CE - 080012331000200900488011SENTENCIA20230515182602

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846) Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

Asunto: Sentencia

TEMAS: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE UNO DE LOS DEMANDANTES – Se configuró - ERROR JUDICIAL – Ausencia de antijuridicidad del daño.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

La parte actora pretende que se declare la responsabilidad de la Rama Judicial, por considerar que en las decisiones que adoptaron el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en el marco de un proceso, se incurrió en un error judicial, por indebida aplicación normativa.

SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 16 de marzo de 2018 1, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C Escritural, negó las pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 7 de mayo de 2008 2, por

Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C Escritural, negó las pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 7 de mayo de 2008 2, por los señores Doris Salcedo de Saumeth, Jassam Yarala Suár ez y Andrea Paola Yarala Salcedo, en contra de la Nación – Rama Judicial, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:

Pretensiones

3. La actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le fueron causados con las sentencias del 6 de mayo de 2004 y del 11 de mayo de 2006, por medio de las cua les el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla

1 Folios 230 a 244 cuaderno principal. 2 Folio 1 a 8 del cuaderno 1.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846) Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

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y la Sala Segunda de Descongestión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, respectivamente, omitieron declarar la nulidad de todo lo actuado, a pesar de que en la demanda no se identificó de manera correcta el inmueble objeto de reivindicación. Dicha circunstancia, a juicio de los demandantes, conllevó a que éstos fueran desalojados injustamente del predio respecto del cual venían ejerciendo la posesión pacífica.

reivindicación. Dicha circunstancia, a juicio de los demandantes, conllevó a que éstos fueran desalojados injustamente del predio respecto del cual venían ejerciendo la posesión pacífica.

4. Por lo anterior, solicitó que se condenara a la demandada a pagar por concepto de perjuicios morales el valor de 100 SMLMV, para cada uno de los accionantes; y, por perjuicios materiales, la suma de $101’379.0003.

Hechos

5. Como supuesto fáctico se indicó que el 7 de junio de 1996, el Banco Central Hipotecario promovió acción reivindicatoria en contra del señor Yassan Yarala Suárez, con el objetivo de que le fuera entregado el dominio pleno y absoluto del

predio ubicado en la calle 68 No. 72 – 74, apartamento 404, bloque II del conjunto residencial Villatarel de Barranquilla.

6. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, el cual ordenó vincular, en calidad de litisconsorte necesario, a la señora Doris Salcedo de Saumeth, por ejercer la posesión pacífica del predio objeto de controversia. Sin embargo, según se afirmó, el bien en el que residía la aquí demandante no coincidía con el relacionado en la demanda reivindicatoria. Pese a lo anterior, la referida unidad judicial, mediante sentencia del 4 de mayo de 2004, le ordenó a la señora Salcedo de Saumeth restituir voluntariamente el inmueble a la entidad bancaria.

7. Inconforme con la anterior decisión, la señora Doris Salcedo formuló recurso de apelación el cual fue decidido el 11 de mayo de 2006, por la Sala Segunda de

entidad bancaria.

7. Inconforme con la anterior decisión, la señora Doris Salcedo formuló recurso de apelación el cual fue decidido el 11 de mayo de 2006, por la Sala Segunda de Decisión Civil de l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. En esa oportunidad, confirmó la providencia de primer grado respecto de los numerales 1°, 2°, 6° y 7, tras considerar que el Banco Central Hipotecario cumplió con los requisitos necesarios para obtener el inmueble objeto del proceso de restitución.

8. Indica la demandante que la Rama Judicial incurrió en un error de derecho, por cuanto el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en los fallos del 6 de mayo de 2004 y del 11 de mayo de 2006, desconocieron lo dispuesto en el artículo 145 del CPC, al no declarar, de manera oficiosa, la nulidad de todo lo actuado, ante la evidencia de que el bien poseído por

la señora Salcedo -ubicado en la carrera 68 con calle 72ª - 74-, no correspondía con el expresado en la demanda del proceso primigenio -situado en la calle 68 No. 72-74 de esa ciudad-.

