CE-SEC3-EXP1981-N2976

DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / FALLA DEL SERVICIO / FALLA EN EL SERVICIO / DECOMISO DE VEHÍCULO / APREHENSIÓN DE

VEHÍCULO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA / DIAN / CONTRABANDO / CONTRABANDO DE MERCANCÍA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / COSA JUZGADA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN /

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Si bien es cierto desde un punto de vista estrictamente formal asiste la razón al señor Consejero sustanciador, interpretada la demanda en su fondo surge otra consecuencia diferente. Y se dice que formalmente por cuanto el libelo insiste en concretar la falla del servicio en el decomiso del vehículo y no en la actuación judicial posterior. Pero, la concreción hecha no tiene el alcance que le dio el señor conductor del proceso. El demandante sólo quiso hacer la precisión que no estaba demandando la responsabilidad del Estado por el acto jurisdiccional, ya que esta

posición doctrinaria ha sido entre nosotros ordinariamente negativa y esa es la interpretación lógica. Pero sí podía demandar con apoyo en una actividad administrativa concretada en el acto de decomiso ilegal, según calificación dada por la justicia de aduanas que no podrá cuestionarse. Es evidente, por lo demás, que en el caso concreto la operación se inició con el decomiso del vehículo, con el cargo de presunción de contrabando. La administración podía hacerlo, en principio, y la ley la autorizaba para ello. Por esto el acto inicial en sí, no era de entrada ilegal o injusto: se volvió ilegal luego de la culminación de la operación y cuando la justicia de aduanas sobreseyó definitivamente a su propietario. Allí se supo que no existió el motivo plausible inicial y que por ende, toda la actividad administrativa había estado viciada y era productora de ciertos daños. Y tuvo que esperarse la culminación del proceso investigativo y su sobreseimiento definitivo para poder hablar de la falla estatal. Sin esa culminación ni siquiera puede hablarse de operación, sino de hechos más o menos concatenados. Si hubiera sido otro el resultado, (por ejemplo, que el vehículo era de contrabando) no habría existido fundamento alguno para la presente demanda y contra la decisión jurisdiccional nada tampoco se hubiera podido adelantar. La cosa juzgada sería su propio apoyo y defensa. Por lo brevemente analizado, se concluye que contada la oportunidad para instaurar la presente acción desde que culminó la operación administrativa, la demanda que la contiene no está caducada, dadas las voces del artículo 28 del Decreto 528 de 1964.

FUENTE FORMAL: DECRETO 528 DE 1964 – ARTÍCULO 28

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA Consejero ponente: Bogotá D.E., seis (6) de febrero de mil novecientos ochenta y uno (1981)

Radicación número: CE-SEC3-EXP1981-N2976

Actor: ANTONIO MARIA ROBAYO MURCIA

Demandado:

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Indemnizaciones. Para resolver el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 11 de julio del pasado año, que rechaza la demanda por caducidad, se considera: Si bien es cierto desde un punto de vista estrictamente formal asiste la razón al señor Consejero sustanciador, interpretada la demanda en su fondo surge otra consecuencia diferente. Y se dice que formalmente por cuanto el libelo insiste en concretar la falla del servicio en el decomiso del vehículo y no en la actuación judicial posterior. Pero, la concreción hecha no tiene el alcance que le dio el señor conductor del proceso. El demandante sólo quiso hacer la precisión que no estaba demandando la responsabilidad del Estado por el acto jurisdiccional, ya que esta posición doctrinaria ha sido entre nosotros ordinariamente negativa y esa es la interpretación lógica. Pero sí podía demandar con apoyo en una actividad administrativa concretada en el acto de decomiso ilegal, según calificación dada por la justicia de aduanas que no podrá cuestionarse. Es evidente, por lo demás, que en el caso concreto la operación se inició con el

decomiso del vehículo, con el cargo de presunción de contrabando. La administración podía hacerlo, en principio, y la ley la autorizaba para ello. Por esto el acto inicial en sí, no era de entrada ilegal o injusto: se volvió ilegal luego de la culminación de la operación y cuando la justicia de aduanas sobreseyó definitivamente a su propietario. Allí se supo que no existió el motivo plausible inicial y que por ende, toda la actividad administrativa había estado viciada y era productora de ciertos daños. Y tuvo que esperarse la culminación del proceso investigativo y su sobreseimiento definitivo para poder hablar de la falla estatal. Sin esa culminación ni siquiera puede hablarse de operación, sino de hechos más o menos concatenados. Si hubiera sido otro el resultado, (por ejemplo, que el vehículo era de contrabando) no habría existido fundamento alguno para la presente demanda y contra la decisión jurisdiccional nada tampoco se hubiera podido adelantar. La cosa juzgada sería su propio apoyo y defensa. Por lo brevemente analizado, se concluye que contada la oportunidad para instaurar la presente acción desde que culminó la operación administrativa, la demanda que la contiene no está caducada, dadas las voces del artículo 28 del Decreto 528 de 1964. Por lo expuesto, la Sala de Decisión resuelve: 1) Revócase el auto de julio 11 del pasado año dictado por el doctor Jorge Valencia Arango. En su lugar: Admítese la demanda presentada por el señor Antonio María Robayo Murcia. En consecuencia: a) Notifíquese tanto al señor Fiscal de la Corporación como al señor Ministro

de Hacienda y Crédito Público y al Director General de Aduanas. b) Fíjese en lista por el término de cinco días para que las partes puedan hacer uso de las facultades legales. c) Reconócese personería al doctor Jorge Carreño French para actuar como apoderado de la parte actora de conformidad con el memorial que obra a folios 1 del expediente.

COPIESE Y NOTIFIQUESE.

Esta providencia fue aprobada por la Sala en su sesión celebrada el día 5 de febrero de 1981.

EDUARDO SUESCUN MONROY,

CARLOS BETANCUR JARAMILLO,

JORGE DANGOND FLOREZ

FELIX ARTURO MORA VILLATE

SECRETARIO