CSJ - SP3520-2022(60553)

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente SP3520-2022 Radicación No. 60553 Aprobado acta No. 233 Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintidós (2022). VISTOS Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia dictada el 20 de agosto de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual confirmó la proferida el 24 de mayo del mismo año por el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de la misma ciudad, que condenó a J.J.C.C.1 como autor del punible de hurto calificado agravado (Art. 239, 240. 2º y 241. 10º C.P). 1 Para efectos del presente proceso, se omitirá cualquier información sobre la identificación los menores de edad, en virtud de los artículos 33 y 193 de la Ley 1098 de 2006 (Ley de la Infancia y la Adolescencia), a fin de proteger el derecho a la intimidad del menor y su familia. C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553

J.J.C.C.

HECHOS

1. En la noche del 10 de febrero de 2021, en

inmediaciones de la Calle 153 con Carrera 93 de la ciudad de Bogotá, CARLOS FRANCISCO SÁNCHEZ DEL CASTILLO fue abordado por J.J.C.C. -que para entonces tenía 17 añosy un tercero no identificado, quienes, tras intimidarlo con un machete, lo despojaron de una bicicleta valorada en

$1.500.000. El adolescente fue capturado momentos después por agentes de la Policía Nacional que se encontraban en el sector y fueron alertados de lo sucedido.

ANTECEDENTES

2. El 11 de febrero de 2021, la Fiscalía corrió traslado del escrito en el que acusó a J.J.C.C. por el delito de hurto calificado agravado, definido en los artículos 239, 240.2 y 241.10 del Código Penal. El menor aceptó el cargo.

Ese mismo día, ante el Juzgado Tercero para Adolescentes de Control de Garantías, se legalizó su captura y se le impuso medida de internamiento preventivo por cuatro meses.

3. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes, ante el cual, el 6 de mayo de 2021, se llevó a cabo audiencia de “verificación de allanamiento a cargos e imposición de sanción”.

La diligencia cursó así: i) El despacho, en el cometido de discernir la validez de la aceptación de responsabilidad, le preguntó al adolescente

2 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. si padecía algún trastorno mental y éste, en respuesta afirmativa, manifestó tener trastorno bipolar. Seguidamente dijo que, aunque aceptó su responsabilidad en el hecho investigado, lo hizo porque “no entendió muy bien… el cargo”2. ii) Ante tal afirmación, el juez otorgó a la defensa y al menor un espacio para que conversaran. Luego de aproximadamente veinticinco minutos, la abogada dijo que

explicó a J.J.C.C. todo lo pertinente sobre el cargo y las consecuencias de su aceptación de manera detallada. Aseguró que, en todo caso, aquél había sido suficientemente asesorado al respecto durante el traslado del escrito correspondiente. iii) Interrogado de nuevo el adolescente sobre el allanamiento exteriorizado, insistió en que “no (lo) asesoraron muy bien”, “no entendió bien” y no recuerda lo que hizo3. iv) La defensora de familia tomó la palabra y leyó el informe social introducido en el proceso. Allí se consigna lo siguiente: “(…) según diagnóstico médico emitido por la médico psiquiatra Marta Constanza Rangel Morales, refiere trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de múltiples drogas y el uso de otras sustancias, trastorno de la personalidad no especificado”. La funcionaria, además, dio cuenta de que J.J.C.C. tiene un ingreso previo en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el que fue sancionado por el mismo delito aquí endilgado4. 2 Récord 6:00 y ss. 3 Récord 33:00 y ss. 4 Récord 36:30 y ss. 3 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. v) La procuradora del caso señaló que, para ese caso no debía admitirse la aceptación de cargos, por cuanto se presentaban dudas acerca de si en realidad fue consciente y voluntaria5. vi) El despacho validó el allanamiento considerando que no existe un diagnóstico de trastorno mental efectuado por un médico legista, menos aún capaz de sustentar un juicio de

inimputabilidad, y que lo pretendido por J.J.C.C. fue retractarse de la aceptación de cargos, quizás porque se percató de que ello “no le iba a conllevar… una libertad”. Por ello, concluyó que no se vulneraron sus garantías fundamentales ya que la aceptación de responsabilidad fue libre e informada. Por lo anterior, anunció el sentido condenatorio del fallo6.

