CE-SEC3-EXP1978-N1839

ACCIÓN INDEMNIZATORIA - Accede

DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / MUERTE CAUSADA POR AGENTE DE LA POLICÍA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / FALLA EN EL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL Basta la abundante prueba del expediente en el sentido de que quienes dispararon sobre los indefensos ciudadanos fueron los Agentes de la Policía S. y M. y que ninguno de los vecinos del pueblo estaba armado con armas de fuego. (…) La falla o falla de la Administración, aparece, pues, plenamente probada. La muerte de M. A. G. fue la consecuencia directa de tal falla, con indiscutible relación de causalidad.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN PLENA /

INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tanto en materia civil como en la penal y la administrativa, cuando quiera que surge la obligación de indemnizar perjuicios, ella es plena, es decir, implica la necesidad de indemnizar la totalidad del perjuicio causado, de restablecer el derecho, de regresar, hasta donde sea posible, a la víctima, al estado anterior al daño (…) Y el C. C. A., en sus artículos 67 y 68, habla del restablecimiento del derecho, en el primero y de "indemnización o prestación correspondientes" por lo que, puede sentarse como regla general la de que la obligación de indemnizar perjuicios, comprende la totalidad de los causados, en todas las ramas del derecho.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 67 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 68

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DEVALUACIÓN DE LA MONEDA

[L]a Sala encuentra equitativo y jurídico que en materia de perjuicios en el campo extracontractual, se atienda a la desvalorización de la moneda nacional para mantener el poder reparador de la suma reconocida como indemnización, conforme lo predica la moderna doctrina sobre la materia y lo exige la equidad. PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE / PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HIJO / PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE CÓNYUGE Doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, están de acuerdo en que el dolor experimentado por los padres frente a la muerte del hijo, y por la esposa frente a la muerte del cónyuge, es evidente, no requiere prueba, lo que hace plenamente viable el reconocimiento de la indemnización por el dolor (daño moral subjetivo) sufrido por la señora R. DEL S. S. VIUDA DE G., con ocasión de la muerte de su esposo M. A. G., es decir $ 24.990.00. RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE / PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE PADRES En cuanto a los menores (…) hijos del occiso, atendida su edad para la época de los sucesos, se les reconocerá, por el mismo concepto de indemnización del daño moral subjetivo, a cada uno, la mitad de lo reconocido a su señora madre, es

decir, $ 12.495.00 moneda legal colombiana.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente: JORGE VALENCIA ARANGO

Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978)

Radicación número: CE-SEC3-EXP1978-N1839(1839)

Actor: RUBIELA DEL SOCORRO SEPÚLVEDA

Demandado: POLICÍA NACIONAL

Jairo y Arledy Gómez Sepúlveda. La señora RUBIELA DEL SOCORRO SEPULVEDA VDA. DE GOMEZ, en su propio nombre y en el de sus hijos menores JAIRO Y ARLEDY GOMEZ SEPULVEDA, por medio de apoderado, solicita a esta Corporación que se declare responsable a la Nación de la muerte de su esposo y padre y se condene a la misma a pagarles los perjuicios correspondientes. Por auto de octubre 13 de 1975, se le concedió a los demandantes amparo de pobreza, razón por la cual toda la actuación se ha surtido en papel común, no están obligados a prestar cauciones procesales, no pagaron expensas, ni honorarios de auxiliares de la Justicia. La demanda señala como peticiones las siguientes: "Primera. Declárase responsable a la Nación de los perjuicios sufridos por la señora Rubiela del Socorro Sepúlveda vda. de Gómez y sus hijos Jairo y Arledy Gómez Sepúlveda, con ocasión de la muerte violenta que a su esposo y padre

dieron agentes al servicio del Estado (Policías) el día 25 de septiembre de 1972, en la cabecera municipal de Abriaquí, Antioquia. "Segunda. En consecuencia, condénase a la Nación a pagarles en la proporción de ley y dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia: 1) Los perjuicios materiales demostrados en el proceso. "Al respecto la sentencia distinguirá entre la indemnización debida o consolidada desde la fecha del insuceso hasta la de probable cumplimiento del fallo y la indemnización de los perjuicios futuros, tomada como una renta vitalicia capitalizada al interés técnico efectivo señalado por la Superintendencia Bancaria para tal menester. 2) Los perjuicios morales a razón de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00), para cada uno de los reclamantes. "Tercera. Se condena a la Nación a pagarle a los demandantes el 20% de la suma de los anteriores conceptos, en que se disminuye la indemnización decretada en su favor, en razón de que deben pagar, según el artículo 164 del Código de Procedimiento Civil, un porcentaje igual a su abogado. "Cuarta. La Nación pagará intereses corrientes a los reclamantes desde el 25 de septiembre de 1972 y hasta cuando se efectúe la solución de las obligaciones que en esta providencia resultan de su cargo. Como hechos relató los siguientes: "1° Por esas cosas que ponen en calor a los contertulios, entraron en discusión algunos campiranos en uno de los establecimientos de cantina de la cabecera municipal de Abriaquí, Antioquia.

