CSJ - Sentencia AEP009-2023(00642)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia a

I:, ILANCA NIEILITIDA I;; A1R] °IC® AIlDEII.A

YVitagistgal.daa Iponncntce AIElp 009-2023 ~ I~adicacIl®na N° 006 Alpnrobado mediante 4e'a~ oe 06 Bogotá, D.C., diec~i 1Yio (18) de enero de 2023 4 Decide la ASál ' sobre la solicitud de nulidad y las postulacionespróbatorias que en el término del traslado previsto e~ 1a rtículo 400 de la Ley 600 de 2000, elevó el defensor del procesado WILSON LADINO VIGOYA, otrora Go1érñador del departamento del Vaupés, acusado como próbable coautor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. Página 1 de 34 Radicación 00642

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E. A~TTL~c~LELIDLEY~fTLE~ LFP A cCTLtC®~ De acuerdo con la resolución de acusación, se investigan las presuntas irregularidades acaecidas durante el trámite y celebración del proceso licitatorio 001 de 2004 que permitió la suscripción del contrato 068 del 22 de octubre de la misma anualidad, cuyo objeto atendió al suministro de víveres en favor de los diversos internados rurales del departamen o dél Vaupés con la intervención del entonces Gobernador : SON

LADINO V][GOYA.

A su turno, se investigan posibles irré' ilaridades en las convocatorias públicas 01, 02, 03, 04~ , 06 y 07 de 2004, mismas que dieron origen a la suc pcion de los contratos 020, 021, 022, 023, 024, oa, y 026 del 2004 que se orientaban a satisfacer el I3 unistro de víveres y productos perecederos en los difeétes centros educativos del referido ente territorial, a ando presuntos sobrecostos de los alimentos y dif pr cias entre el importe pagado con ocasión de los aludidas contratos y aquel que efectivamente fue entregad:á avor de los centros educativos. P

ELAc~7[°tliACL{®N PROCESAL.

La presente causa tiene su origen en la compulsación de copias 'que hiciere la Procuraduría General de la Nación frente a las presuntas irregularidades avizoradas, ante lo cual, el 4 de octubre de 2005, el ente instructor dispuso la apertura de la investigación previa en contra de LADINO Página 2 de 34 Radicación 00642

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VIGOYA', y luego, el 24 de septiembre de 2007 abrió formal investigación penal2. Tras vincularlo mediante indagatoria le resolvió la situación jurídica absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento3. Clausurada la instrucción4, el 15 de febrero de 2022 fue calificado el mérito probatorio del sumario con resoluci~o' nn de acusación en su contra como presunto coautor del ~ }i o

de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, según lo disp~uésto en el inciso 2° del articulo 397 la Ley 599 de 200 ,~ manteniendo inmodificable la situación jurídica resueltp reviamente. En dicho proveído se precluyó la invest~lgación penal por los delitos de cohecho y contrato sin mplimiento de requisitos legales.5 a En firme la calif 4ón sumarial, luego de que el 8 de junio de 2022 seresolviera el recurso de reposición interpuesto poi ~J lefensa6, el diligenciamiento arribó a esta Sala si ecial de Primera Instancia el 2 de agosto de 20227, •stiéndose el respectivo traslado previsto en el artícu $ 400 de la Ley 600 de 2000, en el cual solo la b` j&da de la defensa solicito declarar una nulidad y elevó sus postulaciones probatorias$. 1 Folio 99, cuaderno de instrucción No. 1. 2 Folio 221 ss. cuaderno actuación Fiscalía No. 2. a Folio 634 ss., cuaderno actuación Fiscalia No. 4. 4 Folio 1375 ss., cuaderno actuación Fiscalía No. 8. s Folio 1480 ss., cuaderno actuación Fiscalía No. 9. 6 Folio 1799 ss., cuaderno actuación Fiscalía No. 10 Folio 5 ss., cuaderno Sala de Primera Instancia No. 1. S Folio 16 ss., cuaderno Sala de Primera Instancia No. 1. Página 3 de 34 Radicación 00642

