CE - 050012333000201300932011SENTENCIA20230815112922

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-33-000-2013-00932-01(AG)

Actor: RUBÉN DARÍO CORREA MORENO Y OTROS

Demandado: UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP Y OTRA Referencia: ACCIÓN DE GRUPO LIBERTAD ECONÓMICA-Garantia constitucional, arts. 333 y 365 CN. DERECHO DEL CONSUMO-Protección constitucional y legal. USUARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS-La acción de grupo no se opone a los medios de contro! individuales. EXCEPCIONES DE FONDO-El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo, propuestas o no. CADUCIDAD EN ACCIÓN DE GRUPO-El término para formular la demanda corre dentro de los 2 años siguientes al hecho dañoso. DERECHOS DE CONTENIDO CREDITICIO-El titular puede renunciarlos si solo afectan el interés individual y no lo prohíbe la ley. ACCIÓN DE GRUPO-Efectos de la inexequibilidad parcial de los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998. ACCIÓN DE GRUPO-Número mínimo de integrantes del grupo afectado. GRUPO AFECTADO Y NÚMERO MÍNIMO DE SUS INTEGRANTESRegulación de la Ley 472 de 1998. FOTOGRAFÍAS-valor probatorio. DAÑO O PERJUICIO-Concepto. DAÑOintegrantes del grupo afectado. GRUPO AFECTADO Y NÚMERO MÍNIMO DE SUS INTEGRANTESRegulación de la Ley 472 de 1998. FOTOGRAFÍAS-valor probatorio. DAÑO O PERJUICIO-Concepto. DAÑODebe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético. PERJUICIOElemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil. ANTIJURIDICIDAD-Contrariedad al derecho.

ANTIJURIDICIDAD-Se predica de la acción que causó el daño y no del deber de la víctima de soportarlo. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGOS DEPENDIENTES DE UNA PARTE-Valoración probatoria, art. 211 CGP. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. La Sala, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 472 de 1998, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO Rubén Darío Correa Moreno y otros, usuarios de UNE EPM Telecomunicaciones SA ESP en Medellín, demandaron a esa empresa, porque los teléfonos públicos no entregan el cambio o «vueltas», cuando la tarifa aplicada en una llamada es menor a la cantidad de dinero depositada.

ANTECEDENTES2

Expediente n”. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones El 26 de junio de 2013, Rubén Darío Correa Moreno y las otras diecinueve

Expediente n”. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones El 26 de junio de 2013, Rubén Darío Correa Moreno y las otras diecinueve personas, mediante apoderado judicial, formularon demanda de acción de grupo contra UNE EPM Telecomunicaciones SA [UNE] y la Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]. Solicitaron $97.200.000.000. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que UNE es patrimonialmente responsable por dejar de devolver, en el lapso de diez años, la diferencia entre el dinero depositado en los aparatos y la tarifa aplicada a la llamada. Expuso que la SIC no ha tomado los correctivos para proteger los derechos de los consumidores. El 22 de julio de 2013 se admitió la demanda, se ordenó su notificación y la publicación de un aviso en un medio de comunicación para informar la existencia del proceso. En el escrito de contestación de la demanda, la SIC, al oponerse a las pretensiones, arguyó que la parte demandante debió interponer una queja en la entidad, por la supuesta vulneración de los derechos de los consumidores del servicio de telefonía fija pública. Agregó que la responsabilidad reclamada sólo incumbe a la empresa prestadora del servicio público. UNE adujo caducidad y falta de prueba del daño. El 24 de julio de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. La parte demandante y la SIC guardaron silencio. UNE reiteró lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó que no se demostró el daño reclamado.

