CSJ - SL1512-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1512-2023 Radicación n.º 91857 Acta 022 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por SOFÍA TAMAYO OSPINA contra la sentencia proferida el 1 de marzo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso que le sigue a

la COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LA PLAZA

MINORISTA (COOMERCA).

I. ANTECEDENTES Sofía Tamayo Ospina llamó a juicio a Coomerca para que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido en el que «fue sometida a actos de acoso laboral por parte del señor JULIO CÉSAR PIEDRAHITA RICAURTE, Representante Legal y Gerente de la empresa demandada»; que estaba amparada por las garantías

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Radicación n.º 91857 previstas en el «artículo 11 de la Ley 1010 de 2006»; que la empresa violó el debido proceso en el trámite disciplinario adelantado en su contra y que el vínculo terminó el 25 de agosto de 2014, sin justa causa y de manera ilegal. En consecuencia, solicitó el reintegro al cargo que desempeñaba, sin solución de continuidad, más el pago de los salarios y derechos laborales dejados de percibir, la indexación de esas sumas y los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Fundó sus peticiones en que pactó con la demandada

dos contratos de trabajo: el primero, a término fijo, entre el 13 de noviembre de 1996 y el 30 de julio de 1997; el segundo, a término indefinido, desde el 19 de octubre de 1998 hasta el 25 de agosto de 2014. Agregó que fue contratada para laborar como «SECRETARIA GENERAL COMITÉ», pero se desempeñó como «SECRETARIA DE GERENCIA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN» y que, cuando cesó el nexo, devengaba un salario de $ 1.300.000. Manifestó que, en su condición de madre cabeza de hogar, estaba a cargo de dos hijas, pues el padre de ellas fue desaparecido forzosamente en el año 2009. Relató que, en el año 2012, fueron desplazadas violentamente de la vivienda en la que ella habitó por más de 20 años. Adujo que, a finales de noviembre de 2013, el gerente de Coomerca, quien era su jefe inmediato, le ordenó redactar una acción de tutela en contra de la Alcaldía de Medellín,

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Radicación n.º 91857 prometiéndole como contraprestación la suma de $ 50.000, sin embargo, cuando solicitó el pago de tal dinero recibió una respuesta negativa, bajo el argumento de que realizó esa actividad en horario laboral, razón por la cual, devolvió la carpeta que contenía la información del caso, con el fin de que la asesora jurídica de la compañía la elaborara; ante ese hecho, recibió la amenaza de quitarle el internet de su puesto de trabajo. Describió que ese suceso degradó su dignidad y

la puso en situación de indefensión frente a su jefe, además, a partir de ese momento, se configuraron otros hechos de acoso laboral, a saber: i) En el mes de diciembre de 2013, es decir como a los 15 días aproximadamente del primer incidente presentado entre el señor JULIO CÉSAR PIDRAHITA (sic) RICAURTE y mi representada, la señora SOFÍA TAMAYO OSPINA solicitó un permiso laboral para asistir a una reunión en el Colegio Manzueto ubicado en Marinilla – Antioquia, donde estaban cursando sus hijas […] – Grado 7 y […] – grado 6, frente a lo cual el señor JULIO CÉSAR PIDRAHITA (sic) RICAURTE le dijo a mi representada que ella pedía muchos permisos y que la empresa no tenía la obligación de concedérselos, que por ley éstos sólo se concedían por calamidad; y por solicitud que le hiciere mi representada precisó que una calamidad se daba cuando se moría un familiar. ii) En enero de 2014, mi representada le solicitó al señor JULIO CÉSAR PIEDRAHITA estudiara la viabilidad de reubicarla laboralmente, teniendo en cuenta que la empresa estaba reestructurando el área administrativa y había la posibilidad de que ella se desempeñara en otra área igualmente como Secretaria de Personal, para lo cual le solicitó tener en cuenta la formación que recibió como Técnica en Administración del Recurso Humano en el año 2003; no obstante el señor PIEDRAHITA RICAURTE negó la solicitud aduciendo que ya los puestos estaban organizados y que no se podía hacer ningún cambio en

el proyecto de reestructuración que próximamente se implementaría. iii) El 15 de enero de 2014, mi representada solicitó al señor JULIO CESAR (sic) PIEDRAHITA RICAURTE que le modificara el salario conforme a la base salarial estipulada para el cargo de Secretaria, que para la fecha era de $1.132.000 más $50.000 adicionales sólo para el cargo de Secretaria de Gerencia, es decir

