CSJ - AP442-2023(61277)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente AP442-2023 Radicación No. 61277 Acta No. 020 Bogotá, D. C., ocho (08) de febrero de dos mil veintitrés (2023). ASUNTO La Sala de Casación Penal resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las víctimas, contra la preclusión de la indagación dispuesta a favor de los Generales (R) de la Policía Nacional Rodolfo Bautista Palomino López, Carlos Ramiro Mena Bravo y Édgar Sánchez Morales, por los punibles de constreñimiento ilegal y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en providencia del 22 de febrero de 2022.

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros HECHOS Fueron consignados en el auto impugnado, así: «La presente indagación tuvo origen en la compulsación de copias que ordenó la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte dentro del radicado 110016000102201500164, en las que el Coronel ® MARIO AURELIO PEDROZA SANDOVAL instauró denuncia contra la Revista Semana y el periódico El Tiempo por incurrir en los presuntos punibles de injuria y calumnia. En dicha compulsación se puso en conocimiento de la Fiscalía Quinta Delegada la posible comisión de los delitos de constreñimiento ilegal y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto que se atribuye cometieron los Generales en ® PALOMINO LÓPEZ, MENA BRAVO y

SÁNCHEZ MORALES, por los siguientes hechos: Sostuvo el Coronel ® PEDROZA SANDOVAL que el 28 de septiembre de 2012, ante la Junta Asesora de Generales y el Ministro de Defensa, manifestó su inconformidad al no haber sido llamado a curso para el grado de Brigadier General, pese a su excelente trayectoria profesional, lo que “desató una persecución” en contra de él y su familia “con excesivo uso de poder y autoridad, acoso laboral, etc.”. A raíz de ese suceso el 1º de octubre de 2012, en ejercicio del derecho de petición expuso su situación al otrora Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, además de referirse a su hoja de vida y a las razones por las que consideró debió ser elegido para el ascenso a Brigadier General, empero, el 8 de octubre del mismo año, con fundamento en dicho documento se inició en su contra acción disciplinaria por “los términos en que se refiere a sus superiores y a la institución”. Afirmó que dos días después, esto es, el 3 de octubre de 2012, mientras se encontraba disfrutando de sus vacaciones se le convocó a una reunión en la oficina del General RODOLFO BAUTISTA PALOMINO LÓPEZ, para entonces Subdirector de la Policía Nacional (E); a la que también asistió el General CARLOS RAMIRO MENA BRAVO, Director de la DIJIN, un psicólogo de la institución, su esposa Gloria Rocio Vargas Pulgarín y su hija, Viviana Marcela Pedroza Vargas, Subteniente adscrita a la DIJIN y, a la que no pudo llegar a tiempo su hijo, Carlos

Mario Pedroza Vargas, Alférez de la Escuela General Santander, quien recibió orden directa de presentarse en dicho lugar. Señaló que dicha convocatoria tenía como propósito presionarlo o 2

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros intimidarlo, a través de su familia para que desistiera de su derecho a reclamar sobre el ascenso, y evitar que el asunto trascendiera a los medios de comunicación, máxime cuando pretendía denunciar probables hechos corruptos relacionados con esas promociones y “seguimientos ilegales” de los que venía siendo víctima desde el 2 de octubre de 2012. Amén a lo anterior, sindicó al General ® ÉDGAR SÁNCHEZ MORALES, Director de la Escuela General Santander, el 4 de octubre de 2012, de presionar a su hijo Carlos Mario Pedroza Vargas, para que asistiera a la reunión con la finalidad de que lo convenciera de levantar las reclamaciones contra la institución, por lo que tres días después el Brigadier General le concedió 5 días de permiso1, a efecto de que “le ayudara a su padre a pensar mejor las cosas”. Aseguró que tales retaliaciones se vieron reflejadas, el 11 de octubre de 2012, cuando la Junta Asesora del Ministerio de Defensa en el Acta No. 011 recomendó llamarlo a calificar servicios, de suerte que mediante el Decreto 2543 de 23 de diciembre del mismo año, fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional. A lo que se suma que su hijo luego de

graduarse de oficial de la Escuela de Cadetes General Santander, en el año 2013 fue trasladado al Departamento de Policía del Amazonas.»

