CSJ - Sentencia AEP037-2022(00063)

Republica de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

JORGE EMILIO CALDAS VERA

Magistrado Ponente AEP 037-2022 Radicado 00063 Aprobado mediante Acta No. 34 Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). La Sala se pronuncia sobre la petición de nulidad presentada por el defensor del señor ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ dentro de la audiencia en la cual, en su condición de exgobernador del departamento del Magdalena, se formuló acusación en su contra como coautor del concurso de delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

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ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ

HECHOS A voces de la acusación, son los siguientes: En su condición de gobernador del departamento del Magdalena, el señor ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ tramitó la etapa precontractual y celebró los siguientes contratos: 125 del 28 de marzo de 2008 y su adición 01 del 23 de mayo de 2008, con la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES, BALDO, para la adquisición de kits escolares, por $ 4.134.960.500. 218 del 20 de mayo de 2009 y su adición 01 del 29 del mismo mes, con BALDO, para la

adquisición de bibliotecas escolares por $ 480.254.384. 571 del 6 de noviembre de 2009 con la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SUR, FUNDASUR, para la adquisición de bibliotecas escolares por $ 1.029.508.660. 745 del 23 de noviembre de 2009 con BALDO, para la adquisición de kits escolares por $ 2.829.357.000. Página 2 de 20

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OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ Tales contratos se realizaron sin observar los siguientes requisitos legales esenciales: (i) se elaboraron estudios previos sin soportes que explicaran la proyección del presupuesto oficial, las razones de escogencia de las bibliotecas o kits a adquirir, el tiempo de ejecución, (ii) hubo direccionamiento en el pliego de condiciones para la escogencia del contratista, el pliego carece de sustento técnico, se observa improvisación, capricho y arbitrariedad, no se atendieron objetivamente las observaciones hechas, (iii) la evaluación de propuestas obedeció a un formato preelaborado y no a un estudio serio y concienzudo, (iv) los contratos se adjudicaron sin designar supervisor y sin cláusula de indemnidad, (v) los contratos no fueron liquidados. En razón de los sobrecostos que se presentaron en la adquisición de los kits y bibliotecas escolares, el señor DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ permitió que terceros se apropiaran de $ 4.320.878.504,39.

ANTECEDENTES

1. El 10 de octubre de 2018, ante un Magistrado de

Control de Garantías del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía formuló imputación en contra de DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ; el 3 de diciembre del mimo año, se negó la medida de aseguramiento pedida.

2. La Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ, como presunto coautor del Página 3 de 20 ] PRIMERA INSTANCIA 00063

OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ concurso de delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

3. La audiencia de formulación de acusación se inició el pasado 16 de noviembre y continuó el 28 de febrero anterior, diligencia en la cual partes e intervinientes se pronunciaron sobre la inexistencia de causales de incompetencia, recusaciones o nulidades; a la vez, salvo la defensa, no hicieron observaciones al escrito acusatorio.

4. El apoderado del señor DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ hizo observaciones a la acusación, por estimar que en esta se presentaron hechos nuevos que no estaban contenidos en la imputación, en detrimento del principio de congruencia fáctica y, por contera, del derecho a la defensa, en tanto la parte acusada fue sorprendida por esos eventos novedosos.

La Fiscalía negó la irregularidad, como que la consonancia se pregona es respecto del núcleo fáctico, el cual se mantuvo incólume en imputación y acusación; lo que hizo fue realizar precisiones sobre aristas de los hechos, lo cual, por oposición a lo pedido, condujo fue a garantizar la posibilidad

de contradicción.

5. Formulada la acusación (partes e intervinientes la tuvieron por leída), el defensor, coadyuvado por el procesado, solicitó se declarara la nulidad de la acusación.

LA PETICIÓN.

LA POSTURA DE PARTES INTERVINIENTES Página 4 de 20 , PRIMERA INSTANCIA 00063

OMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ

1. El defensor solicitó se declare la nulidad del escrito de acusación. Sus razones fueron: En el espacio para aclarar las observaciones de las partes a la acusación, la Fiscalía no lo hizo, pues, contrario a sus argumentos, el escrito acusatorio no presentó aristas sobre los mismos hechos de la imputación, sino cuestiones fácticas novedosas que, incluso, estructuran otros delitos, en detrimento del debido proceso y del derecho a la defensa, toda vez que se afecta la congruencia fáctica que debe existir entre imputación y acusación.

