CE - 200012339001201500649011SENTENCIASENTENCIA20230626112703
Detalles
- Título
- CE - 200012339001201500649011SENTENCIASENTENCIA20230626112703
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00649-01 (59025)
Demandante: Javier Enrique Jiménez Morillo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 20-001-23-39-001-2015-00649-01 (59025)
Demandantes: Javier Enrique Jiménez Meriño, Bilardo Enrique Ismael López,
Carlos Andrés Barrios Perea, Jaider Enrique Jiménez Urieles, Leiner Manuel Montaño Martínez y Cristhian Augusto Arias Amaya, y otros Demandado: Nación — Ministerio de defensa - Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa. Tema 1: Privación injusta de la libertad — Ley 522 de 1999. Subtema 1.1. Justicia Penal Militar. Subtema 1.2. No todo evento eximente de responsabilidad penal reviste las condiciones de un daño antijurídico. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 26 de enero de 2017, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS El Juzgado 21 de Instruczión Militar de Valledupar, mediante decisión del 25 de noviembre de 2008, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Javier Enrique Jiménez Merino, Bilardo Enrique Ismael López,
El Juzgado 21 de Instruczión Militar de Valledupar, mediante decisión del 25 de noviembre de 2008, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Javier Enrique Jiménez Merino, Bilardo Enrique Ismael López, Carlos Andrés Barrios Perea, Jaider Enrique Jiménez Urieles, Leiner Manuel Montaño Martínez y Cristhian Augusto Arias Amaya -en su calidad de Soldados del Ejército Nacionalpor los hechos acaecidos el 23 de octubre de 2008 asociados a la posible comisión del delito de abandono del puesto, sin embargo, la Fiscalía 23 Penal Militar de Valledupar, a través de proveído del 19 de enero de 2009, dispuso la cesación del procedimiento seguido contra los uniformados, luego de concluir que su eventual actuar punitivo estaba antecedido de causal exonerativa de responsabilidad, decisión ejecutoriada el 12 de febreio de 2009. En mérito de lo acontecido, los detenidos, y varios de sus familiares, deprecaron ante esta jurisdicción el reconocimiento y pago de los perjuicios causados como colofón de la privación de la libertad padecida entre el 28 de noviembre de 2008 y el 19 de enero de 2009, que calificaron de injusta, al no estar en el deber jurídico de soportarla.
II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El 24 de mayo de 2010 1 , Javier Enrique Jiménez Meriño, Bilardo Enrique Ismael López, Carlos Andrés Barrios Perea, Jaider Enrique Jiménez Urieles, Leiner Manuel Montano Martínez y Cristhian Augusto Arias Amaya, así como varios de sus familiares más próximos; presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa
López, Carlos Andrés Barrios Perea, Jaider Enrique Jiménez Urieles, Leiner Manuel Montano Martínez y Cristhian Augusto Arias Amaya, así como varios de sus familiares más próximos; presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional, con la pretensión de que se la declare administrativamente responsable por los perjuicios de orden material, 1 Sello de radicación de folio 13 Cl.Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00649-01 (59025) Demandante: Javier Enrique Jiménez Merino y otros moral y daños a la vida de relación sufridos como consecuencia de la privación de la libertad de la que fueron objeto dentro de la investigación criminal surtida en su contra por el delito de abandono del puesto 2 . 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia: El proceso fue conocido inicialmente por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, Célula Judicial que lo admitió, decretó y recaudó pruebas, y dictó sentencia de primera instancia el 20 de septiembre de 2011, empero, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante proveído del 13 de junio de 2013 declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia de su inferior funcional, decisión confirmada por esta Corporación mediante proveído del 20 de octubre de 2015 3 . En consecuencia, el Tribunal admitió la demanda el 17 de marzo de 2016 4 y notificó el auto adnnisorio en debida forma 5 . La demandada Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional 6 presentó escrito de contestación con el que se opuso a las pretensiones. Como razones de defensa, indicó que la medida impuesta a los
