CSJ - SP1162-2022(51750)

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente SP1162-2022 Radicación Nº 51750 Acta No. 76 Bogotá D.C., seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). ASUNTO Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación presentado y sustentado por la defensa técnica de NELSON MANUEL SALAS CUESTA, contra la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, a través de la cual confirmó el fallo emitido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, que condenó a su representado como autor penalmente responsable de los delitos de Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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HECHOS El 07 de marzo de 2013, en el predio ubicado en la vía que conduce a la playa El Almejal, corregimiento del Valle del municipio de Bahía Solano, departamento del Chocó, se realizó por parte de efectivos de la SIJIN, diligencia de registro y allanamiento. En el lugar encontraron una vivienda tipo cabaña, en la que fueron recibidos por el señor NELSON MANUEL SALAS CUESTA, quien dijo estarse hospedando temporalmente en el lugar.

Practicada la correspondiente inspección a la vivienda en el que las autoridades no hicieron hallazgo alguno, los policías procedieron a registrar la parte exterior, encontrando entre la maleza, con ayuda de un detector de metales, a 40 metros de la cabaña y dentro del lote, enterrados y contenidos al interior de bolsas, dos fusiles AK47 calibre 7.62 mm y dos pistolas, una de calibre 9 mm y otra 7.65 mm. Consecuencia de ello, los agentes procedieron a la captura de NELSON MANUEL SALAS CUESTA y la incautación del material bélico encontrado.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. Por los anteriores hechos, el 11 de marzo de 2013, ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Bahía Solano, la Fiscalía formuló imputación en contra de NELSON MANUEL SALAS CUESTA por los punibles de Fabricación,

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CASACIÓN LEY 906 tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, descritos en los artículos 366 y 365 del Código Penal, los cuales no fueron aceptado por el implicado.

2. Ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó, en audiencia adelantada el 24 de julio de 2013, se formuló acusación en contra de SALAS CUESTA, por los delitos imputados en audiencia preliminar.

3. Adelantada la audiencia preparatoria (14.03.2014), el juicio oral se llevó a cabo entre el 05 de noviembre de 2015 y el 29 de marzo de 2016. El 18 de agosto siguiente, se profirió sentencia, a través de la cual se condenó a NELSON MANUEL SALAS CUESTA como autor penalmente responsable de los delitos descritos en los artículos 366 y 365 del Código Penal, imponiéndose en su contra las penas principal de 144 meses de prisión y accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad. Otras penas accesorias no fueron consideradas en la sentencia.

4. Impugnada la anterior determinación por la defensa técnica del procesado, fue confirmada por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó el 14 de septiembre de 2017.

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5. Contra el fallo de segunda instancia, la defensa interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casación, cuya demanda fue admitida mediante auto de 12 de febrero de 2019. El 01 de abril siguiente se realizó la audiencia de sustentación.

DEMANDA DE CASACIÓN Cargo Principal Amparado en el numeral 2º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el censor solicita la nulidad de lo actuado a partir inclusive de la audiencia preliminar de legalización de captura, por vulneración al derecho a una defensa técnica.

En este sentido, el recurrente identifica diferentes etapas procesales y circunstancias en las que considera existió afectación a las garantías fundamentales del procesado, así:

1. Audiencia de legalización de captura Acudiendo a la transcripción del registro de la audiencia preliminar, indica que en esta diligencia su representado fue sometido a interrogatorio promovido por la misma defensa técnica, en el que además de habérsele formulado preguntas dirigidas a comprometer su responsabilidad por la Juez de Garantías y la Fiscalía, se omitió ponerle de presente su

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CASACIÓN LEY 906 derecho a guardar silencio, manteniendo siempre el abogado defensor una actitud pasiva. Adicionalmente, luego de destacar los aciertos y desaciertos del alegato de la defensa frente a la solicitud de legalización de captura, reprocha que el togado se hubiese abstenido de interponer recurso alguno en contra de la decisión tomada por la Juez de Garantías Finalmente aduce la vulneración a los derechos del procesado, al haber sido éste sometido a una privación de la libertad por aproximadamente 96 horas en una unidad de reacción inmediata, como consecuencia de la suspensión de las audiencias preliminares, luego de aquella de legalización de captura, para continuar 48 horas después.