3 Folio 123 y 203 del cuaderno No. 1.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846) Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

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La defensa

9. Notificado el auto admisorio de la demanda4, la Rama Judicial se opuso a cada

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

Asunto: Sentencia

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La defensa

9. Notificado el auto admisorio de la demanda4, la Rama Judicial se opuso a cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por la parte actora, argumentando que, como sus actuaciones estuvieron ajustadas a derecho y soportadas en las normas sustantivas y procesales vigentes para la época de los hechos, no se le podía endilgar responsabilida d por error judicial, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o falla en el servicio.

10. Agregó que en el hipotético evento de que prosperaran las pretensiones de la demanda, la cuantía que solicitó la accionante desbordaba los parámetros de tasación de perjuicios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1° de diciembre de 19835.

Alegatos

11. Surtida la etapa probatoria6, en auto del 2 de febrero de 20187, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

12. La Rama Judicial reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda8.

4 La demanda se admitió el 23 de septiembre de 2009. Folios 23 y 24 del cuaderno 1. Se precisa que, mediante proveído del 5 de diciembre de 2008, el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla remitió el expediente por competencia funcional al Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual el

Se precisa que, mediante proveído del 5 de diciembre de 2008, el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla remitió el expediente por competencia funcional al Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual el 12 de agosto de 2009, inadmitió la demanda, por no habe rse aportado los registros civiles que acreditaran el parentesco entre la directamente afectada y los demás demandantes. Folios 12, 18 y 19 del cuaderno 1. 5 Folios 94 a 100 del cuaderno 1. 6 Se precisa que mediante proveído del 29 de julio de 2014 -folios 20, 211 y 254 del cuaderno 1-, el a quo tuvo como pruebas los documentos aportados por la parte actora, esto es, copia de los registros civiles de nacimiento y defunción de Andrea Paola Yarala Salcedo y Jassan Yarala Suárez; la demanda de acción reivindic atoria instaurada por el Banco Central Hipotecario; el auto del 12 de agosto de 1996 que admitió la demanda; certificados de tradición y libertad expedidos el 21 de enero y 11 de septiembre de 1996 y 19 de octubre de 2009, por la Oficina e Registro de Inst rumentos Públicos de Barranquilla respecto de predio bajo matrícula inmobiliaria No. 04077375; diligencia de inspección judicial del 27 de julio de 1998; dictamen pericial y la objeción que formuló la señora Doris Salcedo en contra de éste; el auto del 24 de marzo de 2009, en el que se ordena entregar el bien objeto de controversia a la demandante; declaraciones que rinden Alberto Cayetano Nieto, Moisés Darío Bossio; contrato de arrendamiento para vivienda urbana suscrito por los aquí demandantes;

ordena entregar el bien objeto de controversia a la demandante; declaraciones que rinden Alberto Cayetano Nieto, Moisés Darío Bossio; contrato de arrendamiento para vivienda urbana suscrito por los aquí demandantes; la senten cia del 6 de mayo de 2004 proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla y la sentencia del 11 de mayo de 2006, proferida por la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; certificado expedido el 1 de septiembre de 2009, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Folios 14, 28 a 40, 68 a 82, 135 a 137, 153 a 202 del cuaderno No. 1. Asimismo, ordenó oficiar al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla para que remitiera copia auténtica del proceso ordinario bajo radicación No. 12.960 -cuadernos 2 al, 7, 9 al 11 y 13-. Como prueba testimonial, decretó las declaraciones de los señores Manuel Segundo Toncel Hernández, Donaldo Morales Estrada y Oralis Magdaniel de López. Folios 230 a 239, 265 y 266 del cuaderno No. 1. Finalmente, decretó la práctica de una inspección judicial, con acompañamiento de perito evaluador de bienes sobre el inmueble ubicado en la calle 68 No. 72 – 74 y de un dictamen pericial para determinar el valor comercial del inmueble cuestionado -folios 274 a 276 del cuaderno No. 17 Folios 291 del cuaderno 1. 8 Folios 295 a 297 del cuaderno No. 1.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846)

7 Folios 291 del cuaderno 1. 8 Folios 295 a 297 del cuaderno No. 1.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846) Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

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13. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silenci o en esta etapa procesal.

La decisión

14. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda9.

