CE - Sentencia 25000233600020210004902 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 25000233600020210004902 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes.

Demandados: Instituto de Desarrollo Urbano -IDUy Consorcio Intervial Urbano

Referencia: Controversias contractuales

TEMAS: CONTRATO DE OBRA – La delimitación del objeto contractual no releva al contratista del cumplimiento de las especificaciones técnicas ni de la calidad de las obras efectivamente ejecutadas / FALSA MOTIVACIÓN – Para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos que declararon el incumplimiento debía acreditarse que las patologías y no conformidades que los sustentaron no eran imputables al contratista / INTERVENTORÍA – Su participación en la definición y seguimiento de las actividades no exonera al contratista de los defectos derivados de la ejecución de las actividades a su cargo / EQUILIBRIO ECONÓMICO – La variación de las cantidades de obra exige acreditar su incidencia económica efectiva y una alteración extraordinaria de la ecuación contractual.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 04 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en agencias en derecho.

Síntesis de la decisión

de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en agencias en derecho.

Síntesis de la decisión

2. Se confirmará la sentencia apelada, porque no se desvirtuó la presunción de legalidad de las Resoluciones 1744 y 3067 de 2019, mediante las cuales el IDU declaró el incumplimiento parcial del Contrato de Obra n.º 1092 de 2016 e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. El procedimiento administrativo garantizó los derechos de defensa y contradicción y no se acreditó la falsa motivación de los actos demandados.

3. Aunque el contrato no imponía al Consorcio JHG una obligación general de diagnosticar o rehabilitar estructuralmente los corredores viales, esa delimitación no lo relevaba de ejecutar las actividades a su cargo conforme a las especificaciones técnicas ni d e responder por su calidad y estabilidad. La prueba aportada no demostró que las patologías y no conformidades que sustentaron la declaratoria de incumplimiento obedecieran exclusivamente a fallas estructurales preexistentes ajenas a su ejecución, ni desvirtuó las demás situaciones técnicas identificadas por la interventoría y el IDU. Tampoco se acreditó un incumplimiento imputable a la entidad ni que las actuaciones del CIU 1 hubieren interferido en el cumplimiento del contratista, ni una alteración extraordinaria de la ecuación económica del contrato que justificara el reconocimiento de las sumas reclamadas.

1 Consorcio Intervial Urbano.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

que justificara el reconocimiento de las sumas reclamadas.

1 Consorcio Intervial Urbano.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

Demandado: IDU y Consorcio Intervial Urbano

Referencia: Controversias contractuales

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Antecedentes

La demanda

4. El 9 de febrero de 20212, el Consorcio JHG y sus integrantes Germán Antonio Ballestas Berdejo, José Sydney Martínez Aguilar y Hace Ingenieros S.A.S. demandaron al IDU y al Consorcio Intervial Urbano en calidad de interventor, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales y solicitaron: i) se declare que el Consorcio Intervial Urbano no ejecutó la interventoría conforme al objeto del contrato 1092 de 2016; ii) el IDU incumplió dicho contrato, lo que ocasionó perjuicios a los demandantes, iii ) la nulidad de las Resoluciones 1744 y 3067 de 2019 y, subsidiariamente, la declaración de incumplimiento contractual del IDU por declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal, iv) el reconocimiento del derecho al pago de las obras e ítems efectivamente ejecutados y no recibidos o reconocidos por la entidad , y se d eclare que la póliza de estabilidad de la obra ampara exclusivamente la calidad de los materiales y procedimientos constructivos, en los términos de los Estudios Previos del proyecto.

5. Como consecuencia, se condene a los demandados a la devolución de $132.110.325 correspondiente al valor de la sanción impuesta; al pago de

en los términos de los Estudios Previos del proyecto.

5. Como consecuencia, se condene a los demandados a la devolución de $132.110.325 correspondiente al valor de la sanción impuesta; al pago de $400.367.732 por las obras ejecutadas y no recibidas 3, y de $1.000.000.000 4 por los ítems ejecutados y recibidos cuyo pago, según la demanda, el IDU se negó a reconocer. Asimismo, la actualización de esas sumas, el reconocimiento de intereses moratorios y la condena al IDU en costas y agencias en derecho.

Hechos

6. El IDU adelantó la Licitación Pública IDU -LP-SGI-006-2016 para contratar una brigada de reacción vial para ejecutar, a precios unitarios y monto agotable, obras de conservación de la malla vial arterial no troncal de Bogotá.

