CE - 012333000201701337011SENTENCIAFALLO20231204092638

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

Demandante: Yolanda Donado Palacio Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reliquidación de pensión gracia. Principios procesales de justicia rogada, congruencia y debido proceso . Indexación de primera mesada. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora YOLANDA DONADO PALACIO instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 032723 del 6 de septiembre de 2016, (ii) RDP 042834 del 15 de noviembre de 2016, y (iii) RDP 049272 del 27 de diciembre de 2016 , por medio de la s cuales la UGPP negó y confirmó respectivamente una nueva reliquidación de la pensión gr acia ya reconocida a la actora y la indexación de la primera mesada.

1 Ver expediente digital obrante en el índice 2 de la plataforma SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a reajustar la mencionada prerrogativa, a fin de que su valor, el cual ya había sido reliquidado con inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio de la reclamante, se corrija a la suma de $360.475 y no de $358.472.

Que, además, con base en este nuevo monto, se indexe la primera mesada, pues la accionante se retiró de la labor oficial el 30 de enero de 1994, pero adquirió el

Que, además, con base en este nuevo monto, se indexe la primera mesada, pues la accionante se retiró de la labor oficial el 30 de enero de 1994, pero adquirió el estatus pensional el 12 de marzo de 2001.

Que se cancele el respectivo retroactivo de las sumas adeudadas por concepto de las diferencias pensionales desde esta última fecha y hasta que se realice su pago con la correspondiente indexación conforme al IPC.

Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia conforme a las previsi ones del artículo 195 del CPACA, junto con la respectiva condena en costas a cargo de la parte accionada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la extinta Cajanal EICE reconoció una pensión gracia a favor de la demandante a través de la Resolución 28056 del 13 de diciembre de 2001 , en la que para la determinación de su cuantía, solo tuvo en cuenta el promedio de la asignación básica del último año de servicio de la educadora, esto es, del 30 de enero de 1993 al 30 de enero de 1994, pero con efectividad desde el 12 de marzo de 2001 cuando cumplió los requisitos para adquirir el mentado derecho, ello sin ningún tipo de actualización monetaria y sin incluir en el cómputo los demás factores percibidos como las primas de antigüedad, de junio y de diciembre.

Que en cumplimiento de un fallo de tutela, la mencionada autoridad expidió la Resolución PAP 031681 del 30 de diciembre de 2010, con la que reliquidó la dádiva reconocida a la señora Donado Palacio, para lo cual le incluyó la totalidad de

Resolución PAP 031681 del 30 de diciembre de 2010, con la que reliquidó la dádiva reconocida a la señora Donado Palacio, para lo cual le incluyó la totalidad de factores salariales devengados por esta durante su último año de servicio, por lo que elevó la cuantía de la pensión gracia a la suma de $358.472,92, efectiva a partir del 12 de marzo de 2001, pero con efectos fiscales desde el 19 de noviembr e de 2004 por prescripción trienal. No obstante, no se realizó la indexación de la primera mesada.

Que, si bien aquella entidad reajustó la prerrogativa en comento, lo hizo en un valor inexacto, pues la cifra resultante de la adecuada liquidación era $360 .475 y no $358.472,92, toda vez que tomó en cuenta como monto de la prima de junio de 1993

2 Idem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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un total de $178.161,67, cuando e n realidad esta era de $210.194,00, tal como consta en el certificado de salarios respectivo.

Que la reclamante se retiró del servicio como docente el 30 de enero de 1994 con más de 21 años laborados en el Magisterio, pero solo adquirió el estatus que le otorgada la pensión gracia hasta el 12 de marzo de 2001 cuando cumplió los 50 años de edad. Que, en tal sentido, entre ambas fechas transcurrieron más de 7 años

otorgada la pensión gracia hasta el 12 de marzo de 2001 cuando cumplió los 50 años de edad. Que, en tal sentido, entre ambas fechas transcurrieron más de 7 años que generaron una devaluación de la moneda y por lo tanto una pérdida de su poder adquisitivo, lo cual implicaba la necesidad de indexar la primera mesada.

