CE-11001-03-15-000-2021-00682-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MUERTE

DE SOLDADO REGULAR / CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD POR

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Configuración / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO La Sala estudiará de fondo el cargo por defecto fáctico relativo a la alegada omisión de respaldo probatorio de la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de declarar la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima. (…) Así pues, como se lee, en este caso se tomaron en consideración los medios de prueba que refieren a la manera cómo ocurrieron los hechos, (…) Asimismo, el Tribunal expuso en la sentencia las razones por las que consideró que estos medios de prueba sustentan debidamente la hipótesis de que la causa del daño es atribuible a la propia víctima. Adicional a lo anterior, en la providencia se informó que no se aportaron al plenario medios de convicción con aptitud para refutar la hipótesis del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado. También se precisó que la invocación de un régimen de responsabilidad objetivo en razón a que el daño alegado fue padecido por un conscripto, no implica en todo caso la declaratoria de responsabilidad del Estado, sino que corresponde al juez de la causa analizar la configuración de una eximente de responsabilidad, tal y como aconteció y se encontró probado en el caso concreto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00682-01(AC)

Actor: CILIA MARÍA BECERRA SÁNCHEZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCASALA SEGUNDA DE DECISIÓN La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del 23 de julio de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección

Tercera del Consejo de Estado, que resolvió: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “PRIMERO: Declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por Cilia María Becerra Sánchez y otros, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 18 de febrero de 20212, Cilia María Becerra Sánchez en nombre propio y en representación de su hija Valentina Rivera Becerra, Sandra Lorena Becerra, Yessica Becerra Sánchez, Julia Rosa Sánchez de Becerra, Martha Lucía Becerra Sánchez y Sandra Milena Escobar Pérez, por conducto de apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión. La parte actora invocó la protección de su derecho fundamental al debido proceso y los principios de confianza legítima y legalidad, que considera vulnerados con la sentencia del 5 de octubre de 2020, proferida

dentro del proceso de reparación directa Nro. 76147-33-33-001-2015-00863-01. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “1) Declarar que en el presente asunto se vulneraron los Derechos Fundamentales del Debido Proceso, principio de legalidad – acceso a la administración de justicia – equidad, confianza legítima, de mis procurados, por parte del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Magistrado Ponente: RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, dentro del proceso de “REPARACIÓN DIRECTA”, en contra de la NACIÓN 1 Página 12 de la sentencia de tutela de primera instancia (expediente digitalizado) 2 La acción de tutela se radicó a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial y se asignó la radicación Nro. 536875. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, radicado bajo el No 76-147-33-33-001-2015-00863-00.

1. Disponer que el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Magistrado Ponente: RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, profiera nueva Sentencia que conjure las irregularidades que dieron lugar a la violación de los derechos fundamentales vulnerados, y analice el recurso de apelación interpuesto conforme a los parámetros esbozados en la presente acción de tutela.”3

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. De los documentos aportados a esta acción de tutela se lee que, el señor Víctor Alfonso Becerra falleció el 14 de septiembre de 2013, en extrañas circunstancias, como consecuencia de herida que se causó con arma de fuego mientras prestaba el servicio militar obligatorio en calidad de soldado regular del Batallón de Infantería Nro. 23 del municipio de Cartago, Valle. 2.2. La señora Cilia María Becerra Sánchez y otros presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara responsable de los daños que sufrieron a raíz de la situación fáctica antes descrita. Asimismo, para que se le condenara a la indemnización de perjuicios de orden material e inmaterial a favor de los demandantes. 2.3. Del asunto conoció en primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago que, mediante sentencia del 11 de agosto de 2017, declaró la responsabilidad administrativa de la NaciónMinisterio de Defensa Ejército Nacional y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideró que el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto era el objetivo por daño especial, dado que la víctima estaba vinculado al Ejército en calidad de soldado regular bajo el régimen de conscripción por lo que corresponde al Estado responder por los daños que sufriera en su integridad en el tiempo que durara su servicio militar. 2.4. La entidad demandada promovió recurso de apelación. Expuso que en el

caso que se analiza se concretó la eximente de responsabilidad del hecho de 3 Págs. 13 y 14 del escrito de tutela (expediente digital). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la víctima, comoquiera que el soldado Becerra manipuló de forma indebida su arma de dotación oficial, aunque tenía la orden de no levantar el cartucho de seguridad. También se indicó que, aunque la muerte se catalogó como ocurrida en “extrañas circunstancias” no se podía descartar que se había tratado de un suicidio. Agregó que el juez de la primera instancia no tomó en consideración las inconsistencias en las declaraciones de los testigos. 2.5. El conocimiento del recurso correspondió a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en sentencia del 5 de octubre de 2020, revocó la decisión de primera instancia; en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, porque encontró acreditada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y condenó en costas a la parte vencida. El tribunal expuso que los medios de prueba aportados al plenario, en especial, el informe que rindió el comandante de la Compañía que sugería que la muerte se había producido por el actuar descuidado e imprudente del soldado en la manipulación del arma de fuego y la providencia emitida por la Fiscalía 24 Seccional del municipio de Roldanillo, a través de la que se

