CSJ - SL2016-2024

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL2016-2024 Radicación n.°96868 Acta 27 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, contra la sentencia proferida el 25 de mayo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que en su contra instauró

RAMÓN ÁNGEL ATEHORTÚA TAMAYO.

I. ANTECEDENTES Ramón Ángel Atehortúa Tamayo llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, para que se condenara al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, las mesadas retroactivas, los intereses moratorios o en subsidio, la indexación y las costas del proceso.

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Radicación n.°96868 Como sustento de sus pretensiones, narró que nació el 15 de febrero de 1944; que prestó sus servicios a Gonzalo Sierra Mejía y a la Agropecuaria Tierra Dulce Ltda., entre julio de 1979 y el 30 de abril de 2008; que demandó a sus empleadores y socios de la empresa y al ISS hoy Colpensiones, por cuanto los primeros no efectuaron las cotizaciones al sistema pensional desde julio de 1979 hasta octubre de 2004; que en dicho proceso solicitó el pago de los aportes adeudados y que la entidad de seguridad social los recibiera, para que de esta manera se le

reconociera la pensión de vejez; que el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín accedió a sus pretensiones; que posteriormente, presentó demanda ejecutiva contra los mismos accionados y se libró mandamiento de pago; que ese trámite judicial terminó el 19 de junio de 2015. Informó que solicitó corrección de su historia laboral con el fallo favorable para que se validaran las semanas de cotización y presentó copia del mandamiento ejecutivo; que, Colpensiones le informó que accederían a la corrección y por eso se «tranquilizó»; que esa administradora «no se ha dignado en presentar accion (sic) ejecutiva de recaudo en contra de dichos empleadores morosos»; que el revisar su reporte se percató que pagaron de manera parcial las cotizaciones en mora equivalentes a 288 semanas comprendidas desde enero de 1995 hasta agosto de 2000, lo que significa que los aportes entre 1 de julio de 1979 y 1 de abril de 1994, siguen en mora, lo que equivale a 792 semanas. Sostuvo que, instauró nuevo proceso ejecutivo por el reiterado incumplimiento y que el juez también libró mandamiento de pago, que «actualmente se encuentra en tramite

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Radicación n.°96868 (sic) y esta (sic) en segunda instancia» donde se resuelve una apelación. Contó que tras solicitar a Colpensiones la pensión de vejez, le fue negada mediante resoluciones GNR 49985 y VPB 36266 de 2016; que cuenta 512 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad; que,

sumando las semanas pendientes, completaría 1304 en toda su vida laboral; reiteró que Colpensiones ha incumplido lo previsto en el art. 24 de la Ley 100 de 1993 (fs.°6 a 12 -Expediente digital). La Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, al contestar, se opuso a las pretensiones. Admitió la fecha de nacimiento del actor, la presentación de las demandas, las peticiones y las respuestas negativas. De los demás, manifestó que no eran hechos «que deba dar respuesta». Indicó que el demandante no tiene «aun el tiempo de cotización». Planteó como excepciones, las de inexistencia de la obligación por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez, petición de lo no debido, petición antes de tiempo, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas, prescripción y «COMPENSACIÓN INDEXADA» (fs.°6 a 12 -Expediente digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.°96868 El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo de 12 de mayo de 2020 (Portal Ecosistema Digital Acciones Virtuales - ESAV), resolvió: Primero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a pagar al señor Ramón Ángel Atehortúa Tamayo, la suma de $74.022.393, a título de retroactivo de pensión de vejez, en su condición de beneficiario del régimen de transición del Acuerdo

049 de 1990, liquidado desde el 25 de noviembre de 2012 hasta mayo de 2020, inclusive. A partir del 1 de junio de 2020, la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones continuará pagando al demandante la mesada pensional de vejez, equivalente al salario mínimo mensual vigente, sin perjuicio de las mesadas adicionales de junio y diciembre y los incrementos de ley.

Segundo: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a pagar al señor Ramón Ángel Atehortúa Tamayo, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional referido en el numeral primero de esta providencia, a partir del 26 de marzo de 2016 hasta la fecha del pago efectivo.

Tercero: Autorizar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a efectuar los descuentos, incluso retroactivos, con destino al sistema de seguridad social en salud.

Cuarto: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción de los derechos causados y exigibles con anterioridad al 25 de noviembre de 2012. Las demás excepciones propuestas por la pasiva, se declaran improbadas.

