CE - 630012333000202100119011SENTENCIA20230925085953

Radicado: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

Demandada: DIAN

Temas: Renta. 2016. Exención de renta por ingresos hotele ros. Nuevo hotel, remodelación y/o ampliación de hotel . Reconocimiento de edificaciones.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 07 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que resolvió (índice 2 de Samai):

Primero: Denegar las pretensiones de la demanda, por lo razonado en esta providencia.

Segundo: Sin lugar a condenar en costas de primera instancia.

(…).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 012412020000002, del 26 de febrero de 2020, la demandada modificó la declaración de renta del año gravable 2016, presentada

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 012412020000002, del 26 de febrero de 2020, la demandada modificó la declaración de renta del año gravable 2016, presentada por la actora , en la cual rechazó la renta exenta por servicios hoteleros, bajo la consideración de que lo acreditado por el contribuyente, no correspondía a la aprobación de un proyecto de construcción de un nuevo establecimiento hotelero, sino al reconocimiento de una construcción existente, adelantada sin licencia, y bajo este último supuesto de corresponder a un hotel remodelado o ampliado, no se acreditaban las condiciones previstas en la normativa tributaria para el efecto, y liquidó sanción de inexactitud (índice 2 de Samai ). Este acto fue confirmado por la R esolución n ro. 012012021000001, del 26 de febrero de 2021, que desató el recurso interpuesto (índice 2 de Samai).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoRadicado: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (índice 2 de Samai):

www.consejodeestado.gov.co 2 Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (índice 2 de Samai):

1. La nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 01241 -2020-000002 de febrero 26 de 2020 proferida por la División de Fiscalización de [la demandada], por medio de la cual se determinó el impuesto de renta a cargo de la demandante por el año gravab le de 2016 de la sociedad Rancho Edén SAS …, así como la nulidad de la Resolución nro. 012012021000001 de febrero 26 de 2021 proferida por [la demandada] que confirmó el acto liquidatorio del tributo de renta por el ejercicio impositivo de 2016.

2. Que como consecuencia de dicha nulidad y para restablecer a la demandante en su derecho, se declare que la sociedad Rancho Edén SAS ... no está obligada a pagar suma alguna por concepto de la operación administrativa demandada, ordenando en consecuencia la fir meza de la liquidación privada del impuesto de renta por el año gravable 2016.

3. Ordenar a la parte demandada que dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

4. Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 2.°, 4.°, 6.°, 29, 83 y 121

de la Constitución; 40 de la Ley 153 de 1887; 18 de la Ley 788 de 2002; 130 del CPACA; 141 y 624 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012); 1, 2, 26, 28, 178, 207-2, 560, 647, 648, 683, 688, 691, 705, 730, 742, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 751, 772, 773, 774, y 788 del ET (Estatuto Tributario); 64 y 71 del Decreto 1469 de 2010; 2.2.6.4.1.1. del Decreto 1077 de 2015; y 71 del Decreto 1742 del 2020 bajo el siguiente concepto de violación (índice 2 de Samai):

En criterio de la actora, los actos acusados son nulos , dado que la liquidación oficial acusada fue proferida por el jefe de División de Fiscalización, funcionario que carecía de competencia, puesto que, conforme con los artículos 684, 688 y 691 ET , dicha competencia le correspondía al jefe de la Unidad de Liquidación, razón por la que, en su concepto, se violó el debido proceso y el derecho a la defensa. Agregó que, si bien a partir del artículo 50 del Decreto 2106 de 2019 se le atribuyó esa competencia al jefe de la división de fiscalización para emitir el acto liquida torio, tal norma era inaplicable al momento de proferirse tal liquidación oficial demandada, teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues cuando entró en vigencia el decreto que reguló ese aspecto procedimental ya estaban corriendo los términos de una actuación ya

en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues cuando entró en vigencia el decreto que reguló ese aspecto procedimental ya estaban corriendo los términos de una actuación ya iniciada, debiéndose aplicar la norma preexistente al cambio normativo. Aunado a ello, sostuvo que se vulneró el principio de imparcialidad y el debido proceso , previsto en el artículo 29 superior, así como los artículos 141 del CGP y 130 del CPACA, debido a que el funcionario que emitió la liquidación oficial no se declaró impedido, a pesar de que fue el mismo que adelantó y participó activamente de la investigación en sede administrativa, profirió el requerimiento especial , así que se desconocieron las previsiones atinentes a la estructura funcional de la DIAN , pues insistió en que la normativa que varió las funciones fue aplicada anticipadamente, dado que no se habían hecho tales variaciones para cuando el jefe de fiscalización expidió la liquidación demandada.