7. El 22 de diciembre de 2016, la entidad celebró el Contrato de Obra n.º 1092 de 2016 con el Consorcio JHG, integrado por Hace Ingenieros S.A.S., Germán Antonio Ballestas Berdejo y José Sydney Martínez Aguilar, para intervenir el Grupo

1, correspondiente a la zona oriental, a saber5:

2 Índice 01 Samai. En auto del 30 de julio de 2021, el tribunal de primera instancia admitió la demanda (Índice 02 Samai). El 21 de enero de 2022, los demandantes presentaron reforma de la demanda que se admitió en auto del 31 de enero de 2022. La reforma conservó el contenido de la demanda inicial y únicamente corrigió su orden formal, al denominar las pretensiones como principales, subsidiarias y condenatorias. Las modificaciones

auto del 31 de enero de 2022. La reforma conservó el contenido de la demanda inicial y únicamente corrigió su orden formal, al denominar las pretensiones como principales, subsidiarias y condenatorias. Las modificaciones introducidas en los h echos y en el material probatorio cumplen una función de sustentación de pretensiones preexistentes. No se configuró una nueva reclamación sujeta a un término de caducidad independiente. 3 La reforma de la demanda: “SEGUNDA CONDENATORIA: Condénese al IDU a pagar el valor de las obras ejecutadas, que la Interventoría y el IDU se negaron a recibir, las cuales ascienden al valor de cuatrocientos millones trescientos sesenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos ($440.367.732)”, por tanto, es claro que se presenta una discrepancia entre las letras y el número. La Sala toma como valor $400.367.732 que corresponde al valor en letras. 4 La reforma de la demanda: “TERCERA CONDENATORIA: Condénese al IDU a pagar el valor de los ítems ejecutados y recibidos que el IDU se ha negado a reconocer, cuyo costo es de mil millones de pesos ($ 1.000.000)”, por tanto, es claro que se presenta una discrepancia entre las letras y el número. La Sala toma como valor $1.000.000.000 que corresponde al valor en letras. 5 Índice 1 Samai. Expediente primera instancia, Pliego de Condiciones de la Licitación Pública n°. IDU-LP-SGI006-2016.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

Demandado: IDU y Consorcio Intervial Urbano

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Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

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8. Los demandantes afirmaron que los documentos precontractuales, el contrato y el anexo técnico delimitaron el objeto contractual a actividades de conservación, mantenimiento rutinario y periódico, consistentes en labores de parcheo, bacheo, sellado de fisuras, fresado y reposición de carpeta en los eventos autorizados por el IDU.

9. En ese sentido, sostuvieron que las actividades eran superficiales y no comprendían la rehabilitación estructural del pavimento, que exigía diagnósticos, estudios especializados y diseños ajenos a la contratación y no asignados al contratista en la matriz de riesgos.

10. Asimismo, señalaron que el proyecto se apoyó en el índice de condición del pavimento (PCI), que correspondía a una evaluación superficial de las vías, y que el IDU no entregó diagnósticos estructurales de los corredores por intervenir.

Agregaron que el con tratista y la interventoría debían elaborar un inventario georreferenciado, mediante inspección visual, para identificar los huecos y seleccionar el mantenimiento procedente. Esto no implicaba determinar el estado estructural del pavimento ni asumir la responsabilidad por fallas de esa naturaleza.

11. Los corredores por intervenir se entregaron el 7 de febrero de 2017. El acta de inicio se suscribió el 9 de febrero siguiente y la ejecución concluyó el 8 de diciembre de 2017. Esta terminación se consignó en el Acta n.° 13 del 12 de diciembre del mismo año.

de inicio se suscribió el 9 de febrero siguiente y la ejecución concluyó el 8 de diciembre de 2017. Esta terminación se consignó en el Acta n.° 13 del 12 de diciembre del mismo año.

12. El IDU celebró el contrato n.º 581 de 2017 con el Consorcio Interval Urbano para ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo sobre la ejecución del contrato.

13. Los demandantes sostuvieron que durante la ejecución del contrato las actividades que se desarrollaron fueron revisadas y aprobadas por la interventoría y recibidas por el IDU y que, por esa razón, debían entenderse ejecutadas conforme a las especificacion es técnicas pactadas. Afirmaron que, pese a ello, una vez concluido el contrato, la entidad cambió el criterio aplicado inicialmente y atribuyó al contratista deterioros derivados de fallas estructurales preexistentes del pavimento, aunque, a su juicio, es as condiciones no habían sido diagnosticadas ni formaban parte de las obligaciones contractuales.

