CE-41001-23-31-000-2003-00480-01(0601-09)-2011

DESVIACION DE PODER – Concepto / DESVIACION DE PODER – Prueba / INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD – Facultad discrecional No obstante asistirle la carga de la prueba, de ninguna manera demostró fehacientemente que el acto objeto de acusación se inspiró en razones ajenas o distintas al fin señalado por el Legislador que permitieran establecer la presencia de desviación de poder en su expedición. Y es que no puede ser de otra manera, cuando en el proceso los declarantes nada afirman respecto de las causas que originaron la decisión atacada, pues solo se limitaron a hacer suposiciones, presunciones y consideraciones, de las cuales no es dable inferir la configuración del vicio alegado. En lo que respecta a la estabilidad relativa que alega tener el actor, debe señalarse que de conformidad con el recuento normativo que rige la materia, es claro, que el cargo que ocupaba el recurrente de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales de Circuito Especializados, para el momento en que se produjo el acto de remoción, era un cargo de carrera administrativa, al que llegó no a través de un concurso de méritos, sino por nombramiento provisional, única forma en que puede entenderse la vinculación de quien accede a un cargo de carrera sin el cumplimiento del procedimiento previsto para ello.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil once (2011) Radicación número: 41001-23-31-000-2003-00480-01(0601-09)

Actor: JOSUÉ DIMAS GÓMEZ ORTÍZ

Demandado: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACION AUTORIDADES NACIONALES - F A L L ODecide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 15 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, desestimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por el señor JOSUÉ DIMAS GÓMEZ ORTÍZ, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo suscrito por el Fiscal General de la Nación, mediante el cual declaró insubsistente su nombramiento provisional en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva (Huila).

ANTECEDENTES En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor JOSUÉ DIMAS GÓMEZ ORTIZ, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Huila, a fin de obtener la nulidad de la Resolución Nº 00107 del 22 de enero de 2003, suscrita por el Fiscal General de la Nación, mediante la cual declaró insubsistente su nombramiento provisional en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de la Dirección Seccional de Fiscalías en la Ciudad de Neiva (Huila). A titulo de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al cargo que venía desempeñando; que se condene al reconocimiento y pago de los sueldos, primas, prestaciones legales y extra-legales, vacaciones y demás

emolumentos de carácter permanente dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación del cargo y hasta que se cumpla la orden de reintegro, sumas que deberán ser canceladas de conformidad con lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. Así mismo, solicitó que se declare que para todos los efectos no ha existido solución de continuidad en los servicios prestados a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación, durante el tiempo que ha estado cesante en el servicio. Relató el actor en el acápite de hechos, que se vinculó a la Fiscalía General de la Nación, desde el 13 de agosto de 1994, mediante Resolución No. 01684, en el cargo de Investigador Judicial I del CTI; que por Resolución No. 0-2750 del 11 de diciembre de 1996, fue nombrado como Investigador Judicial II, de la Fiscalía General de la Nación; que por Resolución No. 00456 del 5 de marzo de 1998, fue designado como Profesional Especializado de dicha Entidad y que, mediante la Resolución No. 0-0157, de 11 de febrero de 2002, lo fue en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva (Huila), en el cual se posesionó en la misma fecha. Señaló, que en el desempeño del último cargo fue víctima de una persecución laboral por parte de sus superiores, el Director Seccional de Fiscalías y la Coordinadora de Fiscalías Especializadas, al punto que

empezaron a citarlo a diversas reuniones, en las que llegaron a prohibirle tanto su salida del Despacho sin dar informe previo de ello, así como cerrar la puerta de su oficina y que además, le eran solicitados constantemente los expedientes que tendía a su cargo para ser analizados por la Coordinación, cuando en realidad no eran requeridos para tal fin. Manifestó, que sin motivo expreso mediante la Resolución No. 0-0107 de 22 de enero de 2003, el Fiscal General de la Nación, declaró insubsistente su nombramiento y que posterior a la ocurrencia de éste hecho, se enteró que en su contra figuraba una investigación penal por fraude procesal, por un habeas corpus que supuestamente había interpuesto en favor de un ciudadano; investigación que resultó infundada, puesto que en ella apareció su firma falsificada y el número de la tarjeta profesional allí consignada, no correspondía a la suya. Expresó, que el punto álgido de la persecución, tuvo origen en una petición que elevó el Notario Tercero de Neiva, para que le fueran expedidas copias de una investigación adelantada en su contra, que había sido precluida y archivada por orden de la Coordinadora de Fiscalías Especializadas, cuando fungió como Fiscal Cuarta Especializada. Alegó, que para dar cumplimiento a dicha solicitud, las Secretarias Judiciales que se encontraban a su cargo, se trasladaron al archivo para buscar el expediente, pero que como no fue encontrado, mediante Oficio No. 1003 de 5 de diciembre de 2002, remitió la petición a la Coordinadora de Fiscalías, para que le diera trámite, en razón a que cuando recibió el cargo, ella no le

