CE-SEC3-EXP1978-N1769
Detalles
- Título
- CE-SEC3-EXP1978-N1769
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 1978
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA
SENTENCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CAUSALES EXCLUYENTES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO / CULPA DE LA VÍCTIMA / HECHO DEL TERCERO / FUERZA MAYOR / CASO
FORTUITO / JUSTICIA PENAL MILITAR / RESPONSABILIDAD PENAL /
LEGITIMA DEFENSA / SENTENCIA ABSOLUTORIA
[S]e exonera de responsabilidad al Estado cuando quiera que en el proceso se demuestra que la causa del daño lo constituyo la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o la presencia de fuerza o caso fortuito. (…) por sí sola la absolución de un funcionario público no puede tener la virtud de quitarle al hecho su carácter de constitutivo de una falla administrativa, simplemente, hace desaparecer la falta personal del agente, que en diversas ocasiones coexiste con la falla del servicio y en otras la excluye. El Juez militar cogió el veredicto de los vocales estimando que el agente obró en legítima defensa de su vida, motivada en la creencia de que su integridad corporal estaba en peligro. Aunque la Sala respeta las conclusiones de la Justicia Penal Militar en el caso de autos, y a pesar de que no encontró en la providencia absolutoria cuales fueron las razones que motivaron la aceptación de la causal de exoneración que ordinariamente se ha denominado “legitima defensa”, considera que si bien la responsabilidad personal del agente (…) fue definida por aquella sentencia y podía basarse en aspectos subjetivos del victimario, no sucede lo mismo con la responsabilidad estatal, que es objetiva.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia dentro del Exp. 1482;
C.P. Jorge Valencia Arango.
DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / FUNCIONES DEL AGENTE DE
POLICÍA / FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL / DEBERES DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA POLICÍA NACIONAL / ORDEN PÚBLICO / REGLAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL / SEGURIDAD / USO DE LA FUERZA / USO DE ARMA DE FUEGO / DEBERES DE LA POLICÍA
NACIONAL
[E]l Estado para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 16 de la C.N. creó y organizó, entre otros, la denominada Policía Nacional, que según las voces del artículo 1 del Decreto 1355 de 1.970, “Esta instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad en los derechos que de esta se derivan…” Por ello expresa el art. 2 del Reglamento de Servicio de Vigilancia Urbana y Rural para la policía Nacional, que esta entidad “es la institución que, al servicio de las autoridades civiles, está encargada de garantizar las libertades y el goce de los derechos consagrados en la constitución y las leyes de la Republica, salvaguardar la vida, honra y bienes de los asociados, asegurar el cumplimiento de las disposiciones emanadas de las autoridades y garantizar la conservación del orden público en sus aspectos de seguridad, tranquilidad, y salubridad “, Y en su artículo 3 agrega ese reglamento que la Policía debe extender su acción protectora no solo a los intereses colectivos sino también a
los individuales. Igualmente ese Estatuto señala como debe proceder la policía, y sus agentes, en las labores encomendadas exigiéndoles discreción, cautela, respeto y cultura, y por ello exige que “En sus intervenciones empleará un sano criterio profesional, interpretativo de la norma legal, sin hacer jamás uso de rigores innecesarios” (Art. 23). Contempla el artículo 74 ibidem, los casos en que es permitido a los agentes de policía el uso de armas de fuego.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN NACIONAL - ARTÍCULO 16 / DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 1 / REGLAMENTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA URBANA Y RURAL - ARTÍCULO 74 / REGLAMENTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA URBANA Y RURAL - ARTÍCULO 23 / REGLAMENTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA URBANA Y RURAL - ARTÍCULO 2 / REGLAMENTO DE
SERVICIO DE VIGILANCIA URBANA Y RURAL - ARTÍCULO 3