4. Consecuente con lo anterior, el juzgado de primera instancia, en sentencia de 24 de mayo siguiente, declaró la responsabilidad penal de J.J.C.C. y lo sancionó con la privación de la libertad en centro de atención especializado por veinte meses.

5. El representante del Ministerio Público apeló esa providencia. El Tribunal Superior de Bogotá- Sala Mixta de Adolescentes, en decisión de 20 de agosto de 2021, la confirmó, y quien le sucedió en el encargo 5 Récord 46:00 y ss. 6 Récord 1:07:00 y ss.

4 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. promovió el recurso extraordinario de casación, cuya resolución se ocupa ahora la Sala.

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

6. El censor presentó dos cargos, ambos al amparo de la causal segunda, con apoyo en los cuales pide que se anule el fallo impugnado y se deje sin efectos todo lo actuado desde “la audiencia de… 6 de mayo de 2021”

7. En el primero, aduce que J.J.C.C. sufre de comprobados trastornos mentales. A pesar lo anterior, el

ad quem descartó que tales padecimientos hubieren afectado su imputabilidad, con lo cual se arrogó el “el conocimiento de perito psiquiatra”. Por ello, al advertirse la existencia de dichos desórdenes, la Fiscalía ha debido “abstenerse de seguir con la actuación e impulsar la recepción del dictamen médico legal de psiquiatría forense con miras a discernir si obró en condición de inimputabilidad”.

8. Sin embargo lo anterior no se realizó, lo cual, a más de constituir una violación de los deberes procesales de la Fiscalía, “dio lugar a (una) irregularidad procesal que afectó los derechos del adolescente”, máxime que, de acuerdo con el artículo 142 inc. 2º de la Ley de Infancia y Adolescencia, de haberse comprobado la “discapacidad” de J.J.C.C. no hubiese sido posible “someterlo a juzgamiento ni a sanción”.

9. En el segundo cargo explica que, aunque el menor procesado se allanó al cargo por el cual fue

5 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. acusado, después aseguró no haberlo entendido. No obstante, las instancias validaron su admisión de responsabilidad.

10. Por esa vía argumenta se “violó el debido proceso y la garantía de los derechos a J.J.C.C.”, pues, ante la manifestación del adolescente, “lo que correspondía al Tribunal era nulitar (Sic) la actuación a partir de la audiencia de imposición de sanción adelantada el 6 de mayo de 2021, inclusive, para que el juez de conocimiento repusiera lo actuado

y procediere a hacer la verificación exigida por el artículo 131 del C.P.P., y si ello no fuere posible, continuar la actuación haciendo caso omiso a la aceptación de cargos emitida por el adolescente al momento de ser notificado de los cargos, agotando de esta manera el procedimiento especial abreviado previsto en el artículo 17 y s.s., de la Ley 1826 de 2017”.

SUSTENTACIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS NO

RECURRNTES

11. Tomando en cuenta que frente a la pandemia provocada por el COVID-19 no fue posible realizar de forma presencial la audiencia de sustentación del recurso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso, de conformidad con el Acuerdo 020 de 2020, artículo 3.1, se surtiera el respectivo traslado por escrito, a fin de que se presentaran los alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación incoada. i) Procuraduría General de la NaciónRecurrente

6 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553

J.J.C.C.

