CE - 680012333000202300353011SENTENCIA20230928153118

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

Demandada: Procuraduría General de la Nación

Temas: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Procedencia de la acción de tutela para proteger a los sujetos de especial protección constitucional/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) seguridad social, iii) mínimo vital y iv) vivienda digna

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 11 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación , porque, a su juicio, el expedir la Resolución núm. 256 de 30 de junio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.25

General de la Nación , porque, a su juicio, el expedir la Resolución núm. 256 de 30 de junio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] Fui nombrada en provisionalidad inicialmente por decreto No. 5674 del 27 de octubre de 2017, en el cargo de sustanciador Código 4SU, Grado 11 de la División de Registro, Control y Correspondencia, con funciones en la Procuraduría 5 Judicial II para Apoyo a Victimas de Bucaramanga, para luego, mediante decreto No. 1098 del 12 de agosto de 2021, dar por terminado unos encargos y por ende el nombramiento en provisionalidad de la suscrita […]”.

4. Manifestó que, “[…] La decisión de este último acto administrativo fue reconsiderada por parte de la entidad, al haber omitido que informé de manera oportuna el estado de gestación, por lo que con Decreto No. 1154 del 23 de agosto de 2021, fui reintegrada a la entidad y nombrada en provisionalidad en el empleo de Marlen Cecilia Humanez Payares, como sustanciador Código 4SU, Grado 11 (ID. 3113), de la Procuraduría 23 Judicial II de Restitución de Tierras de Montería, con funciones en la Procuraduría 5 Judicial II para Apoyo a V íctimas de Bucaramanga

[…]”.

3113), de la Procuraduría 23 Judicial II de Restitución de Tierras de Montería, con funciones en la Procuraduría 5 Judicial II para Apoyo a V íctimas de Bucaramanga […]”.

5. Señaló que, la Procuraduría General de la Nación, mediante el Decreto núm.

256 de 30 de junio de 2023, dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. ACEPTAR la renuncia a la comisión especial concedida mediante la Resolución No. 234 del 06 de agosto de 2021, a MARLEN CECILIA HUMANEZ PAYARES, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. […], sustanciador, código 4SU, grado 11 (ID. 3113), de la Procuraduría 23 Judicial II para la Restitución de Tierras Montería, con funciones en la Procur aduría 34 Judicial I para la Restitución de Tierras Montería, quien deberá reincorporarse a partir del 13 de julio de 2023.

PARÁGRAFO PRIMERO. La servidora deberá concertar compromisos laborales con su jefe inmediato y presentar el informe de que trata el parágrafo del artículo 108 del Decreto Ley 262 de 2000.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La servidora deberá solicitar al Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo la orden del examen médico ocupacional y tramitar ante el Grupo Gestión de Nómina, Afiliaciones y Pensiones, la actualización de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

la actualización de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

PARÁGRAFO TERCERO. El jefe inmediato solicitará ante la oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital la reactivación de sus credenciales de dominio; así como de los sistemas de información que requiera, a través del correo electrónico […]@procuraduria.gov.co .

ARTÍCULO SEGUNDO. DAR POR TERMINADO el nombramiento en provisionalidad de LINDA KAREN CHÍA MACHUCA, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. […], en el cargo de sustanciador, código 4SU, grado 11 (ID. 3113), de la Procuraduría 23 Judicial II para la Restitución de Tierras Montería, con funciones en la Procuraduría 5 Judicial I I Tercera para la Vigilancia Administrativa Bucaramanga, a partir del 13 de julio de 2023, como consecuencia de la renuncia a la comisión señalada en el artículo anterior […]”.

6. Sostuvo que, el 17 de julio de 2023, hizo la entrega respectiva del puesto de trabajo y el 21 de julio de 2023, se practicó examen médico de egreso.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: De manera respetuosa solicito al señor Juez Constitucional, sean amparados mis derechos fundamentales a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA y la PROTECCIÓN A LA MADRE CABEZA DE FAMILIA, al TRABAJO, al MÍNIMO

amparados mis derechos fundamentales a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA y la PROTECCIÓN A LA MADRE CABEZA DE FAMILIA, al TRABAJO, al MÍNIMO VITAL, a la SEGURIDAD SOCIAL y la VIVIENDA DIGNA;

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, solicito ordenar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN el reintegro de la suscrita en un cargo de iguales condiciones con asignación de funciones en la Procuraduría 5 Judicial II de Bucaramanga, actualmente denominada Procuraduría 5 Judicial II Tercera para la Vigilancia Administrativa de Bucaramanga, ya que este Despacho no cuenta actualmente con sustanciador, generándose la necesidad de la designación para el ejercicio del cargo de sustanciador Código 4SU, Grado 11, o en su defecto con asignación de funciones en cualquiera de las dependencias de la Procuraduría General de la Nación que funcionan en la ciudad de Bucaramanga [...]”.

8. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que:

“[…] Tengo a mi cargo a mi bebe de 19 meses y a mi señora madre, adulto mayor, con dependencia económica, situación manifestada en diferentes oportunidades a la Entidad a través certificado de dependencia económica, además de encontrarse en delicado estado de s alud por problemas neurológicos que la han llevado a estar hospitalizada en varias ocasiones este año y a la espera de que sea resuelto un diagnóstico de posible enfermedad degenerativa;

Séptimo: Entre otras obligaciones económicas de las que soy responsa ble, se encuentra el crédito por libranza con la Financiera Comultrasan con una cuota25

diagnóstico de posible enfermedad degenerativa;

Séptimo: Entre otras obligaciones económicas de las que soy responsa ble, se encuentra el crédito por libranza con la Financiera Comultrasan con una cuota25

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Actora: Linda Karem Chía Machuca

mensual de $1273.034, al igual que el crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro, con leasing habitacional del inmueble de vivienda familiar ubicado en […] de Piedecuesta, con una cuota mensual de $1’648.278;

Octavo: De otra parte, es necesario advertir que hasta la fecha nadie está ejerciendo las funciones que la suscrita desempeñaba en el cargo como sustanciadora ante la Procuraduría 5 Judicial II para Apoyo a Victimas de Bucaramanga, actualmente llamada Procuraduría 5 Judicial II Tercera para la Vigilancia Administrativa de

Bucaramanga […]”.

[…]

“[…] la desvinculación de la suscrita, es una violación evidente a mis derechos como madre cabeza de familia, pon iendo en riesgo mi calidad de vida y la de mi núcleo familiar, llegando a desamparar lo que corresponde al mínimo vital de la suscrita y mi núcleo familiar, al igual que se presenta una afectación a la salud de tipo emocional a mi persona y en general a mi núcleo familiar, teniendo en cuenta la deficiencia sustancial de ayuda de los miembros de mi familia, quedando desprovista de los ingresos necesarios para cubrir las obligaciones, ya que era mi salario nuestra única fuente de ingresos económicos como madre cabeza de familia […]”.1

Actuación

sustancial de ayuda de los miembros de mi familia, quedando desprovista de los ingresos necesarios para cubrir las obligaciones, ya que era mi salario nuestra única fuente de ingresos económicos como madre cabeza de familia […]”.1

Actuación

9. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto de 2 de agosto de 2023: i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar a la Procuradora General de la Nación , concediéndole el término de dos (2) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

10. La Procuraduría General de la Nación solicitó declarar la improcedencia de

la acción de tutela, al considerar lo siguiente:

“[…] Recordemos que por reiterada jurisprudencia se ha consolidado la tesis de que los funcionarios en provisionalidad gozan de una estabilidad relativa toda vez que ejercen su función con la posibilidad de ser desplazados por quien tiene derechos de carrera administrativa, lo anterior por cuanto los derechos de quien ostenta una provisionalidad deben ceder frente al mejor derecho que adquieren las personas que ganaron un concurso público de méritos, o aún con más prevalencia, por el funcionario de carrera que ya tomó posesión sobre el cargo, tal y como acontece en el caso que nos ocupa.

Es preciso resaltar que era de pleno conocimiento por parte de la actora que su vinculación con la Procuraduría General de la Nación era temporal, ya que ésta, al no ostentar derechos de carrera administrativa ingresó a la Entidad, bajo la figura de vinculación en provisionalidad, que como su nombre lo indica de manera clara y

1 Transcripción literal del texto.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

vinculación en provisionalidad, que como su nombre lo indica de manera clara y

1 Transcripción literal del texto.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

precisa, va sujeta de manera necesaria a la misma condición resolutoria que se encontraba contenida en e l acto administrativo de vinculación soportado en el de encargo, teniendo certeza, que se encontraba ocupando temporalmente el empleo de la servidora de carrera Marlen Cecilia Humánez Payares […]”.

[…]

“[…] Para el caso en concreto, tenemos que la parte actora pretende la nulidad del acto administrativo que dio terminado un nombramiento en provisionalidad, frente a lo cual debemos recordar que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad y acierto, razón por la cual las controversias que ell os susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, esto es ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, medio ordinario que con la expedición de la Ley 1437 de 2011 […] Por si lo anterior no fuera suficiente se dirá que, dentro de este medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte activa tiene a su disposición un catálogo de medidas cautelarles entre las que se encuentra la solicitud de suspensión provisional, que a voces del H. Consejo de Estado tiene la misma efectividad que la acción de tutela si se encuentra demostrada la violación del derecho fundamental alegado […]”.