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Radicación n.º 91857 un salario de $1.182.000. Dado que desde el primero de enero de 2014 le incrementaron su salario en $1.300.000. El 24 de enero de 2014 el señor JULIO CÉSAR PIEDRAHITA RICAURTE dio respuesta a la anterior petición negándola aduciendo que ello “implicaría una desmejora en las condiciones que están establecidas para el cargo que actualmente ocupa”, esto sin considerar que mi representada desde el mismo momento que le notificó un incremento salarial como estímulo a su formación profesional en Derecho le manifestó su inconformidad con el mismo, dado que con éste perdería otros beneficios que no compensaban el incremento como: subsidio de transporte, dotación de vestido y calzado y se aumentaría el copago en la eps. […] iv) El 07 de febrero de 2014, mi representada solicitó respetuosamente al señor JULIO CÉSAR PIEDRAHITA RICAURTE un permiso para laborar los viernes hasta las 4:45 p.m. y no laborar los sábados, con el fin de adelantar una especialización en Derecho que se llevaría a cabo los viernes de

5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. El 10 de febrero de 2014 el señor JULIO CÉSAR PIEDRAHITA RICAURTE dio respuesta a la anterior solicitud negando el permiso. No obstante, según lo manifestó mi poderdante tres compañeras de trabajo de la empresa: JENNYFER RESTREPO ÁLVAREZ, JAQUELINNE SOSA GONZALEZ (sic) y GLORIA CONSUELO CALLEJAS TEJADA, tenían permiso laboral para adelantar especialización en el mismo horario solicitado por mi representada. Comentó que, en razón de dicha situación, el 25 de febrero de 2014, puso en conocimiento de su superior que había solicitado asesoría en el Ministerio del Trabajo, donde se le informó que estaba bajo acoso laboral y que, previamente, debía elevar la situación al Comité de Convivencia Laboral de la cooperativa; ante ello, él contestó que el asunto sería tratado posteriormente, pero no fue así; en consecuencia, radicó la queja ante esa oficina de gobierno, que requirió al representante legal de la empleadora para que ofreciera una respuesta.

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Radicación n.º 91857 Puntualizó que, por esos hechos, fue llamada a una reunión por el «Subgerente de COOMERCA y Presidente del Comité de Convivencia Laboral» y que las memorias de la versión rendida por ella, así como las recomendaciones entregadas por tal comité, fueron remitidas al proceso seguido en el Ministerio, pero las sugerencias no fueron

acatadas por su jefe inmediato. Dijo que el coordinador del Grupo de Resolución de Conflictos de la cartera ministerial radicó su solicitud y el 20 de mayo de 2014 la llevó a una audiencia de conciliación con el gerente, que fracasó ante la ausencia de ánimo de arreglo, con lo que fue dejada en libertad para acudir a la jurisdicción ordinaria. Explicó que, posteriormente, la presidenta del Consejo de Administración y el subgerente de la empleadora le propusieron acordar la terminación de la relación laboral, pidiéndole que presentara una propuesta económica; pasados varios días sin elaborarla, estos le ofrecieron $ 8.000.000, aumentados a $ 10.000.000 por su jefe inmediato, sumas que no aceptó, al considerar que tenía obligaciones financieras con la empresa que ascendían a $ 13.376.299. Como primera contrapropuesta, pidió el pago de $ 23.376.299, que redujo a $ 20.000.000, cifra que pasó a estudio de la compañía.

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Radicación n.º 91857 Aseguró que, sin obtener una respuesta, el 23 de agosto de 2014, fue llamada a descargos para ese mismo día, bajo las siguientes acusaciones:

1. El día 22 de Agosto de 2014, siendo las 9:50 am, usted se ausentó de la empresa sin autorización de su jefe inmediato o del subgerente, y se presentó nuevamente a laborar a las 11:15 a.m.