dispuso el archivo de las diligencias adelantadas con ocasión de la muerte del señor Becerra y que determinó que este disparó el arma de fuego y ocasionó su propia muerte, permitían concluir que el daño no era imputable a la demandada sino a la propia víctima. La sentencia registró salvamento de voto del magistrado Fernando Augusto García Muñoz quien consideró que, si bien se desprende de las pruebas que el mismo soldado fue el causante de su deceso, también lo es que aún en ese escenario debe responder la entidad accionada. Lo anterior, en virtud de la protección reforzada que se predica del Estado frente a quienes prestan el servicio militar obligatorio. En esa medida concluyó que en el caso que se estudia se concretó una concurrencia de culpas, lo cual da lugar a la reducción de la indemnización en proporción al grado de participación de la víctima, pero no conlleva a exonerar de responsabilidad al Estado, como lo hizo la Sala mayoritaria. La sentencia de segunda instancia se notificó el 18 de noviembre de 2020.

3. Fundamentos de la acción La parte accionante alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia del 5 de octubre de 2020, incurrió en defecto fáctico, porque omitió valorar la prueba allegada al proceso el 17 de octubre de 2017 durante audiencia de conciliación, en la que se acreditó que al momento de la exhumación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el cadáver presentaba aplastamiento en la parte trasera de su cráneo, situación

que en consideración de los accionantes permitía descartar la teoría de suicidio. Agregó que se declaró la configuración del hecho de la víctima como causal de exoneración sin que tal tesis estuviera acreditada con las pruebas del proceso, pues en las imágenes de la exhumación del cadáver se pudo observar un orificio en su cráneo, “que ocasionó realmente su muerte y que, por obvias razones, era imposible que la propia víctima causara su propia muerte”. Por lo anterior, también colige que la Fiscalía General de la Nación no realizó la inspección a cadáver en debida forma, por lo que imposibilitó conocer las verdaderas circunstancias de la muerte del señor Becerra. Indicó que, si se hubiera considerado esta prueba, las hipótesis que podían plantearse frente a la muerte del señor Becerra eran las siguientes: “1) Que los testigos del hecho pudieron omitir la verdadera realidad de la muerte del soldado. 2) Que manipularon la información manifestando que la causa de la muerte obedecía a una herida mesogastrio. 3) Que los funcionarios de medicina legal omitieron en su informe de necropsia la existencia del aplastamiento del cráneo como resultado del disparo de fusil que ocasionó el hueco o tronera en el cráneo del soldado y que era imposible negarlo. 4) Que para guardar silencio y omitir cualquier sospecha de homicidio, el cadáver se le entregó a la familia “HERMETICAMENTE SELLADO”, para evitar cualquier investigación o hipótesis de la verdadera causa de su muerte. 5) Que el informe pericial de necropsia No 201310176622000183 suscrito

por el médico forense OSCAR MARINO FRANCO, contiene una FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO P[Ú]BLICO, en razón a su contenido. Así “…EXAMEN INTERIOR CABEZA Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.” Cráneo: SIN LESIONES…” meninges y encéfalo: Sin lesiones (Fl. 234)”4. Advirtió que el informe del investigador de laboratorio FPJ-13 del 13 de septiembre de 2013 señaló que el arma que provocó la muerte del soldado disparó dos cartuchos, lo que sugiere que además del disparo que el soldado recibió en el estómago, hubo otro disparo que no fue investigado, el cual las pruebas antes 4 Folio 9 del escrito de tutela (expediente de tutela digital). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mencionadas dan cuenta que impactó la cabeza de la víctima, pero estas circunstancias no fueron debidamente investigadas en el proceso penal ni evidenciadas por el juez contencioso administrativo. Consideran que la muerte del señor Víctor Alfonso Becerra tiene la calidad de crimen de lesa humanidad a la luz del Estatuto de Roma y que quedó en la impunidad tanto en la jurisdicción penal como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De conformidad con las consideraciones antes reseñadas, los accionantes concluyen que la sentencia del 5 de octubre de 2020 adolece de los siguientes defectos: (i) defecto fáctico por omisión e indebida valoración probatoria y porque

