CE - 050012331000201000419011SENTENCIA20230815145643

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00419-01(55031)

Actor: ENIT ESTELA GALLEGO ALZATE

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE —SENA-— Y OTRA Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA FUERO DE ATRACCIÓN-Permite juzgar personas en principio ajenas a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. APELANTE UÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio.

ENTREVISTAS Y DECLARACIONES SIN JURAMENTO-Valor probatorio. PRUEBA TRASLADADA-Valor probatorio. DAÑO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil. DAÑO ANTIJURÍDICO-No hay definición constitucional (art. 90 CN). DAÑO ANTIJURÍDICO-Afectación relevante para el derecho y opuesta al ordenamiento jurídico. ANTIJURIDICIDAD-Se predica de la acción que causó el daño y no del deber de la víctima de soportarlo. DAÑO O PERJUICIO-Debe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético. FALLA DEL SERVICIO O CULPA DE LA ADMINISTRACIÓN-Es la regla general. DOCUMENTO PRIVADO EMANADO DE TERCEROS-Eventos en que se reputan auténticos.

DOCUMENTOS DECLARATIVOS PRIVADOS DE TERCEROS DE NATURALEZA DISPOSITIVA O

general. DOCUMENTO PRIVADO EMANADO DE TERCEROS-Eventos en que se reputan auténticos. DOCUMENTOS DECLARATIVOS PRIVADOS DE TERCEROS DE NATURALEZA DISPOSITIVA O REPRESENTATIVA-No se valoran porque no fueron ratificados por sus autores. TESTIGO SOSPECHOSOValoración probatoria. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO DE OÍDAS-Valoración probatoria. INTERROGATORIO DE PARTE-Valor probatorio. DAÑO EMERGENTE-No se acreditó. LUCRO CESANTE-No se acreditó. PERJUICIOS MORALES POR PÉRDIDA DE BIENES-Su procedencia excepcional requiere prueba. PERJUICIOS OCASIONADOS A BIENES JURÍDICAMENTE TUTELADOS-No se acreditaron. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. CONGRUENCIA DEL FALLO-El recurso de apelación no es una oportunidad prevista para formular nuevas pretensiones. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de mayo de 2015, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO Entre 2005 y 2007, Enit Estela Gallego Alzate elaboró un plan de negocios de un proyecto de confección textil denominado «GAT Active Wear», con la asesoría del SENA. Alega que funcionarios del SENA «se apropiaron» del proyecto y lo presentaron como propio en 2008, con aprobación de la entidad, lo que le causó2 Expediente n. 55.031

SENA. Alega que funcionarios del SENA «se apropiaron» del proyecto y lo presentaron como propio en 2008, con aprobación de la entidad, lo que le causó2 Expediente n. 55.031

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación.

ANTECEDENTES El 16 de febrero de 2010, Enit Estela Gallego Alzate, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y Luz Miriam Idárraga. Solicitó 1.000 SMLMV por perjuicios morales, 200 SMLMV por daño a la vida de relación, $93.620.200 por daño emergente, y $2.374.368.088 por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la demandante afirmó que entre 2005 y 2007 preparó el proyecto «GAT Active Wear» para dotación de uniformes industriales, con la asesoría del SENA. A principios de 2007, la demandante se asoció con Orlando de Jesús Jiménez Castrillón —profesor del SENA-— para presentar el proyecto al fondo de emprendimiento del Fonade. En septiembre de 2007, la demandante informó al SENA que ya no presentaría el proyecto con Jiménez Castrillón y «se anuló y bajó de la plataforma». El 13 de marzo de 2008, «se enteró» de que Orlando de Jesús Jiménez Castrillón —con la asesoría de la instructora del SENA Luz Miriam Idárraga Giraldo presentó ante el Fonade el proyecto de confección de ropa «Confecor Textil», que era una copia de su proyecto

