CE - 520012333000202300309011SENTENCIAHABEAS20231026182542

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: Expediente núm. 52001233300020230030901

Proceso: HABEAS CORPUS - IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE LA

PROVIDENCIA DE 21 DE OCTUBRE DE 202 3, PROFERIDA

POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Demandantes: SERGIO HURTADO RIVERA Y FABIÁN ECHEVERRY

HOLGUÍN

Demandado: JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE TUMACO

Vinculados: JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES

DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TUMACO y

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA

SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUMACO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Despacho decide la impugnación presentada por los señores Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín en contra de la providencia de 21 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual declaró improcedente el habeas corpus solicitado.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud

Los señores Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2023, formularon solicitud de habeas corpus en

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud

Los señores Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2023, formularon solicitud de habeas corpus en contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política , por considerar que exist e violación al derecho a la libertad por la prolongación ilícita de la misma.

I.2. Los supuestos de hechos y de derecho

Los peticionarios señalaron que fueron judicializados en la vereda La Nupa Km 52 en la vía Tumaco – Pasto junto a otras cinco personas el día 21 de septiembre de 2021 por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo, fabricación o porte de armas de fuego de uso personal.2

Radicación: 52001233300020230030901

Demandantes: Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín

Demandado: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco

Precisaron que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tumaco legalizó la captura y les impuso medida de aseguramiento intramural a partir del 22 de septiembre de 2021, en la Cárcel Judicial de Bucheli; y que la Fiscalía radicó escrito de acusación en su contra el 9 de diciembre de 2021.

Indicaron que suscribieron preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación con el fin de aminorar la pena, en el sentido de admitir de manera temprana la responsabilidad en la comisión de los actos contrarios a derecho que le s son imputados.

Informaron que e l Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco

fin de aminorar la pena, en el sentido de admitir de manera temprana la responsabilidad en la comisión de los actos contrarios a derecho que le s son imputados.

Informaron que e l Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco avocó conocimiento de la etapa de juzgamiento, autoridad que fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de acusación el 1º de abril de 2022; y que, sin embargo, “cuando se lle gó́ a la aceptación de preacuerdo el señor Procurador pidi ó́ el aplazamiento de la diligencia por falta de conocimiento de la causa adelantada, a lo que la judicatura accedió́, ya que además no se encontraba presente el procesado Sergio Hurtado Rivera”.

Agregaron que la audiencia se reprogramó para el 9 de junio de 2022, oportunidad en la que ya estaba presente el señor Sergio Hurtado Rivera, no obstante, el Ministerio Público pidió nuevamente el aplazamiento de la diligencia dado que no conocía todos los elementos materiales probatorios; y que, por tal razón, la audiencia se convocaba para el 19 de octubre siguiente, oportunidad en la cual el representante de la sociedad se opuso a la aceptación del preacuerdo suscrito.

Recordaron que el preacuerdo fue improbado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco el 21 de noviembre de 2022, al considerar que el mismo representaba la concesión de doble beneficio, decisión que fue recurrida por el defensor y se encuentra pendiente de ser resuel ta ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto.

Explicaron que el 3 de enero de 2023 el Juzgado Segundo Penal Municipal con

por el defensor y se encuentra pendiente de ser resuel ta ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto.

Explicaron que el 3 de enero de 2023 el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto otorgó a las demás personas que habían sido capturadas con lo s solicitantes la sustitución de la medida preventiva de aseguramiento y que por ello su defensor radicó la misma solicitud en el Municipio de Tumaco, petición que fue conocida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tumaco, autoridad que la negó sobre la base de que para el cómputo de los términos de privación de la libertad debía considerarse lo dispuesto en la Ley 1908 de 2018, decisión que no fue apelada.

Sostuvieron que su apoderado radicó una nueva solicitud de sustitución de la medida preventiva intramural por una medida no privativa de la libertad. En ese contexto, aclararon que el trámite de esta solicitud se asignó nuevamente al3

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Demandantes: Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín

Demandado: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco

Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tumaco, quien programó la respectiva audiencia para el 24 de agosto de 2023.