12. El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal ratificó las pretensiones de su antecesor.

En relación con el primer cargo, expuso que el artículo 142 de la Ley 1098 de 2006 consagra una “causal de justificación” conforme la cual “sólo se impondrá medida de aseguramiento (Sic)” a los menores de entre 14 y 18 años que “padezcan alguna discapacidad psíquica o mental”, siempre que ésta afecte la “comprensión en la ilicitud de su

actuar”. En tales casos, “el proceso penal debe ser suspendido hasta tanto el ente acusador verifique mediante cualquier medio probatorio; por un lado, si el menor padece o no de algún trastorno mental, y en caso de ser así, convalidar si dicho trastorno llegó a afectar la compresión ilícita en el momento que actuó en contra del bien jurídico del patrimonio económico de la víctima, con el fin de acreditar, o desacreditar, la inimputabilidad como causal de justificación”.

13. Ello no se hizo en este caso, aun cuando existe información indicativa de que J.J.C.C. “padecía de una patología de trastorno afectivo bipolar y otros trastornos mentales”. Como consecuencia de tal omisión, dejó de establecerse “si los mismos afectaron o no la comprensión” del adolescente sobre la ilicitud de su comportamiento.

14. En cuanto al segundo reproche, afirmó que el allanamiento a cargos exteriorizado por J.J.C.C. “no cumplió con los estándares legales de haber sido "libre y voluntario", pues (…) a lo largo de la audiencia el joven siempre insistió en "no haber entendido la formulación de cargos", a pesar de suspender la audiencia y reunirse en privado con su defensor”. No obstante, “el Juez de primer grado dejó de lado sus deberes judiciales, y sin verificar que su manifestación haya

7 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. sido libre y voluntaria, dedujo sin evidencias probatorias que el menor se estaba retractando del allanamiento y continuó con el

curso normal del proceso abreviado”, con lo cual también se menoscabaron sus garantías judiciales.

15. Finalmente, pidió a la Sala que unifique su jurisprudencia “acerca de las funciones judiciales que debe adelantar, tanto el ente acusador como los jueces de instancia, cuando el procesado menor de edad acepta cargos y es juzgado bajo la normatividad del proceso penal abreviado, atendiendo circunstancias específicas de cada caso, como el estado mental o la contumacia del mismo”. ii) Defensora de Familia adscrita al SRPA

16. La referida funcionaria intervino como no recurrente para oponerse a las pretensiones del censor, señalando que J.J.C.C. tiene un ingreso previo al sistema, en concreto, una condena por el delito de hurto calificado agravado, y, además, cuando se le hizo valoración psicológica inicial con ocasión de este trámite se consignó que no tenía alteraciones de conciencia y podría comprender “las consecuencias de sus actos”.

17. Por lo anterior considera que el adolescente “conocía y sabía de su actuar”, en su primer ingreso al sistema “nunca se presentó o se refirió algún diagnóstico psiquiátrico” y en la evaluación original que se le hizo en este proceso –la cual tuvo lugar dentro de las 36 horas siguientes a su captura– no se evidenció en él ningún padecimiento de tal índole. Cosa distinta es que después,

8 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. como consecuencia del síndrome de abstinencia que desarrolló cuando fue detenido, tuvo que dejar de

consumir drogas, y por ello exhibió los trastornos a los que refiere el recurrente.

18. Agregó que el allanamiento a los cargos fue libre y consciente y se produjo antes de que -por el aludido síndrome de abstinencia-, el adolescente presentara trastornos mentales, de manera que no existió ninguna violación de sus garantías. iii) Defensa del procesado

19. La defensora del adolescente rechazó igualmente los planteamientos del impugnante. Aseveró que la única indicación de que J.J.C.C. haya sufrido de alguna afectación psiquiátrica “se relaciona de manera exclusiva con el síndrome de abstinencia, dada su condición de consumidor, misma que se advierte se present(ó) con posterioridad a su captura y ahora que se encuentra privado de su libertad, por virtud de la medida de internamiento preventivo”.

20. De igual modo aclaró que “tanto en la audiencia preliminar como en conocimiento, se brindó la asesoría jurídicamente al adolescente J.J.C.C., explicando de forma clara la posibilidad de aceptar los cargos o no, y las consecuencias que trae la dicha decisión”, y para el momento en que aceptó su responsabilidad el síndrome de abstinencia no estaba aún manifestándose, por lo cual sus derechos no fueron vulnerados.

