CSJ - SL445-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL445-2023 Radicación n.° 93273 Acta 07 Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA contra la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauró JOSÉ WILSON HERRERA CUERVO contra la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES José Wilson Herrera Cuervo convocó a juicio a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, con el propósito que se declare que fue despedido sin justa causa y estando en curso un conflicto colectivo generado por la presentación de un pliego de peticiones.

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Radicación n.° 93273 Como consecuencia de lo anterior, solicitó que la llamada a juicio fuera condenada a reintegrarlo al mismo cargo que tenía para la fecha del despido, que acaeció el 22 de enero de 2015 o a uno igual o de superior categoría; que, a título de indemnización, le cancelen los salarios y prestaciones legales y extralegales causadas, «junto con los demás factores que lo integran» dejados de percibir desde la data del despido hasta la reinstalación efectiva, con la indexación correspondiente y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que ingresó a laborar con la demandada, mediante contrato a

término indefinido, desde el 18 de agosto de 2008, en el cargo de «profesor de deportes»; que prestó sus servicios en Medellín, con un salario básico de $1.543.000 y que fue despedido sin justa causa el 22 de enero de 2015. Afirmó que durante la existencia del nexo laboral estuvo vinculado a la organización sindical Unión Sindical de Trabajadores y Empleados de Comfenalco, hecho que era de pleno conocimiento de su empleador; que esa organización sindical presentó el 2 de marzo de 2012 un pliego de peticiones a la empresa demandada, el cual fue recibido a satisfacción con el visto bueno del Ministerio de Trabajo; que la accionada con escrito del 9 de marzo del mismo año se negó a negociar el aludido pliego y ante tal situación, se interpuso una «querella administrativa» en el citado ente Ministerial, la cual no obtuvo respuesta favorable y, luego de resolver los recursos de reposición y apelación, en definitiva consideró que «dejaba en libertad al sindicato para que

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Radicación n.° 93273 acudiera a la justicia ordinaria en demanda de su pretensión relacionada con la presunta negativa de Comfenalco Antioquia de negociar el pliego de peticiones». Adujo que, simultáneamente a la queja administrativa, radicaron una acción de tutela, de la cual conoció la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, quien, mediante fallo del 19 de junio del 2012, «obligó» a la demandada a negociar con el sindicato; por lo tanto, el 26 de junio de ese mismo

año se instaló la mesa de negociación y se dio inicio a la etapa de arreglo directo, que terminó sin acuerdo entre las partes. Finalmente, puso de presente que el 15 de marzo de 2016, se emitió el laudo arbitral que dirimió el conflicto entre el empleador y el sindicato; decisión frente a la cual, la accionada formuló recurso de anulación, resuelto por la Corte Suprema de Justicia el 23 de noviembre de la misma anualidad, dejando «indemne» la decisión inicial; y puso de presente que la llamada a juicio no está en proceso de liquidación. Al dar respuesta a la demanda, la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el cargo desempeñado por el actor; su vinculación a la organización sindical; la data de finalización del nexo de trabajo; la presentación del pliego de peticiones el 2 de marzo de 2012; la interposición de la querella administrativa ante el Ministerio de Trabajo; los recursos presentados y la decisión adoptada en esa instancia administrativa; la convocatoria al

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Radicación n.° 93273 Tribunal de Arbitramento; la interposición del recurso que conoció la Corte Suprema de Justicia y que no se encuentra en proceso de liquidación. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa argumentó que en este asunto no se configuró la existencia de un fuero circunstancial, como lo reclama el demandante, pues entre las partes «no se ha surtido un conflicto o diferendo laboral dentro de las

ritualidades que las normas legales establecen para su nacimiento» conforme lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965. Indicó que debía tenerse presente que en la sociedad demandada se constituyó una primera organización sindical denominada «SINTRACOMFENALCO», la cual presentó un pliego de peticiones, que culminó con la celebración de una convención colectiva de trabajo, que tuvo vigencia del 1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2014. No obstante, el 28 de diciembre de 2011, se creó un segundo sindicato llamado «UNION SINDICAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE COMFENALCO», y luego de conformarse jurídicamente, pretendió presentar otro pliego de peticiones, con el argumento de «que no les gustó la convención colectiva suscrita por SINTRACOMFENALCO». Destacó que, como empleador, se abstuvo de negociar dicho documento, pues en la Caja de Compensación demandada se encontraba ya vigente la referida convención

