CSJ - SP081-2023(61472)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente SP081-2023 Radicación n° 61472 Acta 51. Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023). VISTOS Se pronuncia la Sala sobre el recurso de casación formulado por los defensores de los ex integrantes del Ejército Nacional, Mayor ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO; así como de las impugnaciones especiales presentadas a nombre de los Sargentos (r) FERNEY ULMARDÍN CAUSAYÁ PEÑA, ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ y LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, respecto de la sentencia de segunda instancia, emitida el 13 de octubre de 2021, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que, en relación con los dos primeros mencionados, modificó y aclaró el fallo de primer grado, para condenarlos 1 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez a la pena privativa de la libertad de 40 años de prisión, como coautores impropios del delito de desaparición forzada agravada, al paso que, en relación con los restantes acusados, revocó el fallo absolutorio y, en su lugar, los

condenó como coautores de la misma conducta delictiva e impuso igual monto punitivo. HECHOS Acaecieron en el marco de lo que en la historia reciente de Colombia se ha denominado como «El holocausto del palacio de justicia», suceso ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo insurgente M-19 irrumpió de forma violenta en las instalaciones del Palacio de Justicia, con sede en la capital del país. El ingreso del grupo guerrillero fue repelido por la Fuerza Pública, desplegándose una confrontación armada que dejó como resultado el deceso de Magistrados integrantes de las altas Cortes, otros funcionarios y empleados de la sede judicial y algunos visitantes, así como significativos daños en personas y bienes. En la operación de retoma de la sede judicial, en una edificación contigua conocida como La Casa del Florero, que se usó por el Ejército Nacional, como puesto de mando, se dispuso el traslado de las personas que salieran con vida del 2 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez Palacio de Justicia, con el propósito de establecer si se trataba de trabajadores, visitantes o guerrilleros del M-19. Esa labor fue encomendada al Grupo de Inteligencia de la Brigada XIII (B-2) del Ejército Nacional, conformado por el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, el Capitán

ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y los Sargentos

ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ, LUIS FERNANDO

NIETO VELANDIA y FERNEY ULMARDÍN CAUSAYÁ PEÑA.

El 7 de noviembre de 1985, con el propósito previamente indicado, fueron ingresados a la Casa del Florero Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández; la primera, señalada de pertenecer al contingente guerrillero y los otros dos, según dispuso el grupo de inteligencia militar, trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia y auxiliadores del mismo grupo subversivo. De estas personas, a la fecha, no se conoce su paradero.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. En virtud de las denuncias formuladas por familiares de los desaparecidos, la Fiscalía dispuso la apertura de investigación previa el 22 de agosto de 2001, reconociendo, el 26 de noviembre de 2003, la constitución de parte civil al interior de la actuación.

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez

2. La apertura de la instrucción tuvo lugar el 26 de agosto de 2006. Allí, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte dispuso la vinculación, a través de indagatoria, de los

implicados. Su situación jurídica fue resuelta en el siguiente orden cronológico: 2.1. El 14 de noviembre de 2006, respecto del Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, a quien le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada. 2.2. Igual determinación se adoptó, el 8 de febrero de 2007, en relación con el Mayor ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y el Sargento LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA. 2.3. El 28 de mayo de 2007, respecto de los Sargentos FERNEY ULMARDÍN CAUSAYÁ PEÑA y ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ, a quienes también les fue impuesta dicha medida de aseguramiento, por el concurso delictivo de secuestro agravado y desaparición forzada. 2.4. El 7 de junio de ese mismo año, el ente investigador complementó la resolución de situación jurídica de los

implicados SÁNCHEZ RUBIANO, VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y

4 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez NIETO VELANDIA, a quienes, adicionalmente, les atribuyó la comisión del delito de secuestro agravado.

3. El 18 de julio de esa misma anualidad, la Fiscalía procedió al cierre parcial de la investigación.

4. La resolución de acusación fue emitida el 28 de septiembre de 2007; en ella se endilgó al procesado EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, en condición de autor, la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada agravada, que afectaron a Carlos

Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela de León, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola de Lanao, Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Lucy Amparo Oviedo. Y, en relación con los implicados ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, FERNEY ULMARDÍN CAUSAYÁ y ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ, el llamamiento a juicio los estimó coautores de las mismas ilicitudes y personas reseñadas en precedencia, solo que también se predicó respecto de Irma Franco Pineda.

5. Recurrido el proveído que antecede, el Despacho del Vicefiscal General de la Nación, mediante proveído de 25 de marzo de 2008, confirmó la resolución de acusación proferida

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano,

Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez en contra de los procesados, aclarando que solo procede por el delito de desaparición forzada agravada, respecto de las personas relacionadas en el pliego de cargos de primer grado.