Que el 21 de abril de 2016, la parte activa solicitó ante la UGPP la reliquidación de la pensión gracia por error en los valores calculados y la actualización monetaria de su valor, a lo cual, dicha autoridad expidió la Resolución RDP 032723 del 6 de septiembre de 2016 con la que negó lo reclamado por lo que la docente interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación que fueron resueltos desfavorablemente mediante las Resoluciones RDP 042834 del 15 de noviembre de 2016 y RDP 049272 del 27 de diciembre de 2016 respectivamente, ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 18 de enero de 2018,3 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual manifestó inicialmente que, la accionante tuvo una vinculación nacional y por lo tanto recibió recursos derivados de la Nación que le impedían acceder a la pensión gracia, por lo que se está ante un indebido reconocimiento. Que , en todo caso, la referida entidad a través de la Resolución PAP 031681 del 30 de diciembre de 2010 reliquidó la prerrogativa con inclusión de todos los factores devengados por la educadora, y

está ante un indebido reconocimiento. Que , en todo caso, la referida entidad a través de la Resolución PAP 031681 del 30 de diciembre de 2010 reliquidó la prerrogativa con inclusión de todos los factores devengados por la educadora, y como esta no aportó nuevos elementos para un reajuste, este no debe prosperar.

Propuso las excepciones que denominó: (i) inexistencia de las obligaciones reclamadas, (ii) compensación, (iii) buena fe, (iv) genérica o innominada, y (v) prescripción.

En la audiencia inicial6 se definió que las excepciones propuestas eran de mérito y por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Seguidamente s e fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio , se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 y en atención al artículo 181 de la misma norma, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento para en su lugar correr traslado a las partes para alegar

3 Idem. 4 Idem. 5 Idem. 6 Idem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

de conclusión y dictar sentencia con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

de conclusión y dictar sentencia con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia escrita el 5 de marzo de 2020, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda , para lo cual expuso que, cuando se trata de liquidar la pensión gracia , debe tenerse en cuenta todo lo percibido por el beneficiario durante el último año de servicios a la adquisición del estatus pensional. Que, según lo acreditado, la demandante adquirió esta última condición el 12 de marzo de 2001, y la demandada reliquidó la pensión otorgada teniendo en cuenta los factores de asignación básica, prima de antigüedad, prima de junio y prima de diciembre , los cuales corresponden a los efectivamente pagados en el año anterior a la adquisición del derecho.

Que, a pesar de ello, se advierte un error en el valor de la prima de junio de 1993 entre el tenido en cuenta en la Resolución PAP 0081103 del 30 de diciembre de 2010 y el valor que reposa en el certificado que obra en el expediente administrativo. Que el monto del referido c oncepto devengado por la señora Yolanda Donado Palacios en el año 1993 era de $210.194, pero el tenido en cuenta por la entonces Cajanal EICE en la base de la liquidación de la prerrogativa fue de $178.161, por lo que se puede concluir que hubo un mal cálculo aritmético en la fijación de la cuantía de la pensión, el cual generó una disminución en el valor final a reconocer.

que se puede concluir que hubo un mal cálculo aritmético en la fijación de la cuantía de la pensión, el cual generó una disminución en el valor final a reconocer.

Que, en ese orden de ideas , es procedente ordenar la reliquidación solicitada , al punto de que la UGPP tiene que reajustar la pensión gracia de la demandante en cuantía del 75% de lo devengado en el último año de servicios (30 de enero de 1993 a 30 de enero de 1994 ), con la inclusión de la prima de junio del año 1993 en una cifra equivalente a $210.194, más los demás factores salaria les que fueron debidamente certificados e incluidos en el cómputo original.

Que, frente a la indexación de la primera mesada, debe precisarse que aun cuando la dádiva en comento reconocida a la reclamante, no se regula por lo dispuesto en la Ley 100 de 19 93 por encontrarse contemplada en una normativ a especial, la actualización monetaria resulta procedente en aplicación de los postulados constitucionales contenidos en el artículo 53 y 48 de la Constitución Política y en observancia de los elementales principios de justicia y equidad.

Que por lo tanto, en el entendido de que la señora Donado Palacio se retiró del servicio el 30 de enero de 1994 y solo cumplió con el requisito de edad para acceder a la pensión de jubilación gracia el día 12 de marzo de 2001, se infiere que transcurrieron más de 7 años en los cuales el monto de su ingreso base de liquidación experimentó una pérdida de poder adquisitivo que afectó igualmente la prerrogativa de la actora.

transcurrieron más de 7 años en los cuales el monto de su ingreso base de liquidación experimentó una pérdida de poder adquisitivo que afectó igualmente la prerrogativa de la actora.