Por otra parte, invocó la causal de nulidad del artículo 730 del ET, aduciendo que el acto preparatorio fue expedido extemporáneamente el 09 de julio de 2019, puesto que la declaración de renta del año gravable 2016, presentada el 17 de abril de 2017 adquirió firmeza el 17 de abril de 2019, conforme con el artículo 714 del ET, en la versión vigente antes de la modificación del artículo 276 de la Ley 1819 de 2016; esto es, en el plazo de dos años y no de tres, para lo cual se sustentó en el Concepto Unificado nro. 014116, delRadicado: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

dos años y no de tres, para lo cual se sustentó en el Concepto Unificado nro. 014116, delRadicado: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 26 de julio de 2017 que señaló que los términos de firmeza que prorrogó la Ley 1819 de 2016, regían para los períodos gravables 2017 y siguientes.

Respecto el asunto de fondo, la actora argumentó haber cumplido todos los requisitos previstos en los artículos 207-2 ET y 5º del Decreto 2755 de 2003 , para que las rentas obtenidas por servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles por valor de $421.420.000, pudieran ser tratadas como exentas del impuesto sobre la renta. En primer lugar, sostuvo que obraba el certificado expedido por la Curaduría Urbana 1 de Armenia, acreditaba la aprobación del proyecto de construcción del Parador Turístico Rancho Edén en lo relativo a servicios de hotelería. Seguidamente señaló que la Resolución nro. 63001-1-19-0387, del 06 de septiembre de 2019, otorgó licencia de reconocimiento de construcción para tres edificaciones destinadas a l hotel o actividad turística, construid as dentro del lapso del 01 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017, conforme lo exige el artículo 2072 del ET. Adicionó que, en el expediente reposan documentos introducidos oficiosamente por la DIAN, expedidos por la Curaduría Urbana 2 de Armenia, que demuestran la fecha

2 del ET. Adicionó que, en el expediente reposan documentos introducidos oficiosamente por la DIAN, expedidos por la Curaduría Urbana 2 de Armenia, que demuestran la fecha de la construcción de los inmuebles objeto de reconocimiento para efectos de la licencia de construcción, señalando que acorde con el artículo 2.2.6.4.1.1 del Decreto 1077 de 2015, el reconocimiento es la actuación el curador o entidad competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias, siempre que cumpla el uso previsto en las normas urbanísticas y la edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud de reconocimiento, quedando el proyecto totalmente saneado y con la respectiva licencia de construcción.

Anudado a lo anterior, sostuvo que, en la publicación del Ministerio de Vivienda denominada « Serie Reglamentación Ley 388 de 1997, Guía Metodológica 2, Licenciamiento Urbanístico, Reconocimiento de Edificaciones y Legalización de Asentamientos Humanos» se establecieron los efectos del acto de Reconocimiento de la existencia de una edificación, precisando que «surte los mismos efectos de una licencia de construcción» lo que señaló como consistente con el artículo 71 del Decreto 1469 de 2010, lo que significaba que el reconocimiento tenía los mismos efectos de la licencia de construcción.

Destacó que de las pruebas recaudadas oficiosamente en la etapa de liquidación, debía resaltarse lo señalado por un perito en el trámite de reconocimiento adelantado ante la Curaduría 2 de Armenia, en el sentido de que la construcción del hotel, bloques uno, dos,

resaltarse lo señalado por un perito en el trámite de reconocimiento adelantado ante la Curaduría 2 de Armenia, en el sentido de que la construcción del hotel, bloques uno, dos, tres y Kiosko, era del 2008, lo que probaba que la construcción se llevó a cabo entre el 01 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017 como lo exigía el artículo 207 -2 ídem y el Decreto 2755 de 2003. Respecto del item “hotel principal, anotó que este inmueble siempre había sido usado por la familia Tobón Fajardo como su casa de habitación, y por tanto no genera renta hotelera, y que para corroborar esto, se le solicito a la DIAN una visita, lo cual no hizo.