Por tanto, la Sala ha debido ordenar a la Fiscalía que retirara de los cargos las circunstancias nuevas, para que procediera a presentar un escrito que se adecue a las exigencias legales. Al no procederse de esa manera, se impone la nulidad dado que no se estructura ninguno de los principios que convalidan la irregularidad.

2. La Fiscalía solicitó se niegue la nulidad, en tanto en el escrito acusatorio no se incurrió en irregularidad alguna, siendo respetuoso de los hechos señalados en la imputación, solo que acudió, con apego a la ley, a realizar algunas precisiones que en modo alguno afectaron el núcleo fáctico.

No se estipularon hechos nuevos, pues en la imputación se anunció que los contratos se celebraron en forma indebida y lo que hizo la acusación fue precisar sobre la escogencia del contratista, pero aspectos como la mención a otras personas Página 5 de 20

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(GABRIEL LOPEZ), la alusión a cheques y a la empresa TECNIEDUCATIVA son temas tratados en el primer acto, solo que en el escrito acusatorio ampliaron situaciones para lograr mayor precisión, lo cual no solo no constituye variación alguna del núcleo fáctico, sino que, por el contrario, facilita la contradicción al abundar en detalles.

3. La representación de víctimas no se pronunció.

4. El Ministerio Público coadyuvó la tesis de la Fiscalía, en tanto en la imputación como en la acusación se hizo claridad respecto del deber incumplido en la celebración de los contratos, lo que permite ejercer en debida forma la contradicción, porque el núcleo de la imputación fáctica se respetó en los dos actos, solo que en la acusación se hicieron precisiones circunstanciales de modo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala negará la nulidad deprecada por las siguientes razones: En el proceso las etapas son preclusivas

1. El proceso penal está constituido por una serie de etapas que corresponden a una relación antecedenteconsecuente, en el entendido de que para llegar a la fase B se requiere, de necesidad, el previo agotamiento de la fase A.

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OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ Así, únicamente se puede llegar al estadio de la acusación una vez se superen los trámites propios de la imputación. De lo anterior se desprenden consecuencias en doble sentido: de una parte, solo hay lugar a abordar el escenario de la acusación si, y solo si, con antelación se ha llevado a cabo en su integridad, con el respeto irrestricto de las formas propias de un proceso como es debido, la formulación de imputación, y, de otra, que, llegada la fase de acusación, no es viable retrotraer el procedimiento a la primera, con la obvia excepción atinente, precisamente, a si se respetaron las reglas del debido proceso. Lo dicho, por cuanto las etapas en el proceso penal son preclusivas, concepto que, a voces del Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, comporta que el juicio se divide en etapas, cada una de las cuales clausura la anterior sin posibilidad de replantear lo ya decidido en ella. Por mejor decir, la preclusión implica la pérdida, extinción o consumación de una facultad o potestad procesal por no haber sido ejercida a tiempo; significa la imposibilidad de cumplir, en el futuro, un acto pasado o superado, dado el orden consecutivo del proceso que comporta que los actos procesales se desarrollan en la disposición dispuesta por el legislador, que se entiende es la correcta y obedece a un orden fundado en valores jurídicos, que debidamente aplicado genera seguridad a las partes que con antelación saben el paso a paso

de los trámites, con lo que, además, se evitan dilaciones injustificadas. Página 7 de 20 i PRIMERA INSTANCIA 00063 OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ Finalizada una fase procesal, la oportunidad se clausura y en atencion al ordenamiento previsto en la ley se pasa a la siguiente para facilitar que el debate sea ordenado y se habilite el avance del proceso, teniéndose por consolidadas las etapas ya cumplidas, negandose la posibilidad de retroceder a estas. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado con ese alcance (auto del 30 de noviembre de 2011, radicado 37.298): “Ha de destacar la Corte, en primer lugar, que, la comprensión lógica de los preceptos que reglamentan el desarrollo de las audiencias de imputación, acusación, preparatoria y de juzgamiento, obliga a concluir que el funcionario judicial, en aras de garantizar un debido proceso, no puede desconocer la sucesión ordenada de actos que componen su estructura, para permitir a los sujetos procesales la invocación de causales de invalidez, cuando la correspondiente etapa ha sido ampliamente superada y en ella la parte interesada no ha hecho manifestación al respecto”.