"2° Corría el año de 1972 y era último lunes del mes de noviembre, día 25, de concurso público, o de feria, en la población. "3° Y caída la noche cuando la policía intervino para meterlos a la cárcel. "4° A empellones los sacaron del establecimiento los agentes JORGE ISAAC SANCHEZ MONSALVE y JOSE NICOLAS RAMIREZ y los llevaban a patadas, culatazos e hijueputasos (sic) por lo que amigos y parientes se hicieron presente, reclamando mejor trato y ofreciéndoles ayuda a los policiales para conducirlos a sus casas o aún a la misma 'guandoca' según costumbre de estas poblaciones sanas. "5° Pero la brutalidad del trato arreció y la escena atrajo la curiosidad de los municipales que, aterrorizados, la presenciaban. "6° De un momento a otro Sánchez Monsalve disparó por dos veces su arma carabina de dotación. "7° Este agente era conocido y temido en la población no sólo por sus malos procedimientos profesionales sino sociales: tenía poco respeto por lo ajeno, y, además, solía vender licores después del cierre reglamentario de los expendios locales. Con reiteración se había pedido su traslado a los superiores sin que prestaran oído a las justas quejas de funcionarios y ciudadanos del lugar. "8| Inmediatamente después de que Sánchez Monsalve disparara su arma, irrumpió en el lugar JEREMIAS MONTES GIRALDO, otro de los guardianes del orden en Abriaquí, echando bala a diestra y siniestra. "9° Estaba que se caía de la borrachera pues desde el medio día andaba de farra

con el Alcalde y el médico oficial del municipio. "10° Sánchez Monsalve como que se sintió acompañado y entonces resolvió proseguir el abaleo. "11° Uno y otro hicieron más de una veintena de 'tiros'. "12° Entre tanto, José Nicolás Ramírez, permanecía impávido Y a pesar de que era el comandante del puesto de policía de Abriaquí y por ello superior inmediato de los agentes que estaban atentando contra la ciudadanía. "13° Como consecuencia trágica de tan bárbaro procedimiento perdieron la vida los ciudadanos ANIBAL AGUIRRE MACHADO, ALIRIO CARDONA QUICENO, el esposo y padre de mis poderdantes, MARCO ANTONIO GOMEZ y quedó baldado de por vida JAIRO CARDONA QUICENO. "14° Es de anotar que nunca, en ningún momento, nadie de la población salvajemente atropellada, intentó agredir siquiera a los policías y que éstos fueron los únicos que aparecieron esgrimiendo sus armas de dotación oficial y disparándolas sobre los inermes pobladores del lugar. "15° El señor Marco Antonio Gómez había nacido el 2 de julio de 19 ?. Contaba al morir 26 años, 1 mes y 25 días. Y como gozó siempre de la mejor salud, era persona juiciosa y de muy sanas costumbres, habría podido vivir por lo menos 42 años más, de acuerdo con la Tabla Colombiana de Mortalidad de los asegurados 1955/59, aprobada mediante la Resolución número 3.025, expedida por la Superintendencia Bancaria el 2° de noviembre de 1971, sino llegar a la edad