la conclusión de declarar probada la eximente de responsabilidad no tiene respaldo en las pruebas del proceso; (ii) defecto sustantivo, ante la contradicción evidente entre los fundamentos de la sentencia y la decisión; (iii) desconocimiento del precedente judicial porque se declaró una causal de exoneración sin existir una prueba contundente y específica de ello, aunado a que la parte accionada no pudo aportarla y a que se omitió realizar una valoración integral del asunto; y (iv) violación directa de la Constitución, porque inobservó el artículo 29 Superior.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. El 26 de febrero de 2021, el a quo admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión Oral y vinculó, en calidad de terceros con interés, al señor Mauricio Becerra Sánchez, al Juzgado Primero Administrativo de Cartago y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, sujetos procesales en el proceso de reparación directa Nro. 76147-33-33001-2015-00863-00/01. 4.2. En providencias del 13 de mayo y del 8 de junio de 2021, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegara el expediente completo del proceso de reparación directa sub examine. El requerimiento se cumplió parcialmente, dado que el Tribunal informó que: “no es posible atender positivamente su requerimiento, toda vez que, revisado el expediente (…) se evidenció que el mismo fue digitalizado por personal ajeno a [e]esta

Secretaría contratado por el Consejo Superior de la Judicatura y en el proceso de digitalización, (al parecer) se extraviaron los folios (…)” que correspondían a lo solicitado”. 4.3. La NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional, por conducto de la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la entidad, indicó que la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima estuvo debidamente respaldada en las pruebas del proceso, como el informe que acreditó que se hallaron residuos de pólvora en las manos del occiso. También destacó que los testimonios practicados fueron contradictorios Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como argumento adicional, expuso que en el escrito de tutela no se realizó el análisis de los requisitos especiales de procedibilidad ni acreditaron la vulneración de los derechos fundamentales de los que son titulares los accionantes. 4.4. El Juzgado Primero Administrativo de Cartago, por conducto del titular del despacho, manifestó su disposición de acoger el fallo de tutela, pero advirtió que las pretensiones de la demanda se dirigen contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por lo que es frente a la providencia de segunda instancia respecto de la cual deben analizarse los cargos propuestos en la tutela.

5. Providencia impugnada En sentencia del 23 de julio de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, porque consideró que lo pretendido por la parte accionante es que el juez de tutela valore

nuevamente la responsabilidad de la demandada en el proceso constitucional y lograr una decisión favorable a sus pretensiones, como si la acción de tutela se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario. Relativo a la alegada omisión de valoración de algunos medios de prueba del proceso, expuso que no se indicó la razón por la que se considera que estos medios de prueba incidirían en el sentido de la decisión en relación con las demás pruebas que apoyaron la configuración de la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima. Lo que evidenció el a quo fue que los argumentos de la demanda de tutela refieren al valor que, a juicio de los accionantes, el Tribunal debió darle a tales pruebas y a las conclusiones probatorias que debían construirse para decidir el caso concreto, pretendiendo que el juez de tutela erija como instancia adicional. En esa línea, advirtió que no le está permitido al juez constitucional desconocer los principios de autonomía e independencia del fallador natural de la causa, así como tampoco puede soslayar la materialización de la garantía de cosa juzgada y seguridad jurídica. De otra parte, en lo que refiere a la denominación de crimen de lesa humanidad respecto de la muerte del señor Víctor Alfonso Becerra, destaca que el argumento no fue expuesto en el curso del proceso ordinario de reparación directa, por lo que no le está permitido al juez constitucional emitir un análisis al respecto. Recordó “que la acción de tutela no es el escenario para traer a colación argumentaciones fácticas y jurídicas que son del resorte del juez natural y que debieron habérsele

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puesto a su consideración. Entonces, frente a este cargo, no se satisface el requisito de subsidiariedad.”5

6. Impugnación La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia.

Una decisión para ser justa y legítima debe perseguir descifrar la verdad de los hechos en litigio. Es por ello por lo que el caso concreto debió orientarse hacia la búsqueda de verdad y ponderar la evidencia que muestra que el cadáver de Víctor Alfonso Becerra apareció con aplastamiento de cráneo producto de la bala de un fusil y que esta circunstancia no se tuvo en cuenta ni se registró en el documento oficial de necropsia. Las pruebas del proceso penal dan cuenta que el caso sub examine no se trató de un suicidio sino de un homicidio, por lo que no había lugar a aplicar la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima. Es claro que Medicina Legal ocultó la verdad de la información que arrojó la necropsia al cadáver. Situación está que apenas se pudo evidenciar cuando se realizó la exhumación del cadáver. La prueba de la información que reveló la exhumación del cadáver fue aportada por fuera de la etapa probatoria, porque solo hasta el 5 de octubre de 2017 se realizó el procedimiento para que los restos mortales del señor Becerra Sánchez fueran trasladados a un osario de la familia. En ese momento se informó al juez de primera instancia la verdad sobre la muerte del soldado. Al respecto, se destaca lo