14. Señalaron que, con fundamento en los informes elaborados con posterioridad a la ejecución de las obras, el IDU inició un procedimiento administrativo sancionatorio y concluyó que el contratista incumplió susRadicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

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obligaciones porque escogió inadecuadamente el tipo de intervención y ejecutó reparaciones insuficientes frente a los daños existentes. Como consecuencia,

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obligaciones porque escogió inadecuadamente el tipo de intervención y ejecutó reparaciones insuficientes frente a los daños existentes. Como consecuencia, mediante las Resoluciones 1744 y 3067 de 2019 declaró el incumplimiento parcial del Contrato 1092 de 2016 e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria.

15. Por ello, a juicio de los demandantes, el IDU desconoció que el contrato únicamente comprendía actividades de conservación y exigió resultados propios de una rehabilitación estructural. Se modificó las obligaciones pactadas, trasladó al contratista riesgos que no le fueron asignados y afectó el reconocimiento de obras ejecutadas y el equilibrio económico del contrato.

Concepto de violación

-Nulidad de las Resoluciones 1744 y 3067 de 2019

16. I) Violación del debido proceso y de los derechos de defensa y contradicción. Los demandantes alegaron un manejo probatorio irregular durante el procedimiento administrativo, porque el IDU valoró el dictamen pericial que aportaron como prueba documental, omitió decretarlo o rechazarlo de manera motivada y encargó a la interventoría pronunciarse sobre su contenido, lo que, a su juicio, afectó su valoración y contradicción.

17. También afirmaron que no se les permitió controvertir el último informe de interventoría que fundamentó la sanción, pese a que la entidad sostuvo que no constituía prueba. Por último, señalaron que no se concedió la oportunidad para presentar alegatos de c onclusión y que, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 debía integrarse con las reglas del CPACA.

constituía prueba. Por último, señalaron que no se concedió la oportunidad para presentar alegatos de c onclusión y que, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 debía integrarse con las reglas del CPACA. Agregaron que se desconoció la presunción de inocencia al imponerse la sanción sin que estuviera acreditado el incumplimiento.

18. II) Falsa motivación. El IDU desconoció que los daños estructurales no eran imputables al consorcio, pues el diagnóstico y la reparación de tales daños no formaban parte de las obligaciones contractuales. Afirmaron, además, que no se acreditó un incumplimiento del contratista y que se hizo efectiva la cláusula penal sin demostrar el daño ni los presupuestos que sustentaban la declaratoria de incumplimiento.

-Incumplimiento contractual del IDU por la expedición de las resoluciones demandadas

19. Los demandantes sostuvieron que la efectividad de la cláusula penal carecía de fundamento legal y contractual y que la expedición de las resoluciones demandadas constituyó, a su vez, un incumplimiento contractual del IDU que causó los perjuicios cuyo reconocimiento solicitaron.

-Incumplimiento de las funciones del interventor

20. El contrato de interventoría estaba coligado con el contrato de obra. Por esa razón, el incumplimiento del interventor incidió directamente en los perjuicios del consorcio.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

Demandado: IDU y Consorcio Intervial Urbano

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-Incumplimiento del Contrato 1092 de 2016 por el IDU

21. El IDU desconoció el deber de planeación, pues estructuró el proceso con información técnica insuficiente, omitió actividades previsibles y trasladó al contratista sobrecostos derivados de la ejecución. Además, la entidad actuó en contra de los principios de buena fe y equilibrio contractual al negar el reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra e ítems no previstos que resultaron indispensables para cumplir el objeto del contrato.

22. Las actividades adicionales no obedecieron a una decisión autónoma del contratista, sino a necesidades surgidas durante la ejecución y a exigencias de la propia administración. En consecuencia, el IDU debía reconocer esos valores.

Contestación de la demanda

23. El IDU contestó6. Se opuso a las pretensiones porque, a su juicio, carecían de sustento fáctico, jurídico y probatorio. Afirmó que la entidad y el interventor cumplieron las obligaciones de los contratos de obra e interventoría y que el incumplimiento era atribuible exclusivamente al Consorcio JHG.

24. El anexo técnico asignó expresamente al contratista la responsabilidad de definir el tipo de intervención mediante inspección visual de los tramos priorizados.

En consecuencia, sostuvo que la entidad no estaba obligada a entregar una preclasificación de las vías y que las obras de tipo estructural no estaban previstas en el contrato, por lo que el contratista asumió por su cuenta y riesgo las que ejecutó.