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / MUERTE DE CIVIL / FALLA DEL SERVICIO / ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PROTECCIÓN / POLICÍA NACIONAL / FALTA DEL AGENTE DE POLICÍA / SANCIÓN AL AGENTE DE POLICÍA / DAÑO / ACTO DEL
SERVICIO / CULPA IN ELIGENDO / CULPA IN VIGILANDO
[E]l Agente de la policía Nacional (…) no utilizó la discreción, prudencia y
serenidad exigida por los reglamentos de policía, es decir que no se comportó como lo exigía el servicio, y por ello, el mismo servicio falló en la salvaguardia de la vida de los ciudadanos, Además por la conducta del citado agente era de esperarse que se presentaran los hechos en la forma como sucedieron, por cuanto durante los 5 años de servicio a la policía Nacional fue objeto de sanciones (…) Todas las sanciones demuestran claramente que la policía Nacional debió prescindir de los servicios del citado Agente (…) pues constituía un elemento peligroso, a quien el estado no debía proporcionales armas y menos el poder de autoridad, dado que fácilmente podía hacer uso de ellas para tratar violentamente al público. Sin pretender volver a la teoría denominada falta in eligendo y falta in vigilando, tiene que decidir la Sala que las autoridades están en la obligación de escoger para los servicios policivos personales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones a ellas otorgadas y vigilar que así lo hagan, teniendo la obligación de prescindir de aquellas que pueden ocasionar daños a los habitantes de país. (…) habiéndose demostrado que [la víctima] murió a consecuencia de unos disparos recibidos de manos del Agente de Policía (…) cuando este se encontraba en servicio, y que aunque por ello no fue responsabilizado penalmente el agente si constituyen falla de servicio de protección de la vida encargada a la policía Nacional, tiene que aceptarse que esta demostrada la existencia de una falla administrativa del Estado RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / MUERTE DE CIVIL / FALLA DEL SERVICIO / SALARIO DEVENGADO / PRUEBA DEL PERJUICIO /
ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO / FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE RENTA
[E]l [occiso] trabajaba en labores de construcción y devengaba un salario (…) y que ayudaba a su familia, compuesta por su padres y hermanas. Admite la Sala el salario devengado por la víctima por cuanto las declaraciones rendidas merecen entero crédito, ya que unas conducen a demostrar el hecho del trabajo y finalmente el patrón señalado por alguno de los declarantes, se reafirma en la constancia dada anteriormente a sus testimonio, acerca del monto de lo devengado por [la víctima]. Si se tiene en cuenta que se trata de personas muy pobres, cuyo salario apenas alcanzan para sobrevivir, pensar que debieran acompañar sus declaraciones de renta y patrimonio para comprobar el salario sería tornar en imposible la prueba de las entradas mensuales de la víctima, que con seguridad no presentaba declaración al fisco nacional de sus ingresos.
ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN
DEL PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO / MUERTE DE
CIVIL / PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO MORAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO / POLICÍA NACIONAL Las relaciones de parentesco entre la víctima y los demandantes están probadas por medio de las partidas acompañadas con la demanda, y la de sus padre en la posesión notoria de ese estado en prelación con [el occiso] (…) los demandantes además del perjuicio económico que les ha significado la muerte de sus hijo y
hermano, han sufrido la pena que ese hecho produce en cualquier núcleo familiar, agravado en este caso, por tratares de un hijo ejemplar, varón único de la familia y sostén de personas ya de edad. esta demostrada la existencia de perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con motivo de la muerte [del occiso] causada por una falla de servicio de la policía Nacional. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / CONDENA EN ABSTRACTO / BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO / TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS /