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 26 de febrero de 2019, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia precluyó la indagación que se adelantaba contra los Generales (R) de la

Policía Nacional Rodolfo Bautista Palomino López, Carlos Ramiro Mena Bravo y Édgar Sánchez Morales, por atipicidad objetiva de los delitos de constreñimiento ilegal y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

2. Interpuesto recurso de apelación en contra de la anterior determinación por el apoderado de víctimas y la Representante del Ministerio Público, en providencia CSJ 1 Así lo mencionó la Fiscalía cuando elevo la solicitud, pero al contrastar los EMP, se advierte que, el permiso al que se refiere, lo fue por 3 días.

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros SP916-20202, del 18 de marzo de 2020, esta Corporación la revocó.

3. Retomada la actuación por la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, radicó solicitud de audiencia de preclusión el 13 de octubre de 2021.

Esa diligencia se cumplió los días 26 de enero y 22 de marzo de 2022, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En la última sesión se dio lectura al auto AEP 014-2022

del 22 de febrero de 2022, por el cual se decidió precluir la indagación que por los punibles de constreñimiento ilegal y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, se adelantaba en contra de Generales (R) de la Policía Nacional Rodolfo Bautista Palomino López, Carlos Ramiro Mena Bravo y Édgar Sánchez Morales.

4. Dicha determinación, fue objeto de apelación por uno de los apoderados de víctimas.

5. Concedido el recurso ante la Sala de Casación Penal de esta Corporación, por providencia AP4078-2022, del 7 de septiembre de 2022, declaró fundados los impedimentos manifestados por los Magistrados Myriam Ávila Roldán y

Fernando León Bolaños Palacios. 2 Rad. 55629 4

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros DE LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó la preclusión de la investigación al amparo de la casual 1ª del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo señalado en el artículo 82, inciso 4º, del Código Penal. En respaldo de ello, evocó los hechos denunciados por el Coronel (R) Mario Aurelio Pedroza Sandoval, para sostener que, si bien las acciones persecutorias pueden ubicarse en diferentes fechas, así, iniciando el 1º de octubre de 2012 y hasta el 8 de octubre de la misma anualidad, todas ellas deben ser entendidas como un solo suceso que culminó el 8

de ese mes, dada la unidad de designio que las precedió. Consecuente con ello, consideró que el último acto que se habría ejecutado con el fin de obtener que el citado Coronel cesara en sus reclamaciones públicas por ser excluido del curso de ascenso a Brigadier General, se remontaría al 8 de octubre de 2012, cuando se envió la solicitud de investigación disciplinaria en su contra con sustentó en la petición que él radicó exponiendo su desacuerdo el 1º de ese mismo mes. Sin que pueda, extenderse la acción penal, hasta el momento en que se recomendó llamar al Coronel a calificar servicios o el instante en que se produjo el retiro de la institución el 23 de diciembre de 2012, por cuanto, tales 5

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros actos obedecieron a terceros no involucrados en la presente investigación. De modo que, entendiéndose que los delitos de constreñimiento ilegal (artículo 182 del Código Penal) y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (canon 416 ejusdem) son de ejecución instantánea, el término dispuesto en el artículo 83 del estatuto sustancial penal para la extinción de la acción penal se configuró por ambas conductas, el 7 de abril de 2020. A esa conclusión llegó al verificar que, por el delito de constreñimiento ilegal, el término de prescripción es de 7 años y 6 meses, ello, dado que la pena privativa de la libertad, con el incremento de la Ley 890 de 2005, sería entre

16 y 36 meses de prisión, lo cual, ajustado al límite mínimo que dispone el artículo 83 ejusdem, arrojan 5 años, mismos que se aumentan en la mitad, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1474 de 2011, debido a que la conducta se habría ejecutado por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Situación similar expuso respecto del comportamiento de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, al tener este delito sanción de multa; lo cual conlleva, a efectuar las cuentas, siguiendo el mismo derrotero del inciso 1° del artículo 83 del Código Penal, según el cual, el plazo de prescripción no puede ser inferior a 5 años, periodo que 6

