CSJ - SP008-2023(58915)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado Ponente SP008-2023 Radicado 58915 Acta 010 Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023) VISTOS: Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor de Felipe Cano Mejía contra la sentencia del 16 de octubre de 2020, mediante la cual el Tribunal Superior de Medellín confirmó, modificándola, la dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí, por la cual el acusado fue condenado como autor de los delitos de hurto agravado, administración desleal y falsedad por ocultamiento de documento privado.

HECHOS:

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www.cortesuprema.gov.co CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía En las sentencias de primera y segunda instancia así fueron narrados: “El 19 de febrero de 2014 a través del acto constitutivo presentado ante la Cámara de Comercio del Aburrá Sur y matriculado el 20 de febrero de 2014, Felipe Cano Mejía, Gustavo Adolfo Juliao Ferreira, Juan Camilo Uribe Escallón y Víctor Raúl García Restrepo, constituyeron la sociedad por acciones simplificadas TICPACK S.A.S., NIT 900704288-0, dedicada a la distribución y producción de empaques

plásticos, con domicilio principal en la diagonal 43 28-47 interior 108 de este municipio (Itagüí, Antioquia). Fue designado como representante legal Felipe Cano Mejía y como suplente Juan Camilo Uribe Escallón; dispusieron que la participación de los socios representada en el porcentaje de las acciones sería de Cano Mejía con el 30%, Juliao Ferreira con el 30%, Uribe Escallón con el 30% y García Restrepo con el 10%. Por unanimidad los socios, acogiendo la propuesta de Felipe, resolvieron que se suscribiera contrato de arrendamiento del local comercial, a través del CDT a nombre de Lubriplásticos E.U, empresa de la familia Cano Mejía y como codeudor el socio Víctor Raúl. Por otro lado, para la ejecución de la actividad comercial y como pago del aporte que se representó en bienes apreciables en dinero, Felipe Cano Mejía y Juan Camilo Uribe Escallón entregaron a la sociedad maquinaria como sopladoras, estanterías, mobiliario de oficina, moldes de aluminio, cámaras, partes eléctricas, cada aporte representando en la suma de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000). Con el fin de ahorrar gastos, también en consenso, no contrataron 2 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía contador, de modo que todas las funciones administrativas serían realizadas por el gerente. En la ejecución del desarrollo del objeto social, Gustavo Adolfo, Juan Camilo y Víctor Raúl, empezaron a notar faltantes habituales en la compra de materia prima, la cual además era de escasa calidad; algunas máquinas dejaron de operar; la

facturación estaba rotulada a nombre de Lubriplásticos E.U.; igual que los recibos por cobrar y pagar y no se estaba llevando la contabilidad; entonces requirieron al representante legal, quien trató de tranquilizarlos diciendo que la empresa estaba bien, pero luego, de manera contradictoria les manifestó que no había plata, al tiempo que evadía suministrar información financiera clara y real. Como consecuencia de las irregularidades evidenciadas, en asamblea extraordinaria realizada el 15 de diciembre de 2014, le solicitaron al representante legal el informe de gestión durante el periodo de su administración, pero se negó porque no lo había realizado, entonces de común acuerdo fijaron el plazo de entrega para el 30 de diciembre de 2014, que incluyera estados contables hasta el 30 de noviembre de 2014; además, la asamblea de accionistas acordó remover del cargo al representante legal Felipe Cano Mejía y nombrar en su remplazo a Sven Carsten Seydler. El 31 de diciembre de 2014 el contador Constantino Federico Ramírez Maldonado elaboró informe contable, el cual fue presentado el 21 de enero de 2015 en asamblea extraordinaria; informó la imposibilidad de garantizar la información de los estados contables, toda vez que Felipe Cano Mejía tenía dos carpetas, una rotulada como "oficial" contentiva de comprobantes de ingreso, egreso y facturas y otra "no oficial" en la que se visualizaron únicamente recibos de caja y comprobantes de egreso, la 3 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía facturación de la empresa TICPACK S.A.S estaba sustentada

