CE - 012333000202300163011SENTENCIA20230616125139

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja

Temas: Tutela contra auto interlocutorio / Sentencia de tutela previa con identidad de partes, objeto y causa petendi / cosa juzgada / ausencia de temeridad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia de 5 de mayo de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, declaró improcedente el amparo deprecado.

1. La acción de tutela

La señora Mary Georgina Vanegas Castro a través de apoderad a, promueve acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

Con fundamentos en los hechos relacionados pruebas, solicito con todo respeto al Honorable Magistrado disponer ordenar y tutelar el derecho fundamental del debido2

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Honorable Magistrado disponer ordenar y tutelar el derecho fundamental del debido2

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso articulo 29 C.N frente a las actuaciones administrativas de la Procuraduría 68 de asu ntos administrativas de Tunja y actuaciones judiciales del Juzgado Séptima Administrativo oral del circuito de Tunja, articulo 14 C.G.P. igualdad, con el fin de garantizar la aplicación de los derechos constitucionales y el cumplimiento de las normas procesales, y en consecuencia se ordene de forma inmediata al Juzgado Séptimo administrativo oral del Circuito Judicial de Tunja, revocar el auto del 11 de noviembre y 16 de diciembre de 2022 que negó las excepciones previas por violación al debido proceso art 29 C.N. 14 CGP y se ordene la terminación del proceso por adolecer los poderes de la conciliación extrajudicial LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA (poderes) del abogado PRIETO CELY para convocar al CONSORCIO LA ESPERANZA a través de su representante legal y a los INTEGRANTES DEL CONSORCIO LA ESPERANZA por lo cual hacia improcedente la solicitud de conciliación extrajudicial , el cual su trámite es nulo de pleno derecho por violación al debido proceso no producir efectos jurídicos son ineficaces y por lo tanto no se cumplió con el debido requisito del cumplimiento de procedibilidad y por adolecer los poderes de legitimación en la causa por activa del abogado PRIETO CELY

derecho por violación al debido proceso no producir efectos jurídicos son ineficaces y por lo tanto no se cumplió con el debido requisito del cumplimiento de procedibilidad y por adolecer los poderes de legitimación en la causa por activa del abogado PRIETO CELY para demandar en el proceso de reparación directa al CONSORCIO LA ESPERANZA a través de su representante legal, lo cual hace improcedente la acción de reparación directa y no subsanar estos defectos en el traslado de las excepciones previas propuestas por la señora MARY GEORGINA VANEGAS CASTRO. (transcripción literal)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. Los señores Diana Marcela Junco López, William Enrique Larrota Téllez y otros radicaron el medio de control de reparación directa contra la Nación –Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro, Findeter, el Municipio de Tunja y los señores Gonzalo Lemu s Jaimes, Ramón Enrique Galvis Gutiérrez, Sonia Chaparro García, y Mary Georgina Vanegas Castro, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños ocasionados a unas viviendas ubicadas en la Urbanización Portal de

Otoño de Tunja.

1. El conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, que inadmitió la demanda, la cual fue subsanada por el extremo activo de la litis quien manifestó no pretender demandar solo al Consorcio La Esperanza, sino a todos y cada uno de sus integrantes.

del Circuito Judicial de Tunja, que inadmitió la demanda, la cual fue subsanada por el extremo activo de la litis quien manifestó no pretender demandar solo al Consorcio La Esperanza, sino a todos y cada uno de sus integrantes.

1. El 31 de octubre de 2013, se admitió la demanda y se ordenó la notificación personal a los demandados, entre ellos, a cada uno de los integrantes del reseñado consorcio, esto, pese a que «en los poderes el abogado Prieto Cely -apoderado de la parte3

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandante del medio de controladolecía de legitimación en la causa para demandar a los integrantes del Consorcio La Esper anza, por cuanto los demandados en los poderes fueron los particulares Gonzalo Lemus Jaimes, Ramón Galvis, Sonia Chaparro García y Mary Georgina Vanegas Castro y no los identifica como integrantes del consorcio, ni en los poderes está contra el consorcio a través de su representante legal».

1. El 26 de febrero de 2015, el juzgado modificó el extremo pasivo de la litis, teniendo como tal al Consorcio La Esperanza, a través de su representante legal Gonzalo Lemus Jaimes, sin que sobre ese particular se hubiera presentado objeción alguna por parte de los demandantes. Esto, pese a que el referido consorcio se encuentra liquidado desde el mes de abril de 2011.

