a 350, C. 2.Radicado: 73001233100020120029201 (49933) Demandante: Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y otros la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que se materializa en la errónea identificación de la persona vinculada como sindicado en el proceso penal estudiado, máxime cuando se investigó, vinculó y condenó a Miguel Ignacio Cárdenas Martínez, sin ser la persona que se encontraba realmente vinculada en el proceso penal [...] la falla del servicio por omisión en la labor de plena identificación de la persona investigada al interior de un proceso penal, en que incurrieron las entidades demandadas, produjo un daño antijurídico a los demandantes, reflejado en la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, lo que se demuestra del certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación el 24 de enero de 2012, por medio del cual se evidencia que el señor Miguel Ignacio Cárdenas Martínez tiene como anotaciones una pena [...] Así entonces, no se puede afirmar que exista una causal exonerativa de responsabilidad [...]”. En la parte resolutiva el a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar, por perjuicios morales, 20 SMLMV a Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y 10 SMLMV a Andrés Julián Cárdenas Bustos y Jhon Jaider Cárdenas Merchán. 5, Recursos de apelación

Judicial a pagar, por perjuicios morales, 20 SMLMV a Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y 10 SMLMV a Andrés Julián Cárdenas Bustos y Jhon Jaider Cárdenas Merchán. 5, Recursos de apelación Los días 7? y 14% de noviembre de 2013, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial interpusieron recurso de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el 16 de diciembre de 20131 y admitidos el 10 de marzo de 201412, 5.1. La Fiscalía General de la Nación manifestó que el daño alegado por el extremo activo no le era imputable, pues cumplió con el deber de advertirle al Juzgado 3” Penal Municipal de Ibagué con Función de Conocimiento que el procesado no se encontraba plenamente individualizado e identificado. Además, 8 Fl. 359 a 361, C. 2. 19 Fl, 362 a 363, C. 2. 1 Fi, 381, C.2. 12 Fl, 388, C. 2. 13 Fl. 362 a 363, C. 2.Radicado: 730012331000201 20029201 (499353) Demandante: Miguel ignacio Cárdenas Martínez y otros indicó que se configuró el “hecho de un tercero”, pues el procesado suplantó la identidad de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez. 5.2. La Rama Judicial!' sostuvo que condenó a Miguel ignacio Cárdenas Martínez de conformidad con las dispuesto en las prerrogativas sustanciales y formales previstas en la Ley 906 de 2004. Por otro lado, argumentó que el daño devino de las actuaciones surtidas por la Fiscalía General de la Nación. x

de conformidad con las dispuesto en las prerrogativas sustanciales y formales previstas en la Ley 906 de 2004. Por otro lado, argumentó que el daño devino de las actuaciones surtidas por la Fiscalía General de la Nación. x

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 21 de abril de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandanteS y la Fiscalía General de la Nación?”, reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso de la primera instancia. : 6.2. La Rama Judicial y el Ministerio Publico guardaron silencio?8.

III. CONSIDERACIONES | 1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia del 21 de octubre de -2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con to dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996. 14 FL. 359 a 361, C. 2. 18 FL, 390, C. 2. 16 Fl. 398 a 404, C. 2. 17 Fl. 405 a 407, C. 2. 18 FL, 408, C. 2.

LyRadicado: 73001233100020120029201 (49933)

Demandante: Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y otros

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 861% de Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis de! tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general”, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. 19 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuándo resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública”.