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros también incremento en la mitad por la calidad de servidores públicos de los denunciados. De modo que, señaló, frente a los dos ilícitos, de forma objetiva el referido lapso se cumplió el 7 de abril de 2020, cuando las diligencias estaban en la secretaria común de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, una vez fueron devueltas de esta Corporación cuando se decidió el recurso de apelación contra el auto de preclusión que inicialmente se había adoptado por atipicidad de las conductas. EL AUTO RECURRIDO La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia señaló que, entre otras causales establecidas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, la primera establece la imposibilidad de iniciar o

continuar con el ejercicio de la acción penal por haber operado el fenómeno de la prescripción, como circunstancia eminentemente objetiva. Dicho instituto, explicó, se configura en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad prevista para el delito investigado, sin que en ningún caso pueda ser inferior de 5 años ni superior a 20, salvo que se trate de los delitos enunciados de forma taxativa en el artículo 83 del Código Penal o, devenga un incremento especial, por ejemplo, por la condición de servidor público en ejercicio de sus funciones; 7

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros y se ve interrumpido por la formulación de imputación para asuntos tramitados por la Ley 906 de 2004. Posteriormente, reseñó los hechos expuestos por el denunciante, y el contenido de los dos tipos penales investigados, destacando sus características esenciales para conducir su argumentación, al análisis de la causal de preclusión incoada. Frente a ella, inicialmente destacó que no le era dable hacer valoraciones sobre las acciones que pudieron haber desplegado los indiciados, sino constatar si, en efecto, se extinguió la acción penal por prescripción en los términos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 599 de 2000. Punto frente al cual, en coincidencia con la parte peticionaria, encontró que el término prescriptivo de cada conducta era de 7 años y 6 meses, el cual no se vio interrumpido, en tanto no se formuló imputación. Acto seguido, se ocupó de los hechos jurídicamente

relevantes atribuidos a los indiciados y los ajustó a cada una de los delitos denunciados. Así, frente al punible de constreñimiento ilegal, destacó como situación fáctica, la siguiente: «i) 3 de octubre de 2012, correspondiente a la reunión en la Dirección General de la Policía Nacional, a la que fueron indebidamente convocados el denunciante Marco Aurelio Pedroza Sandoval y sus hijos Viviana Marcela y Carlos Mario Pedroza 8

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros Vargas, endilgados a los altos oficiales BAUTISTA PALOMINO y CARLOS RAMIRO MESA BRAVO. ii) 4 y 7 de octubre de 2012, que atañen a dos reuniones a las que fue citado el Cadete Carlos Mario Pedroza Vargas, la primera, para hablar del padre de este y advertirle las consecuencias que traerían las denuncias, la segunda, a efecto de persuadirlo con la misma finalidad y calmar los ánimos, amén al permiso especial de 3 días, a efecto de convencerlo de no hablar del tema con los medios, actos que se atribuyen al General ÉDGAR SÁNCHEZ MORALES.» Mientras que por el de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, sostuvo: «i) 2 de octubre de 2012, en razón a los supuestos seguimientos ilegales efectuados por un vehículo automotor y una moto en el entorno de la residencia del quejoso. ii) 3 de octubre de 2012, relacionado con la orden al Coronel

Pedroza Sandoval de practicarse unos exámenes de rutina en el Hospital Central de la institución y, la revisión de la comisión que le fue otorgada en Francia en vista a su conducta insubordinada frente a la Junta. iii) 8 de octubre de 2012, en atención a la orden de investigar disciplinariamente al denunciante, por las observaciones que hizo en el derecho de petición que presentó. Tanto este acto, como los anteriores se atribuyen al General RODOLFO PALOMINO LÓPEZ, para entonces Director de Seguridad Ciudadana.» Para señalar que se estaba frente a delitos de ejecución instantánea, donde se verifica una pluralidad de actos prolongados en el tiempo con unidad de designio o acción, en cuyo marco, el momento de consumación se determina, como ocurre con los delitos continuados, con el último acto realizado por los indiciados, es decir, el ejecutado el 8 de octubre de 2012. 9

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros Anotó la Sala Especial que las acciones que presuntamente desplegaron los indiciados con posterioridad al 28 de septiembre de 2012, habrían trascurrido desde el 2 de octubre de esa anualidad, cuando se dispuso, supuestamente, adelantar seguimientos en contra del denunciante, hasta el 8 de octubre siguiente, con la compulsa de copias disciplinarias contra el Coronel (R) Pedroza, incluyéndose en ese periodo los actos del 3, 4 y 7 del mismo mes, referidos a las convocatorias tanto al Coronel