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Radicación n.° 93273 colectiva de trabajo y mientras estuviera en vigor, no era factible producir un «nuevo diferendo colectivo». Resaltó que, frente a esta solicitud de la segunda organización sindical, existen actos administrativos, debidamente ejecutoriados, que concluyeron que el empleador, al rehusarse a negociar el presunto pliego de peticiones actuó con «total apego» a la legalidad y, por ende, no es factible acceder a los pedimentos de esta acción judicial. Enlistó como excepciones perentorias las de

prescripción, inexistencia de la obligación, pago, buena fe, compensación e «imposibilidad para el reintegro».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 12 de agosto de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el contrato de trabajo celebrado entre

el Sr. JOSE WILSON HERRERA CUERVO y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, fue finalizado en forma unilateral y sin justa causa por parte del empleador el día 22 de enero de 2015, momento para el cual el demandante gozaba de fuero circunstancial, motivo por el cual el despido es ineficaz.

SEGUNDO: ORDENAR a CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, que proceda con el reintegro del demandante JOSÉ WILSON HERRERA CUERVO al mismo cargo que desempeñaba o a uno de iguales o mejores condiciones.

TERCERO: CONDENAR a CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA a reconocer y pagar al demandante JOSÉ WILSON HERRERA CUERVO, salarios y prestaciones legales y extralegales que hubieran correspondido a la

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Radicación n.° 93273 trabajadora, cuantificados a partir del 23 de enero de 2015 y hasta el momento en que se haga efectivo el reintegro, teniendo en cuenta el salario devengado para la época y los incrementos que este hubiera tenido.

CUARTO: CONDENAR a CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

COMFENALCO ANTIOQUIA al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a nombre del Sr. JOSÉ WILSON HERRERA CUERVO, por el periodo comprendido entre el 23 de enero de 2015 y el momento en que se haga efectivo el reintegro, teniendo en cuenta como IBC el salario que devengaba para el momento del despido ineficaz y los incrementos que este hubiera tenido.

QUINTO: DECLARAR probada la excepción de compensación que fuere propuesta por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA En consecuencia, se autoriza a la demandada descontar de los valores que deban ser reconocidos al Sr. JOSÉ WILSON HERRERA CUERVO, las sumas dinerarias que fueron entregadas a esta al momento de finalizar el contrato.

SEXTO: ORDENAR que los valores que deben ser entregados al actor y los que él debe reintegrar en virtud de la compensación, sean cuantificados en ambos casos de manera indexada, de cara a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada como vencida en juicio. Se fijan agencias en derecho en la suma de

$6.360.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, mediante sentencia proferida el 24 de septiembre de 2021, decidió confirmar íntegramente la decisión del a quo, sin imponer costas en la alzada.

Estableció como problema jurídico a resolver, definir si el demandante se encontraba amparado por fuero

circunstancial para el 22 de enero de 2015, fecha en la que fue despedido, y para la cual, según afirma, no había

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Radicación n.° 93273 finalizado el conflicto colectivo iniciado o si, por el contrario, la razón está de parte de la demandada cuando aseguraba que no lo cobijaba la garantía foral, dadas las decisiones adoptadas en sede de tutela, así como el tiempo transcurrido para solicitar Tribunal de Arbitramento (CSJ SL919-2021 y

CSJ SL3317-2019).

Previamente refirió que conforme al artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, todos los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, así como la prerrogativa de afiliarse a estas con la sola condición de observar sus estatutos internos; lo que significa que, existe un imperativo de las autoridades públicas de abstenerse de intervenir en la formación de las organizaciones sindicales y en el ejercicio de sus funciones siempre que estas actúen en el marco de la legalidad. Añadió que los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo -OITreconocen abiertamente el derecho que asiste a todas las organizaciones sindicales de negociar libremente con los empleadores las condiciones que regirán los contratos de trabajo y el empleo; que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, se ha establecido que en la libertad sindical se reconoce un valor y un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, según el cual

todos los trabajadores pueden fundar las agremiaciones que estimen convenientes, sin autorización o control del Estado,