Adujeron que el juzgado de control de garantía s no accedió a tal petición, argumentado que los términos del proceso penal se restablecerán cuando exista pronunciamiento por parte del Tr ibunal Superior respecto de la improbación del

Adujeron que el juzgado de control de garantía s no accedió a tal petición, argumentado que los términos del proceso penal se restablecerán cuando exista pronunciamiento por parte del Tr ibunal Superior respecto de la improbación del preacuerdo, de modo que, en el caso concreto, los términos estarían suspendidos hasta la fecha en que se adopte la decisión correspondiente.

Añadieron que esta determinación fue apelada y que el recurso fue resuelto por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco; y que mediante auto del 12 de octubre de 2023 se confirmó la decisión de negar la sustitución de la medida de aseguramiento por una alternativa no privativa de la libertad.

II.-TRÁMITE

Los seño res Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín presentaron solicitud de habeas corpus en contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política, por considerar que existe v iolación al derecho a la libertad por la prolongación ilícita de la misma , correspondiéndole por reparto a la Magistrada1 del Tribunal Administrativo de Nariño.

Mediante proveído de fecha 20 de octubre de 2023 , el Despacho sustanciador dispuso admitir la solicitud de habeas corpus y, en consecuencia, ordenó comunicar tal decisión al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco y vinculó al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tumaco y al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tumaco para que rindieran un informe acerca de los hechos que dieron lugar a la

al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tumaco y al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tumaco para que rindieran un informe acerca de los hechos que dieron lugar a la interposición de habeas corpus.

III.- INTERVENCIÓN DE LAS PERSONAS VINCULADAS

III.1. JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE TUMACO

La Jueza Tercera Penal del Circuito de Tumaco precisó que el derecho a la libertad, como el derecho a la intimidad , no tienen un carácter absoluto, dado que su limitación está permitida por el ordenamiento jurídico.

Afirmó que el juez antes de imponer una medida restrictiva de la libertad le corresponde realizar una ponderación o test de proporcionalidad siguiendo los derroteros trazados por la Constitución Política.

1 Doctora Ana Beel Bastidas Pantoja.4

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Demandantes: Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín

Demandado: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco

Comentó que la detención de los procesados se debió “a la decisión de un Juez constitucional por el cumplimiento de esas justificaciones que ofrecen la norma superior y la ley, sin que se pueda apreciar arbitrariedad en su detención”.

Puso de presente que dicha decisión no se erige como caprichosa o una mera liberalidad de la definición de las solici tudes y posteriores recursos interpuestos por la parte interesada en sustituir la medida privativa de la libertad, en tanto que la suscripción del preacuerdo constituye una causal de suspensión de la

liberalidad de la definición de las solici tudes y posteriores recursos interpuestos por la parte interesada en sustituir la medida privativa de la libertad, en tanto que la suscripción del preacuerdo constituye una causal de suspensión de la pretensión libertaria.

Advirtió que si los sindicados, “encuentran vencido el término para continuar con la medida de detención preventiva, la ley le s faculta para que eleve n la solicitud respectiva y no la acción que hoy nos ocupa, ya que la medida restrictiva de la libertad fue impuesta en virtud de una orde n judicial, hasta lo que se conoce, con el debido respeto de las garantías fundamentales y procesales que rodean a los implicados y no hay lugar a la prosperidad en la concesión del Habeas Corpus”.

Indicó que no tiene la facultad de disponer de la liberta d o privación de la misma hasta tanto no se emita el fallo condenatorio o absolutorio a la luz de los dispuesto en el artículo 450 del CPP.

Por lo anterior , solicitó declarar la improcedencia de la acción, por cuanto la petición de sustitución de la medid a preventiva de privación de la libertad, ya fue objeto análisis por los jueces correspondientes.

Anotó que, además, “persiste la causal de suspensión de términos porque la decisión de improbar el preacuerdo se encuentra a instancias de la Sala Penal del Tribuna Superior de Distrito Judicial de Pasto, es decir, la actuación se encuentra en curso, razón adicional para decretar la improcedencia de la acción constitucional”.

III.2. Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tumaco

El Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de

constitucional”.