7 Idem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

Que la extinta Cajanal EICE al momento de proferir el acto administrativo de reconocimiento de la pensión gracia , así como aquel con el que la reliquidó , no actualizó los valores con el índice de precios al consumidor desde el año 1994 hasta el 2001, por tanto, es procedente ordenar a la demandada que al momento de llevar a cabo el reajuste ordenado, los montos respectivos del IBL sean actualizados con el IPC de los años 1994 a 2001, a fin de evitar la depreciación del poder adquisitivo de la moneda.

Que en este caso se configuró el fenómeno de la prescripción sobre las diferencias de las mesadas causadas con anterioridad al 21 de abril de 2013, toda vez que la reclamante formuló la petición solo hasta el 21 de abril de 2016, es decir, una vez pasados los 3 años desde la fecha de exigibilidad del derecho en cuestión.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que la actora no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que al revisar nuevamente el cuaderno administrativo, se logró determinar que los tiempos prestados al Instituto Pestalozzi , no pueden entenderse como

considerar que la actora no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que al revisar nuevamente el cuaderno administrativo, se logró determinar que los tiempos prestados al Instituto Pestalozzi , no pueden entenderse como válidos para el reconocimiento del derecho en cuestión, en la medida en que estos eran de carácter nacional, lo anterior teniendo en cuenta la naturaleza de la creación de la Universidad del Atlántico a la que estaba adscrito dicho establecimiento educativo, dado que según certificado de l 16 de mayo de 2017 , la entidad nominadora tanto en lo atiente a los nombramientos como a los pagos de los profesores, señaló que eran de parte de la Nación.

Que en caso de no prosperar esta tesis, debe tenerse en cuenta que la entonces Cajanal EICE reliquidó la prestación en favor de la demandante e incluyó en el cálculo de la prestación todos los factores certificados devengados durante el último año de servicio antes de la fecha del estatus, esto es, la asignación básica, la prima de antigüedad, la prima de junio de 1993 y la prima de diciembre de 1994, por lo que se concl uye que la prestación fue fijada en forma correcta y con los emolumentos acreditados en sede administrativa en dicho momento, al punto de que no es procedente el reajuste ordenado y mucho menos la indexación.

Que las decisiones que afect an el sistema pensional, se deben adoptar bajo el entendido de que el Estado dispone de recursos limitados que se distribuyen de acuerdo con las necesidades de la población, propendiendo por lograr su suficiencia, con el fin de que realmente se dé la efectividad del der echo, por lo que no es dable acceder a pretensiones como estas que no tienen vocación de

acuerdo con las necesidades de la población, propendiendo por lograr su suficiencia, con el fin de que realmente se dé la efectividad del der echo, por lo que no es dable acceder a pretensiones como estas que no tienen vocación de prosperidad.

Que la parte demandante es quien debe probar las afirmaciones contenidas en los

8 Idem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

hechos y sus pretensiones por alguno de los medios de convicción establecidos en la ley para llevar al convencimiento al juzgador sobre los hechos expuestos en la demanda, lo cual no ha ocurrido en este caso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante 9 presentó alegaciones finales en las que solicitó que se confirme el fallo apelado, asegurando que debe tenerse en cuenta el hecho de que el acto de reconocimiento pensional está en firme, es legal y no ha sido anulado ni suspendido, razón por la cual no p uede discutirse la validez de la pensión gracia cuando lo que se solicita es su reliquidación, más aún porque no es cierto que el instituto de la Universidad del Atlántico sea nacional, pues en realidad es departamental, así como su planta de personal.

La parte demandada10 radicó alegatos de conclusión reiterando sus argumentos expuestos en su contestación y en el recurso de apelación.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.11

expuestos en su contestación y en el recurso de apelación.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.11

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si es procedente condicionar el estudio de la reliquidación pensional solicitado por la demandante, a un análisis de legalidad respecto del reconocimiento de la pre stación que no fue objeto de demanda. En caso negativo, deberá determinarse si procedía o no el reajuste de la pensión gracia otorgada a la actora corrigiendo el valor de uno de los factores incluidos en la base de cálculo , así como la indexación de la pri mera mesada por esta misma razón.

Marco normativo y jurisprudencial

a. De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que, mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue proferido conforme a derecho y, por lo tanto, que es obligatorio y puede ejecutarse. Esta figura, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga sobre

9 Ver índice 14 de la plataforma SAMAI. 10 Ver índice 15 de la plataforma SAMAI. 11 Según constancia secretarial obrante en el índice 19 de la plataforma SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

11 Según constancia secretarial obrante en el índice 19 de la plataforma SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

quien la alega 12, pues como presunción legal admite prueba y argumentación en contrario.

