CSJ - SP2649-2022(54044)

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente SP2649-2022 Radicación No. 54044 Aprobado acta No. 171 Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintidos (2.022) La sala decide el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa de JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO, condenada en ambas instancias como autora imputable de tres homicidios agravados. HECHOS JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO nació en julio de 1990. Desde que cumplió nueve años su padre la sometió a tocamientos sexuales abusivos y a los doce la accedió carnalmente. Cuando le contó lo sucedido a su madre, ésta desestimó la sindicación como falaz y desplegó en su contra agresiones verbales y psicológicas que la Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO determinaron a abandonar el hogar familiar. A partir de ese momento hizo su vida en la calle y alternativamente, en cuanto le fue posible, en viviendas de personas conocidas y familiares. Sólo pudo estudiar hasta segundo de primaria. A los catorce años quedó encinta y tuvo a su primer hijo, A.M.R., quien nació en 2005. Desde esa época empezó a escuchar recurrentemente voces que la compelían a quitarse la vida. En 2008 dio a luz a su hija K.J.L.M. y en 2010, a

L.E.L.M.

En diciembre de 2014, y por cuanto para ese entonces

había retomado el contacto con sus padres y estaba viviendo de nuevo con ellos, JOAHANA DEL CARMEN MONTOYA descubrió a su progenitor en el abuso sexual flagrante de K.J.L.M. De inmediato acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para denunciar el hecho y, como en la entidad le fue indicado que de permanecer en la vivienda del agresor podría perder la custodia de la niña, abandonó por segunda vez esa casa. Consecuentemente, ella, los tres menores y su novio, Wilson Díaz Reales, se radicaron en una habitación alquilada en el municipio de Palmar de Varela. Por esos días, además de seguir oyendo las ya mencionadas voces que la instaban a suicidarse, JOHANA DEL CARMEN sentía pasos en el techo del inmueble y evitaba mirarse al espejo porque no veía su reflejo sino el de otra mujer. No dormía, lloraba persistentemente y padecía incesantes dolores de cabeza. Tenía ansiedad y depresión. 2 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO El 18 de febrero de 2015, Wilson Díaz Reales salió a trabajar temprano en la mañana. En el inmueble se quedaron JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO y sus hijos. Alrededor de las 5:00 P.M., la nombrada prendió el televisor a alto volumen, llamó por turnos a los menores, que estaban en el patio, y los degolló uno a uno con un cuchillo. Empujó sus cuerpos debajo de la cama y seguidamente ella

misma se cortó las muñecas y el cuello. Cuando Wilson Díaz regresó a la habitación luego de su jornada laboral – aproximadamente a las 9:30 P.M. – la puerta estaba cerrada y nadie respondía sus llamados. Con la ayuda de un vecino logró forzar la entrada e ingresar. Allí encontró los cuerpos de A.M.R., K.J.L.M. y L.E.L.M., ya fallecidos, y a JOHANA DEL CARMEN, quien yacía aún viva en el suelo y fue trasladada a un centro médico donde se le prestó atención de urgencia que evitó su deceso.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 19 de febrero de 2015, en audiencia celebrada ante el Juzgado Penal Municipal de Palmar de Varela, la Fiscalía legalizó la captura de JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO, a quien el 23 siguiente imputó cargos como autora del delito de homicidio agravado (arts. 103 y 104, ns. 1° y 7° del Código Penal) en concurso homogéneo. En la misma diligencia se le afectó con medida de detención preventiva en centro carcelario.

3 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601

JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO

2. Radicado el escrito de acusación1, formulada ésta2 y agotado el restante trámite ordinario sin incidencias relevantes, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soledad profirió la sentencia de 23 de noviembre de 2017, por la cual condenó a MONTOYA ROSARIO a las penas de 720 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y

funciones públicas como autora imputable de los delitos mencionados3.

3. El defensor apeló ese fallo y el Tribunal Superior de Barranquilla, en decisión mayoritaria de 16 de julio de 2018, lo confirmó4.

