CSJ - SP1003-2022(50320)

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente SP1003-2022 Radicación No. 50320 Aprobada Acta No. 66 Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022). ASUNTO Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por los defensores de JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA, MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ, BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ, OSCAR CASTAÑO DÍAZ y JAVIER CASTAÑO DÍAZ contra la sentencia condenatoria proferida el 3 de febrero de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de la cual revocó el fallo absolutorio del 21 de junio de 2013, dictado por el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad. C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS HECHOS En diciembre de 2008, en el Conjunto Residencial San Remo II, ubicado en la Carrera 54 No. 165-29 de Bogotá, apartamento D-123, de propiedad de DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ, cuya administración estaba a cargo de JUAN CARLOS ECHEVERRY, fueron incautados $6.500.000.000 de pesos en efectivo y dos vehículos, uno de marca Mercedes Benz de placa CVA228 y otro de marca Mazda 626 Milenio de placas MVD918, por ser bienes producto del tráfico de estupefacientes. Con el objetivo de reclamar el dinero incautado y bajo

la asesoría de PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS, revisora fiscal del Criadero Marco Aurelio, contadora y asesora de la familia CASTAÑO DÍAZ, los hermanos MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ y BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ, solicitaron la entrega del dinero incautado, para lo cual habían inflado sus declaraciones de renta mediante pagares ficticios y la presunta venta de un caballo llamado “Relicario”. Para esa época los hermanos MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ, BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ, OSCAR CASTAÑO DÍAZ y JAVIER CASTAÑO DÍAZ y el señor JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA manejaban y tenían a su disposición grandes sumas de dinero provenientes de la actividad delictiva de narcotráfico a la que estaba dedicado DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ, quien le suministraba los 2 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS recursos económicos ilegales a sus hermanos y a su subalterno para que los administraran. Con el fin de legalizar esos capitales, los hermanos CASTAÑO DÍAZ constituyeron las empresas Criadero Marco Aurelio, Golden Products S.A., y ANANAS Company y la Fundación Semillas de Vida, las cuales fueron utilizadas para ocultar la fuente ilícita del dinero, en el sentido de ingresarlo a la contabilidad de las sociedades y ponerlo nuevamente a circular mediante la compra de distintas clases de bienes.

En particular, MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ realizaba inyecciones de dinero proveniente del narcotráfico al criadero Marco Aurelio, los cuales eran administrados por OSCAR CASTAÑO DÍAZ, JAVIER CASTAÑO DÍAZ y BETRIZ CASTAÑO DÍAZ e invertidos en bienes muebles e inmuebles, gastos personales de la familia CASTAÑO DÍAZ y en inyecciones de capital para las otras empresas fachada de su propiedad. A través del criadero Marco Aurelio se suministraban recursos económicos a las empresas comercializadora Golden Products S.A., a ANANAS Company y a la Fundación Semillas de Vida para que estas pagaran nómina o realizaran cualquier tipo de gasto personal que tuvieran los hermanos

CASTAÑO DÍAZ.

3 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS El Criadero Marco Aurelio realizaba: (i) el pago de parafiscales y facturas de celulares de la Fundación Semilla de Vida y sufragaba los aportes a Seguridad Social a favor de BEATRÍZ CASTAÑO DÍAZ, JAVIER CASTAÑO DÍAZ, ESPERANZA CASTAÑO DÍAZ Y OSCAR JAIME CASTAÑO DÍAZ como miembros de la Fundación; (ii) el pago de aportes al sistema de seguridad social a favor del gerente general de la Comercializadora Golden Products, FERNANDO FORERO CANO, y de DAVID CASTAÑO DÍAZ y MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ, como miembros de esta empresa; e, (iii) inyecciones de dinero a ANANAS Company, la cual registró

gastos por un valor total de $106.529.240, entre 2005 y 2009, a pesar de que no generó ni registró ingresos. ANTECEDENTES PROCESALES El 24 de septiembre de 2009 se llevaron a cabo audiencias preliminares ante el Juzgado 6° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, en las cuales (i) legalizó la diligencia de registro y allanamiento, (ii) legalizó la captura de ESPERANZA CASTAÑO DÍAZ,

BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ, PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ

TIGREROS, LUZ VICTORIA AGUIRRE ESTRADA, JAVIER

CASTAÑO DÍAZ, OSCAR JAIME CASTAÑO DÍAZ, MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ Y JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA, (iii) la Fiscalía le imputó a los procesados el delito de lavado de activos, de conformidad con los dispuesto por el artículo 323 del Código Penal, y (iv) se impuso medida de 4 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ y a JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA y en su domicilio a LUZ

VICTORIA AGUIRRE ESTRADA, OSCAR JAIME CASTAÑO

DÍAZ, JAVIER CASTAÑO DÍAZ, ESPERANZA CASTAÑO

DÍAZ, BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ y PATRICIA MÓNICA

MARTÍNEZ TIGREROS1.

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación el 23 de octubre de 2009, el cual correspondió al Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Medellín2, despacho que, el 19 de enero de 2010, realizó audiencia de acusación, en la que fueron atribuidos cargos a MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ, BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ, JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA, LUZ VICTORIA AGUIRRE ESTRADA y JAVIER CASTAÑO DÍAZ, en calidad de autores, y a PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS, en calidad de cómplice, como responsables del delito de lavado de activos, verbo rector administrar, de conformidad con lo establecido en el artículo 323 del Código Penal3. El 27 de enero de 2010, en virtud de solicitud de preclusión realizada por la Fiscalía, se realizó audiencia en la cual se resolvió precluir la investigación adelantada en contra de ESPERANZA CASTAÑO DÍAZ y OSCAR JAIME CASTAÑO DÍAZ por el delito de lavado de activos4. Dicha decisión fue apelada por la representante del Ministerio 1 Folios 11-12, Cuaderno Preliminar 4, 5 y 6. 2 Folio 112, Cuaderno Preliminar 10. 3 Folio 255-256, Cuaderno No. 2. 4 Folio 308-313, Cuaderno No. 2. 5 C.U.I. 110016000096200900011

Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS Público, razón por la cual el 26 de abril de 2010, el Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión5. En el entretanto, en sesiones del 24 de marzo y 13 y 15 de abril de 2010, el Juzgado 1° Penal Especializado de Medellín realizó audiencia preparatoria en lo que tenía que ver con los procesados MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ,

BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ, JUAN CARLOS ECHEVERRY

GARCÍA, LUZ VICTORIA AGUIRRE ESTRADA, JAVIER

CASTAÑO DÍAZ y PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ

TIGREROS.

El 6 de agosto de 2010, se llevó a cabo audiencia de acusación en contra de OSCAR JAIME CASTAÑO DÍAZ, a quien se le imputó el delito de lavado de activos en calidad de autor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 323 del Código Penal. En la misma fecha, ante el fallecimiento de ESPERANZA CASTAÑO DÍAZ, se precluyó la investigación adelantada en su contra por el delito de lavado de activos6. El 14 de septiembre de 2010, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Medellín, adelantó audiencia preparatoria en lo atinente con el procesado OSCAR JAIME

CASTAÑO DÍAZ7.

5 Folio 324, Cuaderno No. 2. 6 Folios 1-6, Cuaderno de Preclusión. 7 Folios 2-3, Cuaderno No. 3.

6 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS En audiencias realizadas el 24 y 25 de enero8, 3, 17, 18, 19, 20 de mayo9, 22, 23, 24, 25 y 26 de agosto de 201110, 30 y 31 de enero, 2 y 3 de febrero11, 10, 11, 12 y 13 de abril12, 17 de julio13, 25 de septiembre14 de 2012 y 22 de enero15 y el 13 de febrero de 201316, se llevó a cabo el juicio oral y se emitió sentido del fallo absolutorio. El Juzgado 1° Penal Especializado de Medellín emitió sentencia el 21 de junio de 2013, mediante la cual absolvió a los procesados por el punible de lavados de activos17. La Fiscalía apeló la sentencia de primera instancia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en decisión del 3 de febrero de 2017, revocó la sentencia absolutoria y, en su lugar, condenó a JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA, MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ, OSCAR JAIME CASTAÑO DÍAZ, JAVIER CASTAÑO DÍAZ y BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ como autores del delito de lavado de activos, a la pena principal de 108 meses de prisión y multa de 4.174,82 SMLMV y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, y negó la suspensión condicional de la ejecución de