6. La fase de juzgamiento correspondió, inicialmente, al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, autoridad que, el 9 de junio de 20081, dispuso del traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000.

7. Empero, previo a la celebración de la audiencia preparatoria, la titular de la oficina, tras considerar que no era competente para continuar con el trámite de la actuación, pues, el delito de desaparición forzada es de conocimiento de los jueces penales del circuito, mediante auto de 26 de agosto de 20082, remitió el expediente a la oficina de reparto de los despachos de esa categoría.

8. Según acta de reparto del día 28 de ese mismo mes y año3, el proceso fue asignado al Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, el cual, como primera determinación, aceptó la colisión de competencia planteada por la juez especializada, razón por la que, el 1 de octubre de 20084, remitió la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se dirimiera el conflicto, acto que, en efecto, acaeció 1 Cuaderno n° 1 original de la causa, fol. 20. 2 Fol. 259 ibidem.

3 Cuaderno n° 2 original de la causa, fol. 5. 4 Fol. 12 ibidem. 6 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez el día 16 siguiente5, oportunidad en la que esta colegiatura determinó que la actuación debía continuar su trámite ante el Juzgado Penal del Circuito.

9. Por configurarse la causal consagrada en el artículo 365, num. 5, de la Ley 600 de 2000, el juzgador, mediante auto de 28 de octubre de 20086, otorgó la libertad provisional a los acusados, quienes, para su efectivización, prestaron caución prendaria y suscribieron diligencia de compromiso.

10. La audiencia preparatoria inició el 9 de diciembre de 20087 y luego de cinco sesiones más concluyó el 20 de febrero de 20098, al paso que a la vista pública de juzgamiento se le dio apertura el 10 de marzo de ese mismo año9, para desarrollarse en múltiples sesiones; empero, el 27 de mayo de 2011, la juzgadora se declaró impedida (Causales 4 y 6 del artículo 99 de la Ley 600 de 2000), declaración que el superior jerárquico declaró fundada y, en consecuencia, el expediente continuó en el Juzgado 52 Penal del Circuito de Bogotá, despacho que finiquitó el juicio el 25 de febrero de 2013.

11. Mediante sentencia del 18 de diciembre de 2015, el juez de conocimiento adoptó, entre otras, las siguientes decisiones: 5 Fol. 45 ibidem. 6 Fol. 72, ibidem. 7 Fol. 143 A, ibidem. 8 Cuaderno n° 3 original de la causa, fol. 1. 9 Fol. 142 ibidem.

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de lo actuado a partir de la resolución de cierre de instrucción, inclusive única y exclusivamente respecto de las desapariciones de LUZ MARY

PORTELA, DAVID SUSPES CELIS, CRISTINA DEL PILAR

GUARÍN, HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, GLORIA

STELLA LIZARAZO FIGUEROA, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, LUCY AMPARO OVIEDO y GLORIA ANZOLA DE LANAO, para que la Fiscalía la perfecciones en punto a lo ocurrido con estas presuntas víctimas, por las razones aducidas en las anteriores consideraciones. (...) TERCERO: Condenar al Coronel ® EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión; multa en cuantía de 3.500 salarios mínimos legales mensuales

vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por vente (20) años, como coautor mediato del delito de desaparición forzada, agravada, cometido en concurso homogéneo y sucesivo respecto de CARLOS

AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA y BERNARDO BELTRÁN

HERNÁNDEZ.

CUARTO: Condenar al Mayor ® ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión; multa en cuantía de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinte (20) años, como coautor mediato del delito de desaparición forzada, agravada, cometido en con curso homogéneo y sucesivo respecto de IRMA FRANCO

PINEDA, CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA y BERNARDO

BELTRÁN HERNÁNDEZ.

(...) SEXTO: Negar a EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO y a OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y la prisión domiciliaria, por las razones señaladas en la anterior parte motiva. Como consecuencia, los condenados deberán descontar la pena en restricción efectiva de la libertad, en el establecimiento penitenciario que para el efecto designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para lo cual, una vez en 8

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez firme la sentencia, se expedirán las respectivas órdenes de captura para hacer efectiva la sanción principal impuesta.

SÉPTIMO: Absolver a ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA y FERNEY ULMARDIN CAUSAYÁ PEÑA, de los cargos que por el delito de desaparición forzada, agravada, en concurso homogéneo, les formuló la Fiscalía dentro de este proceso, en aplicación del apotegma jurídico del in dubio pro reo, respecto de IRMA

FRANCO PINEDA, CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA y

BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ.