2. Así mismo la administración tuvo conocimiento de su salida del puesto de trabajo el 29 de julio 2014 a las 2:16 pm,

regresando a las 4:11 p.m., esto sin previa autorización de su jefe inmediato o subgerente[.] Frente a esa convocatoria, solicitó el aplazamiento de la diligencia y la posibilidad de presentar las explicaciones por escrito, petición que fue contestada negativamente, por lo que, conminada a rendirlas, debió proceder a ello. A continuación, el día 25 del mismo mes, el subdirector operativo le entregó la carta de terminación unilateral del contrato y le ordenó dejar el puesto inmediatamente. Refirió que el trámite desplegado no respetó las reglas del debido proceso, a la luz del fallo CC C539-2014, por ausencia de claridad en la imputación de faltas y de calificación de las conductas como disciplinarias, por la omisión en la entrega de pruebas que las demostraran y por no darle tiempo para controvertir las acusaciones. Negó haber abandonado el puesto de trabajo, ya que, siguiendo instrucciones de su jefe, dejó a cargo a otra persona antes de retirarse, dado que debía acudir a diligencias en el colegio donde estaba matriculada una de sus hijas.

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Radicación n.º 91857 Agregó que una docente de la Institución Educativa Tulio Ospina le entregó la constancia de haber asistido «el viernes 22 de agosto de 2014 de 10:20 a.m. a 10:50 a.m. aproximadamente para averiguar la situación académica de su hija ANGIE PAOLA OSORNO TAMAYO, quien se encuentra desescolarizada desde el 08 de mayo de 2014».

A continuación, señaló que entre la fecha de presentación de la queja de acoso laboral ante el Ministerio y la de terminación unilateral del vínculo transcurrieron 5 meses y 22 días, de modo que consideró menospreciadas, tanto «la garantía contra actitudes retaliatorias que contempla el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006» como la prohibición de despedirla «sin autorización del Ministerio de la Protección Social, como lo dispone el parágrafo único del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006», pues ese finiquito contractual no fue aprobado por tal despacho administrativo. Por otra parte, aseveró que la constancia laboral entregada por la empleadora apuntó unas fechas equivocadas de los contratos y las funciones desempeñadas, lo que, en su sentir, refleja que, tras el fin de la ligazón laboral, «continuaban los actos de discriminación e inequidad del señor PIEDRAHITA RICAURTE hacía la demandante». Al contestar la demanda, Coomerca se opuso a las pretensiones, excepto a la declarativa de la existencia del contrato. Frente a los hechos, sostuvo que los dos vínculos laborales referidos fueron relaciones autónomas e independientes, aceptó el salario devengado por la

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Radicación n.º 91857 demandante, precisó que el cargo desempeñado fue el de secretaria de gerencia y que la acción de tutela se solicitó para que fuera elaborada por fuera del horario laboral, pero que, como ella usó el tiempo de trabajo, no había lugar al pago adicional. Además, negó las amenazas relatadas y

precisó que a la actora le otorgaron permisos para estudiar; asimismo, descartó que las situaciones descritas en la demanda constituyeran acoso laboral, pues se enmarcaban en el interés de velar por el bienestar de la empresa. Dijo que no se enteró de la queja por acoso sino hasta que fue notificada por el Ministerio y aceptó la celebración de las reuniones, la audiencia de conciliación y el desarrollo del trámite; aclaró que no se había ocupado de la situación con anterioridad porque la extrabajadora no la puso en su conocimiento y que, al estudiarse por el comité competente, se estableció que no se suscitaron conductas que aconsejaran medidas de seguimiento. Por otra parte, tuvo por ciertas las ofertas y contraofertas económicas presentadas para la terminación por mutuo acuerdo de la relación laboral, precisando que no se formularon en virtud de la queja de acoso, sino por el simple deseo de cesar el vínculo. Añadió que a la actora se le informó que su propuesta no había sido acogida. Aceptó que llamó a la actora a la diligencia de descargos, el desarrollo de esta y la ulterior cesación del contrato; negó que el procedimiento hubiera olvidado los requisitos del debido proceso u otras garantías; dijo que, para