Ministerio Público para alegar de conclusión. La parte demandante y la SIC guardaron silencio. UNE reiteró lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó que no se demostró el daño reclamado. El 2 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia, negó las pretensiones, al estimar que no se probó el daño. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 22 de septiembre siguiente y admitido el 13 de noviembre de 2014. Esgrimió que el Tribunal no valoró las pruebas que demostraban el daño y se rehusó a practicar una inspección judicial a los teléfonos públicos. El 2 de marzo de 2015 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión en segunda instancia. La parte demandante insistió en la inspección a los teléfonos públicos de UNE. La SIC pidió que se confirmara el fallo impugnado. UNE cuestionó la procedencia de la acción de grupo, porque cada usuario de los teléfonos públicos puede reclamar ante la empresa su inconformidad con el servicio. El Ministerio Público guardó silencio. El 9 de julio de 2021, el Despacho sustanciador negó la prueba pedida en segunda instancia.3 Expediente n. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las acciones de grupo por la actividad de una entidad pública o de una persona

Niega pretensiones

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las acciones de grupo por la actividad de una entidad pública o de una persona privada que desempeñe funciones administrativas, según los artículos 50 de la Ley 472 de 1998 y 104 CPACA. El Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto de conformidad con el artículo 150 CPACA.

Acción procedente

2. La acción de grupo es el medio de control idóneo para que un número plural o un conjunto de personas, que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios, reclame su indemnización. El grupo debe estar integrado, al menos, por veinte personas (artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998 y 145 CPACA).

3. Según UNE la acción de grupo es improcedente, porque los usuarios del servicio de telefonía pública pueden interponer reclamaciones individuales por la aplicación de las tarifas. Por ello, la Sala se ve obligada a estudiar en este punto dicho cuestionamiento.

Los artículos 333 y 365 CN protegen la libertad económica, que no solo garantiza a los agentes económicos el acceso al mercado, sino que procura la protección de los usuarios, principales beneficiarios del sistema económico que ampara la Constitución. Por ello, la protección a la calidad y precio de los bienes y servicios que se transan es una de las facetas más importantes de la intervención estatal en la economía, que vela por el correcto funcionamiento de la libre competencia!. Como el conjunto de usuarios de los servicios públicos se encuentra en situación

que se transan es una de las facetas más importantes de la intervención estatal en la economía, que vela por el correcto funcionamiento de la libre competencia!. Como el conjunto de usuarios de los servicios públicos se encuentra en situación 1 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 2011, Rad. 25000-23-24-000-200000016-01 (AG) [fundamento jurídico 6].Expediente n?. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones de indefensión o subordinación, es necesaria la intervención estatal a través del derecho del consumo (arts. 369 CN y 1 Leyes 142, 143 y 1480). La protección de los usuarios, como dimensión de la libertad económica, parte de la existencia de una desigualdad en las relaciones entre las empresas prestadoras y los consumidores de los servicios públicos domiciliarios y de los servicios de telecomunicaciones. Al efecto, el artículo 78 CN declara —de manera generallos derechos colectivos de los usuarios y el artículo 369 CN —de manera particular— tutela los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y servicios de telecomunicaciones (Leyes 142 de 1994 y 1341 de 2009). En consonancia, el artículo 88 CN faculta la reclamación colectiva de derechos — entre ellos los derechos de los consumidores—, sin perjuicio de las correspondientes acciones individuales. Asimismo, para la defensa de los derechos del consumidor, el ordenamiento establece la acción popular (arts. 78 y 88 CN y 4, literal n de la Ley 472 de 1998) y la acción de grupo (arts. 88 CN y 3 de la Ley 472 de 1998).

derechos del consumidor, el ordenamiento establece la acción popular (arts. 78 y 88 CN y 4, literal n de la Ley 472 de 1998) y la acción de grupo (arts. 88 CN y 3 de la Ley 472 de 1998). La acción de grupo es, pues, un instrumento judicial idóneo para la protección de los derechos del consumidor en general y del usuario de los servicios públicos domiciliarios y los servicios de telecomunicaciones en particular (artículo 56.1 de la Ley 1480 de 2011). Un medio de control para aspectos sensibles como el acceso al servicio, la eficiencia, la oportunidad, la continuidad en la prestación — suspensión, terminación y corte— y, por supuesto, el precio —tarifa, facturación y cobros. Con esta perspectiva, los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 145 CPACA prevén la acción de grupo para reclamar la indemnización de perjuicios derivados de la afectación a los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y de los servicios de telecomunicaciones, pues esta acción, precisamente, está concebida para que un grupo afectado formule pretensiones indemnizatorias —que tienen una misma causa— y resolverlas en un mismo proceso. ? Cfr. Consejo de Estado-Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2005, rad. 25000-23-25-000-200300254-01 (AP) [fundamento jurídico DJ. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 2011, rad. 25000-23-24-000-200000016-01 (AG) [fundamento jurídico 6].5 Expediente n. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG)