4. El mismo sujeto procesal presentó el recurso extraordinario de cuyo examen se ocupa ahora esta sala.

LA DEMANDA En un único cargo formulado con apoyo en la causal tercera, denuncia que el tribunal incurrió en errores de hecho por falso raciocinio en tanto valoró las pruebas «de espaldas (a) los principios lógicos… las ciencias (y) la experiencia». De no haber cometido tal yerro, dice, la corporación habría reconocido, como lo hizo el magistrado disidente en su salvamento de voto, que JOHANA DEL CARMEN MONTOYA actuó como inimputable. 1 Fs. 1 y ss. 2 Fs. 17 y ss. 3 Fs. 118 y ss. 4 Cfr. Folios 22 a 42 del c. del Tribunal. 4 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO Explica que mediante la pericia rendida por la psicóloga Edith María Aristizábal Díazgranados se acreditó que la procesada sufre de un trastorno esquizoafectivo que, al momento de los hechos, le impidió comprender la realidad. También se aportó, a instancias de la Fiscalía, un dictamen psiquiátrico en el cual se llegó a la conclusión contraria. El tribunal privilegió la experticia de cargo con el

argumento de que el diagnóstico de enfermedades mentales compete exclusivamente a los psiquiatras, no a los psicólogos. Sin embargo, Aristizábal Díazgranados sí tiene los conocimientos necesarios para rendir un dictamen de esa naturaleza, no sólo por su preparación académica sino también por su experiencia profesional. Además, el compañero sentimental de la procesada, Wilson Díaz Reales, cuyo dicho fue «suprimido» por las instancias, corroboró que aquélla exhibía síntomas compatibles con el diagnóstico elaborado por la psicóloga. Sus vecinas, Blanca Libia Mejía e Indira Guevara Carrascal, la describieron como una madre atenta y dedicada, y se sabe que durante su reclusión MONTOYA ROSARIO ha recibido tratamiento psiquiátrico. En suma, y considerando además que la procesada «es víctima de una cadena de miseria de orden familiar (y) social», estima refutada la tesis de la acusación conforme la cual aquélla habría actuado «en plena capacidad de auto determinarse al momento de cometer la conducta». Pide, en consecuencia, que se case la sentencia impugnada y, en su 5 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO lugar, se afecte a MONTOYA ROSARIO con «pena de seguridad (sic) contemplada en el artículo 71 de la ley 599 de 2000». Aparte, manifiesta que las instancias impusieron a JOHANA DEL CARMEN MONTOYA las penas de 720 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas sin motivación alguna.

INTERVENCIONES ANTE LA CORTE

1. El defensor insistió en sus argumentos y pretensión.

2. La procuradora delegada para la casación penal conceptuó favorablemente al pedido del demandante. Señaló que el tribunal afirmó la imputabilidad de la procesada «sin tener en cuenta» las pruebas que daban cuenta de lo contrario, pero además, sin atención al testimonio de Wilson Díaz, quien ratificó que aquélla sufría de alucinaciones recurrentemente. Tampoco apreció «el entorno de maltrato, abusos y exclusión en que se desplegaba la vida de la procesada», de modo que, en últimas, la decisión impugnada no se fundamentó en una valoración integral y completa de los elementos de conocimiento.

Agregó que las instancias no motivaron la dofisicación de la pena de prisión y excedieron el máximo permitido para la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, que fijaron en el mismo monto de la principal. 6 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601

JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO

3. En cambio, el fiscal delegado ante la corte se opuso a lo solicitado por el actor. Aunque la defensa presentó una pericia psicológica que sustenta la tesis de la inimputabilidad, la acusación incorporó otro dictamen, elaborado por un psiquiatra, en el cual se sostiene la conclusión contraria, esto es, que JOHANA DEL CARMEN MONTOYA obró con la capacidad de comprender la ilicitud de su proceder. El tribunal ponderó ambos elementos con apego a la sana crítica y «se inclinó» por el segundo, lo cual

no configura ningún error de razonamiento, especialmente por cuanto esta misma sala ha sostenido que la prueba idónea para acreditar los supuestos fácticos de la inimputabilidad es, justamente, la psiquiátrica.

4. La apoderada de las víctimas guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Preliminares. 1.1 Como la demanda fue admitida, la sala estudiará las cuestiones allí propuestas sin atención a las ostensibles deficiencias técnicas que se advierten en el escrito. 1.2 Son tres, en esencia, los problemas mencionados por el actor.