Pedroza Sandoval como a su familia, el permiso concedido a su descendiente para que persuadiera a su padre de no seguir con su denuncia y la remisión del afectado para la práctica obligada de exámenes médicos. Identificándose en todos estos acontecimientos, una única finalidad, esto es, según la denuncia, la de presionar al Coronel (R) Mario Aurelio Pedroza Sandoval o convencerlo de admitir el resultado del proceso de selección para el curso de ascenso a Brigadier General y evitar que continuara haciendo públicas reclamaciones por posibles actos de corrupción en dicho proceso, so pena de posibles retaliaciones. Contexto que, llevaba así a concluir que, si el último acto acaeció el 8 de octubre de 2012, los 7 años y 6 meses se vencieron el 7 de abril de 2020. Agregó que, si bien se podría tener por configurada la causal de agravación descrita en el artículo 183, numeral 3, 10

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros del Código Penal, esto es, «cuando el agente abuse de la superioridad docente, laboral o similar», que permite el aumento de pena hasta la mitad, aun en ese caso, la acción penal estaría prescrita deviniendo por ello su intrascendencia. Y no se ocupó de la alegación del apoderado de víctimas, según la cual, los hechos de persecución contra el Coronel Pedroza Sandoval y su familiar, no terminaron ni siquiera el 10 de diciembre de 2012, cuando fue retirado del

servicio, sino que se han desarrollado a lo largo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, porque aquellos no fueron enrostrados por la Fiscalía en su solicitud preclusiva, lo que le impide pronunciarse sobre aquellos. EL RECURSO El representante judicial de las víctimas, sustento su inconformidad, en que, los hechos denunciados no culminaron en la fecha referida en la decisión, por cuanto, deben integrarse sucesos posteriores a aquellos y sus efectos en el tiempo. En tal senda, alegó la no consideración como hechos relevantes (i) la negativa a la vinculación al Club de Oficiales de la Policía Nacional al Coronel (R) Pedroza Vargas, (ii) la desvinculación como oficial activo de la institución y, (iii) el proceso disciplinario que en su contra se adelantó y culminó 11

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros con decisión absolutoria de la Procuraduría General de la Nación del 24 de junio de 2015. Solicitando por las dos primeras situaciones, la consideración de los delitos como de ejecución permanente al persistir sus efectos y, frente al último, que solo cesó con la culminación de la investigación. Acotó que la Sala de Casación Penal, al conocer de la anterior petición de preclusión, consideró tales supuestos fácticos ante la petición que en su momento hiciera la delegada del Ministerio Público y ordenó continuar las actividades investigativas al observar deficiencias en tal labor, incluyendo que el ente investigador no se interesó en

escuchar al directo afectado. Consecuente con lo anterior, solicitó la revocatoria de la providencia adoptada.

NO RECURRENTES

1. La delegada de la Fiscalía General de la Nación solicitó mantener la preclusión de la investigación, haciendo eco en que, de forma expresa descartó como hechos con trascendencia jurídica los aludidos por el recurrente, al no existir nexo causal con acciones de los denunciados.

Refirió que como lo explicó al sustentar su solicitud de preclusión, la no admisión del Coronel (R) Mario Aurelio 12

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros Pedroza Sandoval al Club de Oficiales de la Policía Nacional, su desvinculación del servicio activo y el trámite del proceso disciplinario, no son actos imputables a los indiciados, así porque, los dos primeros responden a acciones de órganos colectivos en los que no participaron los denunciados y, el tercero, corresponde a la actuación seguida por una autoridad ajena a la institución policial, por lo cual, insiste, solo podía considerarse en punto a esta actuación, como último acto atribuido a los implicados, la compulsa de copias efectuada el 8 de octubre de 2012. Por ello, asume que la posición del apelante es meramente especulativa y no tiene suficiencia para descartar el análisis de la Sala Especial de Primera Instancia.

2. El apoderado de la Policía Nacional.

Mostró su conformidad con los argumentos de la decisión refutada y destacó que los actos que reprocha el

censor, son los mismos que ha llevado al conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa. En esa línea, informó que frente al retiro del Coronel, esa jurisdicción determinó la legalidad del procedimiento y, por el rechazo de la afiliación a Club, la actuación está en curso. Finalmente, agregó que los sucesos enunciados en el recurso no tienen un vínculo con acciones desplegadas por los implicados. 13

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3. Ministerio Público.