15. Como sustento de su decisión, manifestó que si bien en el proceso primigenio el Banco Central Hipotecario y el juzgado erraron al no identificar de manera correcta el inmueble objeto del litigio, por cuanto en la demanda se indicó que el

mismo se encontraba ubicado en la calle 68 No. 72 -74, apto 404, bloque 11 de esa ciudad, cuando en realidad estaba situado en carrera 68 con calle 72ª – 74 y calle 72 No. 68 – 59, lo cierto es que en las decisiones censuradas el Juzgado Octavo del Circuito Civil de Barranq uilla y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, identificaron el predio debatido con los datos que reposaban en el certificado de libertad y tradición, esto es, con el número de matrícula inmobiliaria -040-77355-, la fecha de apertura -03/05/1994-, el número de radicación -79-011789-, los linderos, entre otros.

16. Con base en lo expuesto, concluyó que, como el daño alegado no tenía la

fecha de apertura -03/05/1994-, el número de radicación -79-011789-, los linderos, entre otros.

16. Con base en lo expuesto, concluyó que, como el daño alegado no tenía la connotación de antijurídico, resultaba improcedente involucrarse en el estudio de un título de imputación de responsabilidad.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

17. La parte actora interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda10.

18. En sustento de sus peticiones precisó que el inmueble objeto de la litis no podía ser identificado con la información contenida en el certificado de tradición y libertad, en tanto que el encargado de señalar la nomenclatura de un predio es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Así, como esta última entidad informó que la

nomenclatura del predio ubicado en la calle 68 No. 72-74 de Barranquilla no estaba inscrita en sus bases de datos, no se podía tener certeza de que el bien relacionado en la demanda de acción reivindicatoria era el mismo que poseía la señora Salcedo de Saumeth -carrera 68 con calle 72ª – 74-.

9 Folios 56 a 60 del cuaderno principal. 10 Parte de la actividad discursiva la encaminó a cuestionar el hecho de que el Tribunal Administrativo del Atlántico no tramitó el recurso de reposición y en subsidio de apelación que formuló en contra de auto del 2 de febrero de 2018.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846)

del Atlántico no tramitó el recurso de reposición y en subsidio de apelación que formuló en contra de auto del 2 de febrero de 2018.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846) Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

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19. Argumentó que, a pesar de que en la inspección judicial realizada el 27 de julio de 1998, el juzgado señaló que la diligencia se efectuaba respecto del predio situado

en la calle 68 No. 72 – 74, apto 404, bloque 11 del conjunto residencial Villatarel y que la señora Doris Salcedo indicó que residía en la calle 72 No. 68 – 59, apto 404, bloque 11 del conj unto residencial Villatarel, dicha autoridad judicial no adoptó ninguna medida para corregir la demanda en ese aspecto.

20. De acuerdo con lo anterior, concluyó que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior del Distrito Judici al tramitaron un proceso reivindicatorio sobre un inmueble inexistente11.

21. En proveído del 29 de noviembre de 201812, esta Corporación admitió el recurso de apelación formulado por la parte actora, y el 14 de febrero de 2019 corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo13.

22. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primer grado, tras considerar que, las autoridades que conocieron el asunto utilizaron otros medios para identificar el inmueble.

rindiera concepto de fondo13.

22. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primer grado, tras considerar que, las autoridades que conocieron el asunto utilizaron otros medios para identificar el inmueble.

23. Agregó que los aquí demandantes no podían alegar la existencia de un daño antijurídico, dado que, desde el momento en que le fue entregado el bien a la señora Doris Salcedo -febrero de 1998 -, aquella tenía conocimiento de qu e el mismo pertenecía al Banco Central Hipotecario, en tanto que el señor Manuel Toncelantiguo propietariono habían podido pagar las cuotas del crédito hipotecario que había adquirido con dicha institución14.

24. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

25. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación ya indicado.

Problema jurídico

26. En el marco del recurso de apelación propuesto, el debate jurídico se contrae a verificar si las pruebas que militan en el proceso permiten acreditar el error judicial,

11 Folios 248 a 258 del cuaderno principal. 12 Folio 270 del cuaderno principal. 13 Folio 272 del cuaderno principal. 14 Folios 274 a 283 del cuaderno principal.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846) Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

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al no declarar la nulidad de todo lo actuado, ante la evidencia de q ue el inmueble objeto de restitución no había sido identificado de manera adecuada en la demanda que presentó el Banco Central Hipotecario.