senecta, supervivencia menor que la de su viuda demandante que nació el 13 de septiembre de 1951, y, obviamente, que la de sus hijos. "16° Gómez casó con Rubiela del Socorro Sepúlveda Benítez el 7 de agosto de 1959, en la iglesia parroquial de Abriaquí. "17° De la unión nacieron y sobreviven Jairo, a quien dio a luz el 26 de diciembre de 1971, y Arledy, a quien le llegó el 27 de abril de 1972. "18° Don Marco Antonio Gómez fue un agricultor, emprendedor, honrado y muy trabajador. "19° Cuando murió se estaba ganando más o menos $ 50.00, $ 35.00 en dinero, tres litros de leche para su familia, pasto para dos bestias suyas y la casa donde vivía, campesina pero cómoda e higiénica, especies de valor no inferior a $ 15.00. "20° Y esto que se ganaba lo empleaba en el mantenimiento de su esposa y de sus hijos, a los que nunca llegó a faltar con su ayuda económica y moral. "21° Obviamente, pues, con su trágica desaparición, los reclamantes han sufrido evidentes perjuicios materiales y morales. "22° Perjuicios ligados causalmente al mal funcionamiento del servicio de policía, al procedimiento reñido con la Constitución y las leyes' de que dan cuenta los hechos narrados atrás. Como disposiciones violadas citó las siguientes: Artículos 16, 20 y 51 de la Constitución Nacional; artículos 68 del C. C. A.; artículos 1°, 4°, 5° y 29 del

Decreto N° 1355 de 1970; artículos 1°, 2° y concordantes del Decreto N° 2348 del 3 de diciembre de 1971; artículos 3°, 4°, 5°, 9°, 13, 28 a 34, 50, 52, 60, 64, 66, 68, 71-2, 13, 17, 72-1-4, 73-3 y 76-2 del Decreto número 2857 del 21 de noviembre de 1966 o Reglamento de Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, en concordancia con los artículos 2341, 2347,1613 y 1614 del Código Civil. Como el proceso ha recibido el trámite de ley y no se observa causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar la sentencia, previas las siguientes consideraciones: El concepto Fiscal: El señor Fiscal Segundo, doctor Gilberto Gartner Posada, conceptúa que "debe accederse a las súplicas de la demanda, declarando responsable al Estado de la muerte del señor MARCO ANTONIO GOMEZ, y condenando a la Administración, al pago de los perjuicios sufridos por los demandantes", haciendo las siguientes consideraciones: "Constante y reiteradamente se ha dicho que para la prosperidad de la pretensión resarcitoria por perjuicios en contra del Estado, debe acreditarse plenamente en el proceso, los siguientes elementos axiológicos: "1° La existencia del hecho generador de la falla o falta de un servicio a cargo del Estado; "2° El daño o perjuicio que se afirma haber sufrido el actor; y

"3° La relación de causalidad entre el primero y el segundo. "LA FALLA DEL SERVICIO: "Las autoridades de la Jurisdicción Penal Militar llegaron a la conclusión inequívoca de la participación de los Agentes de la Policía señores JEREMIAS MONTES GIRALDO, JORGE ISAAC SANCHEZ MONSALVE, en los actos violentos en los que resultaron muertos los señores ALIRIO CARDONA QUICENO, MARCO ANTONIO GOMEZ y ANIBAL AGUIRRE MACHADO y lesionado JAIRO CARDONA QUICENO, y que fueron presentados por el actor como fundamento de sus pretensiones. "De las copias de las sentencias de primera y segunda instancia, así como de los demás medios de prueba arrimados al expediente, se infiere sin lugar a dudas la participación directa de los Agentes de la Policía en la muerte del señor MARCO ANTONIO GOMEZ. Y aun cuando se absolvió al Agente JORGE ISAAC SANCHEZ MONSALVE por el delito de homicidio en este último, tal decisión se debió a la aplicación que el fallador penal le dio al artículo 455 del Código de Justicia Penal Militar, por la dificultad para dilucidar la responsabilidad "por la duda manifiesta al no ser los testigos lo suficientemente claros o mejor observar con certeza el disparo ante la confusión reinante", lo que en manera alguna exime a la administración de la responsabilidad por los hechos de sus agentes. Cualesquiera de los Agentes que hubiera sido el autor material del disparo que acabó con la vida del señor MARCO ANTONIO GOMEZ, esposo y padre de los demandantes, el Estado siempre será responsable en razón de que, como lo ha dicho el