2. El legislador, en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, estableció el orden en que debe desarrollarse la audiencia de formulación de acusación: luego de que se corra traslado del escrito de acusación a partes e intervinientes, se “concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público

y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.

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ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación”. En la audiencia del 28 de febrero, en aplicación de aquella norma, la defensa se pronunció por la inexistencia de causales de impedimento, recusación o nulidad, pero presentó observaciones al escrito de acusación, respecto de las cuales se pronunció la Fiscalía. Superado ese tema, se continuó con el trámite reglado en el último aparte del artículo 339, respecto de que la Fiscalía realizara la acusación, pero partes e intervinientes se pronunciaron porque no se verbalizara la misma y tuvieron por formulada la acusación por cuanto, con la debida antelación, contaban con el escrito acusatorio y sus anexos. En esas condiciones, se tuvo por finalizada la etapa de acusación y se dio comienzo al trámite previsto en los artículos 344 y siguientes, esto es, al inicio del descubrimiento probatorio y la presidencia hizo recomendaciones para un eficaz y ágil desarrollo de la audiencia preparatoria próxima a realizarse. En ese momento la defensa hizo la petición de que se declarara de nulidad. De ese recuento surge que la defensa dejó precluir la

instancia procesal para reclamar la nulidad pretendida, en tanto no la postuló en la instancia procesal reglada, sino que Página 9 de 20

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OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ dejo expirar ésta, que, por tanto, se tuvo por superada, dandose paso a las siguientes fases procesales. En esas condiciones, superada la etapa procesal permitida por el legislador para postular la presencia de causales de nulidad, la parte no se encuentra habilitada para reclamar que se retrotraiga el tramite, de donde deriva que su pretension debe despacharse de manera adversa, en tanto, expirada la oportunidad propicia reglada en la audiencia de acusación, ese tipo de peticiones solo cabe hacerlas en la instancia de alegatos previa al proferimiento del fallo que ponga fin al juicio. No obstante, en procura de dar una respuesta de fondo al planteamiento de la defensa, la Sala hará algunas glosas que desestiman la pretensión de nulidad, en tanto lo que se pretende es que se anule el escrito acusatorio, lo cual, como se verá a espacio en el siguiente apartado, no resulta de buen recibo, por ser un acto propio de la Fiscalía que no admite el control material que se pretende. El control material al escrito de acusación

1. La pretensión de la defensa apunta a que se exija a la Fiscalía que del escrito acusatorio extraiga determinados apartes que, en su criterio, estructuran hechos nuevos que no fueron señalados en la imputación, o que, retire la acusación

para que presente una nueva que armonice con sus pretensiones, esto es, que no contenga esos aspectos. Página 10 de 20

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OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ Esa petición apunta a que el juez de conocimiento, la Sala Especial de Primera Instancia, ejerza un control material sobre la acusación, lo cual le está vedado, en tanto el escrito de acusación estructura una petición de parte y, por regla general, las postulaciones de éstas, en un régimen procesal de partes como el establecido en el sistema penal oral acusatorio de la Ley 906 del 2004, no son nulas. En efecto, el escrito acusatorio allegado por la Fiscalía, como parte dentro del proceso, contiene la pretensión de la entidad, la que, debatida en el juicio, está llamada a prosperar o no, de tal modo que las falencias que contenga la misma y las irregularidades en que se haya incurrido tienen prevista como sanción que el juez de conocimiento las desestime en la sentencia. Por mejor decir, el control a los desaciertos de la acusación lo ejerce el juez al momento de emitir su decisión de fondo. Por tanto, en principio, sobre la pretensión de la Fiscalía en su escrito acusatorio el juez no puede ejercer un control material como el pedido, contexto dentro del cual no hay lugar a reclamar ni a declarar que ese documento sea nulo.