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Radicación n.º 91857 la fecha de los hechos, no se conocía la sentencia referida, por lo que no le era oponible. Además, tuvo por cierto el contenido de la certificación laboral expedida y adujo que no podían aplicarse en este caso las normas referidas al acoso

laboral. De los demás relatos, sostuvo que no le constaban o que eran hipótesis de la demandante. En su defensa propuso las excepciones de fondo de caducidad, prescripción, compensación, inexistencia de la obligación y pago.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 19 de febrero de 2019, resolvió: Primero: declarar que entre la señora Sofía Tamayo Ospina y Cooperativa de Comerciantes de la Plaza Minorista (Coomerca) sí existió un contrato de trabajo entre el 19 de octubre de 1998 hasta el 25 de agosto 2014.

Segundo: declarar que no existe causa de acoso laboral, que haya sido probada, por parte de la Cooperativa de Comerciantes de la

Plaza Minorista (Coomerca) hacia Sofía Tamayo Ospina, […]. Consecuencialmente, absolver a la demandada Coomerca de las pretensiones de ineficacia de despido, y se absolverá a la demandada de la pretensión de reconocer, liquidar y pagar salarios y prestaciones sociales.

Tercero: declarar que existió terminación injusta y unilateral por parte de Coomerca […] hacia Sofía Tamayo Ospina […].

Consecuencialmente, ordenar a Coomerca pagar a la demandante la suma de $ 17.387.155, a título de indemnización por despido injusto, suma de dinero que se encuentra indexada desde agosto de 2014 hasta el 31 de enero de 2019, y que se debe continuar indexando desde el primero de febrero de 2019 hasta cuando real y efectivamente sea pagada a la demandante.

Cuarto: de las excepciones propuestas por la demandada prospera, entonces, la de inexistencia de ineficacia de despido e

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Radicación n.º 91857 inexistencia la obligación de reconocer, liquidar y pagar salarios y prestaciones. Las demás excepciones quedan resueltas, como se ha indicado.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar las apelaciones interpuestas por ambas partes, en decisión del 1 de marzo de 2021, revocó la de primera instancia y, en su lugar, absolvió a la demandada de todas las pretensiones.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal inició con el estudio del artículo 2 de la Ley 1010 de 2006; enumeró las conductas tachadas por la actora como constitutivas de acoso laboral y los medios de convicción aportados para demostrarlo, de donde concluyó: […] ni la prueba documental ni la testimonial permite demostrar de manera fehaciente y suficiente la existencia de un acto discriminatorio o de un verdadero acoso laboral ocasionado a la demandante por parte del empleador demandado, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, o desmotivación en el trabajo. Por el contrario, encuentra la Sala que el empleador le reconoció en múltiples ocasiones permisos para ausentarse de su lugar de trabajo (folios 142 a 149) e incluso en el interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la demandada, ésta dijo que a la demandante le concedieron permisos durante 3 años para no asistir a laborar los días sábados mientras

terminaba sus estudios de derecho, lo cual fue aceptado por la actora en su interrogatorio de parte. Además, parte del poder subordinante del empleador, es conceder o no permisos a sus trabajadores de acuerdo con las necesidades de la empresa, así como cambiar las condiciones laborales de aquéllos, por ejemplo, cambiarlos o no de los puestos de trabajo, modificarles su salario, etc (sic), lo que hace parte del ejercicio del “ius variandi” que se deriva de uno de los elementos propios del contrato de trabajo, cual es, el de la subordinación contemplado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo; que por tratarse de una facultad, no es obligatoria para el

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Radicación n.º 91857 empleador sino potestativa, y que también muchas veces son (sic) el reflejo del buen comportamiento laboral del trabajador que motivan al empleador a promoverlo hacia un ascenso, pero que en todo caso no es obligatorio. Enseguida, analizó la pretensión de indemnización por despido injusto y precisó que a la parte activa le incumbía demostrar la finalización del nexo, mientras que el empleador tenía la carga de probar su justeza; apoyó tal postura en los artículos 62 y 66 del CST y en la sentencia «Rad. 48.059 del 19 de oct/16». Analizó la carta de terminación, el interrogatorio de la demandante, el acta de descargos y los artículos 64, 66 y 72 del Reglamento interno de trabajo (en adelante RIT), de donde extrajo: Como puede verse, conforme a la prueba obrante en el proceso, y específicamente del interrogatorio de parte que absolvió la