en papelería de Lubriplásticos E.U., pese a que se obtuvo la resolución expedida por la DIAN para la facturación. Halló ingresos sin soporte físico, recibos de caja sin detalle, maquinaria como la torre de enfriamiento, compresor y gabinete estaban facturados a nombre de Lubriplásticos E.U. Se evidenció que no obstante pagaba la deuda la empresa TICPACK S.A.S, las tablas de Excel no eran reflejo de los supuestos soportes de egreso e ingreso; además encontró que sin consentimiento de la asamblea el representante legal se había hecho un auto préstamo, entre otras cosas. Por lo anterior, la asamblea de accionistas, aprobada por el 70% de las acciones, decidió no aprobar los estados financieros, iniciar acción social de responsabilidad en contra de Cano Mejía y que, a partir de la fecha la sociedad quedaba disuelta y en estado de liquidación. Añadieron, que quedaba prohibido el ingreso de la bodega de los accionistas, cambiaron las guardas y pactaron que el ingreso solo sería permitido por Sven Carsten Seydler. El 21 de enero de 2015 Juan Camilo elaboró inventario de la empresa con el fin de ser sometido a consideración en el proceso de liquidación. Durante los días seis 6, 7 y 8 de febrero de 2015 Felipe Cano Mejía, Alejandro Cano Zuluaga y German Cano Zuluaga, ingresaron sin autorización y violando las medidas de seguridad de la empresa TICPACK S.A.S, se apoderaron de la totalidad de los activos avaluados en aproximadamente quinientos millones de pesos ($500.000.000), y no se encontró

ningún documento contable, ni actas de asamblea, contratos, cuentas por pagar y cobrar, nada que tuviera que ver con la empresa. 4 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía El 9 de febrero de 2015 el representante legal de la sociedad TICPACK S.A.S. envió comunicación a Felipe Cano Mejía, solicitando las razones por las que se apoderaron de los activos de la sociedad e indagando por el paradero de los mismos. El 26 de febrero de 2015 Cano Mejía manifestó por escrito que el desalojo se debió a la orden judicial expedida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de oralidad de Itagüí, mediante sentencia 005 del 05 de febrero de 2015 en la que ordenó la restitución del bien inmueble arrendado ante el incumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento, afirmó que las maquinarias eran de la empresa Lubriplásticos E.U. La Asamblea decidió iniciar la acción social de responsabilidad, ante la Superintendencia se intentó una audiencia de conciliación que resultó fallida en siete ocasiones por dilaciones e inasistencias de Felipe Cano. Finalmente la superintendencia decretó una visita a la empresa para verificar las condiciones, la encontró vacía y al no poder recolectar elementos materiales probatorios para adelantar el proceso se archivó. La empresa nunca se pudo liquidar porque la familia Cano entró a la bodega y se apoderaron del patrimonio de la compañía sin conocer su ubicación.” ACTUACIÓN PROCESAL: El 19 de diciembre de 2016, la fiscalía le imputó a

Felipe Cano Mejía el concurso heterogéneo de delitos de hurto calificado y agravado, administración desleal y 5 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. A Alejandro y Germán Cano Zuluaga, los delitos de hurto calificado y agravado y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. El 4 de abril de 2018, la fiscalía acusó a los nombrados

Cano Mejía y Cano Zuluaga así: “Para el acusado Felipe Cano Mejía: 1.- Hurto calificado agravado, conforme los artículos 239, 240-4, con circunstancia de agravación del artículo 267 del Código Penal… 2.- Administración desleal, artículo 250B, introducido por la Ley 1474 de 2011… 3.- Destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, artículo 293 del Código penal… 4.- Ocultamiento, alteración de elemento material probatorio, artículo 454B adicionado por la Ley 890 de 2004.