00016-01 (AG) [fundamento jurídico 6].5 Expediente n. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones Demanda en tiempo

4. El artículo 164 CCA prevé que la sentencia debe decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que el juez encuentre probadas, por ejemplo, la caducidad del término para formular la demanda”. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para formular ante los jueces una demanda. Límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.

El término para formular pretensiones, en procesos de acción de grupo, de conformidad con el artículo 164, numeral 2, literal h CPACA, es de dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Este término de caducidad es una norma de orden público -y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC hoy retomado por el art. 13 CGP) de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Además, salvo algunas excepciones legales, los derechos crediticios asociados a las acciones indemnizatorias son renunciables, transigibles y, en general, de libre disposición de su titular (art. 15 CC). La caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar

general, de libre disposición de su titular (art. 15 CC). La caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar exequible el artículo 136 CCA, cuando estimó que la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos (ratio decidendiy. Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Rad. 22.936 [fundamento jurídico III], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 282, disponible en https://bit ly/3gjjduK. 5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5].6 Expediente n. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad, dado

Niega pretensiones caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia (ratio decidendh$. El artículo 164, numeral 2, literal h CPACA dispone que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, para contabilizar el plazo señalado. Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa.

5. Como se demanda la indemnización de los perjuicios causados por la falta de devolución del cambio o «vueltas» a los usuarios de los teléfonos públicos de UNE, por el lapso de diez años, es decir, entre los años 2003 y 2013, se estudiará si la demanda es oportuna respecto de todo ese período.

La parte demandante afirmó que los 9000 teléfonos públicos que tiene UNE en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no devuelven el cambio, cuando se depositan más de dos monedas de las denominaciones de cien, doscientos y quinientos pesos y al finalizar la llamada queda un saldo a favor del usuario. Así se relata en el hecho primero de la demanda y en los escritos de subsanación (f.

depositan más de dos monedas de las denominaciones de cien, doscientos y quinientos pesos y al finalizar la llamada queda un saldo a favor del usuario. Así se relata en el hecho primero de la demanda y en los escritos de subsanación (f. 1-6, c.1). Como el término de caducidad de dos años previsto para la acción de grupo comienza a contarse a partir de que sucede el daño, conforme al artículo 164, numeral 2, literal h CPACA y la demanda se presentó el 26 de junio de 2013 (f. 1, c, 1), el plazo para formularla corrió entre el 25 de junio de 2011 y su interposición. Así, respecto de la indemnización de los perjuicios reclamados antes del 25 de junio de 2011, por el hecho dañoso que se alega -la falta de entrega de vueltas a los usuarios—, operó el fenómeno preclusivo de la caducidad. Legitimación en la causa $ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4].Expediente n?. 05001-23-33-000-201 3-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones

6. El artículo 48 de la Ley 472 de 1998 prescribe que las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido un perjuicio individual podrán presentar la acción de grupo. Asimismo, el defensor del pueblo, los personeros municipales y distritales podrán, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer acciones de grupo en nombre de cualquier persona que lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. Cuando el representante del Ministerio Público formula la acción de grupo integrará la parte demandante, junto con las