La Corte abordará inicialmente lo atinente al «contexto social, cultural, económico y los niveles de baja escolaridad 7 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO que poseía la encartada». En esto el recurrente es acompañado por la procuradora, quien en su concepto censuró al tribunal por haber ignorado «el entorno de maltrato, abusos y exclusión en que se desplegaba (su) vida». El sentido de estos reparos no es del todo evidente, pues ninguno de los dos precisó, más allá de la afirmación de esas circunstancias, cuál es su importancia para la solución o comprensión del caso. De ello se ocupará esta decisión. Seguidamente, se examinará la cuestión de si JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO padece un trastorno mental que al momento de los hechos le impidió comprender la ilicitud de su conducta o determinarse conforme ese entendimiento. Por último, el defensor denuncia un error en la

dosificación de las penas principal y accesoria, bien por un defecto en su motivación, ora por un yerro en la interpretación o aplicación de las normas pertinentes; sin embargo, por las razones que quedarán evidenciadas más adelante, no habrá de profundizarse en tal cuestión más allá de una breve mención (§§ 2.3.3.2 y 2.3.3.4). 1.3 En el estudio de la carpeta y las pruebas practicadas, la sala pudo constatar que el registro de la audiencia de juicio celebrada el 22 de marzo de 2017, en la cual rindió dictamen la psiquiatra Manela García Vásquez, está dañado y no es posible acceder a su contenido. 8 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO Requerido el juzgado de primera instancia para que remitiera a la Corte el correspondiente archivo, fue informado por la escribiente que «el computador de la sala de audiencia presentó daño en el board y procesador»5 y que, por ende, esa dependencia no cuenta con respaldo de los registros de audio y video. Consecuentemente, el juzgado, en auto de 21 de junio de 20226, ordenó por iniciativa propia la reconstrucción «del audio de fecha 22 de marzo de 2017» y, con ese fin, dispuso «oficiar a los intervinientes… (para que) alleguen… los audios que tengan en su poder y en especial aquel que corresponda a la audiencia antes señalada». Sin embargo, no se logró recuperar esa pieza. Frente a tal situación, se impone acudir, en virtud del

principio de integración establecido en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, a lo regulado en el numeral 5° del artículo 126 del Código General del Proceso, a cuyo tenor «reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no impida la continuación del proceso, este se adelantará, incluso, con prescindencia de lo perdido o destruido». De acuerdo con ese precepto, ante la imposibilidad de reconstituir el acto procesal cuyo registro está averiado ha de seguirse adelante con el diligenciamiento, pues la ausencia de dicha grabación «no impid(e) la continuación del proceso». Ciertamente, es posible conocer su contenido partir de otras 5 F. 60, c. de la Corte. 6 F. 61, c. de la Corte. 9 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO piezas, en concreto, el informe previo elaborado por la experta, el acta de la diligencia y lo que respecto de su alcance y sentido se dijo en los fallos impugnados.

2. Sobre las condiciones sociales y familiares de la procesada.

Según el demandante, el tribunal no consideró la «miseria de orden familiar (y) social» en que vivía MONTOYA ROSARIO. La procuradora apoyó esa postura, aduciendo que no se tuvo en cuenta «el entorno de maltrato, abusos y exclusión en que se desplegaba (su) vida». Aunque ninguno de los dos acompañó tales aserciones con un desarrollo argumentativo orientado a demostrar que cuál es la importancia de ello ni cuál sería el error cometido por la segunda instancia en ese ámbito, la sala advierte que

a tales planteamientos subyace un problema jurídico que era relevante para la adecuada comprensión del caso que acá que se examina. Revisada la actuación, se observa que, en efecto, ni el a quo ni el ad quem consideraron dichas circunstancias. La juez de primer grado ignoró íntegramente la cuestión, mientras que el tribunal - en una postura que debe rechazarse abierta e inequívocamente - las calificó de simples «sucesos inmorales». Lo cierto es que ese contexto de «miseria… familiar (y) social… maltrato, abusos y exclusión» en que la acusada 10 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO MONTOYA ROSARIO desplegaba su proyecto de vida al momento de los hechos – y desde mucho antes - es la manifestación de una profunda violencia sexista que las instancias estaban obligadas a ponderar con enfoque de género y, en tanto condenaron a la nombrada como imputable, tenían que haber considerado al fijar los parámetros legales de la pena y al dosificarla judicialmente. Para sustentar lo anterior, la sala (i) realizará algunas consideraciones breves sobre el contenido de la categoría de la culpabilidad; seguidamente, (ii) recordará su jurisprudencia en relación con la aplicabilidad del enfoque de género al proceso criminal, precisando, en esta ocasión, que su carácter vinculante no está limitado a los casos en que se investigan y juzgan actos de violencia sexista contra la mujer, sino que se extiende también – dadas ciertas