1. La señora Mary Georgina Vanegas Castro -parte demandada en el medio de control

parte de los demandantes. Esto, pese a que el referido consorcio se encuentra liquidado desde el mes de abril de 2011.

1. La señora Mary Georgina Vanegas Castro -parte demandada en el medio de control de reparación directa - propuso cinco excepciones previas de f orma separada, como sigue: a) caducidad de la acción, b) ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, c) ineptitud de la demanda por falta del requisito de procedibilidad, d) indebida representación del demandante, y e) inexistencia del demandado.

1. Mediante auto del 11 de noviembre de 2022 se declararon no probadas las excepciones propuestas, asimismo, a través de proveído del 16 de diciembre de igual anualidad, se rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión, y se resolvió no reponer lo dispuesto.

1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante

1. En el trámite de la conciliación extrajudicial que se surtió ante la Procuraduría 68 para Asuntos Administrativos de Tunja, que se aportó al proceso ordinari o por parte de la señora Mary Georgina Vanegas -demandada en el medio de control de reparación directa -, el abogado Héctor Prieto Cely -apoderado de la parte demandante-, carecía de legitimación en la causa por activa para convocar al Consorcio La Esperanza, toda vez que «en los poderes no se identificó el sujeto procesal o convocado en esta conciliación al tenor del artículo 74 del CGP y el artículo 65 del CPC».4

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procesal o convocado en esta conciliación al tenor del artículo 74 del CGP y el artículo 65 del CPC».4

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Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. La constancia del trámite de la solicitud de conciliación emitida por la Procuradu ría 68 para Asuntos Administrativos señaló que «es nula de pleno derecho, no produce efectos jurídicos por violación al debido proceso, no produce efectos jurídicos son ineficaces», debiendo excluirse de la actuación procesal y «dando como consecuencia la terminación del proceso por el no cumplimiento de este requisito para esta demanda de reparación directa al tenor del artículo 161 del CPACA».

1. Con anterioridad instauró otra acción de tutela -expediente radicado número15001 23 33 000 2023 0005301con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario ; sin embargo, en esa oportunidad, el Consejo de Estado en sentencia del 6 de marzo de 2023-,1 declaró la improcedencia del mecanismo de amparo, al considerar que no se cumplía el requisito de relevancia constitucional.

1. Esta nueva tutela cuenta con argumentos nuevos y diferentes a lo esbozado en el recurso de apelación, y lo decidido por el juzgado accionado al resolver las referidas excepciones previas, toda vez que se pone de presente que en este caso se incurrió en «un defecto procedimental absoluto y una irregularidad procesal demarcadas en el

recurso de apelación, y lo decidido por el juzgado accionado al resolver las referidas excepciones previas, toda vez que se pone de presente que en este caso se incurrió en «un defecto procedimental absoluto y una irregularidad procesal demarcadas en el orden de relevancia constitucional».

1.4. Actuación procesal

La tutela de la referencia admitida por auto del 21 de abril de 2023 , ordenó notificar como demandado al titular del Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja y, como terceros interesados, a los señores Luis Fernando Mendivelso Moreno, Gloria Marina Moreno Acevedo, Wilson Ignacio Martínez Prieto, Martha Irene Agudelo Sáenz, Francisco Javier Sol ís Williams, Deldekerr Oñate Camargo, Cristina Isabel Monroy Archila, Diana Marcela Junco Pérez, William Enrique Larrota Téllez y Dora Esther Pérez Vega, quienes actúan como demandantes del medio de control de reparación directa, y, a la Nación -Ministerios de Vivienda Ciudad y Territorio, y de Justicia y del

1 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, resolvió la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la providencia proferida el 6 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocado por la señora Mary Georgina Vanegas Castro.5

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Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

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Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Financiera de Desarrollo Territorial –FINDETER S.A., el municipio de Tunja y los señores Ramón Enrique Galvis Gutiérrez, Sonia Chaparro García, y Gonzalo Lemus Jaimes, como parte demandada en el proceso identificado con el número de radicado 15001 33 33 007 2013 00038 00, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El titular del Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja 2 Jorge Eliécer Cáceres Sepúlveda, se refirió a las actuaciones surtidas en el proceso de reparación directa, resaltando que con el auto del 11 de noviembre de 2022 se tuvo por contestada la demanda por parte de la ahora accionante y se resolvieron las excepciones previas por aquella formuladas, declarándolas no probadas.