Quinto: Costas en esta instancia a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y en favor de la parte demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de

$5.100.000. […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y en grado jurisdiccional de consulta a su favor, a través de sentencia de 25 de mayo de 2021 (Portal Ecosistema

Digital Acciones Virtuales - ESAV), dispuso:

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Radicación n.°96868 CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 12 de mayo de 2020, pero la REVOCA en cuanto CONDENÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas del proceso, para en su lugar ABSOLVER a la entidad accionada por estos conceptos; en su lugar, la CONDENA a la indexación de las sumas causadas y no pagadas, cuyo cálculo debe ser realizado por la entidad al momento de efectuar el pago efectivo de la obligación desde que cada mesada se hizo exigible. Se advierte además, que con base en los principios de solidaridad y participación consagrados en el artículo 2º de la ley 100 de 1993, que tanto la parte demandante como la demandada COLPENSIONES, mantienen su obligación legal y de responsabilidad con el sistema siendo indispensable que continúen con las acciones administrativas, judiciales, e incluso coercitivas, tendientes a obtener, de los empleadores GONZALO SIERRA MEJÍA y LUIS GUILLERMO SIERRA MEJÍA y la sociedad AGROPECUARIA TIERRA DULCE, el pago de las cotizaciones adeudadas con motivo de la relación laboral ya declarada judicialmente. Costas en esta instancia a cargo del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de $908.526 (Negrillas del propio texto). Centró la decisión a resolver, si el demandante tenía

derecho a la pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición; de ser así, analizaría la procedencia de los intereses moratorios y «los descuentos en salud». Recordó que el régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993, se estableció para aquellas personas que, a la entrada en vigencia de dicha ley, tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres o 40 o más en el de los hombres, o bien, 15 años de servicios, con el fin de respetarles los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión, establecidos en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

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Radicación n.°96868 Afirmó que el demandante cumplía las condiciones para ser beneficiario de dicho régimen, por haber nacido el 15 de febrero de 1944, y que satisfizo «la exigencia inicial» al contar más de 40 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; que tal circunstancia conllevaba no requerirle «las exigencias establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, siempre y cuando el total de cotizaciones sean acreditadas antes del 31 de julio de 2010, pues en ese caso, al igual que para quienes cumplen la edad mínima después de esa fecha, resulta indispensable demostrar 750 semanas de cotización para su fecha de entrada en vigencia». Insistió que no era el caso del actor, en tanto no solo cumplió 60 años de edad el 15 de febrero de 2004, sino porque «la petición de pensión de vejez se sustenta en el cumplimiento de

500 semanas de cotización durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida». Manifestó que el hecho de que el empleador hubiera realizado los pagos de manera parcial respecto a la sentencia donde se ordenó el pago de las cotizaciones desde julio de 1979, no daba lugar al desconocimiento de los derechos del demandante. Hizo énfasis en que uno de los argumentos planteados por Colpensiones en la Certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Defensa Judicial de 2 de abril de 2019, para no emitir concepto favorable de conciliación (fs.°108 a 112), fue que al accionante no se le podía aplicar «el decreto 758 de 1990 en virtud del régimen de transición», al no tener cotizaciones antes

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Radicación n.°96868 del 1 de abril de 1994 y, que el caso debía analizarse conforme la Ley 100 de 1993, con las modificaciones de la Ley 797 de 2003. De cara a lo anterior, expuso: Si bien es cierto en la historia laboral no existen hasta ahora cotizaciones registradas con anterioridad al mes de abril de 1994, y lo que permite el régimen de transición es que se conserven las condiciones establecidas en un régimen anterior, especialmente en lo que hace relación con la edad, semanas de cotización o tiempo de servicio y monto de la prestación, ocurre que tampoco existe duda ni discusión algunas (sic) en cuanto a la existencia de una relación laboral entre el demandante y, como empleadores, los señores

GONZALO SIERRA MEJÍA y LUIS GUILLERMO SIERRA MEJÍA y la

sociedad AGROPECUARIA TIERRA DULCE, entre el mes de julio de 1979 y el 30 de abril de 2008, la cual ha sido judicialmente reconocida, pero cuyas cotizaciones no se han sido (sic) realizadas en su totalidad, a pesar de existir un proceso ejecutivo laboral iniciado en su contra por el propio RAMÓN ÁNGEL ATEHORTÚA TAMAYO. Advirtió que el actor presentó demanda ordinaria laboral contra sus ex empleadores, en el que pretendió la declaratoria de una relación laboral entre las fechas atrás indicadas y la condena por aportes al sistema pensional y, que el proceso se adelantó ante el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín - rad.05001 31 05 021 2010 00141. Trascribió la parte resolutiva de la sentencia de 8 de noviembre de 2011. Señaló que la historia laboral del actor reportaba en toda su vida laboral, cotizaciones solo con Gonzalo Sierra Mejía y Agropecuaria Tierra Dulce y, anotó que las realizadas desde septiembre de 2000 fueron pagadas oportunamente con fundamento en la misma vinculación laboral, mientras que las semanas restantes han sido objeto de reclamación para ser cubiertas mediante la elaboración de un cálculo actuarial.