auto adnnisorio en debida forma 5 . La demandada Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional 6 presentó escrito de contestación con el que se opuso a las pretensiones. Como razones de defensa, indicó que la medida impuesta a los uniformados se dictó en estricto acatamiento de las normas rectoras sobre la materia y al interior de un proceso en el que se les garantizaron sus derechos, medida que, por demás, duró solo hasta que se recaudó el acervo probatorio con el que se sustentó la cesación de sus efectos y el archivo de las diligencias; acotó que, más allá de las razones por las que extinguieron las pesquisas, lo cierto es que los militares efectivamente desertaron de la base en la que se encontraban sin ningún tipo de autorización, por lo que, en estricto sentido, abandonaron sus obligaciones; la demandada propuso las siguientes excepciones: "Culpa exclusiva y determinante de la víctima; según la cual, la conducta de los marciales fue determinante en la producción de la detención preventiva, ya que abandonaron el área de servicios junto con los elementos de guerra que estaban en su custodia, actuación que atentó contra la seguridad de la tropa; y la intitulada "Inexistencia de imputabilidad de la entidad demandada", medio exceptivo con el que reiteró que la conducta de los agentes justificó el inicio de la investigación penal seguida en su contra, así como la medida preventiva que se dictó, por lo que concluyó que el daño padecido fue jurídico, al estar precedido de un actuar típico que los puso en el deber de soportarlo, particularidad que impide imputar el hecho reputado de perjudicial. Surtido el traslado de la demanda, el Tribunal, a través de proveído del 13 de octubre
precedido de un actuar típico que los puso en el deber de soportarlo, particularidad que impide imputar el hecho reputado de perjudicial. Surtido el traslado de la demanda, el Tribunal, a través de proveído del 13 de octubre de 2016 2 , decretó e incorporó las mismas pruebas tenidas en cuenta por el Juzgado y acto seguido corrió traslado a las partes para alegar, oportunidad que no fue aprovechada por los sujetos procesaless. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Cesar, profirió sentencia de primera instancia el 26 de enero de 2017, mediante la que declaró probada la excepción de "Culpa exclusiva y determinante de la víctima", razón por la que denegó las pretensiones de la demanda. Respecto a la principal razón de dicha decisión, la Sala extracta la siguiente consideración: 2 Sumario identificado con el radicado No. 1150, fi. 442 C.1. 3 Al respecto, ver folios 272 a 273, 294 a 295 C.1; 496 a 523 C.2; y, 667 a 673 Y 718 a 721 C.3. 4 Auto de folios 736 a 738 C.3. C.1. Folios 757 A 762 C.3. 6 Folios 763 a 793 C.3 7 Auto de folio 822 C.3. 8 Constancia de folio 841 C.3. 9 Folios 843 a 864 C. Apelación. 2Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00549-01 (59025) Demandante: Javier Enrique Jiménez Merino y otros "Sea lo primero destacar, que una vez analizadas las declaraciones
2Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00549-01 (59025) Demandante: Javier Enrique Jiménez Merino y otros "Sea lo primero destacar, que una vez analizadas las declaraciones rendidas por los hoy demandantes, para esta Sala de Decisión resulta factible concluir que estos influyeron directamente con su conducta en su detención, más aún, cuando estaban conscientes que estaban realizando una actuación contraria a los lineamientos del Ejército NacionaL A todas luces sería injusto desconocer que los señores JAVIER
ENRIQUE JIMÉNEZ MERINO, BILARDO ENRIQUE ISMAEL LOPEZ,