27. La Sala avizora que la recurrente cuestionó el hecho de que el Tribunal Administrativo del Atlántico no tramitó el recurso de reposición que formuló en contra del auto del 2 de febrero de 2018 -que ordenó correr traslado para alegar -, por no haberse practicado la totalidad de las pruebas decretadas; sin embargo, se advierte que dicho aspecto no será analizado en esta instancia, en la medida en que no está atacando el objeto medular de la sentencia que se reprocha y, el mismo debió debatirse en la oportunidad prevista para tal fin durante el trámite de primer grado15.

Legitimación en la causa por activa

28. Previo a la definición del aspecto antes referido, la Sala aclara que, aunque el tema de la legitimación en la causa por activa no fue objeto de análisis por parte del a quo, le corresponde al juez al momento de dictar sentencia, analizar los presupuestos procesales de la acción, los que no pueden ni deben entenderse saneados o clausurados por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso. La certeza de esta obligación está fijada en la sentencia de unificación del 6 de abr il de 201816, en la que la Sala Plena de esta Sección se pronunció en relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso

el transcurso del proceso. La certeza de esta obligación está fijada en la sentencia de unificación del 6 de abr il de 201816, en la que la Sala Plena de esta Sección se pronunció en relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de fondo.

29. En el evento sub examine, acudió en calidad de parte actora, además de Doris Salcedo de Saumeth y Jassam Yarala Suárez -quienes fueron vinculados al proceso primigenio-, la señora Andrea Paola Yarala Salcedo, en condición de hija de los referidos demandantes.

30. Al punto de la legitimación en la causa por activa, en los eventos en los que se depreca la responsabilidad del Estado con fundamento en el título de imputación por error judicial, la Sala ha recordado el concepto de parte, y a partir de esta noción, definir quiénes tienen interés legítimo para demandar a través de este título17.

31. Así, sobre bases generales, se ha recordado que cuando el demandante reclama haber sufrido un daño como consecuencia de la acción u omisión del Estado, acude al proceso en calidad de víctima directa o víctima inicial18; en cambio, quienes pretenden la reparación de daños padecidos por otros, están legitimados

15 Se advierte que por dicho cuestionamiento no se planteó nulidad alguna. 16 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente número 46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth. 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de noviembre de 2022, expediente 53.873

Danilo Rojas Betancourth. 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de noviembre de 2022, expediente 53.873 18 Tamayo Jaramillo Javier. De la Responsabilidad Civil, Tomo II. Edición Temis, Bogotá 1986, páginas 100 a 101.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846) Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

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para demandar en calidad de víctimas indirectas o damnificados 19, en todo caso alegando un daño independiente y autónomo del daño inicial.

32. En rela ción con las víctimas indirectas, se impone un análisis riguroso para establecer los criterios de caracterización de los sujetos legitimados para reclamarlos. Tales criterios, en asuntos analizados por error judicial, reconducen al requerimiento de la prueba de la preexistencia de una relación sustancial cierta -no producto de simples conjeturas - entre la víctima directa e indirecta y el hecho dañoso que, de ser quebrantada ocasiona el detrimento de los bienes jurídicos del afectado, por lo que probado este elemento estará legitimado para actuar20.

33. Con este enfoque, la responsabilidad del Estado derivada de una falla de la administración de justicia por error judicial, esto es, cuya fuente de daño reside en una providencia judicial ejecutoriada y en firma, en principio, solo es exigible de parte de quienes están legitimados para acudir a reclamar el daño, esto es, aquellos que (i) gozan de la calidad de parte en el proceso que dio lugar a la providencia

una providencia judicial ejecutoriada y en firma, en principio, solo es exigible de parte de quienes están legitimados para acudir a reclamar el daño, esto es, aquellos que (i) gozan de la calidad de parte en el proceso que dio lugar a la providencia contentiva del supuesto yerro o, (ii) frente a quienes la sentencia y sus efectos está llamada a ser exigible, dado que son ellos, como parte de la relación procesal, las personas sobre las que el error judicial se proyecta como una afrenta a sus derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva que, a no dudarlo, son los derechos que cimientan y están en la base de la pretensión indemnizatoria que se persigue a través de este especial título de imputación de responsabilidad.