OCTAVO: Teniendo en cuenta la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014, dentro del caso RODRÍGUEZ VERA y otros, versus Colombia, las partes están en libertad de adelantar las acciones que estimen pertinentes para dejar sin efecto la decisión de la Justicia Penal Militar que exoneró de responsabilidad al Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO frente a la desaparición forzada de IRMA FRANCO PINEDA, y la Fiscalía deberá estudiar la posibilidad de reiniciar la investigación en contra del Coronel SANCHEZ por ese hecho particular, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas

frente a la grave violación de derechos humanos que ello significa.

12. El fallo precedente fue apelado por el apoderado de la parte civil, el Ministerio Público, el defensor de EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO y la defensa material y técnica de ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, razón por la que, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de octubre de 2021, emitió sentencia de segundo grado, en la cual dispuso: Primero. Revocar el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para, en su lugar,

condenar a Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión, multa de seis mil ciento cincuenta (6.150) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2007 e inhabilitación para el 9 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, como coautores impropios de los delitos de Desaparición Forzada Agravada cometidos en concurso homogéneo y sucesivo respecto de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández. Segundo. Modificar y aclarar los numerales tercero y

cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el entendido de condenar a Edilberto Sánchez Rubiano y Óscar William Vásquez Rodríguez a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión, multa de tres mil quinientos (3.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2007 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, como coautores impropios de los delitos Desaparición Forzada Agravada cometidos en concurso homogéneo y sucesivo por i) Edilberto Sánchez Rubiano respecto de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández y ii) Óscar William Vásquez Rodríguez respecto de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández. Tercero. Confirmar la sentencia de 18 de diciembre de 2015 proferida por el Juzgado 52 Penal del Circuito de Bogotá, en los demás aspectos que fueron materia de apelación. (Negrilla y subrayado del texto original).

13. En contra de la sentencia de segunda instancia, los defensores de los procesados ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO formularon recurso extraordinario de casación, al paso que la defensa técnica de los implicados FERNEY ULMARDÍN CAUSAYÁ PEÑA; ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ y LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, optaron por la impugnación especial.

14. Mediante auto de 17 de marzo de 2022, el Tribunal

declaró procedentes los recursos e impugnaciones 10 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez instauradas por los sujetos procesales, razón por la que ordenó la remisión al superior.

15. Para los efectos pertinentes, el expediente arribó a esta Corporación, por correo electrónico, el 18 de marzo de 2022, solo que fue necesario solicitar a la colegiatura de origen, que remitiera la actuación física -dada la imposibilidad de verificar lo consignado en el expediente virtual inicialmente allegado-; ello se cumplió el 17 de mayo de la misma anualidad.

16. Mediante auto de 28 de junio de 2022, la Sala decidió admitir las demandas casacionales, razón por la que el expediente fue remitido a la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo.

DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA Acorde con los reparos formulados por los recurrentes, que atañe a la Sala de Casación Penal desatar en este proveído, se verifica pertinente realizar la síntesis de la sentencia de segundo grado, en particular, porque, respecto de tres de los acusados profirió la primera sentencia de condena, luego de hallarlos responsables, en calidad de coautores impropios, del delito de desaparición forzada agravada. 11 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez En el apartado considerativo de la sentencia de segundo grado, el juez colegiado abordó, entre otros, los siguientes tópicos, que resulta relevantes resumir con miras a examinar los reproches ahora formulados por los recurrentes:

1. Enfatizó el Tribunal, en relación con el procesado ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, que conservaba competencia para desatar el recurso de apelación, pues, al margen de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, mediante resolución n°. 1216 de 15 de marzo de 2021, asumió la petición de sometimiento que ante esa jurisdicción elevó el implicado, lo que condujo a remitirle copia del expediente, conforme fue requerido por la autoridad de la justicia transicional, lo cierto es que, así lo precisó, en atención a lo consagrado en el artículo 79, literal j, de la Ley 1957 de 2019, así como lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en el auto n° 36973, dicha jurisdicción solo activaría su competencia en el momento en que «la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de esa jurisdicción anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la paz su resolución de conclusiones.»; actividad que, para el instante en que esa colegiatura se aprestaba a emitir la decisión de segundo grado, no había sido adelantada.