CARLOS ANDRÉS BARRIOS PEREA, JAIDER ENRIQUE JIMÉNEZ URIELES, LEINER MANUEL MONTAÑO VERGEL (SIC) Y CRISTIAN ARIAS MAYA (SIC), podrían estar atravesando dificultades de salud mientras desempeñaban una misión militar, sin embargo, no siguieron los protocolos establecidos para esas eventualidades, ni mucho menos solicitaron permiso a su superior antes de separarse de su tropa, con lo que arriesgaron su vida y la de sus compañeros. 1...] Bajo estas consideraciones, pese a que la investigación penal terminó con la cesación de todo procedimiento adelantado en contra de los hoy demandantes, ya que su conducta fue catalogada como atípica, la detención preventiva que debieron soportar no resulta abiertamente injusta, ya que en la investigación penal cursada en su contra existían méritos que permitían inferir que ocurrieron en abandono del puesto, más aún, cuando ellos mismos lo aceptaron en las declaraciones que rindieron. f.] De otro lado, la Sala de Decisión considera que el tiempo que
contra existían méritos que permitían inferir que ocurrieron en abandono del puesto, más aún, cuando ellos mismos lo aceptaron en las declaraciones que rindieron. f.] De otro lado, la Sala de Decisión considera que el tiempo que estuvieron detenidos los hoy demandantes, les impuso una carga que estaban en la obligación de soportar, ya que se encontraban con los elementos de juicio y probatorios necesarios para tal fin. [..] De lo expuesto, es factible concluir que no fue injusta la detención y privación de la libertad de los señores f. .] en razón a que estos influyeron en su detención con su conducta gravemente culposa, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 2.4. El recurso La parte actora" recurrió la sentencia dictada por el Tribunal con el cometido que en esta instancia se procediera a su revocación, y en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda. Los motivos de inconformidad fueron los siguientes: (i) Cuestionó las consideraciones del a quo asociadas a los motivos de los cuales se sirvió para proceder a la denegación de las pretensiones, toda vez que, a su juicio, en el presente asunto no se cumplieron los presupuestos para declarar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, pues tal como lo resolvió la Fiscalía Penal Militar en decisión ejecutoriada, los uniformados —en su procederestaban amparados por una causal de ausencia de responsabilidad (Núm. 4, Art. 34 CPM de 1999), razón por la cual -arguyó- que mal hizo el Tribunal en calificar la conducta de los castrenses, cuando esta ya se había valorado por la jurisdicción penal militar en favor de los demandantes.
mal hizo el Tribunal en calificar la conducta de los castrenses, cuando esta ya se había valorado por la jurisdicción penal militar en favor de los demandantes. Con todo, criticó los fundamentos del fallo, haciéndolos lucir contrarios al principio de la cosa juzgada y al bloque de constitucionalidad. 1 ° Folios 861 a 863 id. 11 Recurso de folios 866 a 903, C. Apelación. 3Radicado: 20-001-23-39-001-2015-0064941 (59025)
Demandante: Javier Enrique Jiménez Merino y otros
(ii) Precisó, que no cabe duda para declarar responsable al órgano demandado por el título de imputación de privación injusta de la libertad previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, inclusive, sin distingo del régimen de imputación que se aplique al caso en concreto, en ese sentido, indicó que por el subjetivo, la falla en el servicio cometida por el operador jurídico se consumó justo cuando se decretó la medida privativa de la libertad sin tener en cuenta la precaria situación de salud en la que se encontraban los uniformados y las razones por las cuales se vieron obligados a abandonar las filas; y por el objetivo, señaló que también procedería, toda vez que la razón para haber cesado la acción penal fue nada más que la atipicidad de la conducta. (iii) Criticó que el Tribunal pasara por alto el estudio de legalidad de la medida, toda vez que -aseveró- no cumplía con el requisito del numeral 1 del artículo 529 de la Ley 522 de 1999 12 . 2.5. Trámite relevante en segunda instancia Admitida la apelación el 31 de mayo de 2017 13 , esta Corporación corrió traslado a los
529 de la Ley 522 de 1999 12 . 2.5. Trámite relevante en segunda instancia Admitida la apelación el 31 de mayo de 2017 13 , esta Corporación corrió traslado a los extremos procesales y al representante del Ministerio Público para alegar de conclusión en segunda instancia y emitir concepto, respectivamente 14 , sin embargo, los sujetos procesales guardaron silencio 15 .
III. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") — aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 16-12 — el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la le'', como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones".
Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 18 . 12 "Artículo 529. Detención preventiva. La detención preventiva procede en los siguientes casos:
1. Cuando se proceda por delitos que tengan prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años. f.."'
13 Folio. 910, C. Apelación. 14 Folio. 912, C. Apelación. 15 Constancia de folio 913 C. Apelación. 16 "Artículo 40. Las leyes concemientes a la sustanciación y fi tualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se re oirán por las leves viaentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [...1" (subrayado fuera del texto original). 17 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(14
17 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(14 18 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 4Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00649-01 (59025) Demandante: Javier Enrique Jiménez Merino y otros 3.2. Ahora bien, en el sub examine el recurso de alzada fue interpuesto únicamente por la parte demandante, en este sentido, la Sala precisa que, como juez de segunda instancia, su competencia funcional se circunscribe a resolver solo los aspectos indicados en la alzada y, por lo tanto, le corresponde dar respuesta a los siguientes interrogantes: 3.2.1. ¿Existía mérito suficiente para que el Tribunal declarara probado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima propuesto por la parte demandada? 3.2.2. ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fueron objeto Javier Enrique Jiménez Meriño, Bilardo Enrique Ismael López, Carlos Andrés Barrios Perea, Jaider Enrique Jiménez Urieles, Leiner Manuel Montaño Martínez y Cristhian Augusto Arias Amaya, con ocasión a la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en la sala de reclusión del batallón de infantería No. 6, impuesta por el Juzgado Veintiuno de Instrucción Penal Militar de Valledupar, Cagueta, como autores del delito de Abandono del Puesto; lo anterior, por no observar los principios de razonabilidad,
Penal Militar de Valledupar, Cagueta, como autores del delito de Abandono del Puesto; lo anterior, por no observar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen su imposición? Si el daño se revela antijurídico, la Subsección deberá establecer: (i) si la privación de la libertad de la que fueron objeto Javier Enrique Jiménez Merino, Bilardo Enrique Ismael López, Carlos Andrés Barrios Perea, Jaider Enrique Jiménez Urieles, Leiner Manuel Montaño Martínez y Cristhian Augusto Arias Amaya, es imputable a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional; (ii) el mérito de la prueba de los perjuicios deprecados por los actores; y, (III) calcular la condena a que haya lugar.
IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede al resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto 19 , así como al oportuno ejercicio que del medio de control hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el 24 de mayo de 2010 20 , esto es, dentro de los dos (2) años posteriores 21 al día siguiente a la ejecutoria de la providencia con la que se cesó el procedimiento seguido contra Javier Enrique Jiménez Meriño, Bilardo Enrique Ismael López, Carlos Andrés Barrios Perea, Jaider Enrique Jiménez Urieles, Leiner Manuel Montaño Martínez y Cristhian Augusto Arias Amaya, lo que sucedió a partir del 16 de febrero de 2009 22 .