la penal y la prisión domiciliaria. Asimismo, pese a haber encontrado cómplices del delito de lavado de activos a 8 Folios 188-191, Cuaderno No. 3. 9 Folios 244-251, Cuaderno No. 3. 10 Folios 254-258, Cuaderno No. 3. 11 Folios 291-295, Cuaderno No. 3. 12 Folios 304-345, Cuaderno No. 3. 13 Folios 360-361, Cuaderno No. 3. 14 Folios 6-8, Cuaderno No. 4. 15 Folios 45-46, Cuaderno No. 4. 16 Folios 49-50, Cuaderno No. 4. 17 Folios 55-101, Cuaderno No. 4. 7 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS y LUZ VICTORIA AGUIRRE ESTRADA, declaró la cesación de la actuación procesal, por haber acaecido la prescripción penal. En contra de la anterior decisión, el apoderado de los procesados interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación, por lo que el 13 de diciembre de 2018 se admitió la demanda de casación incoada y fijó fecha para audiencia de sustentación, la cual se realizó el 18 de febrero de 2019. Mediante correos electrónicos del 19 de octubre de

2020, BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ, JAVIER CASTAÑO DIAZ,

MARCO AURELIO CASTAÑO DIAZ y OSCAR JAIME

CASTAÑO DIAZ, en calidad de coprocesados, allegaron solicitud de doble conformidad, atendiendo lo dispuesto en el auto AP2118 del 3 de septiembre de 2020. DECISIÓN IMPUGNADA Para sustentar su decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, presentó los siguientes argumentos: Afirmó que no todos los audios fueron producidos bajo las reglas de la Ley 600 de 2000, como sucedió con las conversaciones telefónicas interceptadas tomadas del proceso 110016000098200600098, que fueron sometidas al control de legalidad de la Ley 906 de 2004 No obstante, las interceptaciones extraídas de la investigación previa con 8 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS Radicado 75561, no fueron sometidas al control de legalidad previsto por la Ley 906 de 2004. Al respecto, argumentó que no es posible desechar las interceptaciones telefónicas extraídas del radicado 75561, porque no era necesario someterlas ante el juez de control de garantías, debido a que estas fueron recolectadas de una investigación previa que se adelantaba por los ritos de la Ley 600 de 2000, en donde la prueba tuvo que cumplir con las previsiones de dicha regulación (artículo 301). Adujo que los audios de las interceptaciones no se pueden considerar como prueba trasladada, pues eso no existe en el sistema penal acusatorio. Lo que se debe entender es que la prueba fue recolectada por el investigador en diligencia de inspección e introducida al proceso en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 424 y siguientes de la Ley 906 de 2004, mediante el testimonio del funcionario que participó en la inspección. Consideró que, si bien las conversaciones interceptadas no se sometieron al estudio de una fonoaudióloga o a un examen espectográfico, con el fin de determinar técnicamente a quienes pertenecían las voces, estas se podían identificar por otros medios probatorios, como el testimonio de los investigadores. Manifestó que los investigadores que presentaron las interceptaciones telefónicas en el juicio oral no fueron los 9 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS mismos que participaron en el registro inicial de estas, pero, ello no convierte sus dichos en prueba de referencia, pues no era necesario que el testigo que las trajo al juicio haya tenido la oportunidad de escucharlas en tiempo real, ya que lo que se incorpora al juicio es la conversación interceptada y no lo que el investigador haya escuchado sobre los hechos. Afirmó que los investigadores que escucharon las interceptaciones podían analizarlas, interpretarlas e identificar a los interlocutores. Por lo mismo, aseguró que la Fiscalía logró identificar en el juicio oral a las personas cuyas conversaciones fueron intervenidas, porque ellas en sus charlas se identificaron. Agregó que la Fiscalía demostró que DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ, antes de fallecer, se encontraba dedicado a actividades relacionadas con el narcotráfico, de acuerdo con lo extraído de la llamada interceptada a PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS, en la que sostuvo una conversación