MUERTE DE CIVIL / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO
MATERIAL / LUCRO CESANTE CONSOLIDADO / LUCRO CESANTE FUTURO
[C]omo no existen en autos, pruebas que permitan la actualización de los daños (…) y además se desconoce en qué proporción ayudaba [el occiso] a los miembros de su familia, no podrá la Sala hacer una condena en concreto de los perjuicios ocasionados, sino que ordenara que esta se haga mediante el procedimiento indicado en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, vigente (…) Se tomara la vida probable de padres de la víctima, como plazo máximo de la ayuda que recibirían, de las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria y la de cada una de sus hermanas para establecer el monto total de la ayuda recibida por éstas (…) Se buscará cual era la cantidad que la víctima dedicaba, para su sostenimiento personal, y en qué proporción ayudaba a cada uno de los miembros de su familia, que han demandado (…) Se
distinguirán dos periodos indemnizatorios, el primero que constituye la indemnización debida o consolidada que va desde la fecha de la muerte de [la víctima] hasta cuándo se suceda probablemente el pago y el segundo o de indemnización futura que va desde el día siguiente a la fecha señalada anteriormente, hasta cuándo terminaría la obligación alimentaria en cada uno de los casos.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 308
PARÁMETROS PARA LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / GRAMOS ORO - Como referencia de valor monetario para la tasación del perjuicio / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS /
REPARACIÓN DE PERJUICIOS / PRINCIPIO DE EQUIDAD
[L]a Sala encuentra equitativo y jurídico que en materia de perjuicios en el campo extracontractual, se atiende a la desvalorización de la moneda nacional para mantener el poder reparadora de la suma reconocida como indemnización conforme los precios, la moderna doctrina sobre la materia y le exige la equidad. (…) conocido el valor oficial del Oro patrón monetario internacional que en 1.937 era de $2.00 el gramo y hoy es de $49.99, según datos del Banco de la República, resulta fácil deducir el valor actual de los $2.000 de que habla el artículo 95 del Código Penal en términos de equivalencia con el valor actual del oro. En efecto, la indemnización máxima comentada, equivalía en 1.937 a1.000 gramos de oro, hoy esos 1.000 gramos de oro, al precio oficial, valen $49.960.00, que sería la suma
total que podría reconocerse por perjuicios morales.
FUENTE FORMAL: LEY 95 DE 1936 - ARTÍCULO 95
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Consejero ponente: CARLOS PORTOCARRERO MUTIS
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de mil novecientos setenta y ocho (1978)
Radicación número: CE-SEC3-EXP1978-N1769
Actor: MARIA SAULIA RENDON GARCIA Y OTROS
Demandado: NACIÓNPOLICÍA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA En ejercicio de la acción consagrada en el art. 68 de la Ley 167 de 1.941, por medio del apoderado los señores ABEL NEISA RUIZ, MARIA SAULIA RENDON GARCIA, MARIA MARLY RENDON Y MARIA SHERLEY RENDON, presentaron demanda ante esta corporación para que previo el trámite de rigor y con citación y audiencia del señor Agente del Ministerio Público, se hicieran las siguientes aclaraciones y condenas: “1 A.) La nación Colombiana es responsable de la muerte del señor HARVEY RENDON, la que tuvo ocurrencia el día quince (15) de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro (1.974), en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), mas o menos a la una de la mañana (1 A.M.), por acción del Agente de la policía, señor HERNAN JOSE LESTER DUQUE CARDENAS. “2 A.) Como consecuencia de la anterior declaración la Nación Colombiana debe pagar a mis mandantes, señores SAULIA RENDON GARCIA Y ABEL NEIZA RUIZ