hizo entrega del archivo. Señaló, que en respuesta de lo anterior, dicha Funcionaria le envió el Oficio F2a 1904 del 16 de diciembre de 2002, manifestándole que era inconcebible que por no haber recibido el inventario, omitiera resolver la solicitud presentada; y que tal circunstancia, fue informada al Director Seccional de Fiscalías, para desacreditar sus capacidades. Indicó, que mediante el Oficio No. 1096 de 16 de diciembre de 2002, le expresó a la Coordinadora que no se trataba de ninguna negligencia, puesto que las Secretarias Judiciales que se encontraban a su cargo, se habían desplazado al archivo sin haber encontrado las diligencias solicitadas; pero que como se trataba de utilizar cualquier estrategia para declararlo insubsistente, siguieron requiriéndoselas no obstante que ya las tenían en su poder y que aunado a ello, fue amenazando en el sentido de que le fuera iniciada una investigación disciplinaria. Manifestó, que como se enteró que el Director Seccional de Fiscalías, había viajado a la Ciudad de Bogotá a entrevistarse con el Fiscal General de la Nación, para solicitar su destitución, se dirigió al Despacho de este último, para expresarle que era víctima de una persecución laboral y que por lo tanto iba a ser declarado insubsistente. Finalmente, resaltó que en la declaratoria de su insubsistencia debió mediar una falta gravísima o el mejoramiento del servicio, cosa que no ocurrió. Invocó como normas violadas los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 13, 18, 20, 23, 25,

29, 32, 33, 113 y 125 de la Constitución Política; los Decretos Leyes Nos. 2699 de 1991, 261 de 2000; artículos 5, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 20 y demás concordantes de la Ley 200 de 1995. Adujo, que el acto censurado vulneró las normas en que debía fundarse, porque si bien, el mismo fue proferido en ejercicio de la facultad discrecional, dado que él era un empleado de libre nombramiento y remoción, debió tenerse en cuenta que tal discrecionalidad no es absoluta, sino que debe estar inspirada en el mejoramiento del servicio público. Expresó, que en razón de lo anterior, fueron desconocidos sus derechos fundamentales, al no ser tenida en cuenta su excelente hoja de vida. Manifestó, que el acto acusado adolece del vicio de desviación de poder y falsa motivación, puesto que las razones que lo fundamentan obedecen a los consejos infundados que el Director General de Fiscalías le dio al Fiscal General de la Nación; de lo que se infiere, que la actuación censurada fue inspirada en circunstancias particulares, que se concretan en la persecución que se adelantó en su contra por parte sus superiores, debido a los desacuerdos personales que tuvo con éstos. Advirtió, que se vulneró su derecho a la igualdad ya que en la producción del acto objeto de censura, se dejó de aplicar el principio de la estabilidad laboral que cobija a todos los servidores públicos.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, mediante apoderado judicial, se opuso a todas las pretensiones planteadas. Indicó, que se trató de la declaratoria de insubsistencia de un empleado de confianza y que por ello el nominador estaba investido de la facultad discrecional para desvincularlo. Agregó, que el demandante no demostró, ni que el acto fue expedido con desviación de poder, ni que con él la Administración se apartó del mejoramiento del servicio, situación que conlleva a que el mismo continúe conservando su presunción de legalidad. La Fiscalía General de la Nación, mediante apoderado judicial, señaló que el accionante se encontraba vinculado en provisionalidad ejerciendo un cargo de libre nombramiento y remoción y que por lo tanto su desvinculación no requería motivación alguna. Adujo, que si bien el actor manifestó que tenía desacuerdos con el Director Seccional de Fiscalías, tal argumento no comprueba la supuesta mala intención del nominador al expedir el acto acusado, pues el éste se profirió en aras del mejoramiento del servicio. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo del Huila, a través de providencia de 15 de diciembre de 2008, negó las súplicas de la demanda. Respecto del cargo de desviación de poder, indicó que se encontraba demostrado que cuando se produjo el acto acusado el demandante no tenía el amparo de carrera, puesto que se encontraba nombrado en provisionalidad. Señaló, que los testimonios practicados no relatan ningún hecho fuera de la sorpresa por la destitución del actor, en razón a que posee un excelente desempeño profesional y laboral, pero, que lo cierto, es que dicha