Aun cuando interviene como no recurrente, decidió coadyuvar el recurso del apoderado de la víctima, con el fin de que se revisen sus argumentos en garantía de los derechos que le asisten. En tal senda, sostuvo que la preclusión como acto que termina el proceso con efectos de cosa juzgada, debe ser cuidadosamente analizada, incluso, examinando el análisis que hizo la Sala de Casación al negar una petición de preclusión en otrora oportunidad y si es del caso, verificando la adecuación jurídica que de los hechos hizo la fiscalía, en la medida que, en su exposición no explicó la selección de tipos penales subsidiarios (sentencia CC C464-2014) sobre delitos principales, como, por ejemplo, el delito de violencia contra servidor público. Conforme con lo anterior, indicó que dada importancia de la preclusión, la judicatura debe hacer un control material a la solicitud, ante los efectos que emana en los derechos de las víctimas, de modo que el proceso debe estar rodeado de las mayores garantías.

4. El defensor del General (R) de la Policía Nacional

Rodolfo Bautista Palomino López. Acompañó la petición de la Fiscalía, e hizo ver que esta determinación preclusiva tiene como antecedente otra en la 14

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros que se demandó la misma figura por atipicidad de la conducta, luego de una actividad investigativa suficiente y rigurosa. Invocó que ninguna relevancia penal tienen los sucesos alegados por el recurrente y menos, se acreditó en ellos, vínculo de los indagados en la adopción de las determinaciones enunciadas, dado que tienen su origen en terceros e, incluso, órganos colectivos sin relación de dependencia de los implicados. Igualmente, llamó la atención frente a las deficiencias investigativas que la víctima enuncia, dado que dicho interviniente estaba en la capacidad de aportar elementos de prueba a fin de hacer variar el criterio que se estaba construyendo.

5. El General (R) de la Policía Nacional Rodolfo Bautista

Palomino López. Simplemente refirió que las decisiones censuradas por el apelante, estas son, las relacionadas con su admisión al Club de Oficiales y retiro del servicio activo, obedecen a un marco normativo e institucional especial, respecto del cual, no tenía capacidad para interferir.

6. El defensor del General (R) Carlos Ramiro Mena Bravo.

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De manera principal abogó por la declaratoria de desierto del recurso de apelación, conforme con el artículo 179A del Código de Procedimiento Penal, al estimar que no se controvirtieron los argumentos de la Sala Especial de Primera Instancia, sino que se antepusieron planteamientos de índole personal. Subsidiariamente, reclamó la falta de aptitud de la alzada, al desconocer que en las medidas que reprocha no intervinieron los indiciados. Y concluye, que no es oportuno analizar una nueva denominación típica como lo sugiere el representante del Ministerio Público.

7. El General (R) Carlos Ramiro Mena Bravo.

Coadyuvó la intervención de su apoderado.

8. Defensor del General (R) Édgar Sánchez Morales.

Acogió el planteamiento del abogado antecesor frente a la indebida sustentación del recurso de apelación y, descartó, la postura del Delegado de la Procuraduría de la Nación, debido a que si no se mostraba de acuerdo con la determinación de preclusión, debió promover la alzada de forma directa. 16

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros Superado ello, hizo mención a que, como bien se destaca en el auto objetado, a la Corte, en su Sala Especial de Primera Instancia, únicamente le correspondía el análisis de los hechos jurídicamente presentados por la Fiscalía como marco factual de su solicitud. Al igual que destaca la naturaleza del derecho penal como ultima ratio, dado que entender, como lo hace el recurrente, que toda desavenencia con acciones de servidores

públicos debe ser desatada por la vía penal, extralimita su marco de acción y desquicia el sistema, lo que se hace más evidente, cuando por similares hechos se han presentado acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia 1.1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación, conforme a lo establecido en el numeral 6º del artículo 235 de la Constitución Política, como ocurre en este caso, donde se recurre la decisión por la cual se dispuso la preclusión de la indagación seguida en contra de los Generales (R) de la

Policía Nacional Rodolfo Bautista Palomino López, Carlos Ramiro Mena Bravo y Édgar Sánchez Morales. 17