34. Así las cosas, estarán legitimados para actuar, en calidad de víctimas indirectas, aquellos sujetos que demuestren la existencia de una relación sustancial con la víctima del daño y el hecho dañoso; esto es, la providencia, toda vez que aquél solo se reconoce en la medida en que prueben que se les ocasionó un menoscabo.

35. En esta línea, frente a la responsabilidad del Estado por error judicial, solo se hablará de víctimas con interés legítimo para cuestionar las decisiones judiciales de un proceso del cual no hicie ron parte, cuando los efectos de las mismas le sean extensibles en forma directa y efecto dañino.

36. Sobre esta base, la Sala advierte que Andrea Paola Yarala Salcedo, quien concurre a este proceso en calidad de hija de los demás demandantes solicitando las suma de 100 SMLMV, por perjuicios morales, no cuenta con legitimación en la causa para actuar, en la medida en que el daño por el cual reclama indemnización

concurre a este proceso en calidad de hija de los demás demandantes solicitando las suma de 100 SMLMV, por perjuicios morales, no cuenta con legitimación en la causa para actuar, en la medida en que el daño por el cual reclama indemnización se afincó en un supuesto error jurisdiccional contenido en las sentencias de primera

19 Saavedra Becerra, Ramiro. La Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003, p. 607. “(…) [E]s muy frecuente que el perjuicio afecte no solamente a la víctima inmediata sino también a otras personas. En la terminología jurídica francesa, los daños que sufren tales personas, como consecuencia, principalmente, del daño corporal o de la muerte de la víctima d el daño inicial, se conocen como domagges par ricochet 861, aunque algunos autores los denominan préjudices réfléchis. Los españoles, por su parte, prefieren denominarlos “daños por rebote” o daño indirecto”. Consejo de Estado. Sección Tercera. M.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Exp. 44582. 9 de julio de 2018. 20 Elorriaga de Bonis, Fabián. El daño por repercusión o rebote. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 26 No. 2, pp. 369 a 398 (1999), Sección Estudios.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846) Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

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y segunda inst ancia que definieron el proceso reivindicatorio con radicación No.

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y segunda inst ancia que definieron el proceso reivindicatorio con radicación No. 12.960, el cual gravitó sobre un conflicto de naturaleza patrimonial y asociado a un derecho real, en el que se debatió la titularidad del mismo, aspecto que solo comprometió a quienes fuer on parte del mentado proceso. De aquí que quien no fue parte del proceso ni era titular de un derecho oponible a lo debatido en el mismo, carezca de interés legítimo para demandar en sede de la presente acción la reparación de presuntos daños derivados de la eventual afectación del ejercicio de los derechos de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, derechos cuyo vínculo con el título de imputación que invocó resulta inescindible.

37. Se precisa, además, que tampoco tendrá legitimación para demandar la vulneración de un derecho propio, pues la relación patrimonial definida en el proceso no estaba llamada a afectarla, en la medida en que no demostró que, pese a que no fue vinculada al proceso en calidad de litisconsorte, lo s efectos de la decisión censurada afectaron otro tipo de derechos predicables frente al bien sobre el que recayeron las sentencias que ahora se cuestionan.

38. Definido lo anterior, la Sala relacionará, en cuanto importa para resolver el referido marco jurídico, el material probatorio con el cual encuentra acreditados los

siguientes hechos:

39. En el proceso se probó que el 7 de junio de 1996, el Banco Central Hipotecario presentó acción reivindicatoria en contra del señor Jassan Yarala Suárez e

siguientes hechos:

39. En el proceso se probó que el 7 de junio de 1996, el Banco Central Hipotecario presentó acción reivindicatoria en contra del señor Jassan Yarala Suárez e indeterminados, para que le fuese entregado el dominio pleno y absoluto del

inmueble ubicado en la calle 68 No. 72 – 74, apartamento 404, bloque 11 del conjunto residencial Villatarel , el cual había adquirido el 12 de mayo de 1994 mediante escritura pública No. 993, en l a que fue identificado con el folio de matrícula No. 040-7737521. Como consecuencia de ello, solicitó que se ordenara al allí demandado a restituirle el predio objeto del litigio y a pagarle los frutos civiles y naturales que había dejado de percibir por no habérsele restituido el bien22.