Honorable Consejo de Estado, la responsabilidad estatal es primaria, es decir, recae en la persona de derecho público en primer lugar, y es objetiva; hay falla cuando existe daño a los derechos de los asociados como consecuencia de la acción o la omisión estatal. "Acreditado está en este proceso que los representantes de la autoridad fueron los únicos que utilizaron armas de fuego; que los hechos ocurrieron en razón y con ocasión de la prestación del servicio de policía. Según los testigos, con anterioridad se había solicitado el traslado del Agente Sánchez ya que la conducta tanto de éste como la de su compañero Montes, era una amenaza para la sociedad, así lo afirman Aurelio Cano Estrada, quien fuera el juez de la localidad de Abriaquí (Antioquia) el día de los acontecimientos y el señor JESUS EMILIO MORENO, Personero del mismo Municipio. "En fin, en la misma sentencia del funcionario penal, se asevera que se trató de un mal procedimiento policial; que los agentes no estuvieron a la altura de las circunstancias, en el sagrado deber de defender los intereses de la comunidad; que se descarta cualquier justificación de la violencia, como la configuración del delito de asonada; y que "la autoridad obró desproporcionalmente y sin medir las consecuencias que se derivan o derivarían de la verificación de un mal procedimiento". "No hay duda, pues, de la existencia de la prueba del primer elemento de la pretensión, o sea, la falla del servicio. "LOS PERJUICIOS. "Se afirma en el libelo que con la muerte del señor MARCO ANTONIO GOMEZ, se privó a su esposa y a sus hijos de la ayuda económica y moral, lo cual se traduce

en grave perjuicio que debe ser indemnizado por la administración, como consecuencia del mal funcionamiento del servicio de policía. "Para acreditar la dependencia económica de los demandantes, se recibieron varias declaraciones de testigos que afirman que les consta personalmente que la señora Rubiela del Socorro Sepúlveda de Gómez, y sus hijos, dependían y vivían de los ingresos de trabajo de su esposo y padre MARCO ANTONIO GOMEZ y que no tenían bienes de fortuna. "Se demuestra en esta forma, la existencia de los perjuicios causados a los demandantes. "RELACION DE CAUSALIDAD. "El tercer elemento de la pretensión, esto es, la relación de causalidad entre la falla del servicio y el daño causado a la actora, surge del estudio de los mismos, pues si los agentes no hubieran producido la muerte del señor MARCO ANTONIO GOMEZ, no se hubieran causado los perjuicios que ahora reclaman los actores. "Demostrados pues los presupuestos de la responsabilidad de la Administración, considera la Fiscalía que debe accederse a las súplicas de la demanda. "MONTO DE LOS PERJUICIOS. "El actor reclama los perjuicios tanto materiales como morales. Para el monto de los primeros se solicitó y obtuvo el dictamen de dos peritos idóneos, quienes rindieron su dictamen en forma oportuna; lo explicaron y fundamentaron en forma satisfactoria, por lo cual debe el Honorable Consejo de Estado acogerlo en su integridad, pues, además, no fue objetado en su oportunidad legal. "En cuanto hace a los perjuicios morales que no son otros que el dolor moral (el

pretium doloris), sufrido por los demandantes ante la pérdida irreparable con la muerte de su ser querido, considera esta Agencia del Ministerio Público, que debe condenarse a la Nación al pago de la suma de $ 37.685.00 para cada uno de los demandantes, como perjuicios morales subjetivos, suma que los peritos calculan como equivalente a los $ 2.000.00 de que habla el artículo 95 del Código Penal. "Debe, pues, aplicarse la tesis que impera en la doctrina moderna por ser la que más se ajusta a la equidad y a los principios generales del derecho y la acogida por la Honorable Corte Suprema de Justicia en reiteradas providencias con argumentos valederos. "Se advierte que a esta conclusión ha llegado la Fiscalía, después de un examen sereno de la cuestión, que obliga rectificar o mejor, abandonar criterios defendidos en ocasiones anteriores". La Sección Tercera, en vista de que el proyecto de decisión, implica cambio de jurisprudencia, lo trajo a Sala Plena en cumplimiento del artículo 24 del DecretoLey 528 de 1964. Para resolver se considera El señor Aurelio Cano Estrada (folio 195, cuaderno N° 3 ex Juez de Abriaquí), relata como los Agentes Montes y Sánchez, dispararon contra Alirio Cardona, Aníbal Aguirre y Marco Antonio Gómez, sin razón, sin provocación y cuando las víctimas, en forma ostensible, carecían de armas; expone como fueron inútiles sus esfuerzos y los del señor Cura Párroco, quien de rodillas pedía clemencia para