circunstancia no demuestra que los desacuerdos que señalan existían entre el recurrente con sus superiores, fueron la causa que originó su desvinculación. Expuso, que no encontró relación de causalidad entre las investigaciones penal y disciplinaria con la intencionalidad del nominador para separar al demandante del cargo que desempeñaba. Adujo, que el acto censurado no desconoció en modo alguno las normas de rango superior en que debía fundarse, toda vez, que se profirió en ejercicio de la facultad constitucional y legal. Expresó, que quedó demostrado que con la vinculación del reemplazante la prestación del servicio no sufrió ningún empobrecimiento, pues en tal aspecto los testigos aluden que el mismo se siguió prestando acorde con lo establecido legalmente. Finalmente manifestó, que el acto en cuestión no adolece del vicio de falsa motivación, puesto que en él se invocó el ejercicio de las facultades legales y constitucionales, las que forman parte de su razón. LA APELACIÓN Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora interpuso oportunamente recurso de apelación. Indicó, que las pruebas practicadas demuestran que el acto acusado fue expedido con desviación de poder y falsa motivación, toda vez, que el mismo no fue inspirado en razones del buen servicio, pues no obstante que sus calidades profesionales y personales fueron demostradas, la persecución que se siguió en su contra fue la causa que produjo su salida de la institución. Manifestó, que la persecución de la que fue víctima se remonta a varios

hechos anteriores a su salida del Ente accionado, tales como la investigación penal y disciplinaria que se adelantaron en su contra y que culminaron con auto inhibitorio y archivo definitivo. Sostuvo, que quedó demostrado que el acoso laboral del que fue objeto, se hizo más álgido a raíz de una solicitud de copias formulada por el Notario Tercero de Neiva, respecto de una investigación que se había surtido en contra de dicho funcionario, pero que el expediente no pudo ser encontrado porque había sido extraído de manera violenta de un archivador que se encontraba bajo llave; lo que generó que le fuera iniciada la aludida investigación disciplinaria. Alegó, que tales situaciones fueron demostradas no solo con los documentos allegados al proceso, sino también con las declaraciones de los funcionarios de la Fiscalía. Señaló, que el empleado provisional cuenta con la garantía mínima de estabilidad, esto es, a permanecer en el cargo mientras se surte el concurso, pudiendo incluso participar en el mismo. Y que en tal sentido, la discrecionalidad con la que cuenta la Administración no es absoluta, pues la misma debe ser ejercida de manera concreta. Por último, sostuvo que el proceso que se surtió para la declaratoria de su insubsistencia fue irregular, porque para ello debía mediar la comunicación del Director Seccional de Fiscalías y que se debían postular los funcionarios para traslados, ascensos y todas las rotaciones que normalmente se gestionan. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La parte actora, guardó silencio. La Fiscalía General de la Nación, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Al efecto manifestó, que el actor no se

encontraba escalafonado en carrera dado que su nombramiento se efectúo en provisionalidad. La Dirección Seccional de Administración Judicial – Neiva indicó, que el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija el acto acusado. El Ministerio Público, no emitió concepto. CONSIDERACIONES DE LA SALA CUESTIONES PREVIAS A fin de establecer el asunto materia de debate a la luz de lo planteado por la actora en el escrito de demanda, es que la Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones: En primer lugar, observa la Sala que se hace preciso señalar que los vicios que atacan la presunción de legalidad de los actos administrativos son de dos clases; los vicios formales, que operan de pleno derecho, habida cuenta que representan la vulneración a la objetividad del ordenamiento jurídico y los vicios materiales, que por el contrario, no surgen de la mera confrontación con el ordenamiento, sino que nacen de la comprobación de circunstancias de hecho, es decir, de los comportamientos concretos de la Administración. De manera particular, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, como causales de nulidad de los actos administrativos, contempla como vicios formales, los de infracción de las normas en las que deben fundarse, expedición por funcionario u organismo incompetente y expedición irregular y como vicios materiales: su emisión con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió. El vicio formal de infracción de las normas en las que el acto debe fundarse, referidas dichas normas, a todas aquellas que componen el