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Radicación n.° 93273 así como la prerrogativa de afiliarse a las que existen sin distinción alguna y el derecho de los sindicatos a representar a sus afiliados, sin importar si son mayoritarios o minoritarios. Dijo que también era posible la coexistencia de convenciones colectivas de trabajo, cuya aplicación está mediada por la favorabilidad al trabajador, desde que se aplique en su integridad. Adujo que el hecho de que el sindicato «UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE COMFENALCO», hubiera presentado pliego de peticiones a la demandada, no comportaba una actuación que estuviera en contravía del ordenamiento jurídico, ni de ningún tipo de principio, dado que era dable que los sindicatos minoritarios lo presentaran, así en la empresa existiera una convención vigente. Aseveró que los trabajadores podían ser beneficiarios de la estabilidad laboral por fuero circunstancial derivada de la presentación de un pliego de peticiones, a través de las diversas organizaciones sindicales existentes en una empresa; siempre y cuando, ello no implique un verdadero abuso del derecho o no desfigure los fines de la libertad sindical, lo cual, en caso de presentarse debe ser probado de manera concreta y especifica por la parte que alega un posible abuso en materia de libertad sindical, esto es que, «el sindicato hizo un uso extralimitado de las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico y contrario a sus

propios fines, desfigurando el sentido y la teleología de los derechos asignados en la Constitución y en la Ley»; presupuesto que dijo no se evidenciaba en el sub examine.

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Radicación n.° 93273 Seguidamente, el ad quem aludió al contenido de los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 10 del Decreto 1373 de 1966, y resaltó que el fuero circunstancial es un amparo del que gozan los trabajadores involucrados en un conflicto colectivo, protección que nace desde la presentación del pliego de peticiones y se mantiene hasta el día en que se ponga fin a dicho conflicto, mediante convención, pacto o hasta cuando quede ejecutoriado el respectivo laudo arbitral. Recordó que la generación del conflicto colectivo trae consigo obligaciones recíprocas a sus actores, siendo para el empleador el dar inicio a la etapa de arreglo directo y recibir los representantes del sindicato o grupo de trabajadores en los plazos estipulados por el artículo 433 del CST, y a éstos, por ser los titulares directos de las prebendas de mejora de sus condiciones de labor, realizar todas las gestiones administrativas y las judiciales que estén a su alcance con el fin de dar inicio a las conversaciones de arreglo directo e impulsar el proceso de negociación. Expuso que, en este asunto, el conflicto colectivo surgió con la presentación del pliego de peticiones el 2 de marzo de 2012, y con ello el resguardo circunstancial, pues así lo prevé la norma, por lo que es imperativo analizar si para la fecha del despido del actor que se produjo el 22 de enero de 2015,

dicha protección se mantenía, ya que no se había dado aún solución al conflicto colectivo con la suscripción del laudo arbitral.

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Radicación n.° 93273 Explicó que conforme los hechos probados en el proceso, se encontró que una vez presentado el pliego de peticiones, el 2 de marzo de 2012, la empresa demandada fue renuente en sentarse a negociar, bajo el pretexto de que ya existía una CCT vigente y debía esperarse al término final de su vigor para proceder a su denuncia y allí si poder iniciar una negociación colectiva, argumentación que, como quedó explicado, no tenía fundamento legal ni jurídico, ya que la organización sindical minoritaria no estaba obligada a esperar a que perdiera vigencia la convención colectiva existente; razón por la cual, sí se podía provocar el conflicto colectivo y debía tenerse como válida la presentación de dicho pliego, sin que ello pueda considerarse abuso del derecho. Afirmó que el hecho de que el Ministerio de Trabajo no hubiese tomado medidas, ante la solicitud de investigación a Comfenalco presentada por el sindicato por la presunta negativa de la entidad a dar inicio a las conversaciones del pliego, ello no quería decir que su negativa hubiere tenido fundamento legal o fuese atendible, pues la jurisprudencia, en particular la decisión CSJ SL1904-2020, adoctrinó que «la conducta asumida por las partes en el inicio de las conversaciones es un aspecto de suma trascendencia que debe valorarse a efectos de establecer la voluntad inequívoca de los interesados de continuar con el curso normal del trámite

del diferendo, pues la posición asumida por cada uno de los actores es la que marca la subsistencia de tal controversia». Enfatizó que si bien, no podía pasarse por alto que entre la fecha de presentación del pliego de peticiones y la data de