demandante, se desprende que ella el día 22/08/2014 estuvo laborando en su oficina hasta las 9:50 am, momento en el cual se retiró de la misma, pidiéndole a la compañera de trabajo señora Margarita Pineda Pinto, secretaria de Coomerca, que la relevara, sin que su jefe inmediato tuviera conocimiento de dicha ausencia ni de sus motivos, quedando así confesada la conducta que originó la decisión de despido por parte del empleador, y por tanto, plenamente probada. Y sin que en criterio de la Sala, el hecho de que el Gerente no se encontrara en el lugar de trabajo, sea una excusa válida, ya que pudo haberlo llamado telefónicamente o enviarle un correo electrónico o comunicarse con algún empleado del nivel directivo a efectos de solicitar dicho permiso, pero en todo caso no tomar de manera unilateral la decisión de retirarse del puesto de trabajo, así otra persona haya accedido a relevarla, ya que la prestación del servicio propia del contrato de trabajo debe ser personal conforme a lo dispuesto por el Art 23 del C.S. del Trabajo, y al Art. 64 del R.I. del Trabajo propio de la empresa demandada, máxime que el mismo expresamente establece como prohibición a los trabajadores, abandonar el trabajo antes de la hora en que termina su jornada laboral, consagrando tal hecho como falta grave, aún por la primera vez. De tal forma, y en consideración a que el mismo empleador calificó tal conducta como falta grave en el R.I. de Trabajo, no le es dado al Juez entrar a sopesar la gravedad de la misma y como tal, es constitutiva de justa causa de despido, al tenor de lo

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Radicación n.º 91857 dispuesto en el Art 72 numeral 1 guion 8 del R.I. de T. y en el Art 62 numeral 6 literal A del C. S. del T […]. Así, encontró que la trabajadora incumplió las obligaciones o prohibiciones especiales que le incumbían, según el numeral 1.º del artículo 58 del CST, al no desarrollar personalmente la labor encomendada a ella.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Sofía Tamayo Ospina, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, «CONFIRME PARCIALMENTE la proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el 20 de febrero de 2019».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, a los que la demandada no les formula réplica y que serán resueltos en conjunto, dado que se proyectaron por la misma vía y los argumentos que exhiben están relacionados entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de ser violatoria, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes

normas:

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Radicación n.º 91857 Art 25 de la Constitución Política; Art 23 y Numerales 6 y 10 del Art 57 del Código Sustantivo del Trabajo; Art 167 del Código General del Proceso; Ley 1010 del 2006; Ley 1280 del 2009; Art

2, 7 y 11 de la Ley 1010 de 2006, Numeral 1 y 3 del Art 2, Literales c - i - k del Art 7, Parágrafo del Art 11, numeral 1 del Art 11 de la misma Ley; Art 60 del Decreto 528 del 1964, Sentencias de la Corte Constitucional: C-386 del 2000, C-934 de 2004, T-025 de 2004, C-930 del 2009 y Auto 092 de 2008. Como errores de hecho, refiere: 1º- No dar por demostrado, contra la evidencia, que la actora sufrió acoso laboral por parta (sic) del representante legal de su empleador JULIO CÉSAR PIEDRAHITA RICAURTE[.] 2º - No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que la actora está amparada por el fuero de acoso laboral. 3º - No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que por haberse incumplido el trámite establecido en el único parágrafo del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, el despido no produjo efecto alguno. En condición de pruebas mal apreciadas, expone: 1.- Queja por conductas de acoso laboral radicada por la actora en el Ministerio de la Protección Social el 03-03-2014 y COOMERCA el 13-03-2014 (folio digital 51 al 54) 2.- Comunicación radicada por COOMERCA en el Ministerio de la Protección Social el 02-04-204, en el que anotan la versión del señor JULIO PIEDRAHITA frente a los hechos denunciados por

la actora; la versión de la actora y formulan las recomendaciones. (folio digital 57 al 60) Después, como probanzas dejadas de valorar, indica: 1.- Registro civil de nacimiento de MARÍA ISABEL y ANGIE PAOLA OSORNO TAMAYO, hijas de la actora menores de edad para la época de los hechos. (folio digital 42 y 43) 2.- Denuncia por desaparición forzada de JUAN CAMILO OSORNO CARDONA el 28 de marzo de 2009, padre de la menores