Señaló que en la providencia del 16 de diciembre de 2022, rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la señora Mary Georgina Vanegas Castro contra la decisión judicial previamente referida , en consideración a que fue presentado en vigencia de la Ley 2080 de 2021, por lo que se le dio trámite como recurso de reposición en términos del parágrafo del artículo 318 del CGP, en consonancia con el artículo 242 del CPACA modificado por el artículo 61 de la Ley 2080

como recurso de reposición en términos del parágrafo del artículo 318 del CGP, en consonancia con el artículo 242 del CPACA modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021.

Precisó que, en torno a la verificación del cumplimiento de requisito de procedibilidad, se comprobó que la parte demandante presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial 68 para Asuntos Administrativos, donde citó entre otros, al Consorcio La Esperanza , representado legalmente por el señor Gonzalo Lemus Jaimes. De ese modo, que la Procuraduría profirió auto admisorio de la solicitud de conciliación extrajudicial con la citación de los señores Ramón Enrique Galvis Gutiérrez, Gonzalo Lemus Jaimes, Sonia Chaparro García y Mary Georgina Vanegas Castro en condición de integrantes del reseñado consorcio.

2 Expediente digital de tutela.6

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que las excepciones previas planteadas por la accionante en el marco del proceso ordinario ya fueron resueltas en derecho en providencia de 11 de noviembre de 2022, y que en auto del 16 de diciembre de 2022 se rechazó por improcedente el recurso de apelación por aquella formulado en contra del referido proveído, sin que, dentro del término de ejecutoria del mismo, se haya formulado objeción alguna. Por tanto, que aquella no hizo uso del recurso de queja previsto en el artículo 352 del CGP,

dentro del término de ejecutoria del mismo, se haya formulado objeción alguna. Por tanto, que aquella no hizo uso del recurso de queja previsto en el artículo 352 del CGP, el cual resultaba procedente para que el Tribunal Administrativo determinara la debida o indebida denegación del recurso de apelación interpuesto.

Aclaró que a través de esta acción de tutela pretende nuev amente la revocatoria de las referidas providencias, frente a lo cual el Tribunal Administ rativo de Boyacá en providencia de 6 de febrero de 2023 dentro del expediente 15001 23 33 000 2023 00053 00 declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Mary Georgina Vanegas Castro, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado Sección Tercera, en sentencia de 6 de marzo de 2023 en la cual se señaló que la parte actora pretende reabrir un debate jurídico procesal propio del proceso ordinario.

Concluyó que la interposición injustificada de una misma acción de amparo ante distintas autoridades judiciales ya sea de forma sucesiva o simultánea, da lugar a la declaración de cosa juzgada constitucional cuando el mecanismo estudiado comparte identidad de hechos, objeto y pretensiones, pero además ha sido resuelto a través de un fallo de tutela que ha cobrado ejecutoria.

1.5.2. El representante legal de la Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER S.A.3 Carlos Andrés Ortíz Quintero, refirió los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y aseveró que en el caso concreto la tutelante no demostró la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

tutela contra providencias judiciales, y aseveró que en el caso concreto la tutelante no demostró la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.5.3. La abogada Nelcy Mercedes Angarita Urre a, quien manifestó presenta r informe en nombre de los señores Gonzalo Lemus Jaimes, Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y Sonia Chaparro García, sin embargo, revisado el expediente no se advierte el poder conferido por tales vinculados a su favor para la promoción o para la defensa

3 Expediente digital de tutela.7

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de sus intereses en el presente trámite de tutela. Se echa de menos un mandato específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto de apoderamiento especial y concreto o en un poder de carácter general.

1.5.4. El apoderado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, César David Castro Sarmiento, manifestó no tener conocimiento acerca de los hechos que fundamentan la acción incoada, por tratarse de circunstancias ajenas a sus funciones y competencias, establecidas en el Decreto 3571 de 2011.

En ese orden, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, y solicitó negar las pretensiones de la demanda en relación con dicha entidad, pues además de no ser competente para su cumplimiento, no ha amenazado ni vulnerado derecho fundamental alguno de la tutelante.

pretensiones de la demanda en relación con dicha entidad, pues además de no ser competente para su cumplimiento, no ha amenazado ni vulnerado derecho fundamental alguno de la tutelante.