(padres del occiso), y MARÍA MARLY RENDON Y MARIA SHIRLEY RENDON (hermana del occiso), o a quien los derechos de estos represente en su condición de herederos, el monto o valor total de los perjuicios por ellos sufridos tanto morales como materiales, con ocasión de la mencionada muerte. “3 A.) Que se actualice el valor o monto de los perjuicios de acuerdo con el poder adquisitivo de la moneda, en la fecha de la respectiva sentencia y se efectúen los incrementos anuales de sus ingresos o entradas. Igualmente, que al decretar la indemnización me distingan dos (2) periodos: a) El de los perjuicios actualmente debidos; y b) El de los perjuicios futuros. Respecto de los perjuicios actualmente debidos, que se condene a la Nación a pagar a mis mandantes expresados, el valor de los interés corrientes. “4 A.) Ordénese dar cumplimiento al fallo condenatorio dentro del término establecido por el artículo 121 del C.C.A. Como normas violadas se citan en la demanda los artículos 16 de la C.N. y 68 del C.C.A. Admitida la demanda, se constituyó como parte impugnadora el Director General de la Policía Nacional. En la debida oportunidad el señor Fiscal 2 de la Corporación estimó que deberían despacharse favorablemente las peticiones de la demanda. Para resolver se, CONSIDERA La responsabilidad estatal fundada en la denominada falla de servicio o falta de la administración, ha sido objeto de estudio de esta Corporación de diferentes oportunidades, entre las cuales basta citar la recientemente producida en el caso del expediente No. 1482, con ponencia del Consejero Dr. JORGE VALENCIA
ARANGO, en donde recogiendo los fallos del Consejo sobre la materia expreso La Sala: “Cuando el Estado, en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada “FALTA O FALLA DEL SERVICIO” o aun mejor falta o falla de la administración? Tratándose de simples actuaciones administrativas, omisiones, hechos y operaciones administrativas se hace responsable de los daños causados el administrador. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y requiere: a.) Una falta o falla del servicio o de la administración, ineficiencia o ausencia del servicio, La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anínima de la administración, b.) Lo anterior implica que por que se excluye los actos de la gente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano, c.) Un daño, que implica lesión o perturbación de un bien protegido por el Derecho, bien sea civil o administrativo, etc., con las características generales dedicadas en el derecho privado para el daño indemnizable como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. D.) Una relación de casualidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aun demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a indemnización”. Y en esa oportunidad señaló el Consejo que se exonera de responsabilidad al Estado cuando quiera que en el proceso se demuestra que la causa del daño lo constituyo la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o la presencia de fuerza o caso fortuito. Ahora bien, según los hechos de la demanda se dirige la acción a buscar se
declare la responsabilidad de la Nación por la falla del servicio consistente en la muerte causada del señor HERVEY RENDON, por parte de un Agente dela policía Nacional, con armas de fuego de dotación oficial, y cuando este último se encontraba prestando sus servicios, y por ello se le condene a recibir a los demandantes el daño causado, consistente en la privación de la ayuda económica, que este las prestaba a sus familiares y también en el dolor que les produjo la muerte. Debe entonces la Sala examinar en primer término, si realmente existió la falla del servicio anotada por el apoderado de los actores, es decir, si la muerte del joven HERVEY RENDON tuvo su origen en actuaciones de un agente oficial cuando se encontraba prestando servicio o con ocasión de la prestación de los mismos, luego de encontrarse probada la falla del servicio, si existe un daño cierto determinado o determinable para los demandantes, consecuencia de la falla, y finalmente deducir el monto de los perjuicios ocasionados por el hecho dañoso.
LA FALLA DEL SERVICIO: Según se relata en los hechos de la demanda, la falla del servicio la hace consistir el apoderado de los demandantes en el hecho de que el señor HERVEY RENDON hubiera sido muerto” Por disparos de arma de fuego de dotación oficial” por el Agente de la Policía señor HERNÁN JOSE DUQUE CÁRDENAS, cuando no encontraba prestando servicios.