En consecuencia, sostuvo que la entidad no estaba obligada a entregar una preclasificación de las vías y que las obras de tipo estructural no estaban previstas en el contrato, por lo que el contratista asumió por su cuenta y riesgo las que ejecutó.

25. Las Resoluciones 1744 y 3067 de 2019 se fundamentaron en los informes de interventoría, en múltiples requerimientos previos y en la persistencia de numerosas no conformidades y deterioros prematuros que impidieron el recibo definitivo de las obras.

26. La interventoría cumplió sus funciones de vigilancia, seguimiento y control y, requirió reiteradamente al contratista para corregir las deficiencias. No hay prueba que permita atribuirle el incumplimiento o los perjuicios alegados.

27. Rechazó la existencia de un desequilibrio económico del contrato.

Argumentó que los mayores costos alegados obedecieron a la propia propuesta económica del contratista, pues este presentó precios artificialmente bajos y asumió los riesgos derivados de su oferta. Las intervenciones posteriores se fundamentaron en la necesidad de subsanar las no conformidades detectadas. Alegó que el dictamen pericial allegado por el Consorcio JHG no reúne los requisitos del artículo 226 del CGP.

28. Formuló las excepciones de: i) cumplimiento de funciones contractuales por parte de la interventoría, ii) cumplimiento del Contrato 1092 de 2016 por parte del IDU, iii) legalidad de los actos administrativos demandados, e iv) imposibilidad de pagar ítems y obra ejecutada.

parte de la interventoría, ii) cumplimiento del Contrato 1092 de 2016 por parte del IDU, iii) legalidad de los actos administrativos demandados, e iv) imposibilidad de pagar ítems y obra ejecutada.

6 Índice 08 Samai, el IDU contestó la demanda. Índice 15 Samai, el IDU contestó la reforma de la demanda.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

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29. El Consorcio Intervial Urbano7 no contestó8.

La sentencia de primera instancia9

30. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no se vulneró el debido proceso, pues la actuación administrativa respetó las garantías previstas en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Aunque la citación inicial se refirió erróneamente a la imposición de una multa, de su contenido se desprendía que la actuación estaba encaminada a declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, circunstancia que fue aclarada desde la primera audiencia.

31. El dictamen técnico aportado por el consorcio se analizó en las resoluciones demandadas y se concluyó que no tenía los requisitos para desvirtuar el incumplimiento. El informe de interventoría no constituyó una nueva prueba, sino el resultado del seguimiento del plan de contingencia que propuso el propio contratista.

demandadas y se concluyó que no tenía los requisitos para desvirtuar el incumplimiento. El informe de interventoría no constituyó una nueva prueba, sino el resultado del seguimiento del plan de contingencia que propuso el propio contratista. El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no contempla una etapa autónoma de alegaciones finales.

32. No se acreditó la falsa motivación. La declaratoria de incumplimiento no se sustentó en la obligación de ejecutar obras de rehabilitación estructural o diagnósticos de las vías, sino en contractuales concretos, consistentes en intervenciones que no cumplía n las especificaciones técnicas, patologías prematuras en las obras, uso de mezclas asfálticas en condiciones inadecuadas y falta de entrega de la documentación necesaria para el recibo final de las obras.

33. El contrato imponía al contratista la responsabilidad de inspeccionar previamente los corredores viales, definir el tipo de intervención y advertir oportunamente la existencia de daños estructurales.

34. Durante el procedimiento administrativo, el contratista admitió la ejecución de actividades bajo amenaza de lluvia, la colocación de mezclas a temperaturas inferiores a las exigidas, la entrega extemporánea de memorias de cálculo y el incumplimiento parcial del plan de contingencia.

35. No procedía declarar el incumplimiento contractual del IDU, porque el Consorcio JHG no demostró haber atendido previamente sus obligaciones. Por el contrario, se acreditó que fue este quien las incumplió. Tampoco se probó que la entidad hubiera actuado irregularmente al ejercer la potestad sancionatoria y hacer efectiva la cláusula penal.

contrario, se acreditó que fue este quien las incumplió. Tampoco se probó que la entidad hubiera actuado irregularmente al ejercer la potestad sancionatoria y hacer efectiva la cláusula penal.