Andrés Barrios Perea, Jaider Enrique Jiménez Urieles, Leiner Manuel Montaño Martínez y Cristhian Augusto Arias Amaya, lo que sucedió a partir del 16 de febrero de 2009 22 . 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: 19 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto dél 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 29 Sll de radicación de folio 13 Cl. 21 Artículo 136.8 del CCA. 22 Art. 362 de la Ley 522 de 1999. Fls. 430 y 437. 5Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00649-01 (59025) Demandante: Javier Enrique Jiménez Mariño y otros • Grupo familiar de JAVIER ENRIQUE JIMÉNEZ MERIÑO 23 : • - - , yii II RCN 1066864546 - 20 Testimonios deGloribeth Cuello Troya Compañera Permanente Mónica Hernández Camargo" y Regina 450 a 451 y de Jesús Quiroz 470 a Peinado 25 . 472 RCN 1066864546 - 20 JAVIER Hijo de• Testimonio rendidoENRIQUE Kevin Yesid Cuello Troya crianza 26 por Mónica 450 y JIMÉNEZ Hernández Camargo 451
MERINO RCN 1065617114 - 21
José David Sánchez Cuello Hijo de crianza Testimonio rendido por Mónica450 a
JIMÉNEZ Hernández Camargo 451
MERINO RCN 1065617114 - 21
José David Sánchez Cuello Hijo de crianza Testimonio rendido por Mónica450 a Hernández Camargo 451 Eloisa María Meriño Guerrero Madre RCN 20826617 23 Mayerlis Mora Merino i Hermana RCN H8E0300813 24 Pedro Rafael Jiménez Merino Hermano RCN 20826615 22 En lo atinente a FRANCISCO MERIÑO JULIO, quien acudió a este contencioso en calidad de abuelo del detenido, en el expediente no obra el respectivo registro civil de nacimiento con el que se compruebe el parentesco invocado, motivo por el que fuerza declararlo carente de legitimación en la causa por activa. • Grupo familiar de BILARDO ENRIQUE ISMAEL LóPEZ 27 :
BILARDO
ENRIQUE
ISMAEL
LÓPEZ Margarita Rosa López Pabón Madre RCN 27063358 27 Yenis María Ismael López Hermana RCN 910417 29 Omar Yesid Ismael López Hermano RCN 940616 30 Luis Alberto Ismael López Hermano RCN 14160790 28 María José Ali López Hermana RCN L2M-251362 31 Daniela Margarita Ali López Hermana RCN L2M-252157 32 23 Registro civil de nacimiento con NUIP 20826617 de folio 23 C.1. 24 Quien manifestó conocer el grupo familiar de los compañeros permanentes desde hace 15 años, yen ese sentido, identificó con claridad la conformación del mismo (compañeros e hijos), así como el tipo de parentesco entre la victima directa y sus dos hijos de crianza, atestación que, en gracia de discusión, es
sentido, identificó con claridad la conformación del mismo (compañeros e hijos), así como el tipo de parentesco entre la victima directa y sus dos hijos de crianza, atestación que, en gracia de discusión, es coincidente con la declaración extraprocesal No. 2483 rendida por Carlos Andrés Barrios Perea y Keny Beatriz Pérez Vásquez (fl. 19 Cl.), documento al que si bien no se le dará valor probatorio en virtud de los artículos 229, 298 y 299 del C.P.C., si sirve para refrendar el vínculo familiar existente entre los co -demandantes. 26 Quien indicó que conocía al uniformado toda vez que era la madre de uno de los compañeros del privado de la libertad, quien sostenía un fuerte lazo de amistad con aquel, en ese orden, precisó que convivía con Gloribeth y que con ella tenía dos hijastros. 26 En relación con la prueba idónea de los hijos de crianza, se indica que no existe una tarifa legal, motivo por el cual, por vía jurisprudencial se ha dicho que podrá demostrarse a través de los medios de convicción que acrediten la estrecha relación familiar con su presunto padre de crianza, elemento que supondría la existencia real y permanente de la convivencia; y/o con la prueba de la deteriorada o ausente relación de lazos familiares con los padres biológicos - Sobre este tópico ver Sentencia T-705 de 2016 de la Corte Constitucional y Sentencia SC1171-2022 de la Corte Suprema de Justicia — Sala Civil Familia. 27 Registro civil de nacimiento con NUIP 27063358 de folio 27 C.1. 6Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00649-01 (59025)