2. Audiencia de formulación de imputación El demandante alega la ausencia de precisión respecto de los hechos jurídicamente relevantes imputados, no habiéndose precisado por la Fiscalía la modalidad en la que

supuestamente se cometió el delito, aspecto que si bien era indispensable para el ejercicio de la defensa, el profesional que representaba los intereses del implicado, tampoco procuró aclarar. 5

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3. Audiencia de imposición de medida de aseguramiento Alega el demandante la ausencia de los presupuestos establecidos por la Ley para la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de su representado, respecto de cuya solicitud el defensor no presentó oposición alguna.

4. Audiencia de legalización de incautación El libelista sostiene que realizada la respectiva solicitud de legalización de la incautación de las armas objeto material de los delitos investigados, la juez ordenó correr traslado de los documentos aludidos por la Fiscalía, para seguidamente tomar una decisión, sin otorgar a la defensa oportunidad alguna para pronunciarse sobre la pretensión de la representante del ente acusador, omisión respecto de la cual, una vez más, el abogado defensor guardó silencio.

Recrimina adicionalmente la ausencia de motivación debida por parte de la juez, quien se abstuvo de de referir los motivos fundados, así como también de realizar el control formal y material a la diligencia de registro y allanamiento.

5. Audiencia de formulación de acusación Insiste el recurrente en la vulneración al derecho a la defensa de su representado, como consecuencia de la descripción de los hechos jurídicamente relevantes

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CASACIÓN LEY 906 atribuidos en esa etapa procesal por parte de la Fiscalía, los cuales hacían imposible una delimitación del tema de prueba y la construcción de una adecuada defensa. Refiere que la representante del ente investigador se limitó a transcribir lo consignado en los informes de policía judicial, en las actuaciones realizadas antes y durante una diligencia de registro y allanamiento y el dictamen pericial realizado a los objetos incautados, sin precisar siquiera el verbo rector atribuido, el cual por petición de la juez señaló que era «conservar», inadvirtiendo que el mismo no se encuentra incluido en la descripción normativa del tipo penal del artículo 365 del Código Penal.

6. Audiencia preparatoria Censura la evidente falta de conocimiento y actualización del defensor del acusado en esta importante etapa del proceso.

Ejemplariza su afirmación, ante la omisión del abogado a formular reparo alguno en contra de las solicitudes probatorias de la Fiscalía, las cuales incluyeron informes de policía judicial, entrevistas y declaraciones previas, no incorporables como prueba, salvo las excepciones consagradas en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal de 2004, permitiendo el decreto y posterior incorporación de tales elementos. 7

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Incluso, refiere las solicitudes probatorias elevadas por

el representante del acusado, las cuales revelan su considerable desconocimiento de los conceptos de pertinencia, utilidad y procedencia.

7. Audiencia de juicio oral Alega que en desarrollo de la etapa probatoria del juicio oral, la entonces defensora omitió las acciones defensivas propias de la sistemática del proceso acusatorio. En este sentido, refiere que ésta además de no presentar una verdadera teoría del caso, omitió controlar la práctica probatoria de la Fiscalía, permitiendo la incorporación de informes de policía judicial con el testigo de cargo, tolerando incluso, que la juez de conocimiento no le permitiera el contradictorio en la incorporación de elementos.

A juicio del censor, el comportamiento reprochado, cercenó las posibilidades materiales en el ejercicio del derecho de defensa, traduciéndose tal actividad equívoca, en un desequilibrio de las partes en el proceso, quedando así desvelado que aquella actuación privó a SALAS CUESTA de la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción.

8. Sustentación del recurso de apelación A todo lo anterior, suma el claro desconocimiento del proceso por parte de la representante judicial del procesado, quien en la sustentación del recurso de apelación interpuesto

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CASACIÓN LEY 906 contra la sentencia de primera instancia, presentó como objeto de discrepancia, la valoración de la declaración de JORGE ENRIQUE MURILLO, no obstante no haber acudido esta persona como testigo al juicio oral.

9. Inestabilidad en la defensa del procesado Afirma el demandante, que un proceso en el que han actuado cinco (5) defensores públicos diferentes en cada una de sus etapas, indudablemente, es violatorio del derecho que le asiste a todos los ciudadanos a una defensa técnica adecuada.