Para los acusados Alejandro Cano Zuluaga y Germán Cano Zuluaga: 1.- Hurto calificado agravado, conforme a los artículos 239, 240-4, con circunstancia de agravación del artículo 267 del Código Penal… 2.- Destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, artículo 293 del Código penal… 3.- Ocultamiento, alteración de elemento material probatorio, artículo 454B adicionado por la Ley 890 de 2004 6 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía

La acusación para los tres imputados es a título de copartícipes conforme al artículo 30 del Código Penal.” La audiencia preparatoria se realizó el 26 de septiembre de 2018. El juicio, en sesiones realizadas entre el 24 de enero de 2019 y el 15 de septiembre de 2020. El 21 de septiembre de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí condenó a Felipe Cano Mejía a 14 años de prisión y multa de 10 s.m.l.m.v., por los delitos por los cuales fue acusado y a Alejandro y Germán Cano Zuluaga a 12 años de prisión, por su participación en el delito de hurto calificado y agravado. Les negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. El Tribunal Superior de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa, mediante decisión aprobada el 16 de octubre de 2020, dispuso: Modificar la sentencia en el sentido de condenar al acusado Felipe Cano Mejía, por el delito de hurto agravado en lugar del de hurto calificado y agravado. Absolverlo por la falsedad por ocultamiento de elemento material probatorio y mantener la condena por los delitos de administración desleal y falsedad por ocultamiento de documento privado. Le impuso 56.6 meses de prisión, la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo 7 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía tiempo, y mantuvo la pena de multa de 10 s.m.l.mv., prevista

para el delito de administración desleal. Sustituyó la prisión intramural por la domiciliaria. Absolvió a Alejandro y Germán Cano Zuluaga por el delito de hurto calificado y agravado por el que fueron condenados en primera instancia. Contra esta determinación, el defensor de Felipe Cano Mejía interpuso el recurso de casación. La Corte admitió la demanda y dispuso su traslado en la forma indicada en el acuerdo 020 de 2020.

DEMANDA DE CASACIÓN: Primer cargo. Con fundamento en la causal segunda de casación, denuncia el desconocimiento del debido proceso por infracción al principio de congruencia (numeral 2 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004).

Considera que la condena por el delito de hurto agravado no es análoga con los hechos expuestos en la acusación. Teoriza ampliamente sobre el tema para indicar que el supuesto fáctico de la acusación es inmodificable y que según el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, el procesado no puede ser condenado por hechos que no consten en la acusación. 8 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía Aduce que en el fallo de primera instancia se consideró que el hurto calificado y agravado se consumó de la siguiente manera: “Quedó demostrado con los testimonios de Sven Carsten Seydler y Víctor Raúl, que entre el 06, 07 y 08 de febrero de 2015, acudieron a la empresa TICPACK S.A.S., y en camiones se apoderaron de la maquinaria, equipos, materia prima y

productos, causando como perjuicio la imposibilidad de liquidar la sociedad.” Para el Tribunal, la consumación se produjo no al retirar el acusado los bienes de la bodega donde se encontraban, sino cuando hizo conocer a los socios su señorío sobre ellos. Por lo tanto, el apoderamiento se produjo así: “El hecho acreditado en el juicio, por la cual, Sven Carsten Seydler, representante legal de TICPACK S.A.S., solicitó formalmente a Felipe Cano Mejía la entrega de los bienes de la sociedad y la negación rotunda de éste en entregarlos, aduciendo la titularidad sobre ellos en LUBRIPLASTICOS, su empresa, constituye, en los términos del artículo 239 del Código Penal, la lesión al bien jurídico del patrimonio económico.” Para demostrar la desarmonía entre la situación fáctica declarada en el fallo y la expuesta en la acusación, explica que en la audiencia de imputación, al referirse a la conducta atribuida a Felipe Cano Mejía, después de mencionar la conformación de la sociedad y problemas que se suscitaron 9 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía al interior de la misma, respecto del delito de hurto, la fiscalía indicó lo siguiente: “El día 6 de febrero de 2015, el socio Felipe Cano Mejía, hoy indiciado, en compañía de su progenitor, también hoy indiciado Alejandro Cano Zuluaga y su tío, también indiciado Germán Cano Zuluaga, además de otras personas, se presentaron en horas de la tarde en la sede social de la empresa, violentaron la cerradura y