de la instructora del SENA Luz Miriam Idárraga Giraldo presentó ante el Fonade el proyecto de confección de ropa «Confecor Textil», que era una copia de su proyecto «GAT Active Wear». Adujo que los funcionarios del SENA se apropiaron de su proyecto y le causaron daños morales, materiales y a la vida en relación. El 19 de abril de 2010 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. El 27 de marzo de 2012, el Tribunal aceptó el desistimiento de la demanda contra Orlando Jiménez Castrillón y continuó el trámite con los otros demandados. En el escrito de contestación de la demanda, el SENA y Luz Miriam Idárraga Giraldo adujeron que la demandante no sufrió daño alguno y que el proyecto de la demandante era igual al proyecto anterior «Servitextil». El 18 de marzo de 2015 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante adujo que probó que los funcionarios del SENA violaron los protocolos de la entidad para apropiarse del proyecto «GAT Active Wear». La demandada alegó que Enit Estela Gallego Alzate confesó que no cumplía los requisitos para obtener financiación del fondo de emprendimiento de Fonade y que los perjuicios que pide corresponden al alea de cualquier proyecto no consumado. El Ministerio Público guardó silencio.3 Expediente n. 55.031

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones El 28 de mayo de 2015, la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones porque no se demostró el daño

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones El 28 de mayo de 2015, la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones porque no se demostró el daño antijurídico, pues la demandante no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del fondo de emprendimiento del Fonade. Además, acudió voluntariamente a Orlando Jiménez Castrillón para que él presentara el proyecto. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 16 de julio de 2015 y admitido el 7 de marzo de 2016. Esgrimió que el daño que sufrió fue la pérdida de oportunidad y los perjuicios extrapatrimoniales por perder más de tres años de trabajo con el proyecto «GAT Active Wear». De modo que, sin el hecho dañoso, la demandante «habría conservado la expectativa de obtener una ganancia», pues tenía una «legítima oportunidad de ser la beneficiaria de los subsidios otorgados por el fondo de emprendimiento de Fonade». El 13 de abril de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto.

La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según

acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $257.500.0001.

2. En virtud del fuero de atracción, que se fundamenta en el factor de conexión de 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 500.4

Expediente n. 55.031

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones la competencia, la jurisdicción contenciosa administrativa conoce de controversias en las que se demande a personas naturales o jurídicas, cuyo juzgamiento estaría, en principio, asignado a la jurisdicción ordinaria, pero que fueron demandados de forma concurrente con una entidad pública? En estos eventos, la jurisdicción contenciosa administrativa adquiere competencia para conocer, en el mismo proceso, de la controversia que involucra a la entidad pública y al particular o entidad, que en principio sería ajena a esta jurisdicción. Como se demandó al SENA entidad pública—- y a Luz Miriam Idárraga Giraldo —persona natural-, la Sala es competente para decidir la controversia respecto de ambos, en aplicación del fuero de atracción.

Acción procedente

entidad pública—- y a Luz Miriam Idárraga Giraldo —persona natural-, la Sala es competente para decidir la controversia respecto de ambos, en aplicación del fuero de atracción. Acción procedente

3. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por la alegada apropiación de un proyecto de su autoría (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC).

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Está acreditado que la demandante conoció que Orlando de Jesús Jiménez Castrillón presentó ante el Fonade el proyecto «Confecor Textil» en enero de 2008 [hecho probado 10.7]. El 23 de noviembre de 2009 se presentó solicitud de 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, Rad. 15.526 [fundamento jurídico 2.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 269, disponible en https://bit ly/3gjjduK.

jurídico 2.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 269, disponible en https://bit ly/3gjjduK. 3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744-746, disponible en https://bit ly/3gjiduK.5 Expediente n. 55.031

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones conciliación prejudicial y el 16 de febrero de 2010 se expidió constancia de que se efectuó la audiencia de conciliación y fue declarada fallida (f. 104 y 105 c. 1). Por tanto, el término de caducidad se suspendió hasta el 16 de febrero de 2010, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001). Al día siguiente se reanudó el conteo del término por los días faltantes. Como la demanda se presentó el 16 de febrero de 2010, se interpuso en tiempo.