2. De lo anterior deriva que, por regla general, el juez no puede ejercer un control material sobre la acusación. Diferente es que en trámites previos se hubiese incurrido en irregularidades sustanciales insubsanables que obliguen a

retrotraer el procedimiento, como, por vía de ejemplo, cuando se radica el escrito acusatorio sin que previamente se hubiese agotado la audiencia de imputación, supuesto en el cual la Página 11 de 20 , PRIMERA INSTANCIA 00063 ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ nulidad deriva incontrastable y, por contera, queda sin piso la acusación, pero como consecuencia del yerro que socava la estructura básica de un proceso como es debido, en tanto no puede existir acusación sin previa imputación. Luego la acusación queda cobijada por la nulidad, no porque sea inválida en sí misma, sino por las irregularidades en el trámite previo. Ahora. Respecto del control material a la acusación, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha transitado por las tres posibilidades: (i) la prohibición total de que el juez lo ejerza, (ii) la obligación de ejercerlo siempre, y, (iii) que lo haga, pero de manera restringida. Finalmente, la Corte se decantó por la última hipótesis, en el entendido de que, por regla general, el juez no puede inmiscuirse, a modo de control material, en la acusación, como que ella compete de manera exclusiva y excluyente a la Fiscalía, pero que excepcionalmente está llamado a hacerlo de manera restringida cuando se trate de vulneración a garantías fundamentales, lo cual solo se le habilita cuando esa lesión surja de manera evidente, grosera, arbitraria, manifiesta

(confrontar, Sala de Casación Penal, sentencia SP14191 del 5 de octubre de 2016, radicado 45.594, postura reiterada el 11 de diciembre de 2018, en sentencia SP5660, radicado 52.311). Por modo que, tratándose de vulneración de garantías fundamentales, hay lugar a que el juez aplique ese control, Página 12 de 20 , PRIMERA INSTANCIA 00063 ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ pero en el caso en estudio no se habilita tal intromisión, que, se repite, es excepcional, en tanto la supuesta trasgresión se estructuraría a partir de desavenencias, de opiniones contrarias, luego no surge evidente, patente, manifiesta, grosera de la simple lectura del escrito de acusación.

3. El control que cabe hacer a la petición de la Fiscalía es el reglado por el legislador en el artículo 339 procesal, esto es, que partes e intervinientes expresen “las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato”.

Que no hay lugar a decretar la nulidad del escrito de acusación y que la única posibilidad de controlarlo es la formulación de observaciones de que trata el artículo 339 procesal ha sido enseñado con claridad por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, que ha dicho (auto del 21 de marzo de 2012, radicado 38.256): “6. Es cierto que el escrito de acusación no puede quedar

al arbitrio del delegado de la Fiscalía, en tanto el artículo 337 procesal señala los presupuestos que deben cumplirse para su redacción. En el supuesto de falencias en ese documento, como aquellas en que dice el señor defensor se incurrió en este evento, el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal faculta a partes e intervinientes para que en la audiencia de formulación de la acusación” ...

7. En ese contexto, el espacio para que el abogado reclamara la claridad o concreción de la acusación, era el señalado en la disposición citada...

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OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ En efecto, si bien se reclama nulidad, lo cierto es que la censura apunta exclusivamente a que el escrito de acusación no cumplió los requisitos del artículo 337 de la Ley 906 del 2004, de donde deriva que las correcciones sobre concisión y claridad han debido reclamarse en la oportunidad señalada en el artículo 339... Debe precisarse que en sentencia del 24 de agosto de 2009 (radicado 31.900), la Corte afirmó que “las nulidades que pueden proponerse en la audiencia de formulación de acusación están limitadas a irregularidades que afectan la estructura del proceso a partir del cuestionamiento de alguno de los aspectos constitutivos del escrito de acusación, en el cual, a su vez, se fundamentará la sentencia”. Pero tal expresión no tiene el alcance de que el escrito acusatorio es o pueda ser declarado nulo. Hace referencia a que aspectos procesales precedentes, en los cuales se