o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.Radicado: 730012331060020120029201 (49933) Demandante: Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y otras El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y

los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure?? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?%, cuya consecuencia, por demandar más 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, fiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción

legislador (...). El término de caducidad, fiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaría para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solicificar el concepto de derechos adquiridos 22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legistador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararía de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ...[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por10

entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por10

Radicado: 730012331000201200209201 (49933) Demandante: Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y otros allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad _potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación: ha indicado, de manera reiterada, que en tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante”. Bajo el anterior contexto, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esto es, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, puesto que: i) a pesar de que no obra la fecha en la cual el actor tuvo conocimiento de la suplantación de su identidad, se acreditó que el 12 de noviembre de 2010, por solicitud del señor Cárdenas Martínez, el Juzgado 2” de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

su identidad, se acreditó que el 12 de noviembre de 2010, por solicitud del señor Cárdenas Martínez, el Juzgado 2” de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué ofició al CTI para que realizara un cotejo dactilar para establecer la plena identidad del condenado”; ¡i) que los demandantes presentaron solicitud de | conciliación extrajudicial el 14 de febrero de 2012, la cual se declaró fallida et 14 de mayo de 20127”; y iii) la demanda se presentó el 14 de mayo de 20122. ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 2 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 55999. 25 Fl, 144; C. 1. 26 Fl, 217, C. 1. 27 Fl, 217, C. 1. 28 F1, 218 a 249,C. 1.11

Radicado: 73001233100020120029201 (49933)

Demandante: Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y otros

4. Legitimación en la causa

4.1, Miguel Ignacio Cárdenas Martínez (víctima), Andrés Julián Cárdenas Bustos (hijo) y Jhon Jaider Cárdenas Merchán (hijo), están legitimados en la causa por activa, puesto que el primero es la persona cuya identidad fue suplantada, según

(hijo) y Jhon Jaider Cárdenas Merchán (hijo), están legitimados en la causa por activa, puesto que el primero es la persona cuya identidad fue suplantada, según da cuenta copia auténtica de su tarjeta decadactilar?2 allegada. al proceso; y los demás conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento%, 4.2. María Lucia Merchán Ochoa se encuentra legitimada en la causa por activa como tercera perjudicada, de conformidad con los testimonios allegados al proceso?”. 4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, ya que la | primera adelantó la investigación penal y la segunda profirió sentencia condenatoria, alegándose en la demanda que ello se realizó sin que se hubiere verificado que la identidad de quien era procesado realmente correspondía a la de Miguel Ignacio Cárdenas Martínez.

5. Problema Jurídico Corresponde a la Sala establecer si el Estado ocasionó un daño antijurídico por no identificar e individualizar plenamente a quien se condenó en un proceso penal. 22 Fl 149, C. 1. 30 F1.215a216,C. 1. 31 Juanita Canizales Hernández (FI. 9 a 10, C. 3.) amiga de la familia Cárdenas, señaló que Miguel Ignacio Cárdenas Martínez estaba separado. De hecho, en el testimonio declaró lo siguiente: “Migue! tiene dos hijos, uno de catorce años y otro de diez y la esposa hace como cinco años son separados, pero ella vive pendiente de él. La esposa se llama María Lucia Merchán, los hijos Andrés Julián

tiene dos hijos, uno de catorce años y otro de diez y la esposa hace como cinco años son separados, pero ella vive pendiente de él. La esposa se llama María Lucia Merchán, los hijos Andrés Julián Cárdenas y Jhon Jaider Cárdenas”. . Sin embargo, Luis Alfredo Anaya Gutiérrez (Fl. 10 a 11, C.' 3.) amigo de Miguel Ignacio Cárdenas “Martínez, manifestó que la víctima: "tenía el hogar constituido con esta china Lucía Merchán, que tiene un niño de doce añitos” y el registro civil de nacimiento de Jhon Jaider Cárdenas Merchán da cuenta que era hijo de ambos (Fl. 216, C.1.).12

Radicado: 73001233100020120029201 (49933)

Demandante: Miguel Ignacio Cárdenas Martínez y otros

6. Solución del problema jurídico Ántes de resolver el problema jurídico, es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y aquella que corresponde por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991? consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, -que contraria el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida

ley o el derecho, -que contraria el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto””. 32 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por fa acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales dafos, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 34 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2? ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975, Pág.90, 35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 36 Cosso.