1.5.5. La jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a la prosperidad de la acción constitucional de la referencia, toda vez que no es la competente para pronunciarse o dar respuesta sobre el as unto bajo cuestión, máxime porque no se evidencia amenaza o vulneración de un derecho fundamental.

Respecto a la obligatoriedad de la comparecencia de las personas que conforman el consorcio, anotó que no existe duda sobre su procedencia, teniendo en cuenta que es una figura jurídica de asociación para que dos o más personas jurídicas o privadas, aúnen sus esfuerzos para la terminación de un bien común, como en este caso fue la construcción de las viviendas que fueron adquiridas por los demandantes del proceso ordinario que cursa en el juzgado accionado.

1.6. Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 5 de mayo de 2023 declaró improcedente la solicitud de amparo, al verificar qu e existía identidad de partes, así como de causa y de objeto entre la acción de tutela con radicado 15001 23 33 000 2023 00053 01 -que resolvió esa corporación el 6 de febrero de 2023 y en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 6 de marzo de igual8

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 6 de marzo de igual8

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Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co anualidad-, y la solicitud de amparo de la referencia, pues tanto en la presente tutela, como en la presentada con anterioridad: i) fungió como accionante la señora Mary Georgina Vanegas Castro, y como demandado el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja, ii) la inconformidad de la tutelante giró en torno a lo resuelto en los autos de 11 de noviembre y 16 de diciembre de 2022, proferidos en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el ún ico de radicación 15001 33 33 007 2013 00038 006 y; iii) los derechos fundamentales invocados en una y otra son idénticos, así como las pretensiones frente al despacho judicial accionado.

Aclaró que si bien en la presente tutela se solicitó ordenar la terminación del proceso, mientras que en la presentada con anterioridad se requirió que se decretara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, lo cierto era que ambas solicitudes tuvieron un mismo fundamento, pues se formularon como consecuencia del presunto incumplimiento de un requisito previo para demandar -conciliación extrajudicialen relación con el extremo tutelante , sin que se hubieren relatado elementos o supuestos nuevos, que permitieran fallar sobre una causa diferente.

presunto incumplimiento de un requisito previo para demandar -conciliación extrajudicialen relación con el extremo tutelante , sin que se hubieren relatado elementos o supuestos nuevos, que permitieran fallar sobre una causa diferente.

Concluyó que no obstante haberse constatado que en el presente proceso se comprobó la concurrencia de la triple identidad referida con anterioridad, la actuación desplegada por el extremo tutelante no puede ser considerada como temeraria, razón por la cual no procedía la imposición de sanción alguna en contra de la demandante, pero sí la declaratoria de improcedencia de la acción de la referencia.

1.7. Impugnación

La accionante reiteró los argumentos del libelo tutelar, aduciendo que el hecho nuevo se centró en la falta de legitimación por activa del abogado «Prieto Cely» tanto en sede de conciliación ante la Procuraduría y ante la autoridad judicial contencioso administrativa, pues los poderes por él radicado no identificaban los sujetos procesales contra los cuales se dirigía como tampoco contra el Consorcio La Esperanza , por lo que en su criterio, se está en presencia de un defecto procedimental absoluto.

2. Consideraciones de la Sala9

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

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2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «[p]resentada

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2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «[p]resentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si como consecuencia de la presentación de una nueva solicitud de amparo respecto de hechos conocidos y fallados en la misma sede el 6 de febrero y el 6 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, se configuró el fenómeno jurídico de la cosa juzgada y, de no ser así, si procede abordar el estudio de los demás elementos de procedibilidad de la acción incoada, con el fin de establecer si el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora Mary Georgina Vanegas Castro.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos interlocutorios

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional 4 el concepto de providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.

En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional 4 el concepto de providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.