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EIIIIo PE°ICECEÓN DE NUILIIDAD El defensor solicitó invalidar la actuación ante la existencia de irregularidades sustanciales que afrentan el debido proceso y el derecho a la defensa de su prohijado. Estimó que el decreto y la práctica de alunas pruebas surtidas en el presente diligenciamiento se hizo por fuera del término procesal pertinente, tópicos que, de E_cuerdo con su intelección, procederá a sustentar en la etapa de júieio. gVo PE IPgC]IONES P ®F:. ATO 1 áAS 3i Pruebas testimoniales 40 e 4.1.1. Declaración de Jairo Pérez Peña, quien para Hugo la época de los hechos desempeñó como Secretario Jurídico se de la Gobernación del Vaupés y, en tal calidad, declarará sobre las contrataciones llevadas a cabo en ese departamento, principalmente las que atañen a los hechos materia de j uzgamien to Según el defensor, la pertinencia de su testimonio estriba en. demostrar las inconsistencias del análisis realizado por el ente instructor en el pliego acusatorio y refutar la hipótesis allí planteada. 4.1.2. Testimonio de Carolina Billa Bravo, quien al desempeñarse como profesional adscrita a la oficina jurídica Página 4 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 para el año 2004 tenía dentro de sus funciones apoyar al Secretario Jurídico y analizar los procesos de contratación,

mérito por el que ha de tener conocimiento de los hechos debatidos en la presente causa. 4.1.3. Declaración de Marcos Fidel García Cortés, almacenista de la Secretaría de Educación y a quien le constan las entregas y recibimientos de los me lbs suministrados con ocasión a los contratos invesgados, declaración que develará la realidad fáctica de losa ~cntecido. 4.1.4. Declaración de Simón Valencia, quien en calidad de funcionario de la Secretaría de E ucao n fue testigo de la contratación realizada y, en cana ecuencia, podrá dar a conocer información relevant 'ara a los hechos objeto del presente juicio. 4.1.5. Testimdniio7de Yehudi Alejandro Quevedo Rivera, quien al integ ae lel gabinete departamental en calidad de Secretario óbierno tuvo conocimiento de los aspectos que atañen á l 1contratación aludida y, por ende, le es dable el esclarecimiento de los hechos. cc V 4.1.6. Declaración de Miriam Garavito Rojas, Profesional de Planeamiento Educativo del Departamento del Vaupés, encargada de elaborar el plan de compras de acuerdo con las necesidades y la distribución de los mercados a las diferentes instituciones educativas que resultaron beneficiarias de los Página 5 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 mismos, razón por la que dará a conocer la sitL.ación contable de la referida contratación. 4.1.7. Testimonio de María Cecilia Cuéllar Quevedo,

encargada de la correspondencia del Secretario de Educación, quien puede precisar su conocimiento acerca de los estudios previos a la adjudicación de los procesos contractuales reprochados. 4.1.8. Declaración de Celedonio Hernár..dez Martínez, empleado de la Gobernación del Vaupés _,adscrito a la Secretaría de Educación - Dependencia Almacén, para efectos de que explique a la Sala los aspecto relacionados con la contabilidad y distribución de los elementos que conformaron los mercados otorgados a los distintos centros educativos del referido ente territorial. 4.1.9. Testimonio de Aníbal Roldán, ya que al dedicarse a la actividad comercial en el establecimiento "Mercados el paisa", está en capacidad de ilustrar los precios que para la la época de los hechos tenían los productos al interior del departamento del Vaupés. 4.1.10. Declaración de Carlos Andrés Rivera Garzón, comerciante y contratista, cuya pertinencia y utilidad se acompasa con la justificación de la prueba anteriormente referida. Página 6 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 4.1.11. Testimonio de Eliécer Pérez Gálvis, comerciante y contratista para el periodo de los hechos juzgados y actual Gobernador del departamento del Vaupés, quien se referirá a los precios de los víveres y a las entregas de los mercados contratados. 4.1.12. Declaración de Teotimo Fernando Cardozo Ferraz, otrora rector de la comunidad de Tapurucuar, i n ppo drá corroborar de ppr imera mano la entre gga de los