Así las cosas, puede afirmarse que en esta figura está contenida una regla que le indica al juez que debe denegar la pretensión de nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido caracteri zada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta particular materia.

Esta presunción se ve reflejada en algunas normas como la prevista en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, que frente a los requisitos del contenido de la demanda consagra que, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación. Dicha exigencia se enmarca en la defensa del debido proceso del demandado, pues limita los aspectos de los que tendrá que defenderse y los términos en que se expusieron los problemas jurídicos al juez y, por lo tanto, su campo de decisión.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser valorada en el contexto constitucional en el que se encuentra y, por ello, deben ser tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia CEn todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser valorada en el contexto constitucional en el que se encuentra y, por ello, deben ser tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso A dministrativo (Decreto 01 de 1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas y el concepto de violación.

b. Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso

Debe precisarse que la congruencia en materia procesal, entendida como la conexión sincrónica entre lo reclamado con la demanda, lo argumentado como defensa y lo resuelto con la sentencia, obedece al hecho de que un litigio no puede ser indeterminado y abstracto, sino que tiene que circunscribirse a los límites de interpretación, análisis probatorio y decisión que las partes y el mismo juez fijan para determinar las reglas claras con las que se desarrollará la actuación.

Esto tiene como fin que ninguno de los extremos sorprenda al otro con nuevos asuntos a debatir que no fueron planteados a lo largo de la causa judicial en sus debidas oportunidades, como serían, por ejemplo, la demanda, su reforma, una eventual demanda de reconvención o la audiencia inicial.

12 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de

eventual demanda de reconvención o la audiencia inicial.

12 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019).Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

De esta regla general, solo figurarían como excepción los hechos sobrevinientes que tengan la entidad suficiente para extinguir o modificar el derecho reclamado, pero únicamente si estos ocurren después de haber sido presentada la demanda y cuando efectivamente estén probados y alegados por la parte que los quiera aducir a su favor.

Estos planteamientos se derivan del propio contenido del artículo 281 del Código General del Proceso, aplicable a este tipo de casos por remisión del artículo 306 del CPACA. Sobre el punto, la primera norma en cita consagra lo siguiente.

«[…] ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despué s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fal lar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.

PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrari o, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su be neficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que

controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas. […]». (Negrilla y subrayado intencionales).

De hecho, sobre la importancia del precepto bajo estudio, la Corte Constitucional en sentencia T-455 de 2016 manifestó que:Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

«[…] 24.1. El principio de congruencia de la sentencia, además se traduce en una garantía del debido proceso para las partes , puesto que garantiza que el juez sólo se pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra petita, ni ultra petita , porque en todo caso, la decisión se tomará de acuerdo a las pretensione s y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto, además, garantiza el derecho a la defensa de las partes , puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos que la ley ha establecido para ello en los términos adecuados.

La jurisp rudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia

el derecho a la defensa de las partes , puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos que la ley ha establecido para ello en los términos adecuados.

La jurisp rudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”. Además ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por tanto, será procedente la tutela co ntra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

La Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, profirió en el 2008 la sentencia 1274 de ese año, en la que estableció lo siguiente:

“… la incongruencia tiene la entidad suficiente para configurar una vía de hecho, ya que la incongruencia que es capaz de tornar en vía de hecho la acción del juez “es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarroll o del proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y el derecho de defensa”, a tal grado que “la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante”, esto es, “carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del proceso”. De lo contrario, “el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia y lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, sería insuficiente para q ue se configure una vía de hecho judicial,

medulares objeto del proceso”. De lo contrario, “el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia y lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, sería insuficiente para q ue se configure una vía de hecho judicial, así pueda existir una irregularidad dentro del proceso”[51].

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede c oncluir que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido ( ultra petita ), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello. […]». (Subrayado fuera de texto).

En el mismo sentido, el Consejo de Estado13 ha señalado sobre el particular que:

«[…] El principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en c aso de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en c aso de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 26 de octubre de 2017. Radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15).Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01337-01 (0213-2021)

omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión. […]»

Como se desprende de lo expuesto hasta este punto, el principio de la congruencia es uno de los elementos fundamentale s del debido proceso, pues garantiza la correcta materialización de los derechos de defensa y contradicción, de la seguridad jurídica, y en esencia, de la