ordenamiento jurídico, por manera que objetivamente implica la confrontación del acto con la norma superior, se trata entonces de un problema de derecho; la incompetencia, que consiste en que la autoridad administrativa adopta una decisión sin encontrarse legalmente facultada para ello, teniendo en cuenta que no se puede salir del marco constitucional y legal que le señala su competencia; y, la expedición irregular, que acontece cuando se emite el acto sin sujeción a un procedimiento y unas fórmulas determinadas. El vicio material de desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, es una causal implícita en el Derecho administrativo, porque forma parte de la garantía constitucional básica al debido proceso; la falsa motivación, que se traduce en el error de hecho o de derecho que en determinado momento puede afectar la legalidad del acto y el desvío de poder, que es la intención con la cual la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el Legislador. Señalado lo anterior, advierte la Sala que no estudiará el vicio de falsa motivación, alegado por el accionante, en razón a que en el acto censurado no fueron consignados de manera expresa los motivos que conllevaron al nominador a declarar su insubsistencia, circunstancia que se constituye en requisito sine quanon, entratádose de examinar ésta causal de nulidad; pues como se anunció en párrafos anteriores, su configuración sólo es predicable cuando la motivación de los actos administrativos es ilegal, es decir, cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen para su emisión, traducidas en la parte motiva del acto, no tienen

correspondencia con la decisión que se adopta. En segundo lugar, encuentra la Sala que el recurso interpuesto por el demandante controvierte un punto no ventilado en el debate de primera instancia, consistente en la supuesta expedición irregular del acto censurado, que en su sentir, se configuró porque: “para su desvinculación debía mediar la comunicación del Director Seccional de Fiscalías, además de las rotaciones que normalmente se gestionan”; al respecto, se advierte que resulta improcedente cualquier pronunciamiento, habida cuenta, que a estas alturas del proceso, es extemporáneo e inapropiado exponer o alegar nuevos argumentos yy pprreetteennssiioonneess en procura de obtener el interés jurídico perseguido, intentando reabrir la instancia en detrimento del derecho de defensa y de contradicción de la contraparte que se atiene a lo debatido ante el a quo, salvo aquellos casos que se circunscriben dentro del contenido del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo. Bajo las anteriores precisiones, la Sala abordará el asunto de fondo, que se concreta en el análisis del vicio de desviación de poder, que alega el accionante se configuró en la expedición del acto cuestionado. PROBLEMA JURIDÍCO El marco de juzgamiento de esta instancia lo constituye el recurso de alzada y se contrae a establecer si la Resolución No. 0-0107 del 22 de enero de 2003, suscrita por el Fiscal General de la Nación, a través de la cual declaró insubsistente el nombramiento provisional hecho al accionante en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de la

Dirección Seccional de Fiscalías en la Ciudad de Neiva (Huila), adolece del vicio de desviación de poder. DEL FONDO DEL ASUNTO A fin de decidir el objeto de la controversia, la Sala inicialmente plasmará las normas que regulan la carrera de la Fiscalía General de la Nación, en aras de determinar la naturaleza del cargo ocupado por el demandante y definir así su vinculación, para luego de acuerdo con el acervo probatorio, establecer si el acto acusado adolece del vicio alegado.

MARCO JURÍDICO DE LA CARRERA EN LA FISCALÍA.