36. No se probó la ruptura del equilibrio económico. El contrato, el anexo técnico y el pliego de condiciones establecían que las cantidades de obra eran aproximadas y que el IDU podía modificar los segmentos objeto de intervención sin alterar el valor contractual. También imponían al contratista la obligación de estructurar su oferta con base en sus propios estudios técnicos e incluir los costos directos e indirectos,

7 Integrado por IAR Proyectos S.A.S. y Bateman Ingeniería S.A. 8 Índice 28 Samai. Expediente primera instancia. Auto del 29 de agosto de 2022. 9 El 15 de febrero de 2023, se adelantó la audiencia inicial y el 27 de marzo de 2023, la audiencia de pruebas.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

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como los trabajos nocturnos, el transporte, los laboratorios, la maquinaria y los demás riesgos propios de la ejecución contractual. Por tanto, el Tribunal consideró que las variaciones en las cantidades ejecutadas constituían riesgos previsibles asumidos por el contratista.

37. El demandante tampoco demostró técnicamente la existencia de sobrecostos extraordinarios ni la procedencia del reconocimiento de las intervenciones e ítems cuyo pago reclama. Las pruebas no acreditaron una alteración imprevisible de la

37. El demandante tampoco demostró técnicamente la existencia de sobrecostos extraordinarios ni la procedencia del reconocimiento de las intervenciones e ítems cuyo pago reclama. Las pruebas no acreditaron una alteración imprevisible de la ecuación económica del contrato ni permitieron desvirtuar que las obras no recibidas incumplían las especificaciones técnicas exigidas . Por tanto, no hay lugar al reconocimiento económico solicitado.

El recurso de apelación

38. La parte demandante apeló y solicitó revocar la sentencia por indebida valoración probatoria y errónea calificación jurídica de los hechos al negar la nulidad de las Resoluciones 1744 y 3067 de 2019. Sostuvo que el Tribunal separó indebidamente los daños e structurales, el diagnóstico y la rehabilitación de la sanción, pese a su relación con el objeto contractual y las patologías observadas.

El contrato comprendía mantenimiento rutinario y periódico, no diagnóstico ni rehabilitación estructural; los segmentos se definían mediante recorrid os e inspecciones visuales y no mediante estudios especializados. Por ello, no podía exigirse al contratista identificar punto por punto fallas estructurales ni garantizar una durabilidad absoluta de las intervenciones. Añadió que el IDU acogió la posición de la interventoría sin efectuar una valoración técnica autónoma de las explicaciones y pruebas aportadas por el Consorcio.

39. Alegó que los ensayos de laboratorio, registros fotográficos, análisis adicionales y el concepto de Carlos Iván Gutiérrez acreditaban la calidad de los materiales y procesos constructivos, incluso respecto de intervenciones ejecutadas a bajas temperaturas que permanecían sanas. Algunas zonas volvieron a

adicionales y el concepto de Carlos Iván Gutiérrez acreditaban la calidad de los materiales y procesos constructivos, incluso respecto de intervenciones ejecutadas a bajas temperaturas que permanecían sanas. Algunas zonas volvieron a deteriorarse después de ser reparadas, lo que, a su juicio, confirmaba la existencia de fallas estructurales. Reclamó un análisis individual de los trabajos en los siguientes puntos AK27 -69, AC17 -F31B, AC17 -F23A, AC44 -F37D, AC53 -142A, K19-117A, K19-118A, 4K7-246F, AK27-F44 y AK27-F38; afirmó daños estructurales en AC17 -F30, AK10 -F40, AK10 -F43 y AK10 -F42; y señaló que AK30 -212, 4K7137B, 4K7-149A y 4K7-165 fueron reparadas y recibidas. También indicó que varias intervenciones permanecieron funcionales más de un año y que la comunicación JHG-1092-070-2018 contenía información posterior no valorada, por lo que los actos se habrían sustentado en datos incompletos o desactualizados.

40. Controvirtió la distribución de responsabilidades, pues los recorridos eran conjuntos, la interventoría participaba en la identificación y aprobación de las soluciones y el IDU determinaba finalmente el alcance de las actividades. La interventoría suscribió actas parciales sin formular objeciones específicas en campo frente a numerosos procesos y posteriormente clasificó $345 .866.136 como “fallas estructurales” y $219 .843.940 como “intervenciones no reparadas”, sin explicar el nexo entre cada conducta y la obligación supuestamente infringida. También

frente a numerosos procesos y posteriormente clasificó $345 .866.136 como “fallas estructurales” y $219 .843.940 como “intervenciones no reparadas”, sin explicar el nexo entre cada conducta y la obligación supuestamente infringida. También rechazó obras que, según el consorcio, cumplían las especificaciones o permanecían en buen estado, sin identificar el defecto concreto de materiales o procedimiento. De allí derivó que no podía atribuirse exclusivamente al contratistaRadicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

Demandado: IDU y Consorcio Intervial Urbano

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la totalidad de las consecuencias técnicas y solicitó, además, declarar el incumplimiento del contrato de interventoría.