III.2. Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tumaco

El Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tumaco, notificado en debida forma del auto admisorio del proceso de la referencia, se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda, para lo cual seña ló que, una vez verificada la base de datos de esta judicatura, se pudo establecer que, a este le correspondió por acta de reparto 989 calendada a 23 de agosto de 2023, la solicitud de audiencia de sustitución de medida de aseguramiento , incoada por el apo derado de los señores Fabian Echeverry Holguín y Sergio Hurtado Rivera, vinculados dentro de la investigación 52 835 6000 541 2021 00290 y radicado Interno: 2023 - 347 que cursa por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, programándose la diligencia para5

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Demandantes: Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín

Demandado: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco

su realización el día 24 de agosto de 2023, compareciendo a la misma la delegada de la Fiscalía 99 Especializada de Tumaco y la defensa.

Indicó que en esa oportunid ad se consideró que los términos se mantienen suspendidos y que habían transcurrido efectivamente 193 días a favor, por lo cual ese plazo máximo de la duración de la detención preventiva no se había superado, de allí en consecuencia que la solicitud de sus titución no pudo resolverse

suspendidos y que habían transcurrido efectivamente 193 días a favor, por lo cual ese plazo máximo de la duración de la detención preventiva no se había superado, de allí en consecuencia que la solicitud de sus titución no pudo resolverse favorablemente.

Manifestó que a nte la decisión adoptada, la defensa interpuso recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación, decidiéndose no reponer la decisión adoptada y conceder el recurso de apelación, cuyo trámite le correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco, confirmando la decisión al considerar que la intervención de la recurrente “no se efectuó sobre el tema neurálgico como lo es el cumplimiento de los fines protegidos con la imposición de la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario a través de una medida de carácter domiciliario”.

III.3. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y

CARCELARIO DE TUMACO

El responsable de la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tumaco informó que revisada la base de datos SISIPEC WEB II, se logró evidenciar que los señores Fabián Echeverry Holguín y Sergio Hurtado Rivera, se encuentran con medida de aseguramiento de privación de la libertad intramuros desde el 30 de septiembre del 2021 y 26 de enero del 2023 respectivamente, dentro del proceso 538356000541202100290 por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas en situación jurídica de sindicados.

Manifestó que “desconocen las actuaciones procesales de los internos y que hasta

2023 respectivamente, dentro del proceso 538356000541202100290 por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas en situación jurídica de sindicados.

Manifestó que “desconocen las actuaciones procesales de los internos y que hasta la fecha a nuestro correo no ha llegado boletas de libertad a nombre de los internos, y en caso de existir estas deben ser remitidas a los establecimientos de Pasto y Popayán, pues estos son sus establecimientos de reclusión”.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante providencia de fecha 21 de octubre de 2023, el a quo, previo recuento de los hechos y del trámite de la solicitud de habeas corpus y luego de plasmar consideraciones relacionadas con la naturaleza de l citado instrumento, sostuvo que no era el mecanismo adecuado para solucionar el conflicto planteado por los sindicados, como quiera que, en estricto rigor jurídico, la privación de la libertad que lo s afecta no deviene i legítima y tampoco puede predicarse prolongación ilícita del confinamiento carcelario.6

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Demandantes: Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín

Demandado: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco

Señaló que los solicitantes se encuentran privados de la libertad por mandato de autoridades judiciales competentes y que la permanencia en el lugar de reclusión obedece a las determinaciones adoptadas por aquellas, previo acatamiento de los presupuestos legales que rigen la actuación penal.

Puso de presente que el ejercicio de este mecanismo sólo permite el examen de los elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad, no la de los

presupuestos legales que rigen la actuación penal.

Puso de presente que el ejercicio de este mecanismo sólo permite el examen de los elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad, no la de los intrínsecos porque éstos son del ámbito exclusivo y excluyente del juez de la causa en el ámbito penal o incluso del juez de control de garantías o del juez de ejecución de penas, según corresponda en cada caso.

Consideró que la p etición ejercida en el presente asunto es evidentemente improcedente “teniendo en cuenta que, ante la existencia de un proceso judicial en trámite, la acción de habeas corpus no puede formularse para sustituir los procedimientos comunes; no tiene la vocación de reemplazar los mecanismos”.