2. Bajo el acápite denominado «OCURRENCIA DEL

HECHO Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESADOS», el juez colegiado resolvió la solicitud dirigida a desestimar la 12 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez comprobación grafológica de la firma plasmada por el testigo Édgar Villamizar Espinel, en la declaración vertida el 1° de “enero” de 2007, por lo que, con base en la prueba técnica realizada por el C.T.I., la cual evidenciaba una destacada riqueza descriptiva, dada la metodología empleada para su consecución, despejó cualquier inquietud sobre la autenticidad de la firma y con ello determinó que ese testimonio fue rendido de forma regular y «ha de valorarse con sus demás salidas procesales y, con las restantes pruebas que hacen parte del proceso». 2.1. En el mismo subcapítulo, con el propósito de determinar si los implicados conocieron de forma directa o por indicios, de la desaparición de las personas, conforme fue ilustrado en la acusación, así como la forma de participación en la comisión de la conducta punible que se les endilgó, estableció el Tribunal que al interior de la organización piramidal de las fuerzas militares, para el 6 de noviembre de 1985, el general Jesús Armando Arias Cabrales fungía como comandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional, operando como segundo al mando el coronel Carlos Sadovnik Sánchez.

Advirtió que la brigada se hallaba conformada, entre otras, por (i) la Escuela de Caballería, al mando del Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega; (ii) la Escuela de Artillería e (iii) Inteligencia, a cargo del Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, grupo denominado B-2, integrado por el siguiente 13 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez conjunto de subordinados, al mando del último en mención: ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ, FERNEY ULMARDÍN CAUSAYÁ PEÑA, ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, encargados, cada uno de estos cuatro militares, en su orden, de efectuar inteligencia de los grupos subversivos EPL, ELN, FARC y M-19. En esa estructura piramidal, precisó el Tribunal, se gestaba el desarrollo de planes preestablecidos para enfrentar, entre otros, la lucha contra los grupos subversivos, incluido el M-19, conforme lo consagraba el Plan de Operaciones No. 002, suscrito por el B-2 en el año 1980 y desarrollado, principalmente, por el Batallón de Inteligencia Brigadier General Charry Solano y el referido B-2, cuyos integrantes, al contar con funciones de Policía Judicial, realizaban interrogatorios a los “sospechosos”, luego de lo cual eran

puestos a disposición de las autoridades competentes, de establecerse su pertenencia a los grupos guerrilleros; todo ello, con respeto a la vida e integridad de los combatientes. De otro parte, en caso de alteración del orden público, bien por agresión exterior, conmoción interior o calamidad pública, se desplegaba el Plan Tricolor 83, dirigido a neutralizar o restablecer el orden público: el plan se desplegaba atendiendo la unidad de mando y el control operacional, bajo la dirección de las Fuerzas Militares, sobre todos los organismos armados que participaran en el propósito 14 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez de la defensa nacional; ello, cuando la intervención de la Policía Nacional resultara insuficiente. 2.2. No existe elemento probatorio alguno del que se pueda verificar que las Fuerzas Militares, en específico, el grupo de inteligencia conformado por los procesados, conocían que, para el 6 de noviembre de 1985, el grupo subversivo M19 asaltaría el Palacio de Justicia, luego, es descartable el supuesto actuar permisivo y premeditado del que se valió la parte civil con el propósito de enseñar que aquellos permitieron la incursión del grupo guerrillero al recinto judicial. 2.3. Dado que, al momento del asalto al Palacio de Justicia, según lo denota la prueba testimonial, la cafetería de

ese recinto funcionaba con normalidad, es dable contemplar que su administrador, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y uno de los meseros, Bernardo Beltrán Hernández, de quienes se juzga su desaparición en esta actuación, se encontraban desempeñando sus labores habituales. Por su parte, de Irma Franco Pineda, también reputada como víctima de desaparición forzada en este diligenciamiento, fue advertida su presencia, desde la toma de la edificación, por algunos de los trabajadores del Palacio de Justicia, en tanto, se trató de una de las mujeres que los intimidó con un arma de fuego para que permanecieran en el recinto mientras se 15 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez desarrollaba el acto bélico; se le describió vistiendo una falda a cuadros escocesa, blusa “caqui color ladrillo” y botas, al paso que, físicamente, fue detallada su corta estatura, cabello color negro y pecas en su rostro; adicionalmente, de ella se mencionó que en días previos a la toma acostumbraba a visitar el recinto judicial y era conocida como “Mariana”. 2.4. La retoma del Palacio de Justicia estuvo a cargo de la Brigada XIII del Ejército Nacional, a cargo del coronel Luis Carlos Sadovnik, quien activó el Plan Tricolor; la recuperación del edificio y la liberación de rehenes se desarrolló a partir de