con alias “el primito”, en la que aquél da cuenta de que DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ tenía como jefe al narcotraficante FABIO OCHOA VASCO, quien se había entregado a la justicia norteamericana y le encargó organizar los negocios que tenía en África, continente al que viajó CASTAÑO DÍAZ, de acuerdo con los registros migratorios aportados. Además, adujo que en otros audios se escuchó a DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ dando instrucciones a sus empleados para que abandonaran África por las difíciles condiciones que se presentaban allí. 10 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS Precisó que el documento denominado “Datos Claves” no podía valorarse como prueba documental por su carácter de anónimo, pero le otorgó valor probatorio con fundamento en la apreciación conjunta de las pruebas. De ese documento, consideró, se puede extraer que el dinero incautado provenía del narcotráfico, pues en ese documento se dijo que los documentos que vinculaban el dinero con el narcotráfico fueron eliminados. Concluyó, preliminarmente, que DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ se encontraba dedicado al tráfico de estupefacientes, de lo cual provenían los recursos circulados en la operación de lavado de activos. Lo cual, también se soportó en los esfuerzos desplegados por algunos miembros de su familia para alterar y modificar sus declaraciones de renta, con el fin de reclamar la suma de dinero incautada.

En torno a la situación penal de PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS consideró que no era posible examinarla de fondo, por cuanto había acaecido la prescripción penal, en vista de que fue acusada por el delito de lavado de activos en calidad de cómplice, tipificación que tiene una pena de 16 meses a 11 años de prisión. Al haberse interrumpido el término de prescripción con la formulación de imputación realizada el 24 de septiembre de 2009, este comenzó a correr desde esa fecha por un lapso igual a 5 años y 6 meses, lo cual equivale a la mitad del máximo de la pena 11 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS a imponer, lo que quiere decir que el 24 de marzo de 2015 feneció el término para el ejercicio punitivo del Estado. Sobre la responsabilidad de JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA advirtió que se demostró que mantenía conversaciones con DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ, junto con el cual formaban parte de un grupo de personas que utilizaban un lenguaje cifrado, descubierto por el investigador de la Fiscalía, quien interpretó que tenían conversaciones sobre la entrega de importantes sumas de dinero que entregaba ECHEVERRY GARCÍA a distintas personas y que almacenaban en apartamentos. Adujo que no era necesario traer a los vigilantes del edificio a declarar para tener por probada la relación de JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA con el apartamento D123, pues en algunas de las llamadas interceptadas se identificó con su nombre, se advirtió cómo DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ le ordena que consiga apartamento y “que no vaya a entregar el que tiene ahí”, lo cual coincidía con los ingresos como visitante a dicho apartamento del Edificio San Remo II, donde fue incautada la importante suma de dinero y que era de propiedad de DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ, sumado a que la administradora del edificio manifestó que ECHEVERRY GARCÍA en alguna ocasión pagó la administración y era visto parqueando en el parqueadero 42 asignado al apartamento en cuestión. 12 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS Afirmó que se demostró que en el apartamento D-123 fue incautada una importante suma de dinero, de lo cual se aportaron copias de las planillas del banco por FABIO ALEJANDRO ÁLVAREZ JIMÉNEZ, investigador de la Fiscalía, quien los recolectó e introdujo en el juicio oral, conforme las reglas establecidas en el artículo 429 de la Ley 906 de 2004, que autorizaba que el documento pudiera presentarse en original o en copia autenticada, el cual podía ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que lo recolectó. Manifestó que, si bien los documentos señalados fueron aducidos en copias informales, ello no desdice su autenticidad, porque cumple con lo establecido en el artículo 425 de la Ley Procesal Penal, en cuanto el documento se