Comentó que los solicitantes advierten una trasgresión de su derecho a la libertad como consecuencia de la decisión del despacho accionado de no conceder a su favor la sustitución de la medida de aseguramiento , sin embarg o, no puede obviarse que el ordenamiento jurídico estableció mecanismos judiciales ante el juez natural, en este caso el de control de garantías, para que soliciten la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad.

Recordó que a la fecha los jueces de control de garantías en primera y segunda instancia se han pronunciado despachando de manera negativa tal petición de sustitución, “circunstancia diferente es que los accionantes no estén de acuerdo con la decisión adopt ada, lo cual, en todo caso, no los faculta para ejercer la acción de habeas corpus como tercera instancia”.

El a quo consideró que los argumentos expuestos tanto en primera como en

con la decisión adopt ada, lo cual, en todo caso, no los faculta para ejercer la acción de habeas corpus como tercera instancia”.

El a quo consideró que los argumentos expuestos tanto en primera como en segunda instancia para denegar la sustitución de la medida de aseguramiento no se reputan arbitrarios o desfasados, pues según se aprecia de las decisiones tal negativa está amparada en la interpretación del artículo 307 de la Ley 906 de 2004.

En criterio de l a quo , ninguna de las situaciones que dan lugar al amparo del derecho a la libertad por vía del recurso de habeas corpus están acreditadas, teniendo en cuenta que no se trata de una privación ilegal de la libertad, en tanto los solicitantes permanecen bajo medida de aseguramiento intramural por cuenta de la decisión adoptad a por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tumaco y , tampoco puede hablarse de una prolongación ilegal de la libertad, toda vez que el límite temporal del art ículo 307 del CPP no se ha superado aún, habida cuenta que debe considerarse en dicho cómputo el periodo de suspensión derivado de la7

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suscripción del preacuerdo con el ente acusador y el trámite impartido sobre el particular.

Concluyó que la acción de habeas corpus no tiene por objeto suplantar los medios ordinarios de defensa, ni puede convertirse e n una instancia adicional a las establecidas en el proceso penal ordinario que permita a la defensa de los accionantes exponer su disenso frente a las decisiones adoptadas por los jueces

ordinarios de defensa, ni puede convertirse e n una instancia adicional a las establecidas en el proceso penal ordinario que permita a la defensa de los accionantes exponer su disenso frente a las decisiones adoptadas por los jueces de control de garantías.

V.- LA IMPUGNACIÓN

Los señores Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín dentro de la oportunidad legal, impugnaron la providencia de 21 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual declaró improcedente el habeas corpus solicitado.

Luego del recuente en extenso de las actuaciones realizadas en el proceso penal, afirmaron que el habeas corpus sí es el medio idóneo para la protección del derecho a la libertad , y que la acción de habeas corpus no ha sido en el presente caso como un tercer recurso , desplazando al juez natural, en tanto que “se acudió ante el juez natural que fue el Juez Segundo Penal Municipal de Tumaco con Función de Control de Garantías de Tumaco, quien decidió negar la solicitud en virtud a la aplicación de la suspensión de los términos desde el 1 de abril de 2022 hasta la fecha en que se toma la decisión teniendo en cuenta que existe la suscripción de un preacuerdo”.

Mencionaron que la privación de la libertad resulta ilegal, toda vez que hasta el momento no se ha resuelto nues tra situación jurídica de fondo y para ellos el código de procedimiento penal ha establecido un tiempo límite que es de un año, prorrogable por uno más, de acuerdo con el artículo 307 del CPP, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1908 de 2018.

Con f undamento en lo anterior, precisaron qu e en el presente asunto se

prorrogable por uno más, de acuerdo con el artículo 307 del CPP, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1908 de 2018.

Con f undamento en lo anterior, precisaron qu e en el presente asunto se restablecieron los términos el 21 de noviembre de 2022, momento en el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco improbó el preacuerdo suscrito, existiendo una prolongación ilegal de su libertad, razón por la cual se debe “revocar la decisión impugnada y se nos de la libertad inmediata acudiendo a usted como juez constitucional y no como una tercer instancia”.

VI.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

VI.1. El habeas corpus y la regla pro homine

El habeas corpus fue consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y concebido por la Ley 1095 de 2006 como un derecho fundamental , a través de8

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dicho mecanismo se busca la tutela de la libertad individual como garantía, cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.