El artículo 125 de la Carta Política, dispone que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Dentro de este marco el Presidente de la República en uso de las facultades que le confirió el literal a) del artículo Transitorio 5o., del Capítulo I de las disposiciones transitorias de la Constitución Política, emitió el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 2699 de 1991, que entre otros aspectos, establece en el Título IV el Sistema de Carrera. Así, en su artículo 66 clasificó los cargos de libre nombramiento y remoción y de carrera, de la siguiente manera: “Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados enunciados en los incisos anteriores, los

adscritos a la Presidencia y Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos de los Despachos de los Magistrados de los Tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, Directores Nacionales; Directores Regionales y Seccionales, los empleados del Despacho de Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación. Son de Carrera los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribunales Contencioso Administrativos y de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura; de los Fiscales no previstos en los incisos anteriores; de Juez de la República, y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial. (…).” (Resalta la Sala). Luego, el artículo 130 de la Ley 270 de 1996, que sustituyó la normatividad anterior, reiteró en sus incisos 4º y 5º, lo allí supuesto en el sentido de que los cargos de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, son de libre nombramiento y remoción y que, pertenecen a la carrera administrativa los de los demás cargos de Fiscales. Señalado lo anterior, se tiene que el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales de Circuito Especializados, es de aquéllos que la Ley establece como de carrera. LO PROBADO EN EL PROCESO Se tiene que en el proceso reposan las siguientes pruebas documentales y

testimoniales: Resoluciones Nos. 0-1684 del 11 de agosto de 1994, 0-2750 del 5 de diciembre de 1996 y 0-0456 del 25 de febrero de 1998, por las cuales respectivamente, el Ente demandado nombró al actor en los cargos de: Investigador Judicial I de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá (Cuaderno No. 2. Folio 62); Investigador Judicial II, de la Oficina de Protección de Asistencia a Víctimas y Testigos de la Unidad de Barranquilla (Cuaderno No. 2. Folio 45); y Profesional Especializado en la Oficina de Protección de Asistencia a Victimas, Testigos y Funcionarios de Cali. (Cuaderno No. 2. Folio 189). Resolución No. 0-0157 de 4 de febrero de 2002, por la cual el Fiscal General de la Nación de la época, nombró al demandate en el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva. (Cuaderno No. 2. Folio 41). Oficio No. 39682 del 19 de noviembre de 2002, del CTI, remitiendo al demandante el dictamen de la inspección realizada al archivo de la Fiscalía Cuarta Especializada, en el que le informa que al parecer el archivador había sido violentado y que tenía las puertas abiertas y sus cerrojos en posición de seguro. (Folios 31-33 del cuaderno principal). Oficio No. 1003 del 6 de diciembre de 2002, suscrito por el demandante,

por el cual le remite a la Coordinadora de Fiscalías Especializadas, la solicitud de copias elevada por el Notario Tercero de Neiva, para que le diera trámite. (Folio 36 del cuaderno principal). Oficio No. F2a.-1904 de 16 de diciembre de 2002, suscrito por la Coordinadora de Fiscalías Especializadas, señalándole al demandante que es inconcebible que manifieste que por no haber recibido el inventario del archivo de la Fiscalía Cuarta, no le de trámite a la referida solicitud, cuando debe saber que el archivo muerto está a cargo de los Despachos y que cada Fiscalía, debe dar respuesta a las solicitudes, aunque no haya recibido el inventario. (Folio 37 del cuaderno principal). Oficio No. 1096 de la misma fecha, en la que el accionante le manifiesta a dicha funcionaria, que él no tiene conocimiento de la ubicación del archivo y que en dos oportunidades sus secretarias se han desplazado a buscarlo con resultados negativos. (Folio 38 del cuaderno principal). Oficio No. F2a – 1909 de la misma fecha, proferido por la mencionada funcionaria, en la que le solicita al demandante, de trámite a la petición, o de lo contrario se verá en la obligación de compulsar copias para iniciar una investigación disciplinaria. (Folio 40 del cuaderno principal). Oficio No. F2a.- 1909 de 16 de diciembre de 2002, suscrito por la mencionada la Coordinadora, señalándole al peticionario que le de trámite a la petición mencionada, o se verá en la obligación de compulsar copias para proceder a iniciarle una investigación disciplinaria. (Folio 40 del cuaderno