Enseguida anotó:

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Radicación n.°96868 Cálculo actuarial que, en principio, dio lugar al pago de una parte de las cotizaciones efectuadas por el empleador, pero no en su totalidad, pues de acuerdo a la historia laboral que se aportó al expediente y los comprobantes de pago de la empresa, aquel cubrió el periodo

comprendido entre el 1º de abril de 1994 y el 31 de agosto del año

2000. Esto se evidencia claramente del documento visible a f. 550 que corresponde justamente al de la liquidación del cálculo actuarial elaborado el 23 de septiembre de 2014 y que fuera pagado el 21 de noviembre de ese mismo año como consta a f. 551.

Ahora, ese pago parcial o incompleto que se ha realizado, motivó a que la parte actora iniciara el trámite de un nuevo proceso ejecutivo ante el mismo Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín, el que, mediante auto del 28 de septiembre de 2016, f. 32, dispuso librar mandamiento de pago en el siguiente sentido: “Pagar al demandante (sic) los aportes dejados de realizar al Sistema general de Pensiones por el periodo comprendido entre julio de 1979 y el 1° de abril de 1994, en el fondo de pensiones Colpensiones, entidad ésta obligada a recibirlos previo el pago de los intereses moratorios por el retardo en el pago al momento de su realización”. Con tales supuestos, consideró que Atehortúa Tamayo tenía un régimen anterior «que se le debe respetar, como lo es el decreto 758 de 1990», pues cuando inició la relación laboral el 8 de julio de 1979 antes de la Ley 100 de 1993, «el monopolio para la administración del riesgo de vejez en el sector privado, estaba en cabeza, exclusivamente del entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES», sin que la conducta de su empleador al cumplir de manera parcial, la sentencia judicial que le ordenó el pago de las cotizaciones desde julio de 1979, conlleve desconocer sus

derechos. Estimó que una vez el empleador satisficiera a plenitud, la orden que le fue impuesta desde 2011, necesariamente se reflejaría en la historia laboral «una afiliación desde antes de 1994» y una importante cantidad de semanas de cotización que, «si bien no le hacen falta para acceder a la pensión como tal por tener los requisitos ya cumplidos, si son relevantes para considerar que existe un régimen anterior que se le debía respetar y del cual tiene todo el derecho de beneficiarse».

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Radicación n.°96868 Al mantener el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de la demandada, indicó que también dejaba incólume el valor del concepto de retroactivo pensional, en la medida que las operaciones estaban ajustadas a derecho. Añadió que, de conformidad con lo apreciado por la primera instancia: […] no hay lugar a declarar probada la excepción de cosa juzgada respecto a aquel proceso tramitado en el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín en el año 2010, pues en aquel no se ordenó al entonces Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de vejez, sino simplemente recibir los aportes que le correspondía pagar al empleador. Tampoco existe prejudicialidad alguna que se deba declarar, en tanto el derecho como tal que reclama el demandante, es al pago de unos aportes en pensión que ya ha[n] sido reconocidos y declarados judicialmente mediante proceso ordinario, y los cuales vienen desde el mes de julio de 1979, y lo que está pendiente es simplemente que el empleador deudor de la obligación complete la suma al haber realizado un pago parcial respecto de lo que se le había ordenado.