tendrá como auténtico cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, lo cual se obtuvo con el testigo de acreditación. Aseguró que ECHEVERRY GARCÍA conocía la procedencia ilícita de los dineros, pues siempre que hablaba del dinero lo hacía de manera encriptada, realizaba cambios frecuentes de número de celular, se le demostró la relación con la cuantiosa suma de dinero que se encontró en el apartamento 123 del Edificio San Remo II, los vínculos con dicho apartamento y su imposibilidad de demostrar la procedencia lícita de los recursos económicos. 13 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS Por lo anterior, sobre ese enjuiciado, concluyó que existió prueba sobre la custodia y manejo de dinero de procedencia ilícita, específicamente derivado del narcotráfico, al tiempo que no obra elemento suasorio de lo contrario, lo cual permite desvirtuar su presunción de inocencia. Acerca de la responsabilidad de MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ, BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ, OSCAR JAIME CASTAÑO DÍAZ y JAVIER CASTAÑO DÍAZ el Tribunal manifestó que todos los acusados conocían que el dinero incautado era de DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ, sin que tuvieran elementos para sustentar la licitud del dinero, por lo que se vieron en la obligación de elaborar un montaje que justificara el origen del mismo, simulando créditos

respaldados por pagares ficticios y los incrementos del patrimonio mediante la elaboración y corrección de sus declaraciones de renta. Aseguró que los procesados contrataron los servicios de la contadora PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS, quien procedió a elaborar sus declaraciones de renta, con el fin de justificar el origen ilícito de la cuantiosa suma de dinero incautada en el Edificio San Remo de la Ciudad de Bogotá. Afirmó que con las llamadas interceptadas se dejó al descubierto el plan elaborado por los miembros de la familia CASTAÑO DÍAZ para proceder a la reclamación de la 14 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS cuantiosa suma de dinero incautada, en las que se aludía a las actividades económicas que debían registrar en las declaraciones de renta, así no las hubieran realizado. Consideró acreditado que el Criadero Marco Aurelio, de propiedad de los hermanos CASTAÑO DÍAZ, tenía rendimientos deficitarios, pues con el dinero que le ingresaba lícitamente, de la venta de equinos, no alcanzaba a cubrir los gastos en que incurría, por lo que tenía que acudir a fondear la operación con dineros ilícitos que provenían de DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ a través de

MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ.

Estableció que JAVIER CASTAÑO DÍAZ tenía varios bienes a su nombre, un carro y tres inmuebles, los cuales no estaba en la capacidad económica de adquirir, de

conformidad con las declaraciones de renta presentadas, y que realmente pertenecían a su hermano DAVID ALAN

CASTAÑO DÍAZ.

Manifestó que OSCAR JAIME CASTAÑO DÍAZ figuró como propietario de una camioneta DIMAX que compró por un valor de $40.000.000, que eran dineros provenientes del Criadero Marco Aurelio. Aseguró que la compra del predio para la sede del Criadero Marco Aurelio se realizó con el aporte de $242.600.000 de EDGAR LUCAS MONSALVE BRAVO, quien era un trabajador del criadero y devengaba un salario 15 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS mínimo, lo cual demostraba la insuficiente capacidad económica para acreditar el aporte lícito de ese rubro, pese a que su declaración de renta fue modificada para aparentar la capacidad económica. Advirtió la participación y administración de MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ en la Sociedad Aeronáutica de Santander S.A., empresa adquirida por DAVID ALAN CASTAÑO DÍAZ. Esa empresa, a su vez, tenía relaciones contractuales o comerciales con otras empresas de MARCO AURELIO, como Dragonfly Services INC y Continental Commercial Transport S.A., constituidas en Panamá, para ocultar el verdadero origen de los dineros que circulaban. En concreto se demostró la celebración de un cuantioso contrato de servicios técnicos, reparación y ensamble de aeronaves, entre la Sociedad Aeronáutica y Dragonfly Services, cuando la última empresa en mención no tenía