En el expediente a folio 5 del cuaderno principal obra copia auténtica de la autopsia, practicada el día quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta
y cuatro (1.974), al cuerpo de quien en vida se llamó HERVEY RENÓN, y según esa diligencia la causa del deceso fue “Anemia por hemorragia consecutiva a lesiones arteriovenosas mesentéricas y epiploicas producidas por proyectil que penetró y perforó la cavidad abdominal. “5 A) Se lee en ese documento que la víctima presentaba “orificio redondeado producida (sic) por la entrada de proyectil, arma de fuego, situado a dos treveses por debajo del reborde costal derecho y haciendo nivel con la línea mamelar. No se aprecia tatuaje, hay otro orificio de entrada de proyectil nivel del tercio superior de la cara anterior de la pierna izquierda y orificio de salida en la cara postero externa del mismo segmento a nivel inferior del de entrada; en su trayectoria de adelante atrás, de arriba abajo y de derecha a izquierda lesiona a los tejidos blandos y fractura los huesos tibia y peroné”. (El subrayado es de la Sala). A folio 80 vuelto del cuaderno No. 2 aparece copia de la diligencia de levantamiento del cadáver de HERVEY RENDÓN, y en ella se lee que los peritos expresaron “ Sobre el costado derecho del abdomen a la altura de las costillas falsas presenta herida suturada de aproximadamente veinte centímetros hecha al parecer por intervención quirúrgica, sobre la cara interna de la pierna izquierda aparece herida circular hecha al parecer por entrada de proyectil de fuego con orificio de salida por la cara externa de la misma”. En esa misma diligencia aparece que los disparos que causaron la muerte de la víctima fueron hechos
por un Agente de la Policía en número de 4, y consta que el victimario Duque quedó detenido en el Comando de la Policía Nacional. A folio 83 y 84 del mismo cuaderno aparee copia de la diligencia de indagatoria del señor Agente de Policía HERNÁN JOSÉ DUQUE CARDENAS, quien expuso el día 14 de este mes encontrándome de servicio ya que me toca veinticuatro horas a eso de las once de la noche, por no haber carro para el servicio de abigeato me llamo la atención una copera en una cantina no recuerdo el nombre en la parte de afuera en el andén estaba ella haciéndole que le pagar una cuenta ella me llamó la atención me dijo que le hiciera pagar esa cuenta, con toda la decencia del caso le insinué que pagara la cuenta a un señor el cual ella era que le estaba cobrando al decirle yo esto me dijo que él no era que no tenía con que pagar sino que no quería que no jodiera yo y que no me metiera en esto que no fuera metido y otras palabras más ofensivas entonces se fue retrocediendo en forma burlona a lo cual yo le insistía que pagara la cuenta luego dio la vuelta y cogió a pasos largos y entonces ella me dijo que le pasa es que lo va a dejar ir y entonces a mi me dio pena y seguí detrás insinuándole nuevamente pague esa cuenta no se valla (sic) a hacer llevar al llegar a la calle 30 con carrera 24 estando subiendo el andén él yo fui a cogerlo entonces el hombre desenfundó un cuchillo y me hizo varios lances entonces a ella también le tiró una puñalada y diciéndoles que no
fuera lambona porque ella le estaba recriminando el hecho que se estuviera tirando a mí o se como y del mismo susto hice un disparo por asustarlo luego uno bajito a lo cual el hombre me ataco más total se que hice tres disparos y el hombre dio la vuelta como a irse y aproximadamente a cinco metros el tipo cayó..“ En el acta de defunción del señor HERVEY RENDÓN aparece como causa principal de su muerte la anemia por hemorragia. En la providencia del Juzgado de primera instancia del comando del Departamento de policía del Valle, de 20 de junio de 1.975, se reconoce que la “materialidad de la infracción investigada quedo suficientemente acreditada en los autos” y que con los documentos de rigor se acreditó la calidad de Agente de la policía Nacional del sindicado. De la misma manera esa decisión judicial hace un análisis de la posibilidad de la legitima defensa en el caso de autos, se termina rechazándola y dice: “El hecho cuestionado obedeció a un procedimiento ligero no sopesado en sus consecuencias, toda vez que se apeló al empleo de las armas sin antes agotar otros recursos aconsejados por la prudencia y los reglamentos y aunque si bien es cierto que la ley admite el uso de las armas en algunas ocasiones, también lo es a determinadas situaciones de excepción que para ser aceptada debe estar enmarcada en ellas y no rebasar sus propios límites (fl 101). Lo anterior permite concluir que la existencia del hecho material de la muerte del señor HERVEY RENDÓN de manos del Agente de la Policía Nacional quien se encontraba a esas horas prestando servicios y relacionada con actos del servicios,
esta plenamente demostrada.