~ n . i dos objeto de contratación. ~~ } 4.1.13. Testimonio de José María q , ez, quien para la época de los hechos fungía como recó r del colegio de la comunidad de Acaricuara. 4.1.14. Declaración d 'kimberto Peñuela Gaitán otrora rector del Colegio depar~tamenta1 de la comunidad de Villa Fátima. N Estos~ds)testimonios demostrarán el cumplimiento del objeto cñactua1, el cual consistió en el suministro de mera s a diversas instituciones educativas, así como vérífc ar la cantidad y la calidad de estos. 4o2o IPmueba dl®cumrnentaall 4.2.1. Oficio DGV-160 de 25 de marzo de 2004 dirigido al presidente de la Asamblea Departamental de Vaupés, en virtud del cual ese órgano remitió el proyecto de Ordenanza Página 7 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 por el que se facultaba al Gobernador (E) para celebrar contratos o convenios con la educación contratada, a partir del 1 de mayo de 2004. 4.2.2. Escrito de exposición de motivos de la Ordenanza por medio de la que se faculta pro-tempore al Gobernador del Vaupés (E)) para celebrar contratos o convenios con la educación contratada. 4.2.3. Presentación del proyecto de Ordenanza por el que se solicitan facultades para que el Gobernador del departamento celebre contratos o convenios con la educación contratada. 4.2.4. Oficio DGV-302 de 7; de junio de 2004 remitiendo

a la Asamblea Departamental del Vaupés tre:3 proyectos de Ordenanza, entre ellos, el de facultades para celebrar contratos y convenios. 4.2.5. Escrito de exposición que motiva lc s proyectos de Ordenanza remitidos a la Asamblea Departamental del Vaupés. 4.2.6. Proyecto de ordenanza por medie del cual se solicitan facultades para celebrar contratos y convenios. 4.2.7. Oficio de 1° de julio de 2004 dirigido al Procurador Regional del Vaupés, en virtud del cual WILSON LADINO VIGOYA solicita investigar a los miembros d la Asamblea Página 8 de 34 Radicación 00642

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Departamental por la omisión en el otorgamiento de facultades y por la exigencia de prebendas para su otorgamiento. 4.2.8. Oficio ADV-OFIC-183 de 9 de agosto de 2004, Rad. 3105, por medio del cual el Secretario de la Asamblea Departamental remite la Ordenanza que faculta al Gobernador del departamento del Vaupés para celebrar contratos y convenios, así como adiciones al presupuesto. 4.2.9. Ordenanza No. 011 de 30 de julio de2~Ó04. 4.2.10. Constancia por medio de la g ial se ponen de presente los trámites surtidos por la Asá=rríblea Departamental del Vaupés con relación a la Ordenpza precitada. 4.2.11. Constancia s ? tárial que da cuenta del recibido de la Ordenanza No. 9p para su respectiva sanción el 9 de agosto de 2004, así como de la sanción y publicación de 11 de

) agosto de 2004 ° 4 4. 21~?Constancia de desfijación de la Ordenanza No. 011 d30 de julio de 2004 publicada en la cartélera de la Cxobernación del Vaupés, con fecha de desfijación de 19 de agosto de 2004. 4.2.13. Certificación de antecedentes fiscales del procesado de 22 de agosto de 2022. Paralelamente, indicó que son necesarias las siguientes pruebas para esclarecer la verdad: Página 9 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 4.2.14. Solicitar a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal que del Proceso Disciplinario No. 165-115642-05, se alleguen las siguientes piezas procesales: 4.2.14.1. Auto de 8 de febrero de 2008 con el cual se evalúa la investigación y se formula pliego de cargos. 4.2.14.2. Oficio No. 929 de 16 de noviembre de 2.04 suscrito por el Procurador Regional del Vaupés con d t~ io al supermercado "El Paisa". 4.2.14.3. Cotización presentada ppt41" establecimiento de comercio "Mercados el Paisa , de prró edad de señor Aníbal Roldan, dirigido a la Procuradui Regional del Vaupés en ,' noviembre de 2004. 4.2.14.4. Oficio d 6 de noviembre de 2004 suscrito por el Procurador Regional del Vaupés con destino al --------------- - «in 4.21x. Cotización de 16 de noviembre de 2004 con