circunstancias que quedarán definidas más adelante - a los eventos en que es una mujer quien aparece como imputada, en cuyo caso la perspectiva diferenciada resulta relevante para la valoración de la culpabilidad; finalmente, (iii) explicará cuáles fueron los errores de las instancias en este ámbito. 2.1 El contenido de la culpabilidad. Como quedará dicho con más detalle, la culpabilidad, en tanto categoría integrante del delito, comprende «un reproche… contra quien, teniendo a mano la alternativa de lo jurídico-socialmente adecuado, opta libremente por lo que no 11 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO lo es»7. Es, pues, la censura ético-jurídica que explica la respuesta penal a un injusto típico, en tanto significa que su realización fue una decisión libre de quien podía haber asumido un comportamiento lícito. No actúa con culpabilidad quien realiza el injusto, no como consecuencia de una decisión autónoma adoptada en ejercicio de su albedrío, sino por razón de una fuerza externa que trunca su capacidad de decisión (la coacción ajena, el miedo insuperable o el estado de necesidad exculpante), ora porque creyó equivocadamente que su conducta era lícita, en cuyo caso su proceder, aunque libre y voluntario, no conlleva una elección por lo que se sabe contrario a derecho. Esas circunstancias (la coacción ajena, el miedo insuperable y el error no vencible de prohibición), en tanto suponen la anulación del albedrío – entendido como la elección

consciente y voluntaria de lo ilícito y la desestimación de lo lícito - truncan de manera definitiva el reproche sobre el autor e impiden, por consecuencia, la materialización del delito. Suponen que quien ha realizado un injusto en tales condiciones no puede ser penado porque – se reitera – su conducta no ha sido el producto de la decisión autónoma de actuar contra el orden jurídico, sino de una influencia externa que ha determinado su proceder o de una equivocación que no podía razonablemente corregir. 7 CSJ SP, 9 sep. 20202, rad. 54497. 12 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO Pero la culpabilidad también tiene un rendimiento allende la estructuración del delito, específicamente, en el ámbito de la dosificación de la pena: «el grado de culpabilidad es el que señala el límite máximo de la pena»8, de manera que «toda pena impuesta en el caso concreto tiene que ser adecuada a la culpabilidad»9. En palabras de la sala, «obran con diferentes grados de culpabilidad quien roba para alimentarse y quien lo hace para satisfacer la ambición, y uno y otro injusto conllevan, por tanto, grados de desvalor personal diverso»10; por ende, una y otra conducta deben recibir respuesta punitiva distinta, aun cuando el injusto típico sea el mismo en ambos casos. Justamente por lo anterior, la ley reconoce que una persona puede cometer una conducta típica y antijurídica bajo el influjo de circunstancias que, aunque no anulan del todo el albedrío, lo disminuyen, enervan o reducen y suscitan

un reproche punitivo de menor intensidad, como también que puede realizarla en condiciones que, en cambio, ameritan uno de mayor intensidad porque denotan un mayor desprecio por el comportamiento jurídico exigible. Ejemplo de lo primero lo son circunstancias de menor punibilidad como las de «obrar en estado de emoción (o) pasión excusables, o de temor intenso», «obrar por motivos nobles o altruistas», «la influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la 8 ROXIN, Claus. Culpabilidad y prevención en derecho penal. Ed. B.de F. (Buenos Aires, 2019), p. 39. 9 WESSELS, BEULKE y SATZGER. Derecho penal, parte general. Ed. Instituto Pacífico (Lima, 2018), p. 270 10 CSJ SP, 9 sep. 2020, rad. 54497. 13 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO conducta punible» previstas en el artículo 55 del Código Penal, así como, desde luego, el disminuyente de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas de que trata el artículo 56 ibidem. Manifestaciones de lo segundo, a su vez, son circunstancias de mayor punibilidad como «la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad», «ejecutar la conducta punible por motivo abyecto» y la que se configura cuando «el procesado, dentro de los sesenta (60) meses anteriores a la comisión· de la conducta punible, haya sido condenado mediante sentencia en firme por delito doloso».

Nótese que en tales eventos el menor o mayor reproche efectuado sobre el comportamiento del agente no deviene del desvalor del acto, su nocividad o peligrosidad para el interés tutelado, sino del contexto – personal, social, económico, familiar – en el cual aquél tomó la decisión de comportarse antijurídicamente. Desde luego, la función de la culpabilidad como categoría delimitadora de la pena no debe comprenderse en lógica retributiva sino preventiva: «El pensamiento… de que la “esencia” o el “sentido” de la pena radicaría… en la retribución… es de naturaleza irracional y no es compatible ni con un concepto de culpabilidad libre de metafísica, ni tampoco en absoluto con el derecho penal de un moderno estado democrático, pues éste no puede tener otra tarea que preservar una pacífica vida común… … si hacemos depender la pena, según su motivo y medida, de la culpabilidad del autor, esto solamente sirve para delimitar el poder estatal de intervención en la persecución de fines preventivos»11. 11 ROXIN, Claus. “El principio de culpabilidad y sus cambios”. En La teoría del delito en la discusión actual. Ed. Grijley (Lima, 2007), ps. 303 y 304. 14 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO En esa misma línea, la Corte Constitucional tiene sentado que «sólo son compatibles con los derechos humanos la ejecución de las penas que tiende a la resocialización del condenado, esto es, a su incorporación a la sociedad como