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros Alzada que se resolverá, no obstante el pedido de los defensores de los Generales (R) Carlos Ramiro Mena Bravo y Édgar Sánchez Morales, quienes apuntan a que se declare desierto por indebida sustentación, en la medida que, esta Colegiatura ha venido considerando que dicha carga está desprovista de fórmulas sacramentales o solemnidades, en cualquiera de sus modalidades, sea oral o escrita. Y por ello, basta con que el recurrente presente los fundamentos de hecho y derecho, si se quiere, de manera breve y sencilla, pero clara, por los cuales se muestra inconforme con la decisión. En ese sentido, se ha explicado:

«uniformar el discurso, reclamando del recurrente una específica técnica o el seguimiento estricto de líneas argumentales. Pero, cuando menos, para que se entienda una verdadera controversia, al apelante le corre la obligación de señalar en concreto las razones del disenso con lo decidido, para cuyo efecto, huelga anotar, el objeto sobre el cual debe recaer su discurso no puede ser otro diferente a la providencia misma. No sobra recordar, en este sentido, que independientemente de la mayor o menor formación jurídica del apelante, lo exigido es establecer con claridad, a través de la correspondiente exposición de premisas fácticas y jurídicas, una mejor solución a la planteada por el funcionario, o determinar el yerro en el que incurrió este»3. Bajo esa perspectiva, la Sala considera que el apoderado de víctimas manifestó su desacuerdo con la contabilización del término prescriptivo, al asumir, desde su posición, que el mismo debe realizarse desde otros puntuales sucesos que 3 CSJ AP, 15 feb. 2017, rad. 49479; CSJ SP, 20 mar. 2019, rad. 50396; CSJ AP, 12 may. 2021, rad. 58193, reiterada en CSJ SP3641-2022, Rad. 57869 18

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros puede ver extendida la ejecución de las conductas penales atribuidas, y no, como lo entiende la Sala, desde el 8 de octubre de 2012; aspecto tratado en el auto impugnado y por

el cual expresa su desacuerdo. En consecuencia, como el recurrente expuso de manera comprensible los motivos de inconformidad, la pretensión de los no recurrentes relativa a que se declare desierto el recurso de apelación, no está llamada a prosperar.

2. De la preclusión de la investigación El artículo 250 de la Constitución Política prevé que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de delito, conocidos a través de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. De otra parte, la Ley 906 de 2004 prevé que cuando la Fiscalía no encuentre mérito para acusar, podrá pedir ante al juez de conocimiento la preclusión de la investigación, de conformidad con las causales taxativamente señaladas en la ley.

Los artículos 331 y 332 prevén dos oportunidades para realizar tal solicitud: (i) en los periodos de indagación o investigación, únicamente el representante del ente acusador está facultado para solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación por cualquiera de las causales 19

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros previstas en la referida norma. Y (ii) en la etapa de juzgamiento, la petición puede ser elevada por la Fiscalía, el Ministerio Público y el defensor, pero sólo cuando se trate de las causales previstas en los numerales 1° y 3° del artículo

332 de la Ley 906 de 2004. Concretamente, el artículo 331 de la Ley 906 de 2004, dispone que “en cualquier momento, el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusar”. Entendiendo, entonces, que esa posibilidad se extiende a la fase de indagación, como quiera que a partir de la Sentencia C-591 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, se declaró inexequible la frase «a partir de la formulación de imputación». Por su parte, el artículo 332 ibídem, señala las causales que permiten la preclusión de la investigación:

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.

3. Inexistencia del hecho investigado.

4. Atipicidad del hecho investigado.

5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código.

PARÁGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión. 20

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Segunda Instancia Rodolfo Bautista Palomino López y otros Cabe anotar que una decisión de ese tenor sólo es posible cuando la investigación se ha adelantado con la acuciosidad y rigor que demanda el esclarecimiento de la

verdad de lo ocurrido, cometido para el cual la Fiscalía deberá actuar con apego al principio de objetividad contemplado en el artículo 115 del ordenamiento procedimental penal. Lo anterior para significar que la preclusión de la investigación solamente procede cuando la causal invocada se encuentra debidamente demostrada.

3. De la prescripción de la acción penal Frente a la causal conten