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Radicación n.° 93273 la ejecutoria del laudo arbitral, con la cual, se termina el conflicto colectivo, transcurrieron aproximadamente cuatro años, era dable considerar que el referido conflicto había terminado «de manera normal», en la medida que la negociación no se quedó suspendida o inactiva en el tiempo y tampoco se verificó un acto de las partes que evidenciara la transgresión injustificada de los términos previstos por la ley para llevar a su culminación el trámite respectivo. Advirtió que lo anterior, toda vez que estaba acreditado que los promotores del conflicto activaron los mecanismos establecidos por la ley para lograr que la negociación sindical saliera adelante, esto es, impulsaron acciones administrativas y judiciales, a fin de conminar a la sociedad demandada a discutir el pliego de peticiones, tales como adelantar queja ante el Ministerio del Trabajo y una acción de tutela, obedeciendo la prolongación del conflicto a un actuar imputable al empleador al negarse a negociar o dar inicio a la etapa de arreglo directo, bajo razones no atendibles constitucionalmente. Insistió en que el sindicato fue diligente al ejercer activamente todas las gestiones administrativas y judiciales con la cuales le faculta la ley para dar comienzo a las conversaciones del arreglo directo e impulsar el proceso de negociación hasta su fin, mediante la suscripción del laudo

arbitral, pues ante la negativa presentada el 9 de marzo de 2012 para iniciar la negociación, el 4 de abril del mismo año, presentó solicitud ante el Ministerio de Trabajo a fin de que se adelantara una investigación en contra de Comfenalco, y

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Radicación n.° 93273 al tiempo que se resolviera esta indagación administrativa, además como se dijo, formuló acción de tutela, la cual fue conocida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, quien mediante sentencia del 19 de junio de 2012 ordenó a la empleadora que dentro de las 48 horas siguientes, iniciara las conversaciones en la etapa de arreglo directo respecto del pliego de peticiones presentado por el Sindicato, por ello Comfenalco el 25 de junio de 2012 convocó al Sindicato para dar comienzo a tal etapa al día siguiente. Luego el fallador de alzada argumentó: […] por otra parte, y si bien es cierto que la etapa de arreglo directo finalizó el 15 de julio de 2012 y la decisión del sindicato de convocar a tribunal de arbitramento se dio el 17 de septiembre de 2012, esto es, cuando ya había transcurrido el término establecido en el artículo 444 del C.S.T […], también lo es que según comunicación enviada al Ministerio de Trabajo el 25 de septiembre del mismo año, ello obedeció a que no había sido posible reunir con anterioridad a los miembros del sindicato a fin de tomar tal decisión, por cuanto la empresa no les había concedido dicho permiso […]; supuesto que fue expuesto por el presidente del sindicato y la señora Gloria Ruiz, sumado a que la

empresa presentó escrito ante el Ministerio, solicitando no se accediera a la petición de convocatoria de tribunal, empero, el mismo fue citado el 12 de abril de 2013, mediante Resolución 001051, la cual fue recurrida Adicional a lo anterior, el 20 de junio de 2013, se presentó queja por parte de la Unión Sindical al Ministerio Público, frente a Comfenalco por la violación de los derechos de asociación sindical, libertad sindical, igualdad, fuero sindical, trabajo en condiciones dignas y justas, mínimo vital, estabilidad y derecho de negociación, solicitud que fue remitida al Viceministro de relaciones laborales e inspección; el 11 de marzo de 2014, se elevó petición a la Subdirectora de Inspección del Ministerio de Trabajo por la Unión sindical, a fin de que emitiera constancia que el sindicato estaba a la espera de la convocatoria del tribunal de arbitramento, y respuesta emitida el 12 del mismo mes y año […], siendo decidido en Resolución No. 4737 del 27 de octubre de 2014, confirmando la medida de convocar a tribunal de arbitramento, y a través de Resolución 5986 del 29 de diciembre de 2015, se desató el recurso de apelación, confirmándose la decisión de integrar el aludido Tribunal, materializándose dicha