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Radicación n.º 91857 MARÍA ISABEL y ANGIE PAOLA OSORNO CARDONA. (folio digital 45) 3.- Constancia de desplazamiento forzado de la actora y su núcleo familiar en el año 2012 (folio digital 46) 4.- Acta no conciliada No. 0017 de Mintrabaj, (sic) dejando en libertad a la parte reclamante de acudir ante la jurisdicción laboral ordinaria (folio digital 62 al 65) 5.- Comunicado de Mintrabajo del 28-05-2014 informando el archivo de la queja por no haber acuerdo (folio digital 66) 6.- Descargos rendidos por la actora el 23-08-2014 (folio digital 72 al 74) 7.- Comunicado de COOMERCA del 25-08-2014, terminando unilateralmente el contrato de la actora con justa causa. (folio digital 75) En el desarrollo del embate cita los considerandos del Tribunal sobre el acoso laboral; transcribe apartes de los artículos 2 y 7 de la Ley 1010 de 2006 y emprende la

«definición de los conceptos que constituyen la llamada relación laboral» con el objeto de fijar los límites del poder subordinante como elemento propio del contrato de trabajo, «y la garantía de la dignidad humana en las relaciones laborales en un Estado Social de Derecho que busca evitar el uso arbitrario y abusivo de esta facultad por el empleador». Se adentra en el concepto de «DERECHO AL TRABAJO» a partir de los artículos 25 de la CP, 23 del CST y, frente al poder subordinante del empleador, menciona las sentencias

CC C934-2004 y CC C386-2000.

En su análisis del caso concreto, reitera cada uno de los hechos denunciados por la trabajadora como actos constitutivos de acoso laboral, deteniéndose a profundizar en

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Radicación n.º 91857 cada uno. Frente al primero, referido a la orden de elaborar una acción de tutela, cuya contraprestación era de $ 50.000 —que, al cobrarlos, su jefe inmediato no le pagó, y, en cambio, la amenazó con quitarle el internet de su puesto—, explica: […] el señor PIEDRAHITA (sic) RICAURTE en la versión que rindió ante el Comité de Convivencia Laboral de COOMERCA (folio digital 58) expuso: “1. Reconoce que fue un error no haber reconocido que Sofía estaba haciendo un trabajo extra que compete a la labor de una abogada y por ello pidió excusas, pero efectivamente no le reconoció esa labor económicamente y considera que ella en ocasiones le queda tiempo disponible para contribuir a otras

labores y en repetidas ocasiones se le asigna una tarea y ella no cumple porque dice que no es su función.” (subrayado fuera de texto) Como medida de prevención el Comité de Convivencia Laboral de COOMERCA formuló la recomendación: “2. Por parte de la cooperativa debe realizarse un manual de procesos y procedimientos, donde queden claras las funciones de la Secretaria de Gerencia y demás cargos para cumplir eficientemente con las obligaciones que correspondan” (folio digital 60); no obstante, en el HECHO DÉCIMO SÉPTIMO de la demanda se anotó que “El señor JULIO CÉSAR PIEDRAHITA (sic) RICAURTE – Gerente de COOMERCA, quien fue denunciado por mi representada por acoso laboral, no acogió ninguna de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia Laboral de COOMERCA, ni tampoco tuvo ánimo conciliatorio para por los menos menguar las conductas de acoso laboral y/o restablecer el clima laboral”. En la CONTESTACIÓN de la demanda se pronuncian frente a este hecho así: “No es cierto. El Comité no le indicó al Gerente que realizara ninguna acción, ni tampoco se estableció que hubiera incurrido en conductas de acoso laboral” A más de lo anterior, en los descargos rendidos por la actora el 23 de agosto de 2014 (folio digital 72 al 74), en su última RESPUESTA manifiesta la continuidad de actos de acoso laboral por parte del señor JULIO CÉSAR PIEDRAHITA (sic) RICAURTE, sobre la poca claridad de sus funciones y cómo las que eran

propias de su cargo como asistir a las reuniones del Consejo de Administración se las había quitado para ponerle otras como era marcar tarjetas para un evento de mercado coordinado por otra dependencia; también la incertidumbre de la permanencia en su cargo por los constantes rumores de que la empresa le iba a