accedieron a sus instalaciones. Ante la vigilancia con la que contaban las instalaciones y la policía que acudió al lugar, expuso el señor Cano Mejía que el contrato de arrendamiento estaba a su nombre y había una orden de restitución del inmueble, obtuvo que la autoridad de vigilancia no le impidiera sacar el mobiliario, maquinaria, materia prima, mercancías, documentos, y llevárselos con un rumbo desconocido, elementos avaluados estos en la suma de 500 millones de pesos.” Destaca que en ninguna parte la fiscalía mencionó que Sven Carsten Seydler le hubiera solicitado a Felipe Cano Mejía información de los bienes y que este hubiera contestado que eran de propiedad de Lubriplásticos S.A. Sostiene que la fiscalía reiteró la misma historia en la acusación y describió el momento en que se habría producido el hurto. Nuevamente no habló de amonestaciones por parte de los socios o del gerente. De manera que el supuesto fáctico que empleó el fiscal para acusar y adecuar la conducta al tipo 10 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía penal de hurto calificado y agravado y determinar el grado de participación, fue el mismo que expuso en la audiencia de imputación. Agrega que al presentar la teoría del caso y los alegatos de clausura, la fiscalía insistió en que el apoderamiento se realizó en las circunstancias indicadas en las audiencias de imputación y acusación. No se refirió a la carta “enviada por el señor Sven Carsten Seydler el día 9 de febrero de 2015, dirigida

a Felipe Cano Mejía para que informara la ubicación exacta de los activos sociales, y que éste había respondido el 26 de febrero de la misma anualidad, que los activos trasladados no eran de propiedad de Tipack SAS.” Advierte que el juzgado afirmó que Felipe Cano Mejía y Sven Carsten Seydler cruzaron comunicaciones sobre los bienes, sin deducir de ese hecho repercusiones en su contra. El Tribunal, en cambio, estimó que al responder las misivas a Sven Carsten, atribuyéndose propiedad sobre los bienes, Felipe Cano Mejía se apropió de ellos. Concluye que para respetar el principio de congruencia se debe excluir el supuesto fáctico que agregó el tribunal por su cuenta. De ese nodo, la afirmación sobre la supuesta apropiación, el día en que Felipe Cano Mejía tomó los bienes de la bodega de la compañía, carece de importancia, pues el hurto habría tenido lugar en el momento que el tribunal señaló, no en el que la fiscalía consideró que se había consumado la conducta contra el patrimonio. 11 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía Solicita, por lo tanto, restablecer la congruencia, eliminar el supuesto fáctico que el tribunal agregó, y absolver a su defendido. Segundo cargo. Con fundamento en la causal tercera de casación denuncia la ilegalidad de la sentencia por haber incurrido en errores de apreciación probatoria al estimar el dictamen pericial y adecuar la conducta, con base en esa prueba, al delito de administración desleal (artículo 181

numeral 3 de la Ley 906 de 2004). Aduce que, con base en el dictamen del contador Constantino Ramírez, se dio por probado un balance negativo de $ 239.770.529.00. Pero de esa prueba ni de las demás, apreciadas individualmente y en conjunto, se demuestra el “perjuicio y la causalidad”. Según el concepto del contador, ese monto tiene origen en situaciones propias de la administración de la empresa. Sin embargo, el tribunal y el juzgado, en decisiones que conforman una unidad jurídica inescindible, incurrieron en un error de hecho por falso juicio de identidad al cercenar el dictamen pericial y deducir conclusiones contrarias a la evidencia. Según el perito -asunto no tratado por el tribunal, pero si por el juzgado—, la cifra negativa se origina en “los costos que tenía la empresa, o sea, pocas ventas, compras muy altas, pago del local muy alto y los gastos administrativos supremamente altos, eso es lo básico.” Además, según el experto, los gastos 12 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía administrativos, en un 80%, estaban justificados. Asimismo señaló que la empresa tuvo ingresos por $ 320.690.805.00, gastos administrativos de $ 536.013.950.00 y operacionales por $ 25.447.384.00, lo que originó un balance negativo de $ 239.770.529.00. Agrega que el artículo 250 B del Código Penal sanciona la administración fraudulenta. De acuerdo con ello, explica que se logró establecer el saldo negativo de la administración