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Radicación n.° 93273 orden en Resolución 02602 del 2015, a través de la cual se conformó el tribunal de arbitramento obligatorio convocado por medio de la Resolución 01051 del 12 de abril de 2013, emitiéndose el laudo arbitral el 15 de marzo de 2016, decisión

frente a la que se formuló recurso de anulación por parte de Comfenalco Antioquia, decidido por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en sentencia SL16952 de 2016, estableciendo “NO ANULAR las cláusulas tituladas como “GARANTIAS PARA LA NEGOCIACION”, “PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO” Y “PRIMA DE VACACIONES” dentro del laudo del 15 de marzo de 2016…” Así las cosas, consideró que no existía duda que, para el presente caso, el trabajador demandante estaba inmerso en el fuero circunstancial, pues como quedó visto, la demandada actuó con renuencia a negociar el pliego de peticiones, y la organización sindical promovió acciones administrativas y judiciales para conminar a la empresa a ello, cumpliendo así con su deber legal, que reiteró, no se limitaba únicamente a elevar solicitud ante el Ministerio del Trabajo, sino a poner en conocimiento de esa autoridad administrativa la actitud negligente de la sociedad enjuiciada, a fin de que tomara cartas en el asunto y también acudió al juez de tutela para tal fin; actuaciones que no denotan indiferencia ni negligencia por parte del sindicato. Acotó que aunque no se desconocía que la sentencia de tutela dictada el 19 de junio de 2012 por el Tribunal Superior de Medellín – Sala Civil, a través de la cual se ordenó la iniciación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo, fue revocada el 9 de agosto de 2012, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, negando el amparo solicitado; era imperativo tener en cuenta que el fallo

de tutela de primera instancia produjo unos efectos que se

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Radicación n.° 93273 cumplieron a cabalidad, esto es, que Comfenalco se sentara a negociar, lo que llevó a que se generara el conflicto, finalizando el mismo con un laudo arbitral, que incluso fue conocido por la Sala de Casación Laboral, «por lo que, que restarle validez al conflicto, sería negarle efectos a un Laudo que los surtió». Por lo anterior, concluyó que sin duda alguna para el momento en que el actor fue despedido, se encontraba vigente el conflicto colectivo y la consecuente protección foral, reiterando que no se presentó una prolongación infundada del mismo y, en todo caso, precisó que la extensión del conflicto obedeció a la decisión de optar por tribunal de arbitramento, como se explicó previamente. Bajo esos argumentos confirmó en su integridad la decisión condenatoria de la primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Comfenalco, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo en cuanto condenó a Comfenalco a todas pretensiones incoadas en su contra y, en

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Radicación n.° 93273 su lugar, absuelva y decida en costas como en derecho corresponda. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo que obtiene réplica, el cual se pasa

a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los siguientes artículos: 25 del Decreto 2351 de 1965 en concordancia con los artículos 55 y 95 de la CN; 64, 374 numerales 2 y 3, 444, 452 y 486 del CST, en relación con los artículos 167 y 221 numeral 3 del CGP, aplicable por mandato del artículo 145 del CPTSS.

Sostiene que el Tribunal incurrió en los siguientes manifiestos errores de hecho:

1. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el demandante gozaba del fuero circunstancial proveniente de la negociación colectiva.

2. No haber dado por demostrado en cambio que el actor no gozaba del fuero circunstancial porque la negociación colectiva que lo podía generar no se cumplió con plena sujeción a los trámite y términos prescritos en la ley.

3. No haber dado por desmostado estándolo que la decisión de dirimir el conflicto colectivo mediante un tribunal de arbitramento no se llevó a cabo dentro del término improrrogable de 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo y mediante votación personal e indelegable.

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4. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la no celebración de la asamblea dentro del término legal para solicitar el tribunal de arbitramento fue por obstrucción de la demandada, por no haber concedido el permiso para

realizarla, sólo con base en la propia información que el representante legal del sindicato consignó en el escrito que el 25 de septiembre de 2012 que elevó al Ministerio de Trabajo para solicitar la convocatoria del Tribunal de Arbitramento.

5. No haber dado por demostrado, estándolo, que claramente la solicitud que el sindicato dice hizo verbalmente dentro de la negociación colectiva para realizar una asamblea el 18 de julio de 2012 no era para pedir el Tribunal de arbitramento, pues según el acta unilateral de finalización de la etapa de arreglo directo en que se solicita la convocatoria del tribunal de arbitramento, no dice que era para decidir entre huelga y tribunal de arbitramento, “solo para una asamblea de afiliados”.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la petición para realizar una asamblea el 18 de julio de 2012 para decidir “si aprobábamos el tribunal de arbitramento o votábamos la huelga”, solo aparece con ese propósito en la comunicación del 25 de septiembre de 2012, en su numeral 7, como una justificación pues de haber sido cierto que se hizo con ese fin, no ha debido ser el permiso solo para los sindicalizados pues si la opción era la huelga sólo era posible con la votación de todos los trabajadores de la Caja.