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J.J.C.C.

21. La Fiscalía acusó el recibo de la admisión de la demanda de casación y del traslado que se le corrió para intervenir como no recurrente, más sin embargo guardó

silencio.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

22. El recurso de casación se encuentra regulado en la Ley 906 de 2004 con la finalidad de lograr la efectividad del derecho material, el respeto a las garantías de quienes intervienen durante la actuación procesal, la reparación de los agravios a estos inferidos, así como la unificación de la jurisprudencia.

23. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala no desconoce las falencias argumentativas que presenta el libelo casacional, así como tampoco los diferentes errores de forma que lo integran, pese a ello y en atención al artículo 180 de la Ley 906 de 2004, la Corte analizará los cuestionamientos propuestos, de conformidad con las funciones del recurso de casación encaminadas a la eficacia del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes y la unificación de la jurisprudencia.

24. En el presente asunto la Corte abordará los dos cargos propuestos a través de la causal segunda, con la que se solicita la nulidad de la presente actuación desde la audiencia de verificación de allanamiento a cargos e imposición de sanción realizada el 6 de mayo de 2021, por cuanto según el censor, dicho allanamiento es inválido ya que el menor infractor no tenía conciencia de sus actos, y

10 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. en consecuencia, debe aplicarse el inciso segundo del artículo 149 de la Ley 1098 de 2006, y por ello debe excluirse la responsabilidad por inimputabilidad.

25. Por ello, como los dos cargos se encaminan a

plantear un mismo problema jurídico, esta Corporación los analizará en conjunto, determinando en esta providencia i) el contenido y alcance del referido artículo

142. Inc. 2º de la Ley de Infancia y Adolescencia a través de los principiosreconocidos en instrumentos internacionales y nacionales-; ii) también se estudiará si de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Sala Penal se configura una nulidad, frente al correcto entendimiento del procesado de los cargos que le habían sido imputados, y de los cuales se avaló su allanamiento, sin que este fuera consciente, voluntario e informado. i) Principios en infancia y adolescencia pertinentes para clarificar el alcance del artículo 142.2 de la Ley de Infancia y Adolescencia i.i.) Principio del interés superior del menor

26. Este axioma básico está consagrado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño7 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño8,-que hacen parte del bloque de 7 Ratificada en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991. 8 Resolución 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 19, ONU Doc. A/4354

(1959). 11 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. constitucionalidad en sentido estricto9dispone que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás; al interpretar este mandato, la jurisprudencia ha reconocido que los menores de edad tienen el status de sujetos de protección constitucional reforzada, condición que

se hace manifiesta –entre otros efectosen el carácter superior y prevaleciente de sus derechos e intereses, cuya satisfacción debe constituir el objetivo primario de toda actuación -oficial o privadaque les concierna10.

27. En la Convención sobre los Derechos del Niño, se dispone en su artículo 3.1 que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; y en el artículo 3.2, indica que “los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

28. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe en su artículo 24.111 9 Dicho reenvió hacia los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como fuentes de principios y definiciones aplicables al SRPA en Colombia, está prevista en el artículo 141 de la Ley 1098 de 2006 y de ahí se deriva su obligatoriedad -especificaen esta materia, además del artículo 93 constitucional. 10 Cfr. CSJSP3261-2020, 02 sep.2020, Rad. 55.325, entre otros. 11 “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las

medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado” 12 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. que deben existir medidas especiales para protección de los menores, en el mismo sentido que el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos12 y el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales13.

29. Asimismo, el Principio 2º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño señala que los menores gozarán de especial protección; para ello las autoridades tomarán en cuenta, al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior del menor como su principal criterio de orientación; de igual forma se desarrolla la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25.214.