de grupo en nombre de cualquier persona que lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. Cuando el representante del Ministerio Público formula la acción de grupo integrará la parte demandante, junto con las personas afectadas o agraviadas en cuyo nombre actúa. Rubén Darío Correa Henao, Carlos Alberto Álvarez Álvarez, Jorge Alberto Góez Jiménez, Edilma del Socorro Gaviria Gómez, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, Norelly Monsalve Guerra, Noé Villa Grisales, Abel Felipe Tejada Mejía, Wilson Alexander Villa Monsalve, Ómar Oswaldo Villa Monsalve, Blanca Rosa Polo Loaiza, Daniela Callejas Villa, Sandra Milena Mejía Castaño, William Hernández Londoño, Ángela Sofía Agreda Campos, Jorge Johnson Bedoya Tobón, Julio César Gaviria Gómez, Didis Noel Geovo Sánchez, Samay Polo Loaiza y Hugo Alberto Colorado están legitimados en la causa, por su condición de usuarios del servicio de telefonía fija pública —servicio de telecomunicaciones— afectados por un daño que tiene un origen común. UNE EPM Telecomunicaciones SA ESP y la Superintendencia de Industria y Comercio están legitimadas en la causa por pasiva, porque, la primera es la empresa prestadora del servicio de telefonía fija pública en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la segunda es la autoridad de protección del derecho de los consumidores (artículo 59 de la Ley 1480 de 2011). Número mínimo de integrantes para la procedencia de la acción de grupo

7. El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 disponía que, mediante la acción de grupo, un número plural o un conjunto de personas, que reunieran condiciones uniformes respecto de una misma causa que les produjo perjuicios de manera individual,

7. El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 disponía que, mediante la acción de grupo, un número plural o un conjunto de personas, que reunieran condiciones uniformes respecto de una misma causa que les produjo perjuicios de manera individual, podrían reclamar el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. Las condiciones uniformes debían tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad. La Corte Constitucional, al declarar inexequible la8

Expediente n. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Dario Correa Moreno y otros Niega pretensiones expresión «las condiciones uniformes también deben tener lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad» de los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, dejó sin sustento el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado” que permitía distinguir la acción de grupo de la acción de reparación directa?. El fallo desapareció el criterio diferenciador entre la acción de grupo y una simple acumulación subjetiva de pretensiones. Solo queda como «parámetro» de distinción de la «acción de grupo» el requisito obligatorio del número de, al menos, veinte personas afectadas con un daño proveniente de una misma causa, es decir, en el mismo hecho u omisión. Si el daño originado en una misma causa afecta de manera individual a veinte o más personas, procede la acción de grupo. Si los afectados son menos de veinte, proceden las acciones indemnizatorias establecidas en los códigos procesales. Para el caso del contencioso administrativo, se debe acudir a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y contractual, según sea la causa del daño.

establecidas en los códigos procesales. Para el caso del contencioso administrativo, se debe acudir a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y contractual, según sea la causa del daño. Conforme al artículo 46 de la Ley 472 de 1998 no es necesario para instaurar la demanda de acción de grupo que acudan directamente las veinte personas. Basta con que una sola persona formule la demanda, en nombre de los afectados, y señale los criterios que permitan identificar a dicho grupo?. En consonancia, el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998 establece que, en la acción de grupo, el demandante representa a las demás personas —por lo menos veinte— que hayan sido afectadas individualmente por los perjuicios originados en una causa común. Por ello, no se requiere que cada uno de los afectados interponga, por separado, su propia demanda. Tampoco es indispensable que los veinte integrantes del grupo concurran a la acción desde la presentación de la demanda. La legitimación en la causa por activa estará satisfecha si quien actúa como demandante, en nombre del grupo, señala los criterios que permitan identificar los veinte afectados. De modo que, en la acción de grupo, a su vez, se pueden diferenciar dos grupos: (i) el grupo demandante, integrado por quienes formulan la acción en nombre de 7 Cfr. Consejo de Estado-Sección Tercera, sentencia del 6 de octubre de 2005, rad. n”. 41001-23-31-0002001-00948-01 (AG) [fundamento jurídico 1]. 8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004 [fundamento jurídico 80].