ninguna experiencia sobre el particular. Arguyó que MARCO AURELIO no tenía la capacidad económica para ser propietario de las sociedades en Panamá y, entre otras cosas, negociar la compra de un helicóptero por valor de un millón de dólares. Acerca de la responsabilidad penal de LUZ VICTORIA AGUIRRE ESTRADA consideró que la Fiscalía había pasado de acusarla de ser autora del delito de lavado de activos derivado de la administración de recursos del narcotráfico a través de la Sociedad Aplicaciones Especiales y la Sociedad 16 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS Aeronáutica de Santander, a señalar su autoría en el ilícito por haber firmado una factura por la venta de una aeronave como representante de una de las empresas que era dueño su esposo MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ, sin contar con la capacidad económica para ello. Manifestó que la Fiscalía trajo pocos elementos probatorios en contra de la procesada. De hecho, indicó que no se introdujo en el juicio el estudio patrimonial realizado a la acusada, pues fue negada su introducción a través de la perito NANCY ROJAS SÁNCHEZ, porque así no había sido solicitado, a lo cual no se opuso el ente acusador. Asimismo, le fue negada a la Fiscalía la introducción de la escritura de venta del helicóptero, por tratarse de un documento en inglés, cuya lectura en el juicio oral fue omitida por decisión propia de esa dependencia.

Arguyó que solo se introdujo la factura de venta firmada por LUZ VICTORIA AGUIRRE ESTRADA, pero no se demostraron los pormenores de la negociación de la aeronave y el conocimiento que tenía la procesada sobre el negocio. Determinó que los hechos probados que involucran a la procesada solo dan cuenta de su complicidad, porque su participación fue accesoria, de tal forma que, al igual que como sucedió con la acusada PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS, para el caso de LUZ VICTORIA AGUIRRE 17 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS ESTRADA también ocurrió el fenómeno de la prescripción penal. Por último, el Tribunal realizó un análisis sobre el dolo de los procesados en la conducta de lavado de activos, así: Consideró que los hermanos CASTAÑO DÍAZ conocían de la procedencia ilícita del dinero que administraban a través del Criadero Marco Aurelio, Fundación Semillas de Vida y la Comercializadora Internacional Golden Products, lo cual se desprende de los diálogos interceptados en los cuales algunos de ellos reconocen que su hermano DAVID ALAN tiene negocios turbios. Argumentó que la reclamación que hicieron MARCO AURELIO CASTAÑO DÍAZ y BEATRIZ CASTAÑO DÍAZ del dinero incautado en el apartamento D-123 del Edificio San Remo II en Bogotá reveló, también, el conocimiento que tenían de la procedencia ilícita del dinero, pues las actividades comerciales que desempeñaba DAVID ALAN no

le permitían acumular “semejante fortuna en tan poco tiempo”, lo cual quisieron justificar con créditos y ventas ficticias de semovientes. Aclaró que el hecho de que solo MARCO AURELIO y BEATRIZ reclamaran el dinero no derruía el conocimiento que tenían los demás hermanos de que el dinero que aprovechaban provenía de DAVID ALAN y que este era de procedencia ilícita. 18 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación

JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS

LAS DEMANDAS

1. En la demanda presentada por el apoderado de JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA, se propusieron los siguientes cargos: 1.1. Acusó la sentencia de segunda instancia por violación del debido proceso, en virtud de la pretermisión de la audiencia de individualización de la pena prevista en el artículo 447 de la Ley Procesal Penal, que conllevó a la configuración de un vicio de estructura.