30. Acorde con ello, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos15 y el Comité de los Derechos del Niño16 han establecido algunos parámetros, a fin de precisar el alcance del principio del interés superior del menor. De esa forma, afirman 12 “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 13 “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición” 14 Establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,

tienen derecho a igual protección social”. 15 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Ramírez Escobar y otros Vrs. Guatemala, 9 de marzo de 2018, Pár. 165. Se estableció que cualquier decisión que concierna a los derechos del niño debe ser justificada, motivada y explicada, así como, escuchar al niño en todas las etapas. Igualmente, de requerirse, se debe contar con el apoyo de expertos interdisciplinarios que acompañen el proceso de decisión. 16 Cfr. Organización de Naciones Unidas: Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 14 (2013) “sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial”, Artículo 3, Párr,1º. 13 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. que se trata de un derecho sustantivo, un principio interpretativo y norma de procedimiento.

31. En lo concerniente al último enfoque, el Comité de los Derechos del Niño, precisó que la determinación del interés superior del menor requiere garantías judiciales, y esto implica que en los procesos de decisión se: “(…) deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones

(positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. (…) Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados parte deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado

los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos”17.

32. En el ámbito nacional, dicho postulado se desarrolla a través del artículo 44 de la Constitución Política, al establecerse los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo la obligación que tiene la familia, sociedad y el Estado de “asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. Asimismo, el artículo 45 ibídem consagra el derecho de todo adolescente a recibir protección y una formación integral.

33. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado estos contenidos de manera amplia18. Al respecto, ha señalado que los derechos fundamentales reconocidos a los niños, niñas y adolescentes en la 17 Ibídem. Párr. 6. 18 Cfr. CCSU-225/98; C-203/05; T-075/13; C-113/17; T-287/18 entre otras.

14 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553

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Constitución tienen prevalencia sobre los demás. En el marco del Estado Social de Derecho la garantía efectiva de los derechos prestacionales reconocidos a los niños de manera prevalente, como lo son la salud, la educación, la vivienda, entre otros, se encuentra en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado.

34. Los menores de edad, en virtud de su nivel de desarrollo físico y mental –que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, necesitan protección y cuidados especiales, tanto en

términos materiales, psicológicos y afectivos así como jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad.

35. Jurisprudencialmente se han establecido parámetros de aplicación de este principio en los asuntos donde se encuentran en amenaza los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En lo ateniente, se ha señalado que deben revisarse i) las condiciones jurídicas y ii) las condiciones fácticas: “Las primeras, constituyen unas pautas normativas dirigidas a materializar el principio pro infans: (i) garantía del desarrollo integral del menor, (ii) garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor, (iii) protección ante los riesgos prohibidos, (iv) equilibrio con los derechos de los padres, (v) provisión de un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor, y (vi) la necesidad de que existan razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones paterno materno filiales. Las segundas, constituyen aquellos elementos materiales de las relaciones de cada menor

15 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. de 18 años con su entorno y que deben valorarse con el objeto de dar prevalencia a sus derechos”19 . i.ii.) Principio de protección y desarrollo de niños y niñas con discapacidad

36. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, aprobada por Colombia mediante la Ley 1346 de

2009, establece en su artículo 1° como propósito: “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. De la misma manera, el artículo 26 de esta Convención obliga a los Estados parte a adoptar medidas efectivas y pertinentes, organizando, intensificando, ampliando servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.

37. Como desarrollo del anterior axioma, se

destaca la Observación General No. 9 emitida por el Comité de los Derechos del Niño, que interpreta el artículo 23 de la Convención de los Derechos del Niño. Allí se sostuvo que el acatamiento a lo previsto en los artículos 23, 37, 39 y 40 del tratado citado, corresponde a una obligación de los Estados Parte para “adoptar, cuando sea necesario, medidas específicas para asegurar que los niños

19 Cfr. CCC-113/17, T287/18.

16 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. con discapacidad estén protegidos en la práctica por los derechos mencionados y se beneficien de ellos (…)”-Negrillas fuera de texto original-.