con el pueblo indefenso, sin que los atendieran los Agentes de Policía, que entre otras cosas, estaban ingiriendo licor desde el medio día y obviamente, al atardecer, momento de los hechos sangrientos, ya se encontraban embriagados. En el mismo sentido deponen, Angel de J. Tobón Arroyave (folio 178, Cuaderno 3), quien inclusive, sindica directamente al agente Sánchez de la muerte de Marco Antonio Gómez; Fernando Vélez Giraldo (Cuaderno NP 3, folio 174) Personero Municipal de Abriaquí, en la época de los acontecimientos, quien, como el anterior, da cuenta de la peligrosidad de los Agentes de Policía Sánchez y Montes y como ya la había hecho conocer de los superiores, antes de los acontecimientos, sin que se hubiera puesto remedio a tal situación; Juan Manuel Ruiz Moreno (Cuaderno N° 3, folio 152); Ricardo Vélez Duque (Cuaderno NP 3, folio 136). Obra a folios 83 y ss. del Cuaderno NP 3, la sentencia del Consejo Verbal de Guerra que juzgó a los Agentes Jorge Isaac Sánchez Monsalve y Jeremías Montes Giraldo por los sucesos del Municipio de Abriaquí y en la cual, después de reconocer lo injusto y desproporcionado del procedimiento policial, se condena a los procesados por el homicidio en las personas de Alirio Cardona Quiceno y Aníbal Aguirre. Se absolvió a Sánchez, por la muerte de Marco Antonio Sánchez, con la consideración de que no estaba bien probado cual de los dos Agentes le dio muerte, caso en el cual, lo que ha debido hacerse es el cuestionario para ambos

procesados, por responsabilidad conjunta. Tal sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior Militar, según consta en copia auténtica visible a folio 100 del Cuaderno N° 3. Y la absolución dada, en la forma vista, nada quita o agrega a la investigación de responsabilidad del Estado, para la cual no es necesario individualizar al Agente autor de la muerte de Gómez. Para estos efectos, basta la abundante prueba del expediente en el sentido de que quienes dispararon sobre los indefensos ciudadanos fueron los Agentes de la Policía Sánchez y Montes y que ninguno de los vecinos del pueblo estaba armado con armas de fuego. A folios 53 y 55 del cuaderno NP 3, aparecen las hojas de vida de los agentes Jorge Isaac Sánchez y Jeremías Montes, con los que queda plenamente acreditada su condición de Agentes de Policía para la época de los sucesos. La falla o falla de la Administración, aparece, pues, plenamente probada. La muerte de Marco Antonio Gómez (acta, folio 8, Cuaderno NP 2) fue la consecuencia directa de tal falla, con indiscutible relación de causalidad. Aparecen las actas de registro civil de los nacimientos de John Jairo Gómez Sepúlveda (el 26 de diciembre de 1971, folio 7, Cuaderno NP 2), Arledy del Socorro Gómez Sepúlveda (folio 2, Cuaderno NP 3), procreados dentro del matrimonio legítimo celebrado entre Rubiela del Socorro Sepúlveda y Marco Antonio Gómez el 17 de agosto de 1969 (folio 5, cuaderno NP 2) y hay abundante

prueba en el plenario de que tanto la esposa de Gómez como sus menores hijos, eran sostenidos en todos los gastos que demandaba su subsistencia, por el difunto Marco Antonio Gómez con su modesto salario de ordeñador y encerrador en una finca de las cercanías del pueblo de Abriaquí. Para determinar el valor de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, se ordenó la práctica de un dictamen pericial. Al folio 197 del Cuaderno NP 3, obra el experticio, el cual lo acoge la Sala, en su integridad, en lo relacionado con los perjuicios materiales, y, en gran parte, en lo que respecta a los perjuicios morales subjetivos.

Dicen los expertos: "1° Determinación del ingreso familiar. "Partimos de la base de que corresponde a un 75% del ingreso bruto que en vida tuvo el señor Marco Antonio Gómez. "Ingreso: Sueldo anual……………………………………………….…$ 17.250.00

Cesantía…………………………………………………………………………...1.500.00 Primas……………………………………………………………………………..1.500.00 Vacaciones…………………………………………………………………………..750.00