En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional ha señalado que éstos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, salvo que de

4 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.10

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manera excepcional en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii) a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.5

En todo caso deberán reunirse los «requisitos generales de procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de procedibilidad» fijados por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

En todo caso deberán reunirse los «requisitos generales de procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de procedibilidad» fijados por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

Al expediente se aportaron las siguientes pruebas:

2.4.1. Los señores Diana Marcela Junco López, William Enrique Larrota Téllez y otros radicaron el medio de control de reparación directa contra la Nación –Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro, Findeter, el municipio de Tunja y los señores Gonzalo Lemus Jaimes, Ramón Enrique Galvis Gutiérrez, Sonia Chaparro García, y Mary Georgina Vanegas Castro, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños ocasionados a unas viviend as ubicadas en la Urbanización Portal de Otoño de Tunja.6

2.4.2. El 31 de octubre de 2013 , se admitió la demanda y se ordenó la notificación personal a los demandados, entre ellos, a cada uno de los integrantes del Consorcio La Esperanza.7

5 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 6 Expediente digital original del medio de control de reparación directa. 7 Expediente digital original del medio de control de reparación directa.11

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

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Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4.3. El 21 de noviembre de 20171, en la audiencia inicial el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja resolvió las excepciones propuestas por los integrantes del Consorcio la Esperanza, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Tunja y el Mi nisterio de Justicia y del Derecho, decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia del 26 de octubre de 2018, resolvió confirmar el auto que resolvió las excepciones y a su vez dispuso el sane amiento de la posible configuración de una causal de nulidad ordenando la notificación a la señora Mary Georgina Vanegas.8

2.4.4. El 22 de febrero de 2019, el juzgado rechazó la solicitud de aclaración y adición de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 26 de octubre de 2018, formulada por la apoderada de los exintegrantes del Consorcio la Esperanza. Contra dicha providencia su apoderada interpuso recurso de reposición, el cual fue negado por la corporación en cita.9

2.4.5. El 23 de enero de 2020, el juzgado ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se tuvo por notificada por conducta concluyente a la señora Mary Georgina Vanegas Castro en razón al memorial que fue allegado por la abogada Nelcy Mercedes Angarita Urrea el 27 de noviembre de 2019 y, se corrió

la señora Mary Georgina Vanegas Castro en razón al memorial que fue allegado por la abogada Nelcy Mercedes Angarita Urrea el 27 de noviembre de 2019 y, se corrió traslado de la demanda entre el 27 de enero y el 6 de marzo de 2020, lapso durante el cual la apoderada de la señora Vanegas Castro radicó como pruebas la Resolución 0077 del 26 de febrero de 2004 y la contestación de demanda. El 30 de julio de 2021, el juzgado rechazó por improcedente tal prueba pues correspondía a un escrito de llamamiento en garantía a Veolia Aguas de Tunja.10

2.4.6. El 7 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió confirmar el auto apelado, por medio del cual negó el llamamiento en garantía propuesto por l a apoderada de la señora Mary Vanegas Castro.11

88 Expediente digital original del medio de control de reparación directa. 9 Expediente digital original del medio de control de reparación directa. 10 Expediente digital original del medio de control de reparación directa. 11 Expediente digital original del medio de control de reparación directa.12

Radicado: 15001 23 33 000 2023 00163 01

Demandante: Mary Georgina Vanegas Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4.7. El 26 de octubre de 2022 , el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja ordenó correr traslado de las excepciones planteadas por la apoderada judicial de la parte demandada -Mary Georgina Vanegas Castro en calidad de ex integrante del Consorcio La Esperanza.12

correr traslado de las excepciones planteadas por la apoderada judicial de la parte demandada -Mary Georgina Vanegas Castro en calidad de ex integrante del Consorcio La Esperanza.12

2.4.8. Por auto del 11 de noviembre de 2022 , el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja tuvo por contestada la demanda por parte de la apoderada de la señora Mary Vanegas Castro y resolvió declarar no probadas las excepciones previas propuestas.13

2.4.9. Contra la anterior decisión la apoderada de la señora Mary Georgina Vanegas Castro presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto con providencia del 16 de diciembre de 2022 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja, la cual rechazó por improcede nte el recurso de apelación interpuesto al haberse presentado en vigencia de la Ley 2080 de 2021 y, se le dio trámite como recurso de reposición en los términos del parágrafo del artículo 318 del CGP, en consonancia con el artículo 242 del CPACA modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021.14

2.4.10. Se allegó copia del expediente digital correspondiente a la acción de tutela con radicado 15001 23 33 000 2023 00053 00 [01], instaurada por la señora Mary Georgina Vanegas Castro contra el Juzgado Séptimo Administra