Surge ahora un interrogante: el hecho de que por sentencia de 12 de agosto de 1.975, el Juzgado de Primera Instancia del Comando de Departamento de Policía del Valle del Cauca, hubiera absuelto al Agente de Policía Nacional HERNÁN JOSÉ LESTER DUQUE CARDENAS del delito de homicidio, al aceptar el veredicto emitido por los señores vocales integrantes del Consejo de Guerra quienes manifestaron que el Agente no era responsable, impide llegar a la conclusión de la existencia de la denominada falla del servicio prestado por la
Policía Nacional. Considera la Sala que por sí sola la absolución de un funcionario público no puede tener la virtud de quitarle al hecho su carácter de constitutivo de una falla administrativa, simplemente, hace desaparecer la falta personal del agente, que en diversas ocasiones coexiste con la falla del servicio y en otras la excluye. El Juez militar cogió el veredicto de los vocales estimando que el agente obró en legítima defensa de su vida, motivada en la creencia de que su integridad corporal estaba en peligro. Aunque la Sala respeta las conclusiones de la Justicia Penal Militar en el caso de autos, y a pesar de que no encontró en la providencia absolutoria cuales fueron las razones que motivaron la aceptación de la causal de exoneración que ordinariamente se ha denominado “legitima defensa”, considera que si bien la responsabilidad personal del agente Duque Cárdenas fue definida por aquella sentencia y podía basarse en aspectos subjetivos del victimario, no sucede lo mismo con la responsabilidad estatal, que es objetiva.
Procede entonces estudiar si la actuación del servicio de Policía, por intermedio de su Agente el señor Duque Cárdenas, es excusable, y hace que el hecho dañoso sea imputable a la víctima. En varias providencias ha sostenido esta Corporación que el Estado para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 16 de la C.N. creó y organizó, entre otros, la denominada Policía Nacional, que según las voces del artículo 1 del Decreto 1355 de 1.970, “Esta instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad en los derechos que de esta se derivan…” Por ello expresa el art. 2 del Reglamento de Servicio de Vigilancia Urbana y Rural para la policía Nacional, que esta entidad “es la institución que, al servicio de las autoridades civiles, está encargada de garantizar las libertades y el goce de los derechos consagrados en la constitución y las leyes de la Republica, salvaguardar la vida, honra y bienes de los asociados, asegurar el cumplimiento de las disposiciones emanadas de las autoridades y garantizar la conservación del orden público en sus aspectos de seguridad, tranquilidad, y salubridad “, Y en su artículo 3 agrega ese reglamento que la Policía debe extender su acción protectora no solo a los intereses colectivos sino también a los individuales. Igualmente ese Estatuto señala como debe proceder la policía, y sus agentes, en las labores encomendadas exigiéndoles discreción, cautela, respeto y cultura, y por ello exige que “En sus intervenciones empleará un sano criterio profesional, interpretativo de la norma legal, sin hacer jamás uso de rigores
innecesarios” (Art. 23). Contempla el artículo 74 ibidem, los casos en que es permitido a los agentes de policía el uso de armas de fuego, así: a.-) Cuando el Agente es atacado de hecho o está en peligro inminente de serlo; es decir, cuando se ejercita el derecho de la legitima defesa establecido para todos los ciudadanos de la República y siempre que exista proporcionalidad entre el medio empleado por el agresor y el que se usa para repeler la agresión”. La legítima defensa solo se configura en virtud de una agresión actual e injusta; o sea es un derecho de carácter protectivo y preventivo pero no punitivo. En consecuencia desaparece la legalidad del derecho aludido si se dispara a un sujeto con posterioridad a la agresión”. b.) Cuando se trata de hacer deponer las armas y otros objetos que sirvan de moral amenaza a un tercero y la ordeno no fuera cumplida al mandato verbal del Agente “En estos casos, se deben agotar todos los medios tendientes a frustrar las intenciones del agresor y solo tratándose de una extrema rebeldía se podrá disparar al espacio o al sujeto, procurando causarle el menor daño posible, el suficiente para salvar la vida del agredido e impedir que continúe la agresión” c.-) Tratándose de capturados o delincuentes infragantis que huyen y no obedecen las intimaciones de detenerse, se agotaran los medios para capturar al que huye y en último extremo, siempre que la peligrosidad del sujeto lo justifique, se emplearan las armas de fuego con el propósito de impedir la huida, haciendo