Ingreso total en el año: ……………………………………………………$ 21.000.00

Ingreso neto familiar 75%...................................................................$ 15.750.00 "Por lo tanto el ingreso neto familiar lo estimamos en $ 15.750.00 anuales de los cuales corresponde a la esposa $ 7.875.00 (50%) y $ 3.937.50 por cada uno de los dos hijos. Lo anterior representa en términos de mensualidades un valor neto como cuota mensual de ingreso para la esposa de $ 656.25 y de $ 328.25 también

mensual por cada uno de los dos hijos. "Cálculo de las mensualidades debidas: "Fecha de la muerte del señor Gómez: "Septiembre 25 de 1972 (C2-F8). "Fecha probable del cumplimiento del fallo: "Septiembre 25 de 1977. "En razón de lo anterior hemos estimado que a la fecha probable del cumplimiento del fallo y desde la muerte del señor Gómez transcurrirán 60 meses lo que sobre esta base de tiempo nos permite calcular el valor actual que por las mensualidades debidas y en razón de los perjuicios, recibiría el demandante. "Para efecto de lo anterior aplicamos de la manera que en seguida se dispone la fórmula que por matemáticas financieras nos permite calcular cuál es el monto final de una serie de mensualidades dada una tasa de interés: "Monto = CX Sn: 63 "Donde C = $ 656.25 cuota anual ya determinada para la esposa. "n = 60 meses, tiempo transcurrido entre la fecha de la muerte del señor Gómez y la fecha probable del cumplimiento del fallo. "i 16.0% anual = 0.01333 mensual. Tasa de interés corriente fijada como tal por la Superintendencia Bancaria. Resolución N° 699 de marzo 12 de 1964 (C3 - F 58). Factor Sni 91.03552. "M = Monto final o sea valor final total debido. "Monto = $ 59.742.06 valor que en este experticio se calcula como la suma que por mensualidades debidas deberá pagarse a la señora Rubiela viuda de Gómez. Procediendo en forma similar al cálculo anterior y teniendo en cuenta que el 50%

del ingreso neto familiar corresponde a los hijos, en este caso, siendo dos, por mitades, hemos calculado en la suma de $ 29.871.03 el valor de los perjuicios debidos al hijo John Jairo Gómez Sepúlveda y en igual suma o sea también la cantidad de $ 29.871.03 a la hija Arledy Gómez Sepúlveda. "Cálculo de las mensualidades anticipadas. "Queda por determinar el valor actual de los perjuicios futuros esto es, el valor actual de los ingresos que a partir de la fecha ya determinada del incumplimiento probable del fallo (Septiembre 25-77) y hasta la fecha probable de la muerte de quien prestaba la ayuda, deben pagarse a la esposa y a los hijos. "En el caso de la esposa este tiempo se calcula hasta la fecha pro» bable de la muerte del esposo que ciertamente resulta anterior a la fecha probable de la muerte de la esposa. En relación con los hijos el tiempo se calcula hasta la fecha cierta en que cada uno de ellos llegaría a la edad de 21 años que en este caso resulta mayor. "Valor actual de las mensualidades correspondientes a la esposa. "Se trata de determinar el valor actual de las mensualidades que recibiría durante el tiempo n de la vida probable del esposo contado desde el 25 de septiembre de 1977. "Determinación del Tiempo n. "Fecha de nacimiento: Julio 2-46.

Fecha de la muerte: Septiembre 25 de 1972. "Esto es, al morir tenía una edad de 26 años por aproximación por defecto de dos meses. "Según la tabla colombiana de mortalidad vigente desde 1972 (Resolución N° 1439 de 1972) la supervivencia probable del señor Marco Antonio Gómez era de

47.31 años (C. 3 fls. 69 y 71). "n — 568 meses = 47.31 años. "C $ 656.25 (ya calculado). "i = 6% anual = 0.005 mensual. Tasa de interés Técnico su Resolución 1439 de 1972 de la Superintendencia Bancaria (F 57 C 3). "Va = C Ani "Ani == A 568 0.005. "Desarrollo que por matemáticas financieras habrá de hacerse según la siguiente Formulación: "Va = C A 268 x V 300 + A 300 i+ 147.45572 y 0.22396 + 33,02418 = 155,20686 "= C x 33,02418 + G 155.20686 "= 21.672.12 + 101.854.46 "+ 123.526.58 "De donde resulta que $ 123.526.58 es el valor actual que corresponde a las mensualidades que deben ser pagadas a la esposa correspondientes al tiempo probable de vida de quien prestaba la ayuda, contado únicamente desde el 25 de septiembre de 1977. "Valor actual de las mensualidades correspondientes al hijo John Jairo. "Por igual procedimiento, con la variación del factor tiempo n ha de calcularse así : "Va = CANI = Ca 180 0.005 = $ 38.883.96. Valor actual de las mensualidades que deben ser pagadas al hijo John Jairo, correspondiente al tiempo probable de vida del padre, contado a partir del 25 de septiembre de 1977 y limitado a la fecha de mayoría de edad del hijo. "Para la hija Arledy del Socorro. "Con iguales observaciones y cálculo que para el primer hijo, y con la lógica

modificación del tiempo, este valor será de $ 40.437.47". "Los perjuicios morales subjetivos.