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Radicación n.º 91857 terminar el contrato laboral y que todo ello le generó mucho estrés laboral. Esta situación se relacionó en el HECHO VIGÉSIMO NOVENO de la demanda y la demandada CONTESTÓ: “Se acepta, en los términos consignados en el acta de descargos, a cuyo tenor literal me atengo”. Estos hechos denunciados por la demandante en sus descargos evidencian la continuidad de las conductas de acoso laboral realizadas por el señor JULIO CESAR PIEDAHITA (sic) RICAURTE en disfavor de la actora, contradiciendo por demás el señalamiento que le hizo a la actora y lo expuesto en el Comité de Convivencia Laboral de COOMERCA en el sentido de que a SOFÍA TAMAYO le quedaba mucho tiempo laboral disponible o que no tenía que hacer muchas tareas laborales en su cargo, y son por demás, pruebas fehacientes, que de haber sido valoradas en debida forma por el Ad quem en el marco de la Ley 1010 de 2006 la misma se adecúa a la conducta constitutiva de acoso laboral prescrita en el literal i) del artículo 7º: A continuación, transcribe la norma referida y el interrogatorio de parte rendido por Julio César Piedrahita.

Frente al segundo hecho señalado como constitutivo de acoso, concerniente al permiso negado en diciembre de 2013 «para asistir a una reunión del Colegio de mis hijas en Marinilla – Antioquia», transcribe lo dicho por su jefe inmediato en «la versión que rindió ante el Comité de Convivencia Laboral de COOMERCA (folio digital 58 y 59)»; tras ello, agrega: De acuerdo con las pruebas documentales que obran en el proceso a folios 42 al 48, que inclusive el Tribunal Superior de Medellín no VALORÓ ni en la sentencia las relacionó como prueba documental, son éstas elementos probatorios que, sin asomo a duda, dan cuenta de las situaciones graves que afrontó la actora y su núcleo familiar compuesto por sus dos hijas MARÍA ISABEL y ANGIE PAOLA OSORNO, que para el año 2014 eran menores de edad y estudiantes de secundaria, con consecuencias psicológicas y sociales que sobrevienen a causa de tan terribles experiencias por el fenómeno de violencia que afronta a (sic) el país: la desaparición forzada de JUAN CAMILO OSORNO CARDONA el 28-03-2009, padre de sus hijas, y el posterior

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Radicación n.º 91857 desplazamiento forzado del lugar donde vivía la actora y su núcleo familia en febrero de 2012. A continuación, resalta que la sentencia CC T025-2004 declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno y mediante

«auto 092 de 2008» ordenó «la adopción de medidas de protección a los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas», describió el contenido de esta última providencia y tuvo en cuenta el artículo 57 del CST, modificado por la Ley 1280 de 2009, del que expuso que, al no definir qué es la calamidad doméstica, para efecto de las licencias, daba lugar a acudir a la noción que brinda el fallo CC C930-2009. Así, entendió que, «a la luz de la Ley 1010 2006, la conducta desplegada por el señor PIEDRAHITA RICAURTE desbordó la facultad subordinante que rige las relaciones laborales, para en su lugar infundir intimidación, terror y angustia en su víctima» que le generaron desmotivación en su trabajo, y expuso: Pretender el victimario PIEDRAHITA RICAURTE, subsumir la grave calamidad doméstica con la licencia por luto, dado las especiales circunstancias de mi mandante se configura en una grave transgresión de las normas por su parte, que no tiene otro fin distinto que el de causar una gran angustia y desasosiego a su víctima quien padece del sufrimiento y los daños colaterales que el delito de desaparición forzada del padre de sus hijas dejó en ella y en sus menores hijas, esto sumado a que también fueron víctimas de desplazamiento forzado, todo ello por la ola de violencia que bien es