en pesos, no la relación entre una conducta fraudulenta y ese resultado. El perito simplemente aseguró que el ejercicio negativo tuvo origen en circunstancias propias del giro normal de la empresa, no en maniobras engañosas del gerente. La correcta apreciación del concepto pericial, entonces, permite sostener que el balance negativo “se produjo por los gastos administrativos y operacionales de la sociedad TICKPACK S.A.S.”, y que los “gastos mencionados son inherentes al desarrollo societario.” Es decir, se estableció un saldo negativo, no la gestión fraudulenta. Por lo tanto, no se probó como corresponde, la relación de imputación entre la conducta y ese ejercicio negativo. Insiste en que, según el perito, los rubros atinentes a gastos administrativos, arrendamiento, compra de insumos, servicios públicos, mantenimiento y montaje de equipos, transporte, impresiones, asesorías y honorarios, etc., son reales. 13 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía Esos gastos, explicados por el perito, en contexto con el testimonio del socio Juan Camilo Uribe, permiten inferir que el delito no se cometió. El testigo no pudo precisar el origen del perjuicio al patrimonio social y en qué consistió la acción fraudulenta. Según dijo, la quiebra fue consecuencia de la mala administración y la falta de liquidez para adquirir materias primas e indicó que para que la empresa fuera viable se requería una inyección financiera de 600 millones de pesos, no que la debacle fuera consecuencia de los actos dolosos del gerente. Víctor Raúl García Restrepo, por su parte, aseguró que

no podría decir a ciencia cierta qué pasó con la empresa. En su criterio, “con una sola máquina, con un solo molde, que ni siquiera supera los $ 10.000.000.00, nos podría dejar libres 40.000.000.00, aun pagando los gastos de arrendamiento, servicios públicos y de mano de obra, ¿entonces, por qué no funcionó? No encuentro la razón de ello.” De manera que, según el demandante, en el caso de que Felipe Cano Mejía hubiera sido el causante de la preocupante situación de la empresa, no fue por actos dolosos, sino por otros factores. Según Gustavo Adolfo Juliao Ferreira, la empresa era inviable porque la maquinaria no producía lo que Felipe Cano Mejía prometió al presentar el proyecto. No era un problema comercial, sino que las máquinas se mantenían quietas y el producto no era de la mejor calidad, hasta el punto de que Felipe Cano Mejía, quien era socio y a la vez cliente, se veía en ocasiones abocado por esa razón a hacer devoluciones del producto. 14 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía La causa de la quiebra de la empresa no obedeció, entonces, a los actos dolosos del gerente. En ese contexto, aclarado que con la prueba pericial no se estableció que actuaciones ilícitas fueran la causa de los problemas de la empresa, y aceptado que los socios tampoco le atribuyeron comportamientos dolosos a Felipe Cano Mejía, el delito de administración desleal no se acreditó. Solicita, en consecuencia, absolver al acusado por el

delito de administración desleal. Tercer cargo. Haber incurrido el juzgador en errores de hecho por falsos juicios de existencia e identidad al apreciar diversos medios de prueba (numeral 3 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004). Esos errores propiciaron, según el demandante, la aplicación indebida del artículo 293 del Código Penal, que tipifica el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. Refiere que “pese a no haberse identificado los documentos sustraídos y ocultados, los juzgadores dieron por cierto la existencia de una serie de escritos atribuyéndole la titularidad a la sociedad TICPACK S.A.S…” Entre esos documentos, explica, el juzgado mencionó las actas de constitución y sesiones de la empresa, facturas, recibos de pago, soportes de ingreso y egreso, contratos y actas de entrega de aportes, entre otros. El tribunal, por su parte, consideró que se probó la existencia y ocultamiento de 15 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía las actas de reunión, recibos de pago, facturas e informes de la actividad de la empresa. Para llegar a esas conclusiones, el juzgado y el tribunal se apoyaron en las declaraciones del contador y auditor de la sociedad TICPACK, Constantino Federico Ramírez, y de Sven Carsten Seydler, representante legal de la misma. El contador manifestó que realizó el examen contable con base en documentos que le fueron entregados y en cuadros de Excel que no coincidían. Según Sven Carsten Seydler carpetas, documentos rotulados como oficiales y no