[…]

“[…] Para culminar el argumento de falta de agotamiento del requisito de subsidiariedad es pertinente señalar que la Procuraduría General de la Nación cuenta

alegado […]”.

[…]

“[…] Para culminar el argumento de falta de agotamiento del requisito de subsidiariedad es pertinente señalar que la Procuraduría General de la Nación cuenta con un procedimiento interno de solicitud de estabilidad laboral reforzada por ser madre cabeza de familia, mismo que debió promover la funcionaria antes de la terminación del vínculo laboral, y no como lo hizo, luego de proferido y not ificado el acto administrativo objeto de litigio […]”.

10.1. La Procuraduría 160 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] Considera esta agente del Ministerio Público que el tutelante bien puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar la nulidad de la Resolución No. 256 del 30/06/2023, por medio de la cual se terminó su nombramiento provisional en el empleo de sustanc iador Código 4SU, Grado 11 (ID. 3113), de la Procuraduría 23 Judicial II de Restitución de Tierras de Montería, a partir del 13 de julio del presente año y como medida provisional, la suspensión provisional de sus efectos jurídicos.

En criterio de esta agencia, ese medio de defensa tiene la eficacia protectora que el caso demanda, pues su ejercicio oportuno, incluida la solicitud de medidas cautelares de urgencia que bien pueden plantearse a la jurisdicción competente, permitiría una rápida protección juri sdiccional de los derechos fundamentales alegados como vulnerados.

Por otra parte, se destaca que la tutelante no demostró encontrarse en una condición

rápida protección juri sdiccional de los derechos fundamentales alegados como vulnerados.

Por otra parte, se destaca que la tutelante no demostró encontrarse en una condición de debilidad que le impida accionar. Tampoco demostró encontrarse en una situación de extrema urgencia que impusiera entender que la acción de tutela está llamada a desplazar en este caso, los medios ordinarios de defensa contra ella.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

Y siendo la justicia administrativa la competente para definir la respuesta judicial que el caso exige, es a ella a quien corresponde determinar la legalidad del acto administrativo acusado.

Definido así que el tutelante dispone de otro medio de defensa judicial, el cual resulta eficaz para la protección que demanda en sede de tutela, corresponde ahora definir si la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio de amparo […]”.

La sentencia impugnada

11. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia, en primera instancia, el 11 de agosto de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por LINDA KAREM CHIA MACHUCA contra la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, en atención a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] la Sala debe destacar que la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa como es la solicitud ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de la nulidad

[…]”.

11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] la Sala debe destacar que la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa como es la solicitud ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de la nulidad de la Resolución No. 256 del 30/06/2023, por medio de la cual se terminó su nombramiento provisional en el empleo de sustanciador Código 4SU, Grado 11 (ID. 3113), de la Procuraduría 23 Judicial II de Restitución de Tierras de Montería, a partir del 13 de julio del presente año y como medida provisional, la suspensión provisional de sus efectos jurídicos, aportar las pruebas que se consideren necesarias y brindar los elementos de juicio indispensables […]”.

[…]

“[…] Ahora, respecto a la existencia de un perjuicio irremediable en el caso concreto que pudiera hacer procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, debe señalarse que el accionante no demostró que existiera un evento que torne viable el presente amparo. Incluso valorando el acontecer fáctico, la Sala no aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acción.

En este orden, la Sala no encuentra acreditado algún hecho reprochable al empleador del que se derive la violación a los derechos fundamentales invocados por la accionante, y, en la medida en que existe controversia , deb erá acudirse al mecanismo ordinario con que cuenta la accionante para que, luego del agotamiento de las etapas procesales pertinentes, propias de ese procedimiento, tales como la

por la accionante, y, en la medida en que existe controversia , deb erá acudirse al mecanismo ordinario con que cuenta la accionante para que, luego del agotamiento de las etapas procesales pertinentes, propias de ese procedimiento, tales como la intervención de las partes y la práctica de pruebas, se adopte una decisión de mérito frente a lo aquí pretendido […]”.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

La impugnación

12. La actora impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de

Santander, con fundamento en lo siguiente:

“[…] Se adujo en el fallo impugnado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acción, sin que encontraran acreditado algún hecho reprochable a la Procuraduría General de la Nación que derivara la violación de mis derechos fundamentales como madre cabeza de familia, por lo que según la Sala decisoria que debo someterme y esperar de manera incier ta las resultas del mecanismo judicial ordinario, a costa de la propia salud, vida, sostenimiento, techo y necesidades básicas de mi señora madre, de mi pequeño hijo y de mi misma.