Advirtió que tanto demandante como demandada mantienen su obligación legal y de responsabilidad con el sistema; y, que es indispensable que continuaran las acciones administrativas, judiciales, e incluso coercitivas, tendientes a obtener del empleador el pago de las cotizaciones adeudadas con motivo de la relación laboral ya declarada judicialmente. Estimó improcedente el reconocimiento de los intereses moratorios, en subsidio, dispuso la indexación. Acto seguido, señaló que: […] Colpensiones solo resulta obligada al reconocimiento de la pensión de vejez, con fundamento en la decisión que en este proceso

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Radicación n.°96868 se adopta de considerar que al demandante no se le puede desconocer el vínculo laboral existente desde 1979 y la obligación impuesta al empleador de realizar los aportes respectivos, de manera que bien puede decirse que, sin esta interpretación, el reconocimiento de la pensión de vejez no se hubiera producido. Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para Colpensiones hasta tanto el empleador que en su momento omitió realizar el pago de las cotizaciones, procediera a cumplir de manera completa con la obligación que le fuera impuesta judicialmente.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo formula así: Como petitum PRINCIPAL, se solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral que, actua[n]do en calidad de Tribunal de casación, CASE TOTALMENTE la sentencia acusada, en cuanto no

declaró la estructuración de la institución procesal de “cosa juzgada”. Una vez realizado lo anterior, y constituida como Tribunal de Instancia, se disponga REVOCAR INTEGRALMENTE, el fallo de primer grado, por hallar acreditado el instituto de cosa juzgada respecto al proceso ordinario con radicado 05001310502120100014100 del JUZGADO 21 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN; absolviendo a esta Entidad de todas las pretensiones formuladas en su contra. En caso de no accederse a lo anterior, como petitum SUBSIDIARIO PRIMERO, se solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral que, actuando en calidad de Tribunal de casación, CASE TOTALMENTE la sentencia acusada, en cuanto confirmó el fallo de[l] A-quo sobre el reconocimiento pensional amparado en el Régimen de Transición, junto con las condenas accesorias. Una vez realizado lo anterior, y constituida como Tribunal de Instancia, se disponga REVOCAR INTEGRALMENTE, el fallo de primer grado, declarando que el derecho pensional del demandante se rige por la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos a la fecha no los cumple al actor, al contar en su historia laboral con tan solo 685 semanas cotizadas; absolviendo a esta Entidad de todas las pretensiones formuladas en su contra. En caso de no accederse a los anteriores, como petitum SUBSIDIARIO SEGUNDO, se solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia –

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Radicación n.°96868 Sala Laboral que, actuado en calidad de Tribunal de casación, CASE TOTALMENTE la sentencia acusada, en cuanto confirmó el fallo de Aquo, sobre el reconocimiento pensional amparado en el Régimen de Transición, junto con las condenas accesorias. Una vez realizado lo anterior, y constituida como Tribunal de Instancia, se disponga REVOCAR el fallo de primer grado, y declarar que el demandante es beneficiario del Régimen de Transición para los fines de reconocimiento pensional por vejez, al amaro (sic) del Decreto 758 de 1990, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero que, el estudio de la prestación, y por ende, el cómputo de semanas cotizadas, sólo será procedente cuando el Empleador Omiso realice el pago total del cálculo actuarial respecto de los periodos comprendidos entre el 1979-07 a 1994-03; absolviendo a esta Entidad de todas las demás pretensiones formuladas en su contra. Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, replicados por el demandante. Se estudiarán conjuntamente los dos últimos, dado que se dirigen por la misma vía de ataque, comparten igual proposición jurídica, y se complementan.

VI. CARGO PRIMERO Ataca la sentencia por la vía indirecta, por la aplicación indebida de los arts. 303 del CGP y 145 del CPTSS, en relación con los arts. 176, 250, 281 y 282 del CGP, y, 32, 60 y 61 del CPTSS, como violación medio que condujo a la aplicación

indebida de los arts. 36 de la Ley 100 de 1993, 12 y 13 del «Decreto 758 de 1990».

Como errores de hecho señala: PRIMERO: Dar por demostrado, sin estarlo, que dentro del proceso con radicado 05001310502120100014100 (Juzgado 21 Laboral Piloto de Oralidad del Circuito de Medellín) no se resolvió sobre la pretensión de pensión de vejez, y simplemente se le ordenó al ISS recibir los aportes que le correspondía pagar al empleador.