primero los disparos al aire y después al sujeto procurando causarle el daño más leve. En ningún caso la intervención se orientara a ultimar a quien pretenda burlar la acción de la justicia; y “d.) Tratándose de multitudes o reuniones públicas que degeneren en asonadas, sedición o rebelión, o que hagan resistencia a la policía, empleando armas de fuego o instrumentos que pueden poner en peligro la vida del personal; en estos casos, se harán prevenciones verbales y a los amotinados y se emplearan, si fuere posible, elementos capaces de provocar su dispersión, tales como gases, agua a presión, etc; solo en circunstancias extremas se emplearan instrumentos susceptibles de poner en peligro la vida o la integridad personal. “La orden de emplear instrumentos capaces de poner en peligro la vida o la integrada personal, debe proceder del gobernador, alcalde o comandante del respectivo Departamento de policía, pero si fuere imposible por las circunstancias recibir órdenes de ellos, podrá darla bajo su responsabilidad al comandante de la patrulla o destacamiento que se encuentre en el sitio de los acontecimientos” Lo anterior muestra claramente que el Agente de Policía debe ser un profesional caracterizado por tener una gran prudencia, serenidad, tacto, diligencia, y en general, por ser capaz, de responder a situaciones difíciles tomando la decisión más adecuada que logre realizar los fines para los cuales fue creada la institución. No puede por tanto ser miembros de la Policía Nacional, individuos fácilmente alterables, de temperamentos excesivamente nerviosos, díscolos etc., ya que las
finalidades de la institución exigen que sus miembros logren cumplir sus deberes sin hacer daño a las demás personas. Deben capturar al delincuente, más evitar herirlos y mucho menos matarlos, disolver los desordenes, pero sin ocasionar en lo posible dalos a las personas que en ellos intervienen. En general, si bien tienen la obligación de impedir la perturbación del orden y el desconocimiento de los derechos de los demás, no por ello desaparece la obligación de evitar producir ellos mismos males mayores que los que pretenden evitar. Si un Agente de Policía está en la obligación de conducir hasta un estación o inspección (bien sea ciudadano que haya cometido un delito o contravención) debe primero asegurarse de cumplir esa orden o esa obligación sin causar daño al infractor; solamente en casos extremos podrá hacer uso de las armas para cumplir con su función pero siempre recordando que ese uso en PREVENTIVO y no punitivo. Pues bien, como se vio la justicia penal militar encontró que el agente de la policía Nacional no era responsable del delito de homicidio en la persona de HERVEY RENDÓN, más para el Consejo es evidente, que aunque el procesado fue exonerado de culpabilidad penal no puede decirse lo mismo de la Institución Policía Nacional, y eso se dice, porque no aparece demostrado en autos, ni así lo fue dentro del proceso penal, que el Agente de la Policía se hubiera visto precisado a disparar sobre el señor RENDÓN ante el inminencia de peligro grave y que hubiera agotado todos los medios para evitar hacer daño y solamente disparando o para atemorizarlo. La autopsia demuestra no solo que los disparos
fueron varios sino también que por los menos uno de ellos se hizo a RENDÓN cuando este se encontraba de espaldas al Agente. A esto debe agregarse lo que la autopsia dice: que la trayectoria del proyectil fue de “arriba abajo” lo cual indica la posición de la víctima frente al victimario, que no coloca a este propiamente en el caso de “legítima defensa” . Todo lo anterior, demuestra que el Agente de la policía Nacional, HERNÁN JOSEÉ DUQUE C. no utilizó la discreción, prudencia y serenidad exigida por los reglamentos de policía, es decir que no se comportó como lo exigía el servicio, y por ello, el mismo servicio falló en la salvaguardia de la vida de los ciudadanos, Además por la conducta del citado agente era de esperarse que se presentaran los hechos en la forma como sucedieron, por cuanto durante los 5 años de servicio a la policía Nacional fue objeto de sanciones, de arresto severo en cinco oportunidades” por abusar ocasionalmente de bebidas embriagantes, t
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