Así, la construcción del hotel se inic ió en el año 2008, para lo cual obtuvo un préstamo en el 2009 por valor de $232.000.000 , el cual operaba en cuatro edificaciones (bloques 1.2 y 3 y «kiosko» [sic]).

Seguidamente, aludió a la doctrina de la demandada que contiene directrices para acceder a la exención por servicios hoteleros, tras lo cual, aseguró que los documentos obrantes en el expediente provenientes de las curadurías 1 y 2 de Armenia evidenciaban que el nuevo hotel fue construido con posterioridad al 01 de enero de 2003 y que el acto denominado “reconocimiento” hizo las veces de licencia de construcción.Radicado: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Demandante: Rancho Edén SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Sostuvo que la certificación del Ministerio de Comercio y Turismo aportada en el proceso demostró el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la exención, pues, en su criterio, tal entidad era la competente para verificar que el nuevo hotel cumplía con los requisitos de la Ley 788 y el Decreto 2755, ambos de 2003 . Advirtió que el Parador Turístico Rancho Edén, estaba inscrita ante el Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad que al contestar una petición que le fue elevada, clarificó con base en los documentos a portados con la solicitud que Rancho Edén era beneficiaria de la exención.

En otro punto, reclamó la nulidad de los actos demandados por violación al principio de seguridad jurídica, por cuanto habiéndose presentado lo mismo en el año gravable 2017, la DIAN archivó la investigación adelanta da en su contra por las rentas exentas por servicios hoteleros , nada dijo sobre la licencia de construcción, convalidando los documentos allegados , de modo que no era admisible que la Administración lo reconociera en el otro período al tiempo que lo rechazó en la vigencia del año 2016 . Sumado a ello, expuso que si bien no se presentaba en el caso concreto una antinomia normativa, considerada la interpretación diferente de la DIAN en dos momentos, pese a la identidad de partes y supuestos, debía darse prevalencia a la última interpretación que hizo la autoridad que se abstuvo de modificar la declaración por cumplir requisitos para

normativa, considerada la interpretación diferente de la DIAN en dos momentos, pese a la identidad de partes y supuestos, debía darse prevalencia a la última interpretación que hizo la autoridad que se abstuvo de modificar la declaración por cumplir requisitos para la exención como en la investigación archivada por renta del período 2017, esto dando aplicación por analogía al criterio de interpretación lex posterior derogat priori, pues la demandada vulneraba los principios del debido proceso y de seguridad jurídica.

También acusó los actos de v ulnerar al principio de justicia en materia tributaria y el principio de buena fe (arts. 683 del ET y 83 constitucional), en tanto que la autoridad no respectó la tarifa cero para la renta hotelera que estaba exenta , y por ello, no procedía determinarse un mayor valor a su cargo y mucho menos la sanción por inexactitud.

Finalmente, señaló que su conducta no se adecuaba al artículo 647 del ET (datos falsos, equivocados, incompletos y desfigurados ), así que era improcedente la sanción por inexactitud impuesta, en tanto era dable declarar la renta exenta, y que lo acontecido se debía más a una diferencia de criterios , lo cual se re afirmaba con la investigación archivada por el mismo tema discutido , en la cual se decidió con base en una postura diferente a la plasmada por la demandada al resolver sobre la declaración del impuesto sobre la renta del período 2017.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a todas las pretensiones de la actora (índice 2 de Samai). En primer lugar, sostuvo que el funcionario que expidió la liquidación oficial era competente para expedirla, conforme al artículo 50 del Decreto Ley 2106 de 2019 que adicionó un

primer lugar, sostuvo que el funcionario que expidió la liquidación oficial era competente para expedirla, conforme al artículo 50 del Decreto Ley 2106 de 2019 que adicionó un parágrafo al artículo 691 del ET , relativo a las competencias de las divisiones de liquidación y fiscalización , a partir del cual se confirió al jefe de fiscalización la competencia para proferir las liquidaciones oficiales; normativa vigente desde su publicación -22 de noviembre del 2019-, teniendo en cuenta que regulaba aspectos de la competencia, su aplicación era inmediata, de manera que surtió efectos para el momento en que se emitió la liquidación -26 de febrero de 2020-. La excepción prevista en la Ley 153 de 1887 no se refiere a reglas de competencia.