Concluye que con las irregularidades evidenciadas en las diferentes etapas procesales, fueron infringidas numerosas disposiciones tanto de carácter sustancial como procesal, que afectaron la garantía fundamental al debido proceso, entre otros los artículos 15, 16, 17, 287, 280, 290, 337, 339 y 372 de la Ley 906 de 2004. La trascendencia del yerro denunciado, la fundamenta en la evidente vulneración al derecho de defensa del procesado, promovida por cada una de transgresiones denunciadas, las cuales, vistas en conjunto generaron la afectación a aquella garantía fundamental. 9

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Segundo cargo (subsidiario) Amparado en la causal 3ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el casacionista acusa la sentencia de segunda instancia de incurrir en error de hecho por falso raciocinio, por quebrantamiento de las reglas de la sana crítica. Bajo el argumento de vulneración a principio de razón suficiente, sostiene que los fallos de primera y segunda instancia, se fundamentaron en: - la presencia del acusado en la vivienda que presuntamente hacía parte del predio en el que fue encontrado el armamento;

• en la información entregada por una fuente no formal, de acuerdo con la cual quienes allí residían eran integrantes de la organización criminal “águilas negras” y conservaban material bélico en el lugar; y finalmente - en la débil e irrazonable justificación del procesado respecto a su estadía en el inmueble.

Razones que estima el censor, no constituyen fundamentos suficientes para derivar la responsabilidad de SALAS CUESTA en los punibles atribuidos. Acudiendo a los argumentos expuestos por la magistrada disidente en su salvamento de voto, afirma que 10

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CASACIÓN LEY 906 la sola presencia del implicado en el lugar donde fueron localizadas las armas, no permite concluir que era éste quien las conservaba, teniendo en cuenta incluso, que no fue en dependencia alguna de la vivienda donde se encontró el material bélico, sino que tal hallazgo se hizo a más de 40 metros de distancia de la cabaña habitada por SALAS CUESTA. Al igual que se omitió tener en cuenta que el procesado llevaba residiendo en el lugar escasos dos (2) meses. Asegura que si bien a-quo y ad-quem sostuvieron no haber tenido en cuenta lo manifestado por la fuente no formal, en ambos fallos se encuentran referencias a sus manifestaciones, con base en las cuales se fundamentó la participación del acusado en los atentados contra la seguridad pública imputados. Considera que la forma en que ambas instancias invirtieron la carga de la prueba al no haber podido explicar

de forma suficiente el acusado los motivos de su estadía en la cabaña, ratifica la falta de recursos con los que contaban para construir la responsabilidad de éste. Para el abogado defensor en casación, salta a la vista que de la actividad investigativa de la Fiscalía, no es posible concluir que el procesado efectivamente estaba conservando armas de fuego, al haber sido insuficientes las labores encaminadas a demostrar su responsabilidad. 11

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En este orden, solicita casar la sentencia recurrida y en su lugar emitir fallo absolutorio a favor de su representado. Para terminar, amparado en pronunciamientos de la Sala, peticiona a la Corte dar aplicación al principio de prioridad, prevaleciendo la absolución frente a la nulidad, por cuanto ello no sólo resulta más favorable al procesado, sino que también, porque evita un desgaste innecesario en la administración de justicia que inevitablemente conllevaría al mismo resultado.

AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN

1. La defensa insistió en las argumentaciones de la demanda, remitiéndose al escrito de demanda.

2. La Delegada ante la Procuraduría solicitó no casar el fallo impugnado.

Frente al primer cargo relacionado con la nulidad, incluso de las audiencias preliminares, señaló la no concurrencia de los elementos que configuran la violación al derecho a la defensa, decantados por la jurisprudencia de la Sala. Que verificado el proceso y en particular los audios de

las audiencias constató que el procesado había sido representado por su abogada de confianza desde la 12

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CASACIÓN LEY 906 legalización de la captura, también en el juicio oral, en el que se practicaron “diversas pruebas pedidas por la defensa” y se presentaron alegaciones finales. Recordó la Delegada que la vulneración de la garantía invocada se configura por el absoluto abandono del defensor, no bastando con la simple convicción de que la asistencia del profesional pudo haber sido mejor, puesto que la estrategia defensiva varía según cada abogado, en el entendido que no existen fórmulas uniformes o estereotipos que garanticen el derecho a la defensa. Respecto al segundo cargo, demandó mantener incólume el fallo de segunda instancia, el cual se fundamentó en el testimonio del investigador líder, a través del cual se demostró más allá de toda duda la materialidad de los delitos atribuidos al procesado y su responsabilidad en los mismos.