2001-00948-01 (AG) [fundamento jurídico 1]. 8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004 [fundamento jurídico 80]. 9 Declarado exequible Corte Constitucional, sentencia C-116 de 2008 [fundamento jurídico 6].Expediente n. 05001-23-33-000-2013-00882-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones todos los afectados (incluso podría formular la demanda una sola persona). (ii) El grupo afectado, integrado por un número no inferior a veinte personas que hayan sufrido un perjuicio individual procedente de una misma causa —siempre que no se excluyan de manera expresa o inicien una acción individual para obtener la indemnización—. Los integrantes de este grupo deben identificarse por sus nombres en la demanda, o en su defecto, en la misma oportunidad se debe indicar los criterios para su identificación, de conformidad con el artículo 52, numerales 2 y 4, de la Ley 472 de 19981". Este requisito se cumple, porque para establecer la causa común del daño, la demanda refiere una irregularidad -la falta de entrega de vueltasa los usuarios del servicio de telefonía fija pública prestada por UNE y se identifica un grupo de veinte personas afectadas por esa situación [núm. 6]. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se acreditó el daño originado en una causa común, que sirve de sustento a la indemnización pretendida por el grupo afectado. tl Análisis de la Sala

8. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 CGP.

Hechos probados

tl Análisis de la Sala

8. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 CGP.

Hechos probados

9. Las fotografías y videos aportados por UNE (f. 84 y 97, anexo CD-ROM, c. 1) no serán valorados, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 CPC, hoy 244 CGP, no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas y grabados?. 10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 2011, rad. 25000-23-24-000-200000016-01 (AG) [fundamento jurídico 3]. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 28.832 [fundamento jurídico 3.2].10

Expediente n. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones

10. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostró el siguiente hecho: el 23 de junio de 2006, se constituyó la sociedad anónima de carácter comercial UNE EPM Telecomunicaciones SA ESP-EPM TELCO SA ESP, bajo la forma de una empresa de servicios públicos oficial, cuyo objeto social es la prestación de servicios de telecomunicaciones, tecnología de la información y comunicaciones, según da cuenta el certificado de existencia y representación legal (f. 40-49, c. 1).

El daño originado en una misma causa, presupuesto para la prosperidad de la acción de grupo

tecnología de la información y comunicaciones, según da cuenta el certificado de existencia y representación legal (f. 40-49, c. 1). El daño originado en una misma causa, presupuesto para la prosperidad de la acción de grupo

11. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, entre ellos, por supuesto la acción de grupo, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño.

La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico. Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídico —antijuricidad—, permite a su titular obtener una indemnización??. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoria??. Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado —en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina española— ha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN

que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. % Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n”. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2]. 13 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre de 1982 [fundamento jurídico 2].11 Expediente n. 05001-23-33-000-2013-00932-01 (AG) Demandante: Rubén Darío Correa Moreno y otros Niega pretensiones Esa tesis, sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 1993, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o ilicitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad — como el deber de soportar—, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración. Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídicose caracteriza por ser cierto, personal y directo?. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño

directo?. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable?. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

12. Según la demanda, los teléfonos públicos que tiene UNE en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no entregan el cambio cuando finalizada la llamada, queda un saldo a favor del usuario. Asimismo, esgrimió que, en sus estimaciones, los teléfonos públicos de UNE generan mensualmente $2.700.000.000, $32.400.000.000 anualmente y en la década reclamada $324.000.000.000. También, que la falta de devolución de saldos a los usuarios equivale al 30% de esos ingresos, es decir, $97.200.000.000, suma que constituye el daño originado en una causa común, cuya indemnización se reclama.

Está acreditado que UNE EPM Telecomunicaciones SA ESP es una empresa de servicios públicos oficial, que presta el servicio de telecomunicaciones en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá [hecho probado 10]. Diego Mauricio Serna Durango, director de teléfonos públicos de la empresa 14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento

Diego Mauricio Serna Durango, director de teléfonos públicos de la empresa 14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico párr. 19 a 24] y sentencia del 13 de julio de 1993, Rad. 8163 [fundamento jurídico párr. 12 a 22]. 15 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960 [fundamento jurídico V]. 16 Cfr. Corte Suprema