Adujo que tampoco debió declararse impedido el funcionario, pues no se trataba de dos etapas pero que hacían parte del mismo procedimiento, cuya competencia correspondía a la misma área de fiscalización; calificó como inaceptable hablar de impedimento, pues para ello, debe haber conflicto entre el interés general propio de la función pública y elRadicado: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 particular del servidor público, lo que no se evidenciaba en el funcionario que profirió los actos, además de que se trataba de un hecho con indebido agotamiento administrativo.

Por otro lado, aclaró que la declaración de renta del año 2016 presentada por el contribuyente no adquirió firmeza, pues el requerimiento especial fue notificado dentro

actos, además de que se trataba de un hecho con indebido agotamiento administrativo.

Por otro lado, aclaró que la declaración de renta del año 2016 presentada por el contribuyente no adquirió firmeza, pues el requerimiento especial fue notificado dentro del plazo de tres años, pues la norma que amplió ese término es de carácter procedimental, aplicable para las declaraciones tributarias presentadas a partir de su entrada en vigencia. Aclaró que el concepto invocado por la actora, fue reconsiderado por la DIAN, para señalar que los términos previstos en la ley 1819 de 2016, entre ellos el de tres años de firmeza, eran aplicables para las declaraciones que fueran presentadas a partir de su vigencia, con prescindencia del período gravable, concepto cuya legalidad fue declarada por parte del Consejo de Estado.

Respecto de los requisitos establecidos para acceder a la exención del artículo 207-2 del ET, sostuvo que la demandante no separó contablemente los costos y gastos generados por la renta exenta por servicios hoteleros de los generados por otras actividades , ni aportó la certificación de la curaduría urbana o de la entidad que hiciere sus veces en el que constara la aprobación del proyecto de construcción del nuevo establecimiento hotelero. En este punto precisó que , la demandante a llegó un certificado de reconocimiento de edificaciones ya construidas, expedida por la Curaduría Urbana de Armenia, incumpliendo el artículo 207-1 y la norma reglamentaria.

Luego de referenciar los antecedentes de la actuación, señaló que de las pruebas recaudadas se concluyó que, con las respuestas aportadas por la actora, así como por

Luego de referenciar los antecedentes de la actuación, señaló que de las pruebas recaudadas se concluyó que, con las respuestas aportadas por la actora, así como por las curadurías, no fue posible obtener prueba del certificado de que trata el numeral 3º del artículo 5º del Decreto 2755 de 2003, en el que constara la aprobación del proyecto de c onstrucción del nuevo establecimiento hotelero . Manifestó que el contribuyente mostró una serie de contradicciones, al aducir inicialmente que se trataba de rentas obtenidas en hoteles remodelados y/ o ampliados, y posteriormente haber asegurado que se trataba de rentas obtenidas en nuevos hoteles creados a partir del 1 de enero de 2003, siendo claro que en ning uno de los dos casos, se cumplía con el requisito de la certificación de la curaduría en el que constara la aprobación del proyecto de construcción o de remodelación y/o ampliación del hotel.

Dijo que si el escenario fuera el de remodelación, la demandante no determinó los costos y gastos imputables a la renta exenta, con el fin de depurarlos en aplicación del artículo 177-1 del ET y así prevenir q ue se generara doble beneficio, ni determinó la proporción que representaba el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble según lo previsto en el numeral 4º del artículo 207 ibidem. Ahora que, en el segundo escenario no fue pro bado que el respectivo establecimient o correspondiera a un hotel nuevo, cuya construcción se dio entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, siendo el contribuyente el responsable de acreditar el cumplimiento de los

un hotel nuevo, cuya construcción se dio entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, siendo el contribuyente el responsable de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la procedencia de la renta exenta. Adujo que la certificación de reconocimiento de la construcción que fue aportada, además de corresponder a una prueba pos constituida por ser posterior al requerimiento especial (septiembre de 2019), no cumplió con la exigencia de la norma reglamentaria porque se refería a construcciones que no gozaron de licencias de construcción antes de ser realizadas, siendo entonces un procedimiento no cobijado por la norma.

Agregó que la aprobación del proyecto de construcción del n uevo establecimiento dista de lo que es el reconocimiento de una construcción, pues mientras la primera se enmarca dentro de los procedimientos previos exigidos por la ley para realizar una construcción, el segundo se hace con menoscabo de los requisitos p revios a la construcción, de ahíRadicado: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 que el reconocimiento de la construcción no pudiera aceptarse.