siguiente de la impugnación: “Esta nueva prueba surgida por fuera de la etapa procesal, no fue incluida en el expediente penal, ni ordenada ni practicada dentro del proceso de reparación directa, por cuanto la exhumación del cadáver apenas se realizó el 05 de octubre de 2017; fecha en la cual ya había culminado la etapa probatoria. No obstante, fue aportada tanto a la Fiscalía Veinticuatro de Roldanillo Valle dentro del proceso penal por homicidio14 como ante en el Juzgado Primero Administrativo de Cartago en la audiencia de conciliación después del fallo de Primera Instancia. El Artículo 42 de la Ley 1564 de 2012 señala como Deberes del Juez: “… 4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de 5 Página 12 de la sentencia de tutela de primera instancia. (Expediente digitalizado). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oficio para verificar los hechos alegados por las partes…” Norma que hizo uso el operador jurídico de segunda instancia, solo para aplicar el exonerante de responsabilidad más no para la valoración de esta nueva prueba surgida con ocasión a los nuevos hechos objeto litigioso, quebrantando el principio de “IGUALDAD JURIDICA.”6 La autoridad judicial accionada desconoció el derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y el principio de confianza legítima de los accionantes. Se declaró la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima “SIN EXISTIR

LA PLENA PRUEBA de la verdadera causa de la muerte del soldado VÍCTOR ALFONSO BECERRA SANCHEZ y solo por conjeturas a priori se delimitó su alcance probatorio. No obstante, a lo anterior, el estudio del proceso fue arduamente debatido en juicio de alzada, por el precedente administrativo de haberse vencido la derrota del proyecto y en segunda oportunidad existir salvamento de voto de un Honorable Magistrado de Sala.”7 “(…) el Tribunal da por hecho que se trató de un suicidio y descuido negligente de la víctima en la manipulación del arma de dotación, obviando la responsabilidad estatal que tiene el Ejército Nacional de preservar y/o proteger, la vida e integridad de jóvenes soldados que acuden a pagar su servicio militar en cumplimiento de un deber Constitucional, constituyendo per-se, una obligación ineludible del Estado reintegrar el Conscripto a su seno familiar y a la sociedad en las mismas condiciones sicofísicas en las que ingresó, que es precisamente lo que no ocurre en este evento particular, desatendiéndose por parte del Honorable Tribunal Administrativo del Valle dicha condición y restándole importancia a la condición de un joven como el Soldado VICTOR ALFONSO BECERRA SANCHEZ que solo quería cumplir con su deber y reintegrarse a la comunidad (…)”8 No había lugar a declarar la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, dado que en el plenario existían importantes medios de prueba que restaban peso a la 6 Página 10 del escrito de impugnación. 7 Página 5 del escrito de impugnación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teoría del suicidio, como el orificio de entrada en el cráneo de la víctima, por lo que concluir lo contrario se erige como un absurdo. Además de los argumentos enunciados, en el escrito de impugnación se retomó lo indicado frente a las hipótesis que derivan de la prueba de la exhumación del cadáver y de la indebida valoración del informe del investigador de laboratorio que fueron relacionados en el acápite de fundamentos de la acción. También reiteró que en atención a los argumentos expuestos considera que la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adolece de defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,

y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. 8 Página 6 del escrito de impugnación. 9 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional12 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes

en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y los argumentos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que no superaba los requisitos generales de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

En caso de que se establezca que la acción de tutela acredita las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, corresponde a la Sala entrar a estudiar si la sentencia del 5 de octubre de 2020, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, adolece de defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución. La Sala precisa que las causales especiales de procedibilidad que se plantearon contra la sentencia del 5 de octubre de 2020 tienen su origen en los mismos tres argumentos, por lo que se analizarán de manera conjunta en esta providencia. Los referidos alegatos son: (i) que no se valoraron las pruebas de la exhumación del cadáver del señor Víctor Alfonso Becerra que en consideración de la parte de los particulares en los casos que señala este decreto”. 10 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término

prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 11 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionante desvirtúa la tesis del suicidio y, en esa vía, la de la configuración del hecho de la víctima; (ii) la tesis de la configuración de la eximente de responsabilidad por el hecho de la víctima no tiene sustento en las pruebas del proceso; y (iii) no se consideró la calidad de crimen de lesa humanidad del daño para decidir el caso.

4. De la improcedencia de la acción de tutela por incumplir los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural. Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta,

entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co judiciales»13. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adiciona