Efectivamente, debe señalarse que mi caso se trata de uno de esos donde la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que soy madre cabeza de familia a cargo del cuidado y la manutención de mi bebe de 20 meses de vida, así como de mi señora

de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que soy madre cabeza de familia a cargo del cuidado y la manutención de mi bebe de 20 meses de vida, así como de mi señora madre, Elvira Machuca Pacheco, adulto mayor de 66 años, con considerables padecimientos de salud por enfermedad neuronal y como única hija, soy la exclusiva responsable de su bienestar, por lo que la acción de tutela se convierte en el mecanismo más expedito para evitar de que se siga consumando un perjuicio irremediable, ya que no hay lugar a espera de que el juez ordinario decida de fondo el caso de forma definitiva, a sabiendas de que el procedimiento que le es propio al medio de control de nulidad y restableci miento del derecho hacen que sea materialmente imposible un amparo inmediato de mis derechos fundamentales como madre cabeza de familia.

Lo anterior quiere decir que no es posible afirmar como lo hace la sala, de que cuente con otro mecanismo de defensa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que no va a tener la misma eficacia que la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de esta acción constitucional, resolviendo de manera adversa y sin tener en cuenta ni las argumentaciones ni los documentos probatorios en pro de lo peticionado.

Por consiguiente, me veo obligada a exponer en esta instancia ante ustedes que debido a la desvinculación desconsiderada de la Entidad accionada, tuve que tomar acciones a fin de tratar de menguar los efectos económicos ante la ausencia de ingresos, viéndome obligada a salir del inmueble en el que vivíamos, siendo éste

debido a la desvinculación desconsiderada de la Entidad accionada, tuve que tomar acciones a fin de tratar de menguar los efectos económicos ante la ausencia de ingresos, viéndome obligada a salir del inmueble en el que vivíamos, siendo éste techo el lugar que estaba pagando con la cuota mensual de l crédito hipotecario adquirido y con mucho esfuerzo cubriendo de mi salario, teniendo que entregarlo en arriendo, sin que a la fecha cuente con un lugar de vivienda estable ya que estoy intentando apoyarme en algunos familiares que me han dado cabida en su hogar por algunos días, esperando contar con la resolución favorable de esta situación laboral y poder suplir las necesidades propias como madre cabeza de familia. De igual forma, tengo que hacer saber que esta desvinculación y todo lo que acarrea el no contar con el ingreso económico que me brindaba el empleo en la entidad accionada, ha afectado y agravado de sobremanera mi salud emocional […]”.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

Tramite en segunda instancia

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1.° de septiembre de 2023, adoptó una medida de saneamiento consistente en vincular a Marlen Cecilia Humanez Payares y, en consecuencia, remitirle copia de la solicitud de tutela, del auto admisorio, de la sentencia proferida, en primera instancia, y de dicha providencia, para que, si lo consideraba, se pronunciara sobre el particular, contando para ello con un término de tres (3) días a partir de la notificación de esta providencia.

auto admisorio, de la sentencia proferida, en primera instancia, y de dicha providencia, para que, si lo consideraba, se pronunciara sobre el particular, contando para ello con un término de tres (3) días a partir de la notificación de esta providencia.

14. Marlen Cecilia Humanez Payares guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo d e 20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como meca nismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como meca nismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''. 3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

Problema Jurídico

17. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y de ser así, ii) establecer si la Procuraduría General de la Nación vulneró los derechos de la actora, con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 256 de 30 de junio de 2023 , desconociéndose “[…] la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA y la

PROTECCIÓN A LA MADRE CABEZA DE FAMILIA […]”.

18. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos

administrativos; ii) el sistema de carrera administrativa y la protección constitucional

18. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos

administrativos; ii) el sistema de carrera administrativa y la protección constitucional a ciertos servidores en provisionalidad (estabilidad laboral reforzada) ; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo, iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social, v) marco normativo y jurisprudencial del der echo fundamental al mínimo vital, vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vivienda digna; vii) análisis del caso concreto, y finalmente viii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos

19. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y, excepcionalmente, el medio de control de nulidad.

20. En ese sentido, la jurisprudencia 6 de la Corte Constitucional ha sido

reiterativa en expresar que:

6 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso de dos mecanismos de defensa.

De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del d erecho y, según el artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos por funcionarios u organismos inco mpetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió […]”.

[…]

“[…] Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza dentro del término legalmente establecido para ello, ped ir la nulidad simple del acto, caso

por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza dentro del término legalmente establecido para ello, ped ir la nulidad simple del acto, caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad en abstracto de dicho acto. […]”.

21. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en sentencia T-514 de 20037, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa ; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso

7 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.25

se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso

7 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.25

Núm. único de radicación: 680012333000202300353-01

Actora: Linda Karem Chía Machuca

respectivo ante la jurisdicción de lo