destina la Procuraduría Regional del Vaupés, presentada por el esttaablecmuento de comercio "Distribuidora Rivera E. U". 4.2.14.6. Escrito de descargos de 8 de abril de 2008 presentado por WILSON LADINO VIGOYA ante la Procuraduría Regional del Vaupés. 4.2.14.7. Escrito de descargos de 30 de marzo de 2008 presentado por Hugo Jairo Pérez Peña, enviado por correo y Página 10 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 recibido en la oficina de correspondencia de la Procuraduría General de la Nación el 1 de abril de 2008. 4.2.14.8. Declaración vertida por el señor Yehudy Alejandro Quevedo el 13 de marzo de 2009. 4.2.14.9. Declaración recepcionada a la señora Heydi Carolina Villar Bravo el 27 de febrero de 2009. C~ 4.2.14.10. Declaración de Miriam Cecilia ato Rojas cumplida el 15 de octubre de 2008. 4.2.14.11. Declaración de Marcos 'Fidel García Cortés recepcionada el 15 de octubre de, X08. 4.2.14.12. Declaracio de Rolando Castro Falla cumplida el 13 de marz`~de 2009. 4.2.14.13( Dee aración de Eliécer Pérez Galvis, recepcionada l~1 5 de octubre de 2008. 4 2:14.14. Declaración rendida por Carlos Andrés Rivera zón el 15 de octubre de 2008.

4.2.14.15. Declaración de María Cecilia Cuellar Quevedo llevada a cabo el 15 de octubre 2008. Página 11 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 4.2.14.16. Escrito de alegatos de conclusion presentados por LADING VIG®YA en el radicado 148008 el 12 de diciembre de 2008 ante la Procuraduría Regional del Vaupés. 4.2.14.17. Escrito de alegatos de conclusión de 10 de diciembre de 2008, presentado por el Dr. Hugo Jairo Pérez Peña, recibido en la oficina de correspondencia de la Procuraduría General de la Nación el 16 de diciembre de 2008, Radicado 3:20657. 4.2.14.18. Fallo de primera instancia de 10 de julio de 2009 proferido dentro del proceso No.165-115642. 4.2.14.19. Escrito por medio del cual se sustenta el recurso de apelación interpuesto contra el artículo tercerocargo segundo, de la parte` ; resolutiva del fallo de primera instancia proferido dentro del proceso No. 1651 15642. 4.2.14.20. de 30 de septiembre de 2009, por medio Auto del cual declara la prescripción de la acción disciplinaria se dentro del proceso No. 165-115642. 4.2.15. Solicitar a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal que del proceso disciplinario No. 021-117511-05 se alleguen las siguientes piezas procesales: 4.2.15.1. Auto de 27 de junio de 2008 por medio del cual

se formula pliego de cargos. Página 12 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 4.2.15.2. Escrito de descargos presentado por WILSON LADINO VIGOYA. 4.2.15.3. Auto de 30 de enero de 2009 en virtud del cual se dispuso no continuar con el proceso disciplinario y se ordenó el archivo de las diligencias. C®N~aDIEI~ACll® í]~IES IDIE ILA AILA Ve 5 a C®mrnpeteaicIla ~~. De conformidad con lo dispuesto rC 1 Acto Legislativo 01 de 2018, el cual modificó los artícúlps 186, 234 y 235 de la Constitución Política, la Sa~Especial de Primera Instancia de la Sala Penal d$ Corte Suprema de Justicia es competente para conoce ~éy initir pronunciamiento acerca del presente asunto, ya ) ue si bien el procesado WILSON LADINO VIGOYA n ostenta la actual condición de Gobernador dell epartamento del. Vaupés, las conductas reprochadam`ee n la resoluicón de acusación guardan relación con las ciones desarrolladas durante su permanencia en dicho, ãrgo, esto es, entre el mes de mayo de 2004 y sepembre de 2007. En primer lugar, la Sala analizará la solicitud de anulación procesal elevada por el defensor, porque de prosperar haría innecesario, el estudio de las pretensiones probatorias. Página 13 de 34 Radicación 00642

WILE ON LADINO VIGOYA

Ley 600 de 2000 De Ila srnuIlñdd¢Il El legislador previó la institución jurídica de las nulidades como un mecanismo para remediar aquellas anomalías medulares que pudieran presentar se en el marco del diligenciamiento, lesivas de su estructura o de las garantías fundamentales de los sujetos procesales. Con tal propósito, el artículo 306 de ] a Ley 600 de 2000 dispone como causales de anulación d1~l trámite: i) la falta de competencia del funcionario judicial; ii) la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso; y iii) la violación del derecho a la defensa. En esa intelección, la postura de esta Sala Especial, acorde con los criterios hermenéuticos fijados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con arreglo al artículo 309 del estatuto adjetivo de 2000, es que quien postule una nulidad tiene la carga de identificar la clase de irregularidad, sea de estructura o de garantía, la causal invocada, exponer los preceptos que considera afectados, los fundamentos del quebranto y concretar el momento procesal a partir del cual se produjo la anomalía. Asimismo, corre con la carga de acatar los principios que orientan la declaración de nulidades: i) taxatividad al solo nulitar un proceso bajo las expresas causales previstas en la ley; ii) trascendencia que obliga a tal declaratoria ante la Página 14 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 afectación de las garantías procesales o las bases