las 12:30 de la tarde del 6 de noviembre de 1985. En ese derrotero, la ubicación de la cafetería en el primer piso del Palacio de Justicia, incidió en que la Fuerza Pública recuperara tal sector en los primeros instantes del operativo y, a su turno, pudiera acceder por allí al segundo piso de la estructura, proceder que resultó diciente de que al momento de iniciar la toma «tal establecimiento, como de costumbre, sus empleados se encontraban ocupados en la atención de sus deberes cotidianos, e inmediatamente se dieron las primeras refriegas bélicas se resguardaron en el lugar o cerca al mismo, debido a que la toma se hacía con rapidez a través del uso del armamento hacia los niveles superiores, con el bloqueo de los sitios de acceso al inmueble». 16 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez Para el 7 de noviembre siguiente, puntualiza el Tribunal, las tropas oficiales lograron el control de la edificación, al reducir al grupo de resistencia, a cargo de Andrés Almarales, quien, en un baño ubicado entre el tercero y cuarto pisos del Palacio, mantuvo retenido a un grupo aproximado de 70 personas, de quienes se obtuvo la liberación. 2.5. Durante el operativo de retoma del Palacio de Justicia, la Casa del Florero, inmueble que se ubica a un costado de la Plaza de Bolívar, fue dispuesta por el Ejército

Nacional como un puesto avanzado de mando, entre otros, con el propósito de recibir a las personas que eran evacuadas del Palacio de Justicia, evidenciándose de ello una organización dirigida en el marco de la activación del Plan Tricolor, en coordinación de las Fuerzas Armadas. Los desaparecidos Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, fueron identificados por familiares y amigos a través de los videos emanados de la TVEcorresponsalía (televisión española), cuando salían con vida del Palacio de Justicia. En ese propósito, resaltó el Tribunal, frente al primero de los referidos se contó, entre otros, con el testimonio vertido por su hermano Cesar Rodríguez Vera, quien «tuvo la oportunidad de mirar una grabación realizada por TVE hallada en la residencia del coronel Plazas Vega, que registra la salida de 17 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez rehenes efectuada en la tarde del 7 de noviembre en cuestión, en el mismo momento captado por el video exhibido por el ente acusador, pero filmada desde un plano general, de frente hacia los evacuados y con mejor calidad digital, la cual se le puso de presente durante la sesión realizada 13 de mayo de 2009, a partir de lo que percibió en esa pieza audiovisual, identificó plenamente a su hermano como uno de los liberados que egresa

del edificio, con dirección a la carrera séptima donde se ubica la Casa del Florero, en compañía de otros rehenes y bajo custodia de uniformados y persona civil que los conduce hacía esa zona…», identificación que también realizaron la señora Cecilia Saturia Cabrera, esposa del desaparecido, y René Guarín. En lo que corresponde a Bernardo Beltrán Hernández, se apoyó el Tribunal, fundamentalmente, en la declaración que rindió su hermana, Sandra Beltrán Hernández, quien, destacando características propias de la fisonomía de su consanguíneo, lo reconoció en un video encontrado en la vivienda del Coronel Plazas Vega «como uno de los rescatados el 7 de noviembre en esa misma tarde rodeado por efectivos de la fuerza pública, quien portaba un uniforme laboral (camisa manga larga blanca, pantalón y zapatos negros) y caminaba hacia la entrada de la Casa del Florero, tal y como fue captado por las cámaras de TVE. Esta versión no se encuentra acéfala, se acompasó con la declaración entregada por Cecilia Saturia Cabrera, quien tuvo una relación laboral con este hombre en la 18 Casación e Impugnación especial N° 61472

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Óscar William Vásquez Rodríguez, Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez cafetería del Palacio y lo identificó en esa misma pieza audiovisual.». Respecto de la controversia planteada por la defensa, para la cual, al reconocimiento de los desaparecidos, realizado

a través de los videos, le es oponible el informe n° 374870 de 11 de diciembre de 2007, signado por el investigador Justo Pastor Jaimes Rueda, quien indicó que el cotejo morfológico realizado sobre esos videos dio como resultado que sus imágenes no poseen «las características mínimas para observar los rasgos específicos que permiten realizar una comparación técnica», en relación con los rostros de los rehenes que en él se evidenciaron, estimó necesario el Tribunal diferenciar entre el conocimiento especializado que surge de la prueba técnica y el saber emocional que se construye por personas como los familiares y allegados de las personas desaparecidas, asomando relevante la regla de la experiencia destacada por la Corte Suprema de Justicia, en un asunto de similar índole factual al presente asunto, según la cual «como sucede en la