sujeto capaz de respetar la ley penal»12, esto es, a la materialización de la prevención especial positiva. De ahí que la culpabilidad en relación con la cuantificación de la pena no se valora para medir el castigo que “merece” el responsable del delito, sino para discernir cuánto tratamiento penitenciario necesita a efectos de que, en lo subsiguiente, se determine por las normas y elija comportamientos ajustados a derecho. También en la fase judicial de la dosificación de la pena la culpabilidad cumple la función delimitadora que viene examinándose. De acuerdo con el artículo 61 del Código Penal, el juez, una vez fijados los marcos legales en que debe fijarla, lo hará ponderando, entre otras, «la necesidad de pena»; necesidad que, conforme lo recién expuesto, sólo puede comprenderse en lógica de prevención especial positiva y debe fundarse entonces, justamente, en el entendimiento y ponderación de las circunstancias de todo orden en las cuales el condenado optó por el comportamiento antijurídico, pues de ello dependerá el tratamiento penitenciario requerido. 12 Sentencia C – 233 de 2016. 15 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO 2.2 La perspectiva de género y su aplicabilidad a este asunto. 2.2.1 La sala ha desarrollado una amplia jurisprudencia en relación con la perspectiva de género, su contenido y su carácter vinculante en casos en que se investigan y juzgan actos de violencia física, psicológica, sexual, familiar y económica contra la mujer.

En esa labor, tiene sentado que los funcionarios judiciales están vinculados por ese enfoque cuando investigan y juzgan «casos relacionados con violencia contra la mujer»13, así: «Esa obligación en cabeza de las autoridades judiciales tiene cabida, primero, en el ámbito de la investigación de casos relacionados con violencia contra la mujer: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la investigación, en los casos de violencia contra la mujer, debe “emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”. En términos generales, debe desarrollarse de manera:

A. Oportuna, para evitar que el tiempo atente contra la averiguación de la verdad y para adoptar medidas de protección eficaces;

B. Exhaustiva, practicando las pruebas necesarias y valorándolas integralmente y analizando el contexto de los hechos para determinar si se trata de un patrón generalizado de conducta; 13 CSJ SP, 1 jul. 2020, rad. 52897.

16 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601

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C. Imparcial, para lo cual fiscales y jueces deben actuar objetivamente, es decir, libres de prejuicios o tendencias y evitando razonamientos teñidos de estereotipos;

D. Respetando en forma adecuada los derechos de las afectadas, para prevenir una revictimización”14.

En esa misma línea, el artículo 17 de la Ley 1719 de 2014 establece ciertos parámetros para el adelantamiento de pesquisas de delitos sexuales, mientras que el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo contempla algunos derechos y garantías de las víctimas de tales agresiones en el marco de la actividad investigativa, por ejemplo, a “ser atendida(s) por personas formadas en Derechos Humanos, y enfoque diferencial”, o bien, “a que se les brinde iguales oportunidades desde un enfoque diferencial, para rendir declaración como a los demás testigos, y se adopten medidas para facilitar dicho testimonio en el proceso penal”. Esta Sala ha concretado esos preceptos en casos de indagaciones surtidas por eventos de violencia intrafamiliar así: “…el abordaje de los casos con un enfoque de género implica, entre otras cosas, la indagación por el contexto en el que ocurre un episodio de violencia en particular, toda vez que: (i) es posible que la agresión física haya estado precedida de violencia psicológica, económica o de cualquier otra índole, que también deba ser incluida en los cargos; (ii) permite establecer el nivel de afectación física o psicológica de la víctima; (iii) facilita la determinación de las medidas cautelares que deban tomarse, especialmente las orientadas a la protección de la víctima; (iv) brinda mayores elementos de juicio para analizar la credibilidad de las declaraciones y, en general, para valorar las pruebas practicadas durante el proceso; y (v) fraccionar la realidad, puede contribuir al