SEGUNDO: No dar por demostrado estándolo, que entre el proceso con radicado 05001310502120100014100 (Juzgado 21 Laboral Piloto de Oralidad del Circuito de Medellín), y el presente proceso, se

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Radicación n.°96868 configura la institución jurídica procesal de "cosa juzgada", dada la estructuración de la regla de triple identidad (partes - objeto - causa). Enlista como pruebas erróneamente apreciadas la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, rad. 05001310502120100014100 y el escrito de demanda de ese mismo proceso. Asevera que el ad quem recortó una parte esencial de las pruebas y, por tanto, aspectos suasorios. Memora las sentencias CSJ SL, 24 ag. 2010, rad. 35124 y CSJ SL, 7 mar. 1997, rad. 4636. Con sustento en la demanda inaugural del primer proceso, expone que se configuró la regla de triple identidad, pues son los mismos extremos procesales, igual objeto e idéntica causa, por

ende, se estructuró la cosa juzgada, tal como emerge de la demanda radicada el 20 de febrero de 2019, generadora del presente caso, junto con el acta de audiencia de conciliación. Pone de presente que en el trámite identificado con el rad. 2010-00141, fungió como demandante el actor y como demandados los empleadores y el ISS; que en el rad. 201900105, también figuró como demandante Atehortúa Tamayo y la accionada es Colpensiones. Explica que, pese a que los empleadores no fueron llamados a juicio en esta oportunidad, esa solo circunstancia no enerva la identidad de partes, pues las pretensiones principales de pago de la pensión de vejez, intereses moratorios o indexación, se dirigieron contra Colpensiones. En cuanto a la identidad de objeto, señala que en el proceso rad.2010-00141, se pretendió:

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Radicación n.°96868 Que sus Empleadores efectuaran el pago -a la Entidad Pensional-, de las cotizaciones adeudadas desde julio de 1979 a agosto de 2004. Que su Administrador de Pensiones –ISS-, le efectuara el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, el pago de los intereses moratorios del canon 14 (sic) de la ley 100 de 1993, o, en su defecto, la indexación, así como los gastos y costas del proceso. Y que, en esta causa, se solicita: Que su Administradora de Pensiones –Colpensiones-, le efectuara el

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el pago de mesadas retroactivas, el pago de los intereses moratorios del canon 14 (sic) de la ley 100 de 1993, o, en su defecto, la indexación, así como los gastos y costas del proceso. De conformidad con ello, se trata de la misma pretensión sustancial, con los efectos que ello implica. Alega que aunque en este trámite se solicitó el pago de mesadas retroactivas, lo que no pretendió en el anterior, ello hace parte de los derechos ciertos e indiscutibles, mínimos e intransigibles que el juzgador en cumplimiento de las facultades ultra y extra petita está llamado a reconocer. Agrega, que no es necesaria «la taxatividad extrema respecto a la coincidencia entre los hechos y pretensiones» y que es suficiente que en los dos procesos se trate de la misma pretensión sustancial. Señala la sentencia CSJ SL1854-2020. Afirma que hay identidad de causa petendi, por cuanto los presupuestos fácticos remiten al no pago de los aportes pensionales por parte del empleador, por los periodos de prestación personal del servicio a fin de que se lleve a cabo el reconocimiento pensional por vejez. Destaca que la sentencia de 8 de noviembre de 2011 proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral Piloto de Oralidad del Circuito de Medellín, decidió la pretensión de reconocimiento pensional, razón por la cual emitió una orden en el numeral 2° sujeta a plazo o condición respecto a

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Radicación n.°96868 Colpensiones, consistente en «recibir dichas cotizaciones, y

posterior al efectivo pago de los aportes, determinar si al demandante le asiste el derecho a obtener una pensión por vejez». Aduce que «el punto de derecho» referente a las acciones de cobro también fue cobijado por la cosa juzgada, en tanto en el numeral 3°, […] en forma literal como fue relatado en la audiencia de instancia, expresa: Por parte de los INSTITUTO (sic) DE LOS SEGUROS SOCIALES, se encuentra probada la excepción de falta de competencia para ejercer funciones de cobro y recaudo frente al ex empleador del demandante, ya que el trabajador no estuvo afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, sino hasta el año 2000, por lo que el ISS desconocía la relación existente con anterioridad entre las partes, Así que, no se generó mora ante el seguro, ni opción de cobro coactivo. Arguye que en ese fallo «en forma juiciosa», la juez de instancia diferenció entre la mora patronal y el cálculo actuarial, al precisar que es exclusivamente de la primera que se predican las acciones de cobro del art. 24 de la Ley 100 de 1993, lo que no puede ocurrir de cara a la segunda, dada la omisión de afiliación. Insiste en que el a quo dejó «condicionado» el estudio pensional al pago efectivo del cálculo actuarial por el empleador, lo que implica que, hasta que ello no se cumpla, no puede exigírsele ni por vía administrativa o judicial, el estudio de ese derecho. Insiste en que la pretensión pensional ya fue resuelta en el primer proceso, y que dicha decisión al encontrarse en firme, hace tránsito a cosa juzgada. Que, «nos hallaríamos ante una

antinomia de sentencias judiciales» pues, por un lado, Colpensiones tiene la orden de resolver la pretensión pensional,