7. No haber dado por demostrado, estándolo, que en el supuesto de que la solicitud para realizar la asamblea el 18 de julio de 1012 (sic) tuviera como fin votar por el tribunal de arbitramento o la huelga, no aparece ninguna otra solicitud para intentar hacer otra asamblea con el mismo fin, en el

término de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo.

8. No haber dado por demostrado, estándolo, que claramente la falta de interés para realizar la asamblea para escoger entre tribunal de arbitramento o huelga se ve demostrada en el hecho de que si pudieron hacer la asamblea, pese a las dificultades que anotan puso la Caja, hasta el 6 de septiembre de 2012, pero para elegir delegados para tal fin, porque en la misma no votaron el Tribunal, cuando claramente, desde el punto de vista legal, no es posible hacerlo por medio de delegados.

9. No haber dado por demostrado, estándolo, que otra muestra de la falta de interés de la organización sindical para solicitar el tribunal de arbitramento radica en el hecho de que si pese a la dificultad expresada por el presidente del sindicato de no obtener los permisos de la demandada para realizar

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Radicación n.° 93273 asambleas, si pudieron realizar la asamblea del 6 de septiembre de 2012 para elegir delegados por qué no lo hicieron en la misma forma y dificultad dentro del término de 10 días hábiles que consagra la ley, es decir, entre el 16 al 27 de julio de 2012.

10. No haber dado por demostrado, estándolo, que si la finalidad de la organización sindical hubiera sido la de darle solución al conflicto no hubieran actuado en la forma extemporánea e inconducente como lo hicieron respecto de un acto tan importante como es la elección entre huelga o arbitramento por lo que la finalidad era simplemente

prolongar el conflicto para usar indebidamente el fuero circunstancial indefinidamente.

11. No haber dado por demostrado, estándolo, que la asamblea que se realizó el 17 de septiembre de 2012 por parte del sindicato no fue para escoger ese Tribunal o huelga pues ni siquiera figuraba en el orden del día este punto, siendo una asamblea extraordinaria, lo que demuestra una vez más que el objetivo no era solucionar el conflicto sino prolongarlo.

12. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el hecho de haberse negado la Caja a negociar el pliego de peticiones presentado el 2 de marzo de 2012, aduciendo razones justificadas en el criterio doctrinal del Ministerio del Trabajo, era demostrativo de que el decaimiento del proceso y su prolongación injustificada no era atribuible a la organización sindical sino a la conducta asumida por la empresa.

13. No haber dado por demostrado, estándolo, que la actitud de la Caja de negarse a negociar el pliego de peticiones presentado el 2 de marzo de 2012, solo tenía una incidencia en el inicio del proceso de negociación y nada tenía que ver con la actitud diligente que debía demostrar el Sindicato a partir de la terminación de la etapa de arreglo directo y que era solo de su incumbencia.

14. No haber dado por demostrado, estándolo, que el sindicato no realizó ninguna gestión demostrativa de diligencia en el cumplimiento de las actuaciones que debía realizar para efectos de culminar el conflicto colectivo a través de la conformación de un Tribunal de arbitramento dentro del plazo que le correspondía por ley.

15. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que las actuaciones que realizó el sindicato fuera del periodo legal para optar por el tribunal de arbitramento, consistentes en comunicaciones dirigidas a distintos funcionarios, eran demostrativos de su intereses por mantener vivo el conflicto colectivo, cuando ellas ya no tenían ninguna incidencia porque fueron realizadas después del transcurrido un tiempo

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Radicación n.° 93273 considerable desde el momento en que se radicó la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento.

16. No haber dado por demostrado, estándolo, que tanto haber dejado precluir el término para optar por el Tribunal de Arbitramento, como no haber realizado gestiones efectivas tendientes a que el Ministerio del Trabajo convocara con prontitud el Tribunal de Arbitramento, son demostrativas de que el sindicato lo que buscaba no era una solución al conflicto sino la prolongación indebida del fuero circunstancial.

17. No haber dado por demostrado, estándolo, que lo que perseguía el sindicato era prorrogar en forma indeterminada el conflicto colectivo y con ello el fuero circunstancial para fa