sustenta esa pretensión de la Fiscalía, pueden estar viciados de nulidad por afectar el debido proceso. Tanto es así que la frase se trajo a modo de conclusión luego de trascribir apartes de otra decisión en la cual la Sala resalta la razón de ser de la audiencia de formulación de acusación y afirma que en ese espacio se verifica que el escrito acusatorio cumpla los lineamientos del artículo 337 procesal y concluye que “la posibilidad que se tiene por la defensa y los intervinientes frente al escrito de acusación es verificar al existencia y satisfacción de sus requisitos”. Por manera que el alcance de aquella alusión apunta a que aspectos previos que confluyeron a la construcción del escrito acusatorio pueden estar viciados de nulidad, pero no el escrito mismo, conclusión que se ratifica cuando con posterioridad la Corte ha insistido en que en la audiencia de formulación acusatoria puede postularse la invalidación de lo actuado, por ejemplo, en la fase de investigación previa (sentencia del 25 de agosto de 2010, radicado 32.865). Si ello sucede, esto es, si se decreta la nulidad de la actuación previa al escrito de acusación, surge evidente que este queda sin piso, pues un requisito necesario para que el Fiscal pueda impulsar un juicio con ese documento es que la actuación previa, como la formulación de Página 14 de 20 . PRIMERA INSTANCIA 00063 ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ imputación, se haya cumplido con el respeto irrestricto a las formas propias de un proceso como es debido...

En ese contexto, el juicio y la sentencia deben circunscribirse a los lineamientos fácticos y jurídicos precisados en ese acto complejo acusatorio. Por tanto, los hechos y los delitos fijados por la Fiscalía vinculan al juzgador y la única posibilidad de controversia permitida a las partes e intervinientes es la concedida en el artículo 339, exclusivamente para que formulen observaciones sobre el cumplimiento de las exigencias del artículo 337 (auto del 5 de octubre de 2007, radicado 28.294). En la audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes les está vedado cuestionar la adecuación típica realizada por la Fiscalía en su escrito, pues, hacerlo, implicaría interferencia en el ejercicio de la acción penal y en la decisión de acusar que corresponde a ese ente, y a nadie más. Por lo demás, tal cuestionamiento implicaría un ejercicio de debate probatorio, que solamente puede hacerse en el juicio oral (auto del 15 de julio de 2008, radicado 29.994). 9.2. Ahora, de conformidad con el artículo 343, una vez la Fiscalía formula la acusación, el juez “incorporará las correcciones a la acusación leída” (aquellas hechas por las partes), pero, previo a ello, se aprecia que tales observaciones, según el artículo 337, tienen como finalidad que “el fiscal lo aclare (el escrito de acusación), adicione o corrija de inmediato”. El último mandato llama a reflexionar sobre la eventualidad de que la Fiscalía considere inaceptables las posturas de las partes, pues en el supuesto de que las comparta no surge inconveniente alguno, en tanto

procederá a la aclaración, adición o corrección de su escrito y el juez dispondrá su incorporación en aras de que hagan parte inherente de la acusación. En la hipótesis contraria, es decir, que el fiscal no comparta las observaciones de los sujetos procesales, la redacción final del artículo 337 no puede entenderse como un imperativo ineludible, es decir, que, en todo caso, esté o no de acuerdo con las pretensiones de las partes, debe integrar las observaciones como parte de su acusación.

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OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ Esa inteligencia no es posible, porque, admitirla, comportaría que la función acusadora, cuando menos parcialmente, podría pasar de la Fiscalía a las partes e intervinientes, lo cual se opone a lo dispuesto de manera expresa por el artículo 250 de la Constitución Política, modificado por el 2° del Acto Legislativo 03 del 2002, conforme con el cual, “En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá: ... 4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio... En el evento de presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados deberán suministrar... todos los elementos probatorios e informaciones...”. De ese mandato surge que la tarea de acusar es exclusiva y excluyente de la Fiscalía, en tanto la acepción natural de un deber es la de aquello a que está obligado el hombre por las leyes naturales o positivas. Por modo que la función acusadora de la Fiscalía no se

estableció constitucionalmente como una facultad, sino como una obligación (en el entendido de que exista mérito para ello), de tal forma que el legislador procesal de la Ley 906 del 2004 no podía desconocer la disposición superior, y en verdad que no lo hizo, sino que, en desarrollo del Acto Legislativo, reiteradamente consignó que la carga de acusar compete a la Fiscalía de manera exclusiva y no puede trasladarla, siquiera parcialmente, ni al juez ni a otras partes. Así se desprende, por ejemplo, de los artículos 15 (norma rectora, obligatoria, prevalente sobre cualquiera otra y que debe ser utilizada como fundamento de interpretación), 51, 56.8, 114, 116, 175, 336, 339, 350 y siguientes... La Fiscalía, entonces, cumple como titular de la acción penal y dueña de la acusación, parámetros a partir de los cuales ni el juez ni las partes pueden imponérsela total o parcialmente, desde donde se infiere que las observaciones realizadas por las partes pueden y deben ser incorporadas para que conformen un todo con la acusación, única y exclusivamente cuando el fiscal las acoge. Página 16 de 20