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Radicación n.°96868 previo el pago del cálculo actuarial por el empleador omiso, y, por el otro, le dispusieron reconocer y pagar mesadas pensionales con retroactivo e indexación, sin el recaudo efectivo de los aportes. Reitera la aplicación indebida del art. 303 del CGP, norma «de indudable sabor sustancial» por poseer la potencialidad de crear, modificar o extinguir un derecho subjetivo y que se «extinguió la posibilidad de consolidar la institución cosa juzgada (sic) sobre un punto de derecho que, materialmente fue resuelto al interior del otro proceso».

VII. RÉPLICA El demandante hace un resumen de normas que rigen su derecho pensional y enfatiza en los deberes de las administradoras en recaudar los aportes. Con lo enseñado en las sentencias CC T-668-2007 y CSJ SL, 28 jul. 2008, rad. 34270, aduce que el Tribunal no se equivocó y solicita que no se case la sentencia impugnada.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal negó la existencia de la cosa juzgada, al señalar que en la sentencia que se profirió en el proceso primigenio que se tramitó en el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín en 2010, no se ordenó al ISS «el reconocimiento de la pensión de vejez, sino simplemente recibir los aportes que le correspondía pagar al empleador». Con tal argumento, concluyó

que no se configuraron los elementos que prevé el art. 303 del CGP.

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Radicación n.°96868 La censura asevera que el ad quem se equivocó al valorar las piezas procesales denunciadas, pues en su criterio, al comparar las dos causas litigiosas emergen los tres elementos que estructuran la cosa juzgada, al tenor de lo consagrado en el citado art. 303 del CGP. En ese orden, la Corte debe dilucidar si la decisión del sentenciador de segundo grado al confirmar que no hubo cosa juzgada, fue acertada. Pese a que el cargo se dirige por la vía de los hechos, es necesario reiterar que conforme la norma mencionada, para que se configure la existencia de la cosa juzgada, debe haber identidad de personas o sujetos, esto es, que se trate de un mismo demandante y demandado; de objeto o cosa pedida, es decir, del beneficio jurídico que se reclama; y, de causa para pedir, aspecto que radica en el supuesto fáctico o material que sirve de fundamento al derecho deprecado. En sentencia CSJ SL576-2023 esta Corporación indicó que «la identidad que se busca se ancla en el trípode de causa, objeto y sujetos del proceso en curso con otro ya definido», en otras palabras, con la cosa juzgada se pretende evitar pronunciamientos contradictorios y garantizar la definición de problemas jurídicos interminables, razón por la cual el legislador consagró dicha figura procesal con la que se da certeza a lo ya determinado, impidiendo un nuevo estudio de la situación ya

revisada.

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Radicación n.°96868 Sentado lo anterior, se examina la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2011 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso primigenio identificado con el «radicado 2014-00779» (acta de folios 327 y 328 expediente digital). Allí se resolvió: PRIMERO: Se CONDENA los señores GONZALO SIERRA MEJÍA y LUIS GUILLERMO SIERRA MEJÍA como personas naturales y a la sociedad AGROPECUARIA TIERRA DULCE LTDA por medio de su Representante Legal y todos sus socios a pagar las cotizaciones adeudadas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES por concepto de pensión como consecuencia de la relación laboral existente con el señor RAMÓN ANGEL ATEHORTÚA TAMAYO desde el 8 de Julio de 1979 hasta el 30 de Mayo de 2004. Los aportes adeudados se comprenden entonces entre el momento en que se entendió obligado el empleador por la entrada en vigencia (sic) del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el 31 de Agosto de 2000.

SEGUNDO: Se ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a recibir dichas cotizaciones y posterior al efectivo pago de los aportes para determinar si al demandante le asiste el derecho a obtener una pensión por vejez.

TERCERO: Por parte del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES se encuentra probada la excepción de falta de competencia para ejercer funciones de recaudo frente al exempleador del demandante. Por

parte de la sociedad AGROPECUARIA TIERRA DULCE LTDA no se encuentra probada la excepción de inexistencia de la obligación por parte de los demandados y se halla probada la excepción de prescripción de la acción y del derecho. Las demás excepciones propuestas por los demandados se entienden implícitamente resueltas en esta decisión.

CUARTO: Se ABSUELVE a los demandados d