Demandante: Javier Enrique Jiménez Merino y otros
27 Registro civil de nacimiento con NUIP 27063358 de folio 27 C.1. 6Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00649-01 (59025) Demandante: Javier Enrique Jiménez Merino y otros Lo que atañe a NORGELIS EDILSA FLÓREZ GIL, quien acudió a este contencioso en calidad de compañera permanente del detenido, según se consignó en la demanda y el poder, valga destacar que, para acreditar dicho vínculo, la parte actora solicitó la práctica del testimonio de Nereyda Olivares Rodríguez (fls. 474 a 476 Cl), quien en diligencia celebrada el 25 de febrero de 2011 manifestó conocer a Bilardo Enrique porque los padres de este último trabajaron en su finca, motivo por el cual, se enteró de la privación de la libertad padecida por el uniformado, agregó que Norgelis Flórez era la compañera sentimental y permanente del sindicado, y que con ella tenía dos (2) niños, con los que habitaba en el barrio Garupal, Valledupar, a saber: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ FLÓREZ Y YANETH PAOLA HERNANDEZ FLÓREZ —también demandantes, en calidad de hijos de crianza del uniformado-. Ahora bien, a pesar de lo relacionado, en el plenario obra -a cuatro (4) foliosel acta de la diligencia de indagatoria suscrita por el sindicado el 13 de noviembre de 2008 ante el Juzgado Veintiuno de instrucción Penal Militar (fls. 184 a 187 C.1.), oportunidad en la que Bilardo Enrique Ismael López manifestó en sus generales de ley que su estado civil era unión libre y nada dijo sobre la existencia de hijos
ante el Juzgado Veintiuno de instrucción Penal Militar (fls. 184 a 187 C.1.), oportunidad en la que Bilardo Enrique Ismael López manifestó en sus generales de ley que su estado civil era unión libre y nada dijo sobre la existencia de hijos consanguíneos o de crianza a su cargo, sin embargo, en la parte final de su intervención dijo: "PREGUNTADO: El Despacho le formula cargos como presunto autor responsable del delito de ABANDONO DEL PUESTO. Qué tiene que decir al respecto. CONTESTÓ: Yo me bajé porque me sentía enfermo, de ver que el comandante no hacía nada, yo decidí bajarme porque a mí me espera una familia en mi casa y para proteger mi salud, además mi compañera RUTH ESTER MAESTRE MARTINEZ, se encontraba enferma en el corregimiento de Patilla! con dengue hemorrágico y me encontraba desesperado, no sabía qué hacer porque yo también me sentía muy mal y ella depende económicamente de mi". Ante tal disparidad, para la Sala no resulta viable legitimar en la causa por activa a los citados demandantes, toda vez que el privado de la libertad —precisamenteen el momento que era investigado, y justo en el mismo mes y año que fue objeto de detención preventiva (noviembre de 2008), puso de presente su estado civil y los parentescos más cercanos, oportunidad en la que declaró, sin asomo de duda, que RUTH ESTER MAESTRE MARTINEZ era su compañera permanente, e inclusive, no advirtió la existencia de descendencia sobre la que fuera responsable. Es por lo expuesto que la atestación de Nereyda Olivares Rodríguez (febrero de 2011) no merece la credibilidad pretendida por la parte actora, comoquiera que a pesar de que