fundamentales del trámite judicial; iii) instrumentalidad al no declarar la invalidez cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado el acto, siempre que no se viole el derecho de defensa; iv) convalidación aunque se configure la irregularidad, puede validarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado a condición de ser observadas las garantías fundamentales; v) protección el solicitan ,tio debe haber provocado o dado lugar con su conduce a la configuración del motivo invalidatorio; vi) resii?ilÍidad no debe existir otro remedio procesal p $Y corregir la irregularidad. Y} > En el caso concreto, el defer ~sór"solicita la nulidad de la actuación por irregularidadessustanciales que vulneran el debido proceso y el derec -o ra defensa de su prohijado, pero aduce precariamente q`u la práctica de pruebas excedió el término p pr ocesal ~4 ~, r .t i ente~ y lo jjuussttiiffiiccaarráá durante la etapa de juicio.( En Je~s condiciones, se queda el togado en el simple enui ci do, en tanto prescinde de señalar cuáles son los el éntos suasorios que, en su entender, fueron decretados y practicados sin observancia de las etapas procesales previstas para ello, así como tampoco expone cómo el alcance de los presuntos actos vulneró las garantías de su asistido, para luego alegarlo como causal enervante de la validez procesal. Página 15 de 34 Radicación 00642

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Es evidente la desatención en la que incurre el peticionario al estimar que la incipiente enunciación del yerro que pretende hacer valer es suficiente rara aparejar la invalidez de la actuación, olvidando que tiene, de una parte, la carga de enarbolar un argumento sólido capaz de comprobar la naturaleza de la irregularidad a contra cara de la garantía_ presuntamente afrentada y, por o tra, el deber de argumentar las razones fácticas y jurídicas dc su quebranto delimitando el momento procesal a partir del cual gestó el se yerro denunciado; tópicos que en nada. se compadecen con el proceder del defensor. Deviene diáfano que parte de premisa equivocada una al estimar que la enunciación de la presunta irregularidad traída a colación ha de ser sustentada "en la etapa de juicio", perdiendo de vista que dicho estadio procesal inició con la ejecutoria de la resolución de acusación y es sólo el interregno previsto en artículo 400 de la Ley 600 de 2000, el el habilitado legalmente para solicitar y sustentar las nulidades, así.como pedir las pruebas que semen procedentes para el concreto. caso Pese a que el artículo 308 del estatuto adjetivo de 2000 señala que las nulidades pueden ser invocadas en cualquier estado de la actuación, la Sala de Casación Penal de la Corte ha precisado9 que tal amplitud temporal tiene cabida en la etapa de instrucción y aun en los alegatos de conclusión previo a la calificación sumarial, en tanto si la irregularidad Cfr. CSJ, SP 2 oct2019, rad. 55533; CSJ 31 may. 2011, rai. 34112; CSJ AP 19

abr 2013, rad. 39156, entre otras. Página 16 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 que afecta la validez del diligenciamiento es avizorada en la fase de juicio, será la audiencia preparatoria el escenario propicio para ello, con arreglo a los requerimientos propios del artículo 400 del mismo Estatuto Procesal, estando vedado plantear nulidades por los motivos que ya hayan sido estudiados y decididos judicialmente. En tal sentido, consecuente con la teología del in -~t[to de las nulidades, no es posible identificar en la insIn i ción traída por él peticionario cuál es el motivo queustenta su pretensión, máxime cuando se abstiene dk precisar el momento desde el cual ha de reputarse tal invahdación. Por demás, la Sala no videncia en el plenario irregularidad alguna con la dád suficiente para invalidar la actuación. Bajo tales bá.r~e, mos ~ la Sala ne gg ará la petición de nulidad elevadá or el defensor del WILSON LADINO VIGOYA, a $ v~i lendo que contra esta decisión proceden los recursosreposición y apelación según las previsiones de los art~c los 189 y 191 de la Ley 600 de 2000. lVIt arc® 11egall y sustentación de la pretensión pre®Ibat®mña El artículo 401 de la Ley 600 de 2000 señala que la audiencia preparatoria tiene por finalidad resolver las nulidades y las peticiones probatorias incoadas por las partes, Página 17 de 34 Radicación 00642

WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 las cuales han de ser practicadas en la audiencia pública, incluyendo la repetición de aquellas que los sujetos procesales no tuvieron posibilidad jurídica de controvertir. A su turno, el artículo 237 del ordenamiento adjetivo de 2000 consagra el principio de libertad probatoria, según el cual, para acreditar los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales que modifiquen el grado del injusto o incidan en la responsabilidad, así como la naturaleza y cuantía de los perjuicios, puede acudirse a cualquier medio probatorio, a menos que la ley requiera prueba especial, respetando en todo caso los derechos fundamentales. Sin embargo, para tal cometido los sujetos procesales pueden solicitar la práctica o aducción de pruebas en el marco temporal legalmente establecido para ello, debiendo realizar la respectiva justificación en los ámbitos de la pertinencia, conducencia y utilidad. Precisamente, la línea interpretativa le esta Sala Especial, acorde con la trazada por la Sala de Casación Penal, ha sido consistente en que las pruebas solicitadas tendientes a demostrar el aspecto objetivo o fe nomenológico de la conducta objeto de investigación o el grado de responsabilidad del procesado, han de ser ccnducentes, al estar habilitadas legalmente para tales fines, pertinentes, al guardar relación con los hechos y tener la apt:.tud necesaria para demostrar los tópicos objetivos y subjetivos del Página 18 de 34 Radicación 00642

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comportamiento analizado, racionales para que materialmente sea posible su práctica, y útiles al tener la capacidad para demostrar o refutar la hipótesis fáctica planteada. Bajo esa perspectiva, el artículo 235 del mismo ordenamiento adjetivo establece que se admitirán sólo (las pruebas que conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o hayan sido obtenidas legalmente, en tanto que se rechazaran la legalmente prohibidas o ineficaces, las que vers nÓ bre hechos notoriamente impertinentes y 1a manifiestamente superfluas. _ ,,_ No sobra recordar qu~iñÍuso para la solicitud de la ampliación de testimonios, ébe mediar una justificación, de cara a la posibilidad 4é pontrovertirlas o por la necesidad de entregadal0. aclarar o ampliar ØNhformación k y ~040 ~Çi ias admitidas ~ L `ICc~stIlmm®mL1aILe~ 5.4.1.1. Se decretaran los testimonios de Hugo Jairo Pérez Peña y Carolina Billa Bravo, otrora Secretario Jurídico de la Gobernación del Vaupés y Profesional Jurídica de apoyo a dicha Secretaría, respectivamente, con el propósito de que informen minuciosamente acerca de las io CSJ SP, 18 de abril de 2017, radicado 48965 Página 19 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO WGOYA Ley 600 de 2000 circunstancias que rodearon las contrataciones realizadas en el decurso del proceso licitatorio 001 de 2004 que pet iiiitió

la suscripción del contrato 068 del 22, así como de las convocatorias públicas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de 2004 que dieron origen a suscripción de los contratos 020, 021, 022, 023, 024, 025 y 026 del 2004. Concomitante a ello, señalarán todo cuando les conste sobre del cumplimiento de sus objetos contractuales y de las instituciones que resu14a óh beneficiarias de estos. ~ 5.4.1.2. Declaración de Yehudi Alejsadro Quevedo r Rivera, para que exponga su conocimie i respecto de las distintas convocatorias realizadas Mpáá el suministro de víveres en diversas institucioeW'del departamento del Vaupés. ~ Este medio de p ieba es pertinente porque como se sabe, Quevedo Rivera'integró el gabinete departamental en calidad de Seóttario de Gobierno e hizo las veces de Gobernad r<j3 cargado ante las vacancias temporales del titular Lob°INO VIGOYA, razón por la cual, de acuerdo con el pliego acusatorio, intervino en ciertas etapas de los contratos antes aludidos. 5.4.1.3. Testimonio de Marcos Fidel García Cortés y Celedonio Hernández Martínez, quienes, en calidad de funcionarios adscritos a la dependencia de Almacén, podrán referirse a los soportes de entrega de los mercados y a las diferencias pecuniarias evidenciadas tras cotejar el valor de Página 20 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 los contratos suscritos y las entregas de los suministros que