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OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ Si el delegado de la Fiscalia no accede a aclarar, adicionar o corregir su acusación en los términos de las observaciones hechas por partes e intervinientes, éstas no adquieren un carácter vinculante y no pueden ser debatidas en el juicio ni consideradas en el fallo. Ya se ha dicho, y se reitera, que la sanción, en el supuesto de que

erradamente el acusador se aparte de las observaciones, está dada por la no prosperidad total o parcial de las pretensiones de la acusación”.

4. En el caso en estudio, el procedimiento para “controlar” la acusación se cumplió a cabalidad, en tanto la defensa hizo sus observaciones y la Fiscalía realizó las aclaraciones que consideró pertinentes, de tal forma que el proceso como es debido se cumplió a cabalidad, en tanto la defensa hizo observaciones, la Fiscalía las atendió. Por lo demás, en el curso del debate oral y al decidir la Sala habrá de valorar todos esos aspectos, toda vez que, conforme lo acaecido, la acusación quedó conformada por un acto complejo que comprende el escrito, sus adiciones, las observaciones de la defensa y las explicaciones que a las últimas hizo la Fiscalía.

Lo que no puede suceder es que como la defensa no pudo convencer a la Fiscalía y esta se negó a retirar el escrito acusatorio o las partes reclamadas, eso estructure motivo de nulidad, en tanto si bien aquella reclamó que los apartes señalados por ella constituían hechos nuevos no relacionados en la imputación, el ente acusador fue enfático en sostener que no hay tal, sino que, respetando el mismo núcleo fáctico, lo que hizo la acusación fue precisar circunstancias modales que no solo no lesionan garantía alguna sino que permiten un mejor ejercicio de contradicción. Página 17 de 20

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OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ El juez resolvera sobre las irregularidades denunciadas

1. El articulo 448 de la Ley 906 del 2004 consagra el

principio de congruencia, en virtud del cual el “acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los que no se haya solicitado condena”. Esa consonancia se pregona de dos aspectos: (i) la fáctica y (ii), la jurídica. Sobre la primera, que es a la que alude la defensa, se tiene que debe existir congruencia entre los hechos señalados en la imputación y los descritos en la acusación, de manera tal que no puede proferirse sentencia sino por aquellos hechos precisados en los dos actos.

2. El reclamo defensivo apunta a que en la acusación la Fiscalía aludió a hechos nuevos no consignados en la imputación, lo que la última niega pues enfatiza que solo precisó algunas circunstancias sin variar el núcleo fáctico de la imputación.

La Sala no se ocupará de analizar a cuál de las partes asiste la razón, pues adentrarse en ello implicaría adelantar el debate probatorio y jurídico, en tanto tendría que valorar la razones probatorias y jurídicas planteadas en la audiencia de imputación y hacer otro tanto con el escrito y formulación de acusación. Tal discusión previa eventualmente podría implicar un prejuzgamiento, que comportaría análisis que deben darse al interior del juicio oral.

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OMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ Pero en el supuesto de que asistiera la razón a la defensa, la solución estaría dada porque el juzgador, al decidir el

asunto, estaría obligado a descartar aquellos hechos novedosos no propuestos en la imputación, pues desde la norma que regla el principio de congruencia la Sala solo estaría habilitada para emitir sentencia por los hechos que estén en plena consonancia fáctica. De proceder de otra manera, esto es, de emitir fallo por hechos no relacionados en la imputación, sería la Sala la que, en su providencia, estaría incursa en irregularidades sustancias que afectarían el debido proceso y el derecho a la defensa. Por modo que surge un motivo adicional para descartar que el acto acusatorio sea nulo. En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: NO DECLARAR LA NULIDAD del escrito de acusación. Proceden los recursos de reposición y/o apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

BLANCA NÉLIDA BARRETO ARDILA Magistrada Página 19 de 20

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Magistrado OR[EGA SÁNCHEZ Secretario Página 20 de 20