principal). Oficio No. 1111 de 19 de agosto (sic) de 2002, por el cual el actor pone en conocimiento del Director Seccional de Fiscalías, los hechos sucedidos (Folios 27–30 cuaderno principal). Resolución No. 0-0107 del 22 de enero de 2003, por la cual el Fiscal General de la Nación, declaró insubsistente el nombramiento hecho al actor en el cargo de en el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva. Así, como la comunicación de tal decisión de 27 de enero de 2003 (22 y 23 del cuaderno principal). Investigación penal, iniciada al accionante, que terminó con Resolución Inhibitoria de 19 de febrero de 2004, toda vez, que se comprobó que él no fue quien instauró la acción de habeas corpus ante el Juzgado Penal 47 de Pitalito (Huila). (Folios 82-86 Cuaderno No. 5). Indagación preliminar, que se abrió en contra del actor y que culminó con auto de 25 de febrero de 2004, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el cual resolvió abstenerse de iniciar una investigación disciplinaria al accionante, con fundamento en que la solicitud de copias hecha por el Notario Tercero de Neiva, “había sido resuelta por el actor en forma oportuna”. (Folios 89-102 Cuaderno No. 4). Diligencia de testimonios rendidos por los señores MELBA LORENA

RONCANCIO, (Folios 143-146) SIJIFREDO VALENCIA ROJAS, (Folios 148150) WILSON FERNÁNDEZ, Carlos ANDRÉS PÉREZ y WILLIAM COTRINO JIMÉNEZ. (Folios171-172), que dan cuanta de las relaciones laborales sostenidas por el demandante y que serán objeto de estudio en acápite posterior. DEL CARGO DE DESVIACIÓN DE PODER En sentir del actor, la Entidad demandada incurrió en desviación de poder, pues a pesar de que sus calidades profesionales y personales fueron demostradas, la persecución que se siguió en su contra fue el motivo que determinó la expedición del acto por el cual fue declarado insubsistente. Pues bien, en primer término, la Sala indica que es pertinente anotar que la desviación de poder es el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido que el objeto perseguido por el mismo, configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y el ordenamiento jurídico; de manera pues, que este vicio se reconoce, cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la Administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas que debe someterse. En este sentido, se advierte que la aseveración del actor en torno a la supuesta desviación de poder, impone un análisis que trasciende la órbita de lo objetivo y formal del acto censurado, para trasladarse a la esfera estrictamente subjetiva de las personas que llevan la representación de la

Administración, lo que a su turno implica la demostración del iter desviatorio para quien la alega como causal de anulación, en el sentido de que debe aparecer acreditado fehacientemente que la autoridad nominadora actuó con fines personales, a favor de terceros o influenciado por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los deberes públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar. Señalado lo anterior, la Sala entrará a realizar un estudio de las pruebas documentales y testimoniales que resulten pertinentes, para luego, de conformidad con las mismas, establecer si en el presente caso se configuró o no el vicio en mención. Así pues, se tiene que en el proceso reposan las siguientes pruebas documentales: Oficio No. 1003 del 6 de diciembre de 2002, en el que el actor remite a la Coordinadora de Fiscalías Especializadas, una solicitud de copias. Oficios de fecha 16 de diciembre de 2002, Nos: F2a.-1904, por el cual dicha funcionaria, le señaló al demandante que es inconcebible que manifieste que por no haber recibido el inventario del archivo, no le de trámite a la referida solicitud; 1096, a través, del cual en respuesta del anterior escrito, el actor manifiesta que no tiene conocimiento de la ubicación del archivo y que sus secretarias se han desplazado a buscar las diligencias solicitadas sin resultado alguno y; 1909, por el que la mencionada funcionaria, solicita al mismo le de trámite a la petición o se verá en la obligación de compulsar copias para iniciarle una investigación disciplinaria. Auto de 25 de febrero de 2004, proferido por el Consejo Seccional de la

Judicatura del Huila, por el cual resolvió abstenerse de iniciar una investigación disciplinaria al accionante, habida cuenta que la solicitud de copias hecha por el Notario Tercero de Neiva, “había sido resuelta por el actor en forma oportuna”. Pues bien, de la lectura de las referidas pruebas, lo único que se logra inferir, es que a raíz de una petición de copias presentada por el Notario Tercero de Neiva, efectivamente se generaron inconvenientes entre el actor y la Coordinadora de las Fiscalías, situación que conllevó a que le fuera iniciada una investigación disciplinaria que culminó con auto inhibitorio de 25 de febrero de 2004. También, se observa la Investigación Penal que fue iniciada en contra del apelante y que culminó con Resolución Inhibitoria de 19 de febrero de 2004, toda v