41. Frente al equilibrio económico, cuestionó que cualquier variación estuviera comprendida en el riesgo contractual por el carácter aproximado de las cantidades del Anexo 8. Señaló que el ítem 3.012 de parcheo pasó de 51 m³ previstos a 6.289 m³ ejecutados, va riación que calculó en 12.333 %, que el fresado disminuyó aproximadamente 67,77 % y que, en otro aparte, la variación general fue estimada en 1.800 %. Según el recurso, la reducción de fresados y el aumento de intervenciones puntuales modificaron sustancialmente la estructura de costos y evidenciaron falta de planeación o una modificación unilateral desproporcionada.

Esa alteración incrementó los costos de laboratorios, transportes y trabajo nocturno:

intervenciones puntuales modificaron sustancialmente la estructura de costos y evidenciaron falta de planeación o una modificación unilateral desproporcionada. Esa alteración incrementó los costos de laboratorios, transportes y trabajo nocturno: $130.680.619 por laboratorios, $169.272.449 por transportes y $1.368.593.313 por nocturnidad, derivados de una ejecución materialmente distinta de la prevista.

42. En cuanto al procedimiento sancionatorio, sostuvo que la base fáctica y económica cambió durante el trámite sin trazabilidad ni contradicción suficientes.

Mencionó no conformidades iniciales por $1.390.241.155, una sanción aproximada de $417.072.374, un ba lance de $918.779.578, intervenciones por fallas estructurales de $345.866.136, intervenciones no reparadas por $219 .843.940 y obras no recibidas por especificaciones por $282 .602.193. Afirmó que algunas de ellas habían sido reparadas, recibidas o demostradas posteriormente como sanas y que nueve actas parciales acreditaban $9.643 .119.632 de obra ejecutada y $382.275.926 por ajustes. También cuestionó la imputación relacionada con la memoria técnica final y los documentos de liquidación del anticipo, porque, a su juicio, integraron los cargos y debían examinarse dentro de l seguimiento del incumplimiento atribuido.

43. Alegó violación del debido proceso porque el IDU trató como simple documento el concepto de Carlos Iván Gutiérrez, presentado como peritaje, sin decretarlo ni rechazarlo motivadamente y sin permitir subsanar sus requisitos o acudir a otra prueba técnica. También censuró que el último informe de interventoría

documento el concepto de Carlos Iván Gutiérrez, presentado como peritaje, sin decretarlo ni rechazarlo motivadamente y sin permitir subsanar sus requisitos o acudir a otra prueba técnica. También censuró que el último informe de interventoría hubiera sido utilizado como fundamento de la decisión sin traslado formal, pues su conocimiento previo durante la ejecución no sustituía la contradicción en la actuación sancionatoria. Sostuvo que, conc luido el período probatorio, debía concederse el término de diez días para alegar previsto en el artículo 48 del CPACA, dado que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 regula un procedimiento especial, pero no integral. Añadió que el cambio entre la consecuencia inicialmente anunciada y la posterior ejecución de la cláusula penal exigía una nueva oportunidad de defensa

44. El recurrente sostuvo, además, que el IDU invirtió la carga de la prueba y desconoció la presunción de inocencia al exigir al Consorcio demostrar, mediante diagnósticos no contratados, que los daños no le eran imputables, cuando correspondía a la entidad a creditar técnicamente la falla, su nexo causal y la obligación incumplida. Afirmó que la declaratoria de incumplimiento y la cláusula penal requerían examinar tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y no limitarse a contrastar las conductas con cláusulas contractuales. Añadió que esta constituía una estimación anticipada de perjuicios, pero no acredita por sí sola su existencia, pues un incumplimiento no produce necesariamente un daño. Por ello, consideróRadicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727)

una estimación anticipada de perjuicios, pero no acredita por sí sola su existencia, pues un incumplimiento no produce necesariamente un daño. Por ello, consideróRadicación: 25000-23-36-000-2021-00049-02 (71727) Demandante: Consorcio JHG y sus integrantes

Demandado: IDU y Consorcio Intervial Urbano

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que el IDU también incumplió el contrato al ejercer indebidamente la facultad

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