En la decisión del habeas corpus debe darse aplicación al principio pro homine2, en virt ud del cual se debe acudir a la norma o a la interpretación más amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se busca fijar limitaciones a su ejercicio o

en virt ud del cual se debe acudir a la norma o a la interpretación más amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se busca fijar limitaciones a su ejercicio o suspensión extraordinaria.

Es importante recordar que se trata de un derecho fundamental que ha sido reconocido en varios instrumentos internacionales, entre los que se destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Hum anos3, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre4 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos5.

VI.2. El caso concreto

Los señores Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín mediante escrito de fecha 19 de octubre d e 2023, formularon solicitud de habeas corpus en contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco con fundamento en lo

2 Corte Constitucional. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 3 Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica -, aprobada mediante la ley 16 de 1972, artículo 7º: “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a l a libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del

dictadas conforme a ellas.3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida deb e ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. 4Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXV: “Artículo XXV Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establec idas por leyes preexistentes. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. 5 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, artículo 9º: “Artículo 9. (…) 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seg uridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el mom ento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la

fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el mom ento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la le y para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordin ada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión t endrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efecti vo a obtener reparación”.9

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dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política, por considerar que existe violación al derecho a la libertad por la prolongación ilícita de la misma.

Mediante providencia de fecha 21 de octubre de 202 3, el a quo declaró

dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política, por considerar que existe violación al derecho a la libertad por la prolongación ilícita de la misma.

Mediante providencia de fecha 21 de octubre de 202 3, el a quo declaró improcedente la solicitud de habeas corpus, para lo cual sostuvo que es al juez de la causa penal a quien le corresponde determinar si concede o no la libe rtad y hacer efectiva la sustitución de la pena de establecimiento carcelario.

Consideró el a quo que el ordenamiento jurídico estableció mecanismos judiciales ante el juez natural, en este caso el de control de garantías, para que soliciten la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad.

Recordó que a la fecha los jueces de control de garantías en primera y segunda instancia se han pronunciado despachando de manera negativa tal petición de sustitución, “circunstancia diferente es que los accionantes no estén de acuerdo con la decisión adoptada, lo cual, en todo caso, no los faculta para ejercer la acción de habeas corpus como tercera instancia”.

Afirmó que el límite temporal del artículo 307 del CPP no se ha super ado aún, habida cuenta que debe considerarse en dicho cómputo el periodo de suspensión derivado de la suscripción del preacuerdo con el ente acusador y el trámite impartido sobre el particular.

Los señores Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín apelaron la decisión, para la cual señalaron que el habeas corpus sí es el medio idóneo para la protección del derecho a la libertad, y que la acción de habeas corpus no ha sido en el presente caso un tercer recurso , desplazando al juez natural, en tanto

decisión, para la cual señalaron que el habeas corpus sí es el medio idóneo para la protección del derecho a la libertad, y que la acción de habeas corpus no ha sido en el presente caso un tercer recurso , desplazando al juez natural, en tanto que “se acudió ante el juez natural que fue el Juez Segundo Penal Municipal de Tumaco con Función de Control de Garantías de Tumaco, quien decidió negar la solicitud en virtud a la aplicación de la suspensión de los términos desde el 1 de abril de 2022 hast a la fecha en que se toma la decisión teniendo en cuenta que existe la suscripción de un preacuerdo”.

Mencionaron que la privación de la libertad resulta ilegal, toda vez que hasta el momento no se ha resuelto su situación jurídica de fondo y para ellos e l código de procedimiento penal ha establecido un tiempo límite que es de un año, prorrogable por uno más, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 307 del CPP, con la modificación de la Ley 1908 de 2018.

Con fundamento en lo anterior, precisaron que en el presente asunto se restablecieron los términos el 21 de noviembre de 2022, momento en el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco improbó el preacuerdo suscrito, existiendo una prolongación ilegal de su libertad.10

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Demandantes: Sergio Hurtado Rivera y Fabián Echeverry Holguín

Demandado: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tumaco

Al respecto y para resolver, el Despacho considera que la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nari