Legitimación en la causa

5. Enit Estela Gallego Alzate es la persona sobre la que recae el interés jurídico que

el 16 de febrero de 2010, se interpuso en tiempo. Legitimación en la causa

5. Enit Estela Gallego Alzate es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en el proceso, pues preparó el proyecto «GAT Active Wear» que —según la demanda-— Orlando de Jesús Jiménez Castrillón y Luz Miriam Idarraga Giraldo copiaron. El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA está legitimado en la causa por pasiva, pues Luz Miriam Idárraga Giraldo —funcionaria de la entidad— asesoró a Orlando Jiménez Castrillón para presentar el proyecto «Confecor Textil» [hecho probado 10.5]. Luz Miriam Idárraga Giraldo también está legitimada en la causa, pues fue asesora de Enit Estela Gallego Alzate y Orlando de Jesús Jiménez Castrillón, para presentar proyectos de confección ante el Fonade. !l. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se acreditó un daño a la demandante por la infracción a sus derechos morales y patrimoniales de autor.

Il. Análisis de la Sala

6. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

7. Las copias simples serán valoradas porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge.

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit ly/3gjiduK.6 Expediente n. 55.031

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones

8. Al proceso se aportó copia simple de la entrevista de Enit Estela Gallego Alzate

(f. 8 y 9 c. 2) e interrogatorio del indiciado Orlando De Jesús Jiménez Castrillón (f. 140 a 144 c. 2) practicados ante la Fiscalía 35 Seccional de Medellín, Unidad Tercera de delitos contra la fe pública, el patrimonio económico y otros. El artículo 227 CPC dispone que las declaraciones de terceros sean recibidas bajo la gravedad del juramento. Como estas declaraciones no cumplen con este mandato legal, no reúnen las características de la prueba testimonial? y no serán valoradas.

9. Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

9. Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestaciónf. Por solicitud de la demandante, al proceso se aportó, como prueba trasladada, las declaraciones juradas de Gloria Ávalos (f. 131 a 134 c. 2), Ramiro Grisales Amariles (f. 135 y 136

C. 2), Luz Miriam Idarraga (f. 137 y 138 c. 2) y Oscar Avendaño (f. 139 c. 2) ante la Fiscalía 35 Seccional de Medellin. Como la parte demandada no manifestó estar de acuerdo con su práctica ni los usó en su defensa, no serán valorados.

10. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 10.1. En 2005, Enit Estela Gallego Alzate cursó y aprobó el curso de control de calidad de telas e hilos del SENA, según da cuenta copia simple de la certificación del 23 de mayo de 2005 (f. 70 c. 1). 10.2. El 27 de enero de 2006, Enit Estela Gallego Alzate matriculó el establecimiento de comercio «Confecciones GAT Active Wear», en el registro de la Cámara de Comercio de Medellin para Antioquia, según da cuenta copia simple del certificado

de comercio «Confecciones GAT Active Wear», en el registro de la Cámara de Comercio de Medellin para Antioquia, según da cuenta copia simple del certificado 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601 [fundamento jurídico 12.3]. $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601 [fundamentos jurídicos 12.2.16 y 12.2.17], en Antología Jurisporudencias y Conceptos, Consejo de Estado 18172017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 369-370, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.7 Expediente n. 55.031

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones de registro mercantil (f. 67 c. 1). 10.3. El 29 de marzo de 2006, Enit Estela Gallego Alzate solicitó apoyo al subdirector del centro regional textil del SENA, para continuar con el proyecto «GAT Active Wear». Conforme al documento, asesores del SENA le informaron a Gallego AlzZate que su proyecto no era viable para continuar con el Fondo Emprender porque ella no cumplía los requisitos y el proyecto no era innovador ni novedoso, según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 83 y 84 c. 1). 10.4. El 22 de mayo de 2006, el subdirector del Centro Nacional Textil del SENA solicitó a Gloria Patricia Ávalos Molina —instructora de emprendimientoque continuara la asesoría al proyecto de confecciones de Enit Estela Gallego Alzate y