3. La Fiscalía solicitó casar la sentencia impugnada.

Acogiendo la tesis de la Sala, de conformidad con la cual la exoneración prevalece sobre la invalidación, abordó en su intervención en primer lugar, el cargo que pretende la absolución, para en un segundo lugar, ocuparse de aquél que involucra la nulidad. Apoyado en el salvamento de voto presentado por la Magistrada disidente del Tribunal Superior de Quibdó, resaltó varias inconsistencias encontradas en el fallo

demandado, así: 13

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En primer lugar, se fundamentó en tener por probada la captura en flagrancia, situación que no comparte el Delegado ante la Corte. Por una parte al no haberse precisado en las instancias previas el verbo rector aplicable, especificándose el mismo hasta la audiencia de acusación. Y por otra parte, porque de acuerdo con la declaración del agente que estuvo a cargo de la diligencia de registro y allanamiento, la captura del procesado obedeció exclusivamente a que habitaba la cabaña ubicada cerca al sitio del hallazgo. Luego entonces, señaló el Fiscal, nada indica que NELSON MANUEL SALAS CUESTA hubiese sido capturado cuando cometía el delito, portando elementos del mismo o cuando huía después de cometerlo, agregando que ningún medio probatorio insinúa siquiera que el acusado fuera visto enterrando las armas o que éstas le fueran dejadas a su cuidado. En tal virtud, concluyó, mal podría colegirse que SALAS CUESTA mantenía el armamento bajo su cuidado con ánimo de permanencia, esto es, que lo conservaba. En segundo lugar, refirió que las instancias dieron por cierto que el acusado pertenecía al grupo criminal “águilas negras”, que respondía al apodo de “Osama” y que era el responsable de la caleta, cuando dicha información la brindó un anónimo al único agente que compareció a juicio, por lo que tales datos no pueden valorarse, ni admitirse como

ciertos, al no haber allegado la Fiscalía prueba para corroborarlos. 14

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Afirmó que de la lectura desprevenida de los fallos, es posible advertir que los jueces esgrimieron razones derivadas de lo supuestamente dicho por el anónimo. En cuanto al lugar en que fue encontrado el material bélico, enterrado a casi 50 metros de la cabaña habitada por el procesado, sostuvo que tal circunstancia impedía inferir con probabilidad de verdad, que el dueño fuera SALAS CUESTA, pues las armas no estaban al interior de la cabaña, sino por el contrario, afuera y con alguna lejanía de la vivienda. Distancia que permitía inferir que estaban fuera del campo visual, esto es, de la esfera de vigilancia del acusado. Sumado a lo anterior, resaltó que ni el acta de allanamiento ni las fotografías, demuestran que el predio estuviera cercado, formando una unidad con la cabaña. Que si bien la explicación del acusado acerca de su permanencia en la cabaña pareciera extraña, la misma resultaba poco menos que una inferencia leve, que incluso podía obedecer a múltiples explicaciones que quedan en el campo de la especulación. Para el Delegado del ente acusador, las pruebas debatidas en juicio no derriban la presunción de inocencia que cobija al procesado, imponiéndose en aplicación del principio del in dubio pro reo, casar la sentencia demandada, revocar la de primera instancia y en su lugar absolver al

acusado. 15

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Lo anterior, con independencia de postular que en aplicación de principio de legalidad y tipicidad estricta, se adopte la decisión que corresponda respecto al delito descrito en el artículo 365 del Código Penal, el cual no contiene el verbo recto “conservar” atribuido al implicado. Frente al cargo a través del cual se solicitó la nulidad, estimó que si bien las audiencias preliminares estuvieron plagadas de irregularidades, éstas no conducen a retrotraer el procedimiento. Frente a la actuación de los defensores, consideró que las apreciaciones del demandante no dejan de constituir interpretaciones logradas desde el resultado, de tal manera que ellas no pueden generar invalidación del trámite, en la medida que no se demuestra que la estrategia escogida por los abogados anteriores tuviese incidencia en la afectación al derecho a la defensa técnica. Finalmente, en relación con los errores del escrito de acusación, estimó que los mismos estaban llamados a ser corregidos en la audiencia de formulación de acusación o en últimas, sus falencias podían traer consecuencias en el fallo, pero nunca estructurar la nulidad invocada.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Dos motivos de inconformidad elevó el censor: el primero, relativo a la vulneración al derecho a una defensa técnica del procesado, lo cual conllevaría a la nulidad de lo actuado; el segundo, la ausencia de prueba suficiente para