40. Para acreditar su calidad de propietario, el banco aportó, junto al escrito inicial, el certificado de tradición y libertad expedido el 21 de enero de 1996 por la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Barranquilla, en el que consta que el apartamento 404, bloque 11 del conjunto residencial Villatarel, se encuentra ubicado

en la carrera 68 con calle 72ª – 74, identificado con matrícula inmobiliaria No. 04077375, código catastral No. 01-2-422-176, fecha de apertura 03-05-1994, radicación No. 79.011789 y fecha de escritura del 42-08-1979.

41. En la anotación 11 quedó plasmado que el predio fue embargado en favor del Banco Central Hipotecario dado el incumplimiento de la obligación hipotecaria que

41. En la anotación 11 quedó plasmado que el predio fue embargado en favor del Banco Central Hipotecario dado el incumplimiento de la obligación hipotecaria que

21 Es de resaltar que en el referido documento público se consignó que el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, en el marco del proceso ejecutivo que promovió la referida entidad bancaria en contra de Manuel Toncel Hernández, le adjudicó al ejecutante el mentado inmueble. Folio 5 del cuaderno No. 13. 22 Folios 28 a 31 del cuaderno No. 1.Radicación: 08001-23-31-000-2009-00488-01 (62.846) Actor: Doris Salcedo de Saumeth y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

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había contraído el señor Manuel Toncel Hernández con est a entidad y, como el mismo no fue cancelado, el inmueble fue adjudicado a la referida persona jurídicaanotación 16- (transcripción literal, con posibles errores incluidos)23:

Anotación No. 8 Fecha: 21-06-1983

Documento que se registra: Naturaleza: Escritura No. 1407 del 09-06-83 Notaría 1 de Barranquilla Especificación: Hipoteca Personas que intervienen en el acto

De: TONCEL HERNÁNDEZ MANUEL

A: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO

Anotación No. 10 Fecha: 19-05-1988

Documento que se registra: Naturaleza: Oficio No. 1203 del 17 -07-1987.

Oficina. Juzgado 10 Civil del Circuito

Anotación No. 10 Fecha: 19-05-1988

Documento que se registra: Naturaleza: Oficio No. 1203 del 17 -07-1987.

Oficina. Juzgado 10 Civil del Circuito Especificación: Cancelación embargo art. 558. CPC Personas que intervienen en el acto

De: JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO

Anotación 11 Fecha: 19-05-88

Documento que se registra: Naturaleza: Oficio No. 1203 del 17 -07-1987. Oficina.

Juzgado 10 Civil del Circuito Especificación: Embargo con acción real Personas que intervienen en el acto

De: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO

A: TONCEL HERNÁNDEZ MANUEL

Anotación 14 Fecha: 14-04-1994

Documento que se registra: Naturaleza: Auto de aprobación 16 -11-1993.

Oficina. Juzgado 10 Civil del Circuito Se cancela anotación 8

Especificación: Cancelación hipoteca Personas que intervienen en el acto

De: JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO

Anotación 15 Fecha: 12-04-94

Documento que se registra: Naturaleza: Auto de aprobación 16 -11-1993. Oficina.

Juzgado 10 Civil del Circuito Se cancela anotación 11

Especificación: Cancelación de embargo Personas que intervienen en el acto

De: JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO

Anotación 16 Fecha: 14-04-1994

Documento que se registra: Naturaleza: Auto de aprobación 16 -11-1993.

De: JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO

Anotación 16 Fecha: 14-04-1994

Documento que se registra: Naturaleza: Auto de aprobación 16 -11-1993.

Oficina. Juzgado 10 Civil del Circuito Especificación: Adjudicación de la cosa hipotecada Personas que intervienen en el acto

De: TONCEL HERNÁNDEZ MANUEL

A: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO

42. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, el cual, en proveído del 12 de agosto de 1996 admitió la demanda, la que le fue notificada al señor Jassan Yarala Suárez el 12 de septiembre s