Asimismo, argumentó que procedía la sanción por inexactitud, pues las exenciones incluidas en la declaración de renta por el contribuyente son inexistentes o inexactas, supuesto de hecho tipificado en el artículo 647 del ET , porque la actora no logró probar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 2755 de 2003 parar acceder a

supuesto de hecho tipificado en el artículo 647 del ET , porque la actora no logró probar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 2755 de 2003 parar acceder a la renta exenta; adicionalmente estimó que no se presentó una diferencia de criterios, por cuanto no se trató de normativa que fuere confusa, oscura o de difícil comprensión.

Por último, agregó que los actos demandados no desconocieron los principios de seguridad jurídica ni el espíritu de la justicia en materia tributaria , en tanto que las decisiones adoptadas respecto de las declaraciones de renta de los años gravables 2016 y 2017 eran diferentes, independientes y la DIAN tiene facultades para investigar cada periodo bajo ópticas distintas, según el tipo de investigación adelantada, sin estar supeditada a lo definido con anterioridad. Tampoco se desconoció el espíritu de justicia, pues el acto proferido fue consecuente con el hecho de que la demandante no probó el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio fiscal. Por último, solicitó que la demandante fuera condenada en costas.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demandante (índice 2 de Samai). Consideró que el artículo 50 del Decreto Ley 2106 de 2019, por medio del cual se le otorgó competencia al jefe de la Unidad de Fiscalización para proferir liquidaciones oficiales, debía aplicarse al caso concreto, por tratarse de una norma que no introdujo variación alguna al trámite o procedimiento de revisión de las liquidaciones tributarias, simplemente, situó en una unidad de la estructura de la DIAN la toma de las decisiones antes referenciadas. Expuso

al caso concreto, por tratarse de una norma que no introdujo variación alguna al trámite o procedimiento de revisión de las liquidaciones tributarias, simplemente, situó en una unidad de la estructura de la DIAN la toma de las decisiones antes referenciadas. Expuso que la función fiscalizadora de la demandada es de la entidad de manera genérica, no está concentrada en una sola división o unidad , así que el funcionario era competente para proferir el acto de liquidación. Indicó que el proceso administrativo no se encuentra dividido en dos etapas , ni tampoco hay una norma que indique que el funcionario que expidió tanto los actos preparatorios como los definitivos, deba declararse impedido para proferir la liquidación, no existió ninguna circunstancia para hacerlo.

En cuanto a la firmeza de la declaración, consideró que la autoridad demandada contaba hasta el 17 de abril del 2020 para notificar el requerimiento especial, lo cual, sucedió dentro de dicho término, el 10 de julio del 2019 . A esos efectos, invocó la sentencia del 01 de julio de 2021, exp. 25176, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez que precisó que, a las declaraciones del año 2016 les era aplicable el término de firmeza de tres años que fue previsto por la Ley 1819 de 2016, dado que la presentación de la declaración de renta de tal período se efectuó bajo vigencia de tal normativa.

Sobre el asunto de fondo, el tribunal consideró que la actora, no logró acreditar los requisitos normativos para beneficiarse de la exención del artículo 207 -2 del ET y del Decreto 2755 de 2003 , pues la prueba aduc ida no colmaba los requisitos establecido s

requisitos normativos para beneficiarse de la exención del artículo 207 -2 del ET y del Decreto 2755 de 2003 , pues la prueba aduc ida no colmaba los requisitos establecido s reglamentariamente para su procedencia, ya se tratara de hotel nuevo o remodelado o ampliado. Igualmente de stacó que la Resolución nro. 63001-1-19-0387 del 06 de septiembre de 2019, emitida por la Curaduría Urbana 1 de Armenia, lo que otorgó fue el reconocimiento a una construcción realizada (tres edificaciones destinadas a servicios de hotel para el predio denominado «Rancho Edén Hotel»). no certificó que la construcción contó con aprobación para iniciar un proyecto nuevo de construcción de hotel, ni tampoco podía asimilarse a remodelación por que la norma exigía aprobación previa del proyecto; señaló que esta información fue solicitada per o que no se tenía, como lo reconoció laRadicado: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 actora y lo señalaron las curadurías.