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CASACIÓN LEY 906 condenar por los punibles tipificados en los artículos 365 y 366 del Código Penal. De conformidad con lo anterior, los cargos formulados deberían ser abordados por la Corporación en el orden propuesto por el libelista; sin embargo, la Sala no acogerá en esta oportunidad la secuencia planteada, y – compartiendo el enfoque metodológico también planteado por el Fiscal Delegado ante la Corte en la audiencia de sustentación – se remitirá directamente al estudio del cargo por violación indirecta de la ley sustancial, ante la evidente prosperidad del reproche y la consecuente emisión de fallo de reemplazo absolutorio. Lo anterior, en desarrollo del principio de prioridad adoptado por la Corte, de acuerdo con el cual, la absolución prevalece sobre la nulidad, en razón a la mayor cobertura que tendría sobre los derechos y garantías del procesado.1

2. Procederá entonces la Sala a exponer los argumentos que la llevan a encontrar fundado el segundo cargo sustentado al amparo de la causal 3ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el cual en últimas está dirigido a demostrar la ausencia de prueba que conduzca al conocimiento más allá de toda duda, acerca de la responsabilidad penal del acusado en los delitos atribuidos. 1 Entre otros pronunciamientos en este sentido, CSJ, SP1861-2021, de 19/05/2021,

Rad. 56087; AP3226-2020, de 18/11/2020, Rad. 56076; AP2525-2020, de 30/09/2020, Rad. 1669; SP3963-2017, de 22/03/2017, Rad. 40216; SP de 5/95/2010, Rad. 30948; SP9105-2016, Rad. 42227. 17

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Con este propósito, la Corte, en primer lugar, recordará lo que de acuerdo con la Ley 906 de 2004 constituye prueba (1) y el valor de los informes de policía judicial y sus anexos (2.). En segundo lugar, se constatarán las pruebas aducidas en el juicio (3), la valoración que de aquellas realizaron los falladores de primer y segundo grado para dar por probado más allá de toda duda la responsabilidad del procesado (4.), para en tercer y último lugar, determinar si los jueces de instancia cometieron alguna infracción que invalide el escrutinio probatorio aplicado (5). Con base en lo anterior, se concluirá (6) si lo hasta este punto establecido, conduce a la confirmación de responsabilidad del procesado en los delitos atribuidos, o, por el contrario, se mantiene incólume la presunción de inocencia a favor de éste, imponiéndose la emisión de fallo absolutorio.

3. Concepto de prueba El Código de Procedimiento Penal de 2004, no contiene una definición concreta de lo que constituye prueba en el proceso penal. Sin embargo, de las reglas allí establecidas en

materia probatoria, es posible concluir una conceptualización básica. En primer lugar, el citado régimen procesal penal en su artículo 372 identifica como fines de la prueba «llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos 18

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CASACIÓN LEY 906 y circunstancias materia de juicio y los de la responsabilidad del acusado, como autor o partícipe». Disposición que a la luz del principio de igualdad, debe ser interpretada en el sentido de abarcar también lo favorable al procesado, esto es, a demostrar su inocencia. En segundo lugar, la misma normativa establece como Principio Rector y Garantía Procesal, la inmediación, de acuerdo con la cual, anota el artículo 16, «en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento […]». De allí que, según el artículo 379 ibídem, el juez tendrá en cuenta como pruebas, «únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia», salvo las excepciones consagradas en la ley, como resultan ser la prueba de referencia admitida por la ley (artículo 438 ídem), el testimonio adjunto, la prueba anticipada regulada por el artículo 284 ídem y los hechos convenidos por las partes en las estipulaciones probatorias, de conformidad con el numeral 4 y parágrafo del artículo 356 del citado estatuto procesal penal.