Para lo anterior, invocó la causal segunda de casación, dispuesta en el numeral 2° del artículo 181 ibídem. Asimismo, expuso como normas violadas, en virtud del error de estructura, el artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 4, 6, 8, literal k, 10, 15, 26, 27, 447 y 457 de la Ley 906 de 2004. Manifestó que el ad quem estimó improcedente la realización de la audiencia del artículo 447 del Código de

Procedimiento Penal, con lo que no permitió abrir el debate probatorio en torno a los sustitutos penales. Citó distintas sentencias de la Corte Suprema de Justicia donde se reitera que la audiencia dispuesta en el artículo 447 de la Ley Procesal Penal solo se realiza después de que el juez de primer grado anuncia el sentido 19 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS condenatorio del fallo o cuando acepta el acuerdo celebrado con la Fiscalía y que en el evento de que la segunda instancia revoque una sentencia absolutoria y condene al procesado no es procedente llevar dicha audiencia. Consideró que la postura de la Corte Suprema de Justicia sobre la realización de la audiencia del artículo 447, ibídem, desconoce el debido proceso y las garantías fundamentales, pues las normas deben ser interpretadas de manera axiomática y para ello se impone observar el ordenamiento jurídico en su integridad. Arguyó que se deben tener en cuenta los principios como normas que priman sobre las reglas del ordenamiento jurídico, criterio que está respaldado en los artículos 13 de la Ley 599 de 2000, 26 de la Ley 906 de 2004, 21 de la Ley 734 de 2002 y 11 de la Ley 1564 de 2012, todos los cuales disponen la prevalencia de los principios y las normas rectoras. Manifestó que la interpretación de la Corte sobre la realización de la audiencia del artículo 447 mencionado obedece a un esquema propio de criterios de racionalidad formal, más que a una lógica de lo razonable, pues no lo es

prescindir de un espacio procesal por el hecho de que la única labor del juez de segundo grado sea proferir sentencia, lo cual parece ser el resultado de una aplicación sintáctica y literal de la norma. Aseguró que pretermitir la realización de la renombrada audiencia es arrebatar el derecho de acceso a la 20 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS administración de justicia y, especialmente, el derecho a la prueba, con el fin de que se decreten y practiquen pruebas relacionadas con las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Indicó que la pretermisión de la referida diligencia transgrede el derecho a la igualdad, pues a los condenados en primera instancia se les permite discutir aspectos esenciales en torno al modo de ejecución de la pena, mientras que a los condenados en segunda instancia se les niega dicha oportunidad. Afirmó que, de haberse abierto el espacio de la audiencia de individualización de la pena, su prohijado habría podido probar una eventual condición de padre cabeza de familia. Expresó que el momento procesal a partir del cual debe reponerse la actuación es a partir del fallo de segundo grado, con el fin de que se readecue el trámite y se ordene instalar la audiencia del artículo 447 de la Norma Procesal Penal. 1.2. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 181, numeral 3, acusó la sentencia de segunda instancia de incurrir en la violación indirecta de la ley sustancial, debido

a distintos errores de derecho por falso juicio de legalidad y errores de hecho por falso juicio de raciocinio en la apreciación de varios indicios, lo cual condujo a violar normas sustanciales por falta de aplicación de los artículos 21 C.U.I. 110016000096200900011 Número Interno 50320 Casación JUAN CARLOS ECHEVERRY GARCÍA Y OTROS 7 y 381 del Código de Procedimiento penal, que contemplan la duda probatoria y la presunción de inocencia, y por indebida aplicación del artículo 323 del Código Penal. 1.2.1. Afirmó que el ad quem dio por probado el delito subyacente de narcotráfico gracias a las interceptaciones trasladadas de los procesos con número de radicado 75561, 1100160000098200600098 y 7507, al dinero ilícito incautado, vinculado a actividades comerciales de las sociedades de la familia CASTAÑO DÍAZ, y a la reclamación que realizó esta del dinero decomisado. Indicó que los audios recolectados del proceso 75561 fueron acopiados en un proceso de Ley 600 de 2000 y los del proceso 7507 bajo l