clima de normalización o banalización de la violencia de género, lo que puede dar lugar a la perpetuación de estas prácticas violatorias de los derechos humanos”15. Pero también en el ámbito del juzgamiento¸ y muy específicamente, en el del razonamiento probatorio, los funcionarios judiciales están vinculados por el enfoque de género. En tal virtud, “los jueces, cuando se encuentren frente a un caso de violencia intrafamiliar o sexual, obligatoriamente deben incorporar criterios de género al solucionar sus casos”16, y, por lo mismo, aquéllos “vulneran el derecho de las mujeres cuando (incurren en la) utilización de estereotipos de género para tomar sus decisiones”17. 14 Corte Constitucional, sentencia T – 590 de 2017. 15 CSJ SP, 1 oct. 2019, rad. 52394. 16 Corte Constitucional, sentencia T – 012 de 2016, citada en sentencia T – 462 de 2018. 17 Ibídem. 17 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO No en vano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explícitamente ha señalado que “una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual debe ser la previsión de reglas para la valoración de la prueba que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas”18». Tal postura ha sido reiterada y aplicada, en relación con casos de violencia contra la mujer, en varias providencias, entre ellas, SP919-2020, SP922-2020, SP931-2020, SP12702020, SP1729-2020, SP3002-2020, SP3274-2020, SP46242020, SP1289-2021, SP1793-2021, SP3614-2021, SP35832021, SP5451-2021 y SP849-2022. Sin embargo, poco se ha profundizado en el entendimiento y aplicación de la perspectiva de género cuando la mujer no es víctima de un acto de violencia de género, sino que concurre al proceso penal como imputada por la comisión de un delito. Similar déficit se ha reconocido en los instrumentos internacionales pertinentes – en concreto, «la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo, la Convención de Belem do Pará, en el marco de la OEA, opiniones consultivas (soft law) y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos»19 - pues aunque en aquellos se advierte «un avance significativo para la protección de los derechos de las mujeres… cuando son víctimas u ofendidas del delito… mantienen un velo de invisibilidad a aquellas mujeres que son acusadas de cometer una conducta 18 Caso Espinoza Gonzales v. Perú, sentencia de 20 de noviembre de 2014 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), no. 278. 19 AGUILAR LÓPEZ, Miguel Ángel. Perspectiva de género en el sistema de justicia penal. Delito de homicio. En IFDP (n. 18, 2014), p. 113. 18 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601

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delictiva, (pues)… no regulan situaciones específicas respecto a que la realización de la conducta delictiva tenga como origen la violencia de género»20. 2.2.2 En esta ocasión, la sala precisa que el enfoque de género no sólo vincula a los funcionarios judiciales cuando juzgan casos de violencia contra la mujer, sino también cuando la persona imputada y juzgada es una mujer, siempre que de los hechos conocidos pueda inferirse razonablemente que la comisión de la conducta punible tuvo relación con una victimización de género precedente o concomitante. Esta postura se fundamenta en los siguientes argumentos: 2.2.2.1 Aun cuando, según acaba de decirse, no existe una obligación internacional o nacional específica o explícita en el sentido de que las autoridades judiciales deban juzgar con perspectiva diferencial a las mujeres acusadas de cometer delitos, tal mandato se deriva de las imposiciones generales establecidas allí y en el derecho interno. En esencia, «juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualidad»21. En efecto, el enfoque o perspectiva de género «es un mandato constitucional y supraconstitucional que vincula a 20 Ibidem. 21 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo para juzgar con enfoque de género (México D.F., 2015), p. 73. 19 Casación 54044 CUI 08758600125820150004601 JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO todos los órganos e instituciones del poder público, y que les obliga a que, en el ejercicio de sus funciones y competencias,

obren en modos que les permitan identificar, cuestionar y superar la discriminación social, económica, familiar e institucional a la que históricamente han estado sometidas las mujeres»22. Se trata, pues, de una pauta de conducta que parte del reconocimiento de la premisa conforme la cual las mujeres han sido históricamente sometidas por un sistema social, económico y político de raigambre patriarcal que minimiza y reduce lo femenino y privilegia lo masculino, lo cual genera desigualdades y discriminaciones que deben ser corregidas y superadas. Esa inequidad se manifiesta en todas las facetas de la interacción humana – la brecha salarial, la participación residual en posiciones decisivas del poder público y privado, la imposición de patrones de conducta sexual, la atribución estereotípica de rasgos, características o roles, la asunción solitaria de deberes familiares que deberían ser compartidos, entre otras – y, en el co