se llevaron a cabo. Así mismo, explicarán lo relativo a la presunta inexistencia de soportes que sustentan las debidas entregas que habrían de ser gestionadas desde el Almacén en favor de las instituciones educativas beneficiarias, así como también expondrán los aspectos relacionados con la contabil$al ''y distribución de los productos que conformaron los mécados concedidos a lo largo del departamento del Vau és o j 5.4.1.4. Declaración de Simón Va1ere , quien al tenor de la solicitud deprecada por la defensa fungió como testigo de la contratación cuestionad ,4 en tal sentido, ostenta conocimiento de los hechos d bi su calidad de funcionario de la Secretaría de Eduç fón, mérito por el cual podrá referirse a los pormenÇés de la contratación, su objeto y valor, así como respecto de la diferencia advertida al comparar el valor de los gÓ4tratos y el objeto material de los mismos. 5.4 S'. Testimonio de Miriam Garavito Rojas, cuya perttl eftcia estriba en informar a la Sala sobre los parámetros empléados para la elaboración del plan de compras de los víveres suministrados a las diferentes instituciones educativas del departamento del Vaupés, así como ilustrar la situación contable que atañía a los contratos de los que presuntamente se originaron los sobrecostos advertidos en el pliego acusatorio. Página 21 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 5.4.1.6. Declaración de María Cecilia Cuéllar Quevedo, quien de cara a la hipótesis develada en la resolución de

acusación y a la argumentación presentada por la defensa, podrá esclarecer las circunstancias fáctica:; en punto a comprobar la existencia de estudios previos de conveniencia y oportunidad relativos a los aludidos contratos. 5.4.1.7. Testimonio de Aníbal Roldán, comerciante y propietario del establecimiento "Mercados el paisa", a efectos de que refiera las circunstancias de modo, tiempo y;lugar que motivaron el oficio No. 929 de 16 de noviembre de 2004 remitido por el Procurador Regional del Vaupés. A su turno, explicará a obedeció la cotización qué presentada por el establecimiento de comercio "Mercados el Paisa" ante esa entidad y los criterios bajo los cuales detallará fue elaborada la misma. 5.4.1.8. Declaración de los señores darlos Andrés Rivera Garzón y Eliécer Pérez Galvis, cuya pertinencia se deriva de sus calidades como comerciantes y contratistas de los procesos contractuales reprochados en el pliego acusatorio, mérito por el que fueron las personas encargadas de cumplir con el suministro de víveres que conformaron los mercados entregados a las distintas institucio:zes educativas del departamento del Vaupés Por lo anterior, conviene precisar que los citados testigos darán a conocer los pormenores de la contratación en la que Página 22 de 34 Radicación 00642 WILSON LADINO VIGOYA Ley 600 de 2000 fungieron como partes, desde las circunstancias relativas a la convocatoria provista, hasta los términos y requisitos de cada uno de los contratos asignados. Paralelamente, se referirán a

las propuestas económicas por ellos presentadas a fin de acceder a tal contratación, así como los parámetros seguidos para establecer los precios de las cotizaciones allegadas en dichos procesos contractuales. 5.4.1.9. Comoquiera que al tenor de la resolúción de acusación no se evidenció la existencia de sopo e e salida que comprueben la entrega de los mercad o en favor de instituciones educativas del departamentti od e Vaupés, refulge pertinente decretar el testimonio de Téono Cardozo Ferraz, José María Gómez y Humbertd enuela Gaitán, otrora rectores de los colegios de las cQu nidades de Tapurucuar, Acaricuara y Villa Fátft n espectivamente, a fin de que puntualicen lo que l s`4csinste acerca del suministro de los referidos mercados en los centros educativos que presidían, así como en laos' i tintas instituciones que conformaban el departamervj®y que resultaron beneficiarias de estos. ;4o2o ID®cbumrnemittaIle~ Por ser relevantes para el objeto de este proceso, en tanto la presunta conducta de peculado por apropiación derivó en parte de los posibles sobrecostos de los alimentos suministrados con cargo al contrato No. 068 de 2004, que resultó del