Bajo esta perspectiva, se entiende consecuentemente como prueba, en sentido estricto técnico-procesal, todo aquel elemento que ofrece conocimiento acerca de un hecho, introducido al proceso con el lleno de requisitos establecidos por la ley, con inmediación del juez, concentración, contradicción y confrontación, que le suministran a éste el 19

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CASACIÓN LEY 906 conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto del juicio. No obstante lo anterior, para adquirir tal carácter de prueba, no basta con su presentación y debate público en el juicio oral, sino que también, es imperativo que tal elemento haya cumplido con presupuestos legales previos, tales como su descubrimiento formal y material en las fases procesales establecidas y su solicitud y decreto en audiencia preparatoria, decisión última que implica de sumo su pertinencia, admisibilidad, licitud y legalidad. Lo anterior, salvo excepciones, como lo pueden ser la prueba de refutación (art. 362 CPP) y la prueba sobreviniente (art. 344, inciso 4 CPP), caso en el cual le corresponde al Juez de Conocimiento en desarrollo de la etapa probatoria del juicio oral, resolver sobre el decreto de la prueba novedosa.

4. Los informes de policía y sus anexos 4.1. De conformidad con el artículo 209 de la Ley 906 de 2004, los informes de policía judicial o informes de investigador de campo, hacen referencia a una o varias actividades de pesquisa adelantadas por el funcionario de

policía judicial que lo suscribe, a través del cual se hace una descripción clara y precisa de los resultados de la labor, así como también, una relación precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física descubiertos en desarrollo de tal quehacer; de practicarse por el investigador 20

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CASACIÓN LEY 906 policial entrevistas o interrogatorios, igualmente deberá acompañar el informe con el registro de los mismos. En últimas, el informe de policía, da cuenta de las actividades realizadas por agentes del orden con funciones de policía judicial, en desarrollo de las técnicas de indagación e investigación lideradas por la Fiscalía General de la Nación. Por lo mismo, como lo indica la práctica judicial, éstos informes son contentivos de la declaración o versión sobre lo directamente percibido por el servidor policial en desarrollo de su actividad. A manera de ejemplo, pueden presentar información detallada sobre la captura del procesado o las circunstancias en que se adelantó diligencia de registro y allanamiento, así como también, dado el caso, sobre la incautación de elementos. En tal virtud, su contenido puede ser determinante para establecer la responsabilidad penal, entre otros eventos, cuando en tal documento se describe la participación del procesado en la conducta punible. Es por ello que su presentación como prueba en el juicio oral, afecta la garantía a la defensa del acusado, en su componente relacionado con el derecho a interrogar a quienes, dadas las circunstancias, pueden tener el carácter

de testigos de cargo (artículo 8, literal k de la Ley 906 de 2004). Sin desconocer adicionalmente, que tales informes pueden incluir además, declaraciones de terceros, constitutivos de prueba de referencia, proscrita en el proceso penal, salvo las excepciones de ley. 21

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Por lo tanto, de pretender hacer valer tal información en juicio y convertirla en prueba, debe la parte interesada llevar el testimonio directo del agente investigador que realizó el informe, a fin de que declare sobre los aspectos que en forma directa y personal hubiese observado o percibido, en los términos postulados por el artículo 402 de la Ley 906 de

2004. De esta forma la defensa tendrá la oportunidad de interrogarlo, confrontarlo e incluso impugnar su credibilidad.

De lo contrario, la sentencia podría estarse fundamentando en declaraciones frente a las cuales el acusado no tuvo oportunidad de ejercer la confrontación, incumpliéndose así no sólo con uno de los principios rectores del ordenamiento procesal penal (artículo 16 - principio de inmediación), sino también vulnerándose aquella garantía judicial mínima consagrada en el artículo 8, numeral 2, literal f. de la Convención Americana de Derechos Humanos y el canon 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De esta forma, ha dejado en claro la Corte, adicionalmente se garantiza el principio de la mejor evidencia, en tanto: «(i) es posible controlar que no se formulen preguntas

sugestivas, capciosas, etcétera; (ii) el testigo puede ser interrogado a la luz de las diversas teorías factuales propuestas