Adicionalmente, señaló que, la exención exigía depurar los costos para detraer de la renta líquida, como lo señalan los artículos 178 del ET y 177-1 ibidem, a fin de evitar un doble beneficio, lo que tampoco fue efectuado.

Frente a la vulneración del principio de seguridad jurídica, el tribunal consideró que la circunstancia de que el proceso del año gravable 2017 se hubiera archivado, no

beneficio, lo que tampoco fue efectuado.

Frente a la vulneración del principio de seguridad jurídica, el tribunal consideró que la circunstancia de que el proceso del año gravable 2017 se hubiera archivado, no significaba que la actuación acusada fuera contraria a derecho, pues se desconocían las pruebas y valoraciones por las que se concluyó en tal sentido.

Por último, estimó que no hubo discrepancia en el derecho aplicable, por lo que mantuvo la sanción de inexactitud.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 2 de Samai). Sostuvo que carecía de congruencia, puesto que omitió pronunciarse sobre a spectos de la demanda , y contradijo la jurisprudencia. A esos efectos, señaló que aunque el tribunal reconoció que el artículo 50 del Decreto Ley 2106 de 2019 radicó la competencia para expedir liquidaciones oficiales en la División de Fiscalización, al mismo tiempo sostuvo que no se varió el trámite de revisión del impuesto sobre la renta; por ello, estimó necesario estudiar los argumentos del cargo, concretamente: (i) la no aplicación del artículo 50 del Decreto Ley 2106 de 2019, conforme con el artículo 40 de la Ley 153 de 18871, por ser el cambio de competencia una disposición procesal, que no podía afectar los pro cedimientos o actuaciones iniciadas , o los términos que estuvieran corriendo, en los que se fijaran competencias; (ii) que los artículos 684, 688 y 691 del ET siguieron vigentes, y los dos primeros no subsumieron al tercero; y (iii) la violación del artículo 560 del ET, puesto que

competencias; (ii) que los artículos 684, 688 y 691 del ET siguieron vigentes, y los dos primeros no subsumieron al tercero; y (iii) la violación del artículo 560 del ET, puesto que la competencia está dada por la estructura funcional de la DIAN , de manera que con el Decreto 4048 de 2008 y hasta la expedición del Decreto 1742 de 2020, la facultad de expedir la liquidación de revisión correspond ía al jefe de la División de Liquidación y no al de fiscalización.

Anotó que según el Consejo de Estado2 «la competencia para proferir la liquidación oficial de revisión recae en el Jefe de la División (de liquidación) por expresa disposición del artículo 691 del ET o en el Jefe del Grupo Interno de Trabajo... », l o que señala, corresponde a la lógica del procedimiento tributario dividido en instancias, como se aprecia en el libro V del ET que distingue las fases de fiscalización, determinación y revisión. Mencionó que la posición del tribunal llevaría a defender que un acto de liquidación puede expedirse por cualquier área, lo que violaría el debido proceso, como en su criterio, ocurr ió en este caso . En el mismo orden, r eprochó que el tribunal desestimara que el jefe de fiscalización debió declararse impedido, pues a su juicio, se contravenían los artículos 684, 688 y 691 del ET que asignaba n competencias diferenciadas, al menos hasta la vigencia del Decreto 1742 de 2020.

En relación con el incumplimiento de los requisitos para acceder a la renta exenta, arguyó una indebida valoración probatoria, una incorrecta interpretación «de las condiciones de

diferenciadas, al menos hasta la vigencia del Decreto 1742 de 2020.

En relación con el incumplimiento de los requisitos para acceder a la renta exenta, arguyó una indebida valoración probatoria, una incorrecta interpretación «de las condiciones de la exención» fijadas en la ley y en la norma reglamentaria, así como la «desviación del problema jurídico», pues a su juicio, se demostró tanto en sede administrativa como judicial que la actora operó un hotel construido progresivamente dentro del lapso

1 Modificada por la Ley 1564 de 2012 2 Sentencia de 17 de junio de 2021, exp. 23954, CP: Milton Chaves García.Radicado: 63001-23-33-000-2021-00119-01 (26820)

Demandante: Rancho Edén SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 comprendido entre el 01 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017 , así que , se omitió tener en cuenta que el urban