advirtió la existencia de descendencia sobre la que fuera responsable. Es por lo expuesto que la atestación de Nereyda Olivares Rodríguez (febrero de 2011) no merece la credibilidad pretendida por la parte actora, comoquiera que a pesar de que dijo conocer a Bilardo Enrique, lo cierto es que sus relatos distan de la realidad civil narrada por el directo involucrado, por lo que no resulta constatable —a la luz del acervo aportadoconcluir que estas personas efectivamente conformaban el núcleo familiar para el momento de los hechos a analizar, cuando el mismo implicado los obvió al comparecer ante la autoridad que lo requería en el preciso momento de los hechos. En mérito de lo expuesto, ante la falta de prueba que demuestre de manera fidedigna la existencia del vínculo entre el uniformado que estuvo privado de la libertad y NORGELIS EDILSA FLÓREZ GIL, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ FLÓREZ Y YANETH PAOLA HERNÁNDEZ FLÓREZ, fuerza declarar su falta de legitimación en la causa por activa. 7Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00649-01 (59025) Demandante: Javier Enrique Jiménez Merino y otros • Grupo familiar de CARLOS ANDRÉS BARRIOS PEREA 28 : , RCN 1065638048— 41 Yenedith Guerrero Amaya Compañera Permanente Testimonio de Regina de Jesús Quiroz470 a Peinado 29 . 472 Carlos Andrés Barrios Guerrero Hijo RCN 1065638048 41 Yareidis Yareth Barrios Guerrero Hija RCN 1065638038 42 CARLOS ANDRÉS Jean Carlos Sierra Guerrero Hijo de470 a Peinado 29 . 472 Carlos Andrés Barrios Guerrero Hijo RCN 1065638048 41 Yareidis Yareth Barrios Guerrero Hija RCN 1065638038 42 CARLOS ANDRÉS Jean Carlos Sierra Guerrero Hijo de crianza RCN 1064107788 43 BARRIOS Hija de PEREA Andrea Sierra Guerrero crianza RCN H4M0251508 44 Andrés Ramón Barrios de Ávila Padre RCN 15222748 40 Gregoria Esther Perea Moscote Madre RCN 15222748 40 Jolman David Oñate Perea Hermano RCN 14278843 45 Miguel José Oñate Perea Hermano RCN HXE_0250682 46 Janer Yesid Barrios Perea Hermano RCN 15222749 47 • Grupo familiar de JAIDER ENRIQUE JIMÉNEZ URIELES 3 e:
JAIDER
ENRIQUE
JIMÉNEZ
URIELES
Vanessa Patricia Garrido Meza Compañera Permanente u RCN 1065625206 — Testimonio rendido por Nereyda 51 Olivares Rodríguez 31 — 474 a Diligencia de 476 indagatoria prestada por el sindicado ante 172 a el Juzgado Veintiuno 175 de instrucción Penal Militar 32 Sherlyn Adriana Jiménez Garrido Hija RCN 1065625206 51 Isabel Urieles Payares Madre RCN 10720927 52 28 Registro civil de nacimiento con NUIP 15222748 de folio 40 C.1. 29 Quien indicó que conocía al uniformado toda vez que era la madre de uno de los compañeros del privado
Isabel Urieles Payares Madre RCN 10720927 52 28 Registro civil de nacimiento con NUIP 15222748 de folio 40 C.1. 29 Quien indicó que conocía al uniformado toda vez que era la madre de uno de los compañeros del privado de la libertad, quien sostenía un fuerte lazo de amistad con aquel, en ese orden, precisó que convivía con Yenedith Guerrero y que con ella tenía dos hijos y dos hijastros, atestación que, en gracia de discusión, es coincidente con la declaración extraprocesal No. 2740 rendida por Luis Alfonso Díaz calvo y Liliana Patricia Matute Calvo (fl. 39 Cl.), documento al que si bien no se le dará valor probatorio en virtud de los artículos 229, 298 y 299 del C.P.C., si sirve para refrendar el vínculo familiar existente entre los co -demandantes. 3° Registro civil de nacimiento con NUIP 1065625206 de folio 51 Cl. 31 En lo que atañe a Vanessa Patricia Garrido Meza, quien se presentó en calidad de compañera permanente del detenido, la parte actora solicitó el decreto y práctica del testimonio de Nereyda Olivares Rodriguez, persona que indicó conocer a Jaider porque la madre de este trabajó durante mucho tiempo en su casa, motivo por el cual tuvo conocimiento de la privación de la libertad padecida por el uniformado, agregó que Vanessa Patricia era la compañera sentimental y permanente del sindicado, y que tenían una hija Shedyn Adriana. 32 En dicha diligencia Jaider declaró dentro de sus generales de ley que era hijo de Isabel Urieles, que
convivía en unión libre con Vanessa Garrido y que tenía un hijo recién nacido.Radicado: 20-001-23-39-001-2015-00649-01 (59025)
Demandante: Javier Enrique Jiménez Mariño y otros • Grupo
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