oficiales le fueron entregados al perito. Para el defensor, no se tuvo en cuenta que el perito no contó con la resolución de facturación, lo que “no permitía alcanzar ese conocimiento sobre la existencia de los elementos a los que se le atribuyó el ocultamiento.” En cuanto al testimonio de Sven Carsten Seydler, señala que, según este, para realizar los estados financieros, necesariamente se requería una serie de documentos que en esa época los guardaron en un escritorio de la empresa. Sin embargo, considera que se tergiversó su testimonio, pues según el testigo, nunca vio o se le entregó información documental. Denuncia igualmente que el tribunal incurrió en un error de hecho por falso juicio de existencia por omisión al no apreciar el testimonio de Juan Miguel Foronda Vanegas, quien estuvo el día que los bienes fueron trasladados de la fábrica donde se encontraban a una bodega en Yarumal. Por 16 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía esa razón pudo afirmar que no observó ningún documento. Este testimonio no fue apreciado por las instancias. Pero si fueron supuestos otros, como dar por hecho la existencia de documentos de la sociedad, tales como resolución de facturación de la DIAN, facturas y contratos laborales que la fiscalía no acreditó. De haber analizado la prueba como corresponde, y no haber elaborado conclusiones sin respaldo probatorio, se habría desestimado la declaración de Juan Camilo Uribe, quien aseveró que Felipe Cano sustrajo los documentos en el momento que sacó los bienes de la bodega, pero luego dijo

que no consiguió acceder a las instalaciones de la empresa, de manera que no pudo percatarse de ese acontecimiento que aseguró haber presenciado. Esto sin contar con que Víctor Raúl García, otro de los socios, dijo que no se percató que el acusado hubiera retirado documentos el día que vació la bodega donde se encontraba la sede de la compañía. Concluye que de haber apreciado la prueba como corresponde, se habría concluido que el acusado no incurrió en el delito de ocultamiento de documentos por el cual fue condenado. Cuarto cargo. Violación directa de la ley por aplicación indebida del artículo 239 (hurto) y falta de aplicación del artículo 249 del Código Penal (abuso de confianza). 17 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía El tribunal, para subsumir la conducta en el tipo penal de hurto, consideró que el apoderamiento no se consumó cuando Felipe Cano Mejía sacó los bienes del local donde funcionaba la empresa, al obrar amparado en una orden judicial, por lo que la lesión al bien jurídico se produjo al rehusarse a entregar los bienes al administrador Sven Carsten, aduciendo que la titularidad sobre ellos la ostentaba Lubriplásticos E.U. En criterio del censor, se equivocaron los magistrados al asumir que en el correo electrónico del 26 de febrero de 2015, en el cual Felipe Cano Mejía se arrogó la calidad de propietario de los bienes que fueron retirados de la bodega es una acción de apoderamiento. Apoderarse significa sacar el bien de la esfera del dominio del titular del bien, dice el

recurrente, y que se prive al sujeto pasivo de la disponibilidad del bien. La comunicación que remitió Felipe Cano Mejía, sostiene, no cumple esas condiciones: no es una forma de sustraer bienes de la esfera de dominio de sus legítimos propietarios y tampoco impide los actos de señorío sobre los bienes muebles. Agrega que del local de TICPACK SAS fueron sacados los bienes cumpliendo una orden judicial de restitución del bien. Por eso considera que ese acto es inocuo a los fines de tipificar la conducta en el artículo 239 del Código Penal. Explica que al retirar los bienes en realidad se presenta un “cuasicontrato de agencia oficiosa”, lo que puede dar origen a un abuso de confianza, al apoderarse de bienes que entraron 18 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía bajo su custodia a título no traslaticio de dominio, mas no el delito de hurto.

AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN: Defensor: Reitera, en lo esencial, los cargos expuestos en la demanda.

Fiscalía: En cuanto al primer cargo considera que no debe prosperar, puesto que los hechos que sustentaron la condena por el delito de hurto fueron debatidos en juicio.

Explica que los hechos por los cuales Cano Mejía fue condenado y que según el tribunal constituyen el momento de consumación del delito, hicieron parte del descubrimiento probatorio y por lo tanto son parte inescindible del acto complejo que es la acusación. Por lo tanto, sin quebrantar la congruencia, “la segunda instancia no hizo más que señalar, conforme a lo probado y, se reitera, de acuerdo a lo que hizo parte

de la acusación en su fase de descubrimiento, el momento preciso en que consideró consumado el delito.” Esa solución, en su parecer, es similar a la adoptada por la Corte en la SP del 24 de diciembre de 2014, radicado 40247. De otra parte, indica que el juzgado condenó a Felipe Cano Mejía por los delitos de hurto calificado y agravado, mientras que el tribunal eliminó esas circunstancias, lo que implica que fue condenado por un delito menor a aquel por 19 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía el cual fue acusado, de manera que con ese trato no afectó el principio de congruencia. En el segundo cargo se afirma que el detrimento económico de la sociedad fue producto de circunstancias administrativas propias de la operación normal de toda empresa. En cuanto a ese tema, muestra que se demostró la existencia formal y legal de la sociedad TICPACK SAS, el aporte de los socios y el porcentaje accionario de cada uno de ellos. La representación legal y la administración por parte de Felipe Cano Mejía. Igualmente se estableció la producción de envases que era facturada irregularmente a nombre de Lubriplásticos E.U, por acción deliberada del administrador, la existencia de dos carpetas de facturas, denominadas oficial y no oficial, con el pretexto de aminorar la carga tributaria, con lo cual se probó que el descalabro de la sociedad no se produjo por situaciones inherentes al giro normal de actividades de la empresa. Señala que si bien el perito contable refirió que el déficit de la empresa tuvo origen en problemas administrativos, no

excluyó otras hipótesis a las que aluden los socios y que demuestran la gestión fraudulenta de Felipe Cano Mejía. Eso significa que no se cercenó el dictamen pericial, sino que se apreciaron distintos medios de prueba, otorgándole relevancia a unos más que a otros. 20 CUI 05360609905720150097901 Casación 58915 Felipe Cano Mejía En cuanto al tercer cargo considera que el recurrente plantea la censura sin atenerse a lo expuesto en la sentencia. Explica que el tribunal valoró la conducta sin necesidad de entrar en pormenores sobre el contenido de cada documento. Además, los testigos relacionaron en detalle los documentos que prueban la defraudación por parte del anterior gerente, algunos de los cuales el acusado desapareció. Señala que los testigos Juan Miguel Foronda y Víctor Raúl García no desdibujan la acusación, pues no estaban en capacidad de percibir si el acusado tomó y desapareció los documentos. Además, es contradictorio que el demandante cuestione la valoración de las pruebas que dan cuenta de la existencia de documentos de la sociedad, sin considerar que al único que le podía interesar ocultarlos era al acusado por los efectos que se podían derivar de su contenido. En relación con el cuarto cargo por aplicación indebida del artículo 239 del Código Penal y la consiguiente falta de aplicación del artículo 249 del mismo estatuto, estima que tampoco está llamado a prosperar. Señala que a Felipe Cano Mejía no se le confiaron bienes de la sociedad a título no traslaticio de dominio como para pensar que abusó de la confianza. Ni menos que haya

actuado como agente oficioso. Los accionistas c