Dice el dictamen: "VALOR REAL DE LOS PERJUICIOS MORALES A PARTIR DE SU FIJACION NOMINAL EN $ 2.000.00. "Relación Dólar-Peso Colombiano en 1° de enero de 1938: US $ 1.788 (artículo 95

Código de Procedimiento Penal del 16 de diciembre de 1934 y Decreto 2300 de 1937). "Relación Dólar-Peso Colombiano en Febrero de 1976 (fl. 44 C. 3). "US $ = $ 33.69. "Por tanto y estableciendo la correspondiente relación 1 peso de 1938 equivale a $ 18.842 de febrero de 1976. Y por consiguiente $ 2.000.00 de 1938 equivalen en febrero de 1976 a $ 37.684.00". Sobre este tema, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sentado las siguientes jurisprudencias: "Respecto de los daños materiales propiamente dichos, en casos como el que ahora se estudia, se ha expuesto también que para efectos de determinar su resarcibilidad debe tenerse en cuenta quién fue la víctima. Que si ésta era persona que al ocurrir su muerte no tenía una actividad productiva de la cual se beneficiaran también los que reclaman la indemnización, por razón de su edad, de enfermedad o de incapacidad física o mental, sus deudos o parientes próximos no reciben perjuicio económico con su fallecimiento. 'Si el muerto no tenía capacidad productiva al morir, pues a nadie ayudaba y a nadie perjudicó con su muerte'

(LXXXVII). "Considera la Corte, dijo ésta en sentencia de casación civil del 26 de mayo de 1954, que establecida la existencia del daño, sin la cual no puede hacerse la declaración de responsabilidad, queda tan sólo por determinar la exacta extensión del perjuicio que debe ser reparado, ya que el derecho no impone al responsable del acto culposo la obligación de responder por todas las consecuencias, cualesquiera que sean, derivadas de su acto, pues semejante responsabilidad sería gravemente desquiciadora de la sociedad misma, que el derecho trata de regular y favorecer, sino de aquéllas que se derivan directamente o indirectamente del acto culposo. "Tanto la jurisprudencia como la doctrina admiten que el perjuicio debe ser reparado en toda la extensión en que sea cierto. "No sólo el perjuicio actual es cierto, sino también el perjuicio futuro, pero no lo es el perjuicio simplemente hipotético. La jurisprudencia califica el perjuicio futuro de cierto y ordena repararlo, cuando su evaluación es inmediatamente posible, al mismo título que el perjuicio actual. La Corte Francesa de casación, dice Chapus en su obra citada, se ha esforzado en ciertas sentencias por enunciar esta doctrina en términos no dudosos y ha declarado que 'si no es posible decretar la reparación de un perjuicio puramente eventual, sucede de otro modo cuando el perjuicio, aunque futuro, aparece al juez como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual que es susceptible de evaluación inmediata' (LXXXVII, pág. 712). "De acuerdo con lo anterior forzoso es concluir que en el caso sub judice, no

obstante la responsabilidad civil que corre de cargo de la demandada, no hay lugar a condenar a éste al pago de perjuicios materiales ni morales objetivados por las siguientes razones: en primer término, porque la parte demandante no adujo prueba alguna de los unos ni de los otros; en segundo lugar, porque como en el libelo mismo se afirma que teniendo en cuenta el grado avanzado de estudios que cursaba en ese entonces (el joven Uriel) teníamos puestas en él grandes esperanzas de ayuda y sostenimiento', ello significa indudablemente que se pretende el pago de perjuicios futuros puramente conjeturables o hipotéticos, los cuales según se dijo atrás, por falta del elemento certidumbre, no pueden ser materia de indemnización. En este sentido dijo también la Corte 'en cuanto concierne a los perjuicios materiales ocasionados a terceros por la muerte o invalidez accidentales de una persona, se admite que está legitimado para demandar el resarcimiento correspondiente quien, por tener una relación jurídica con la víctima, sufre una lesión en el derecho nacido de este víncu