solicitó a Gloria Patricia Ávalos Molina —instructora de emprendimientoque continuara la asesoría al proyecto de confecciones de Enit Estela Gallego Alzate y estudiara una forma de financiación, pues «en las condiciones actuales, el proyecto no califica para el Fondo Emprender», según da cuenta original del memorando n?. 05-9206-101 (f. 341 c. 1). 10.5. El 22 de septiembre de 2007, Orlando Jiménez Castrillón (emprendedor) y Miriam Idárraga Giraldo (asesora líder del SENA) presentaron el proyecto «Confecor Textil» ante el Fondo Emprender del Fonade, según da cuenta copia simple de los oficios n. EE-7915 y 2008EE7686 de Fonade (f. 11, 60 y 61 c. 2) y el plan de negocios del proyecto (f. 13 a 42 c. 2). 10.6. El 27 de marzo de 2008, la Fiscalía 35 Seccional de Medellín recibió por reparto una denuncia penal de Enit Estela Gallego Alzate contra Orlando Jiménez Castrillón y otros, por la apropiación del proyecto «GAT Active Wear», según da cuenta copia simple de la denuncia y de la constancia de recibido de la fiscalía (f. 2 a6c. 2). Según la denuncia, Enit Estela Gallego Alzate conoció la usurpación de su proyecto en enero de 2008. 10.7. El 30 de mayo de 2008, el director de formación profesional del SENA informó a Enit Estela Gallego Alzate que el SENA financiaría el proyecto «Confecor Textil», presentado al Consejo Directivo Nacional, según da cuenta copia simple del oficio

a Enit Estela Gallego Alzate que el SENA financiaría el proyecto «Confecor Textil», presentado al Consejo Directivo Nacional, según da cuenta copia simple del oficio n”. 2-2008-011298 (f. 55 y 56 c. 2). 10.8. El 30 de mayo de 2008, el subdirector del Centro Nacional Textil del SENA contestó una petición de Enit Estela Gallego Alzate. Conforme al documento,8 Expediente n. 55.031

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones Orlando De Jesús Jiménez Castrillón cumplía con los requisitos mínimos exigidos por el Fonade —según Acuerdo n”. 007 de junio de 2005-— y matriculó el proyecto «GAT Active Wear» en la plataforma del Fondo Emprender, según da cuenta copia simple del oficio n”. 5-92061-0542 del SENA (f. 57 c. 2). 10.9. El 16 de junio de 2008, la Fiscalía 35 Seccional de Medellín solicitó al gerente del Fondo Emprender del Fonade que no desembolsara recursos a Orlando De Jesús Jiménez Castrillón para desarrollar el proyecto «Confecor Textil», hasta que se adoptara una decisión de fondo en la investigación, según da cuenta copia simple del oficio n”. 1953 de 2008 (f. 126 y 127 c. 2).

El daño, presupuesto de la responsabilidad civil del Estado

11. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la

11. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico.

Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídico — antijuricidad—, permite a su titular obtener una indemnización”. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoria?. Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado —en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina española— ha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n?. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2].

7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n?. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2]. 9 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre de 1982 [fundamento jurídico 2].9 Expediente n. 55.031

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis, sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 1993, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o ilicitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad —como el deber de soportar—, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración.

Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídicose caracteriza por ser cierto, personal y directo%, La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo

indemnizable. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causa! entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

12. Según la demanda, Orlando de Jesús Jiménez Castrillón y Luz Miriam Idárraga Giraldo «se apropiaron» del proyecto de la demandante «GAT Active Wear» porque lo presentaron como propio. Alega que la demandante sufrió daños materiales porque (i) perdió los 26 meses de trabajo que invirtió elaborando el proyecto y calculó ese perjuicio según el salario mínimo de 2005, 2006 y 2007; (ii) no recibió la suma que el Fonade pagó a Jiménez Castrillo e Idárraga Giraldo por el proyecto que presentaron como propio, $83.070.000; y (iii) no percibió las utilidades consolidadas y futuras de la empresa «GAT Active Wear» de 2008 a 2018.

Está acreditado que, en enero de 2006, el establecimiento de comercio «Confecciones GAT Active Wear» estaba registrado en la Cámara de Comercio de Medellín [hecho probado 10.2]. En marzo de 2006, el SENA le informó a la demandante que su proyecto «GAT Active Wear» no era viable para el Fondo 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico

párr. 19 a 24] y sentencia del 13 de julio de 1993, Rad. 8163 [fundamento jurídico párr. 12 a 22]. 10 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960 [fundamento jurídico V]. 11 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial. Tomo CLII, n. 2393, p 320, [fundamento jurídico 1].10 Demandania, En Estela Gallego Alzate Niega pretensiones Emprender y la demandante solicitó apoyo al SENA para continuar con el proyecto [hecho probado 10.3]. En mayo de 2006, el subdirector del Centro Nacional Textil del SENA solicitó a Gloria Patricia Ávalos Molina —instructora de emprendimiento— que asesorara a la demandante y estudiara una forma de financiación [hecho probado 10.4]. Orlando De Jesús Jiménez Castrillón cumplía con los requisitos exigidos por Fonade y matriculó el proyecto «GAT Active Wear» en la plataforma del Fondo Emprender [hecho probado 10.9] En septiembre de 2007, Orlando De Jesús Jiménez Castrillón y Miriam Idárraga Giraldo —asesora del SENA-— presentaron el proyecto «Confecor Textil» al Fondo Emprender del Fonade [hecho probado 10.5]. El SENA informó a la demandante que financiaría ese proyecto [hecho probado 10.7]. En 2008, la demandante denunció penalmente a Orlando Jiménez Castrillón y otros, por la apropiación del proyecto «GAT Active Wear» [hecho probado 10.6].

que financiaría ese proyecto [hecho probado 10.7]. En 2008, la demandante denunció penalmente a Orlando Jiménez Castrillón y otros, por la apropiación del proyecto «GAT Active Wear» [hecho probado 10.6].

13. Los documentos se clasifican en representativos, cuando sin plasmar narraciones o declaraciones, contienen imágenes, como las fotografías, pinturas, dibujos, etc.; declarativos, cuando contienen un testimonio o una declaración de hombre y; dispositivos, cuando contienen una declaración constitutiva o de carácter negocial encaminada a producir un efecto jurídico. Esta clasificación importa para otorgar valor probatorio a un documento, pues la ley procesal civil tiene exigencias diferentes según se trate de documento proveniente de las partes o emanado de terceros. Conforme al artículo 277 CPC, los documentos privados emanados de terceros sólo se estimarán por el juez (i) cuando sean auténticos de conformidad con el artículo 252, si se trata de documentos de naturaleza dispositiva o simplemente representativa y (ii) cuando sean documentos de contenido declarativo, se apreciarán sin necesidad de ratificación, salvo que la parte contraria la solicite. El mérito probatorio de los documentos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC.

Obra en el expediente copia simple de la comunicación suscrita por el director comercial de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. (f. 77 c. 1). Según el documento, en diciembre de 2006, Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. informó al SENA que concedería a la microempresa «GAT Active Wear» un contrato para la confección12

diciembre de 2006, Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. informó al SENA que concedería a la microempresa «GAT Active Wear» un contrato para la confección12 Expediente n. 55.031

Demandante: Enit Estela Gallego Alzate Niega pretensiones Fonade estudiaba a profundidad el proyecto y lo aprobaba y, después, el Fondo Emprender lo estudiaba una vez más y evaluaba la posibilidad de financiamiento, dependiendo de los recursos disponibles. Solo un 20 a 30% de proyectos eran financiados (f. 296 a 308 c. 1).

Gloria Patricia Ávalos Molina —asesora independiente de proyectos y exasesora de emprendimiento del SENA-— declaró que conoció a Enit Estela Gallego Alzate en febrero de 2006, cuando empezó a asesorarla con el proyecto «GAT Active Wear». Narró que la asesoró para estructurar el plan de negocios y participar en la convocatoria del Fondo Emprender. Para ingresar el proyecto a la plataforma del Fondo Emprender, exigió a Gallego Alzate la documentación requerida, pero se dio cuenta que no cumplía el requisito de formación técnica, tecnológica o profesional. Ante esta situación, la testigo se negó a seguir asesorando a Gallego Alzate. Narró que para subsanar el requisito que le faltaba, la demandante buscó un socio, pero la declarante le advirtió que era muy riesgoso porque la persona que cumpliera los requisitos sería la que iba a quedar matriculada en la plataforma y podía «presentársele robo del proyecto». A pesar de la advertencia, Gallego Alzate se asoció con Orlando Jiménez y continuó el proyecto con el apoyo de una nueva

requisitos sería la que iba a quedar matriculada en la plataforma y podía «presentársele robo del proyecto». A pesar de la advertencia, Gallego Alzate se asoció con Orlando Jiménez y continuó el proyecto con el apoyo de una nueva asesora, Luz Miriam Idárraga. La testigo afirmó que Luz Miriam Idárraga «le contó» que Orlando Jiménez aceptó llevar el proyecto al Fondo Emprender para cumplir el requisito y cuando f