38. Pero más específicamente en el numeral 74 literal b), frente al tratamiento judicial dispuso lo siguiente: “Los gobiernos deben desarrollar y aplicar medidas sustitutivas con una variedad y flexibilidad que permita ajustar la medida a la capacidad y las aptitudes

individuales del niño para evitar la utilización de las actuaciones judiciales. Los niños con discapacidad que hayan infringido la ley deben ser tratados, en la medida de lo posible, sin recurrir a procedimientos jurídicos habituales. Tales procedimientos sólo deben considerarse cuando resulten necesarios en interés del orden público. En esos casos hay que desplegar esfuerzos especiales para informar al niño del procedimiento de la justicia de menores y de sus derechos de acuerdo con éste.”- Negrillas fuera de texto original-.

39. En el mismo sentido, sobre la no judicialización de menores de edad con discapacidades, se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos HumanosRelatoría Sobre los Derechos de la Niñez, en el documento “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, en donde se insta a los Estados latinoamericanos a no judicializar a los niños, niñas y adolescentes en estas condiciones, por cuanto son sujetos a una corrección administrativa, pero no de carácter penal20.

20Comisión Interamericana de Derechos HumanosRelatoría Sobre los Derechos de la Niñez :“Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78 , 13 julio 2011: “Párr. 73. La CIDH recuerda a los Estados que las niñas, niños y adolescentes víctimas de pobreza, abuso y abandono, así́ como los que sufren discapacidades o que presentan insuficiencias educativas o alteraciones de la salud, no deben ser privados de su libertad o sometidos al sistema de justicia

juvenil, así́ como tampoco se debe someter a este sistema a los niños que han incurrido en conductas que no constituirían infracciones a las leyes penales si las habría cometido un adulto. En particular, los Estados deben evitar tipificar delitos en razón de 17 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553

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40. Por su parte, el canon 47 constitucional señala el deber del Estado de adelantar una política de prevención, rehabilitación e integración social para las personas en condiciones de discapacidad sensorial, física o cognitiva.

41. Aunado a lo anterior, el artículo 13 de la Constitución Política consagra la obligación del Estado de garantizar la igualdad real y efectiva a los grupos poblacionales históricamente discriminados, dadas las condiciones económicas, físicas o mentales, mediante la adopción de medidas a su favor. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, la protección constitucional se incrementa, pues al Estado le corresponde tomar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades acorde con la condición de discapacidad21.

42. Conforme con lo anterior, en desarrollo de los parámetros constitucionales que reconocen la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños y la protección especial de las personas en condiciones de discapacidad, la legislación vigente contiene un marco normativo especial que contempla una serie de principios y procedimientos que pretenden materializar las la condición de niños (“status offenses”) de forma que los etiqueten como “delincuentes”, “incorregibles”, “inmanejables” sobre la base de peticiones, incluso de

los propios padres, solicitando que los niños sean disciplinados y supervisados debido a su comportamiento o problemas de actitud que no constituyen una infracción a las leyes penales”. 21 Sobre este tema en particular en: Cfr. CCC-176/93. 18 C.U.I. 110016000714202100104 Casación -Sentencia Rad. 60553 J.J.C.C. obligaciones que tiene el Estado frente a estos sujetos de especial protección constitucional.

43. La Ley 1098 de 2006 -reconocida por la Corte Constitucional en sentencia C-113 de 2017-, fue el producto de un esfuerzo nacional e internacional por derogar el antiguo Código del Menor y promulgar una normativa novedosa con un enfoque de protección integral, y no bajo la tesis del sistema anterior que se fundamentaba en la teoría de la situación irregular22. Acorde con ello, esta normativa busca la reivindicación de los niños, niñas y adolescentes como “individuos de derechos y a quienes debe reconocérseles su dignidad, y en consecuencia, autonomía para intervenir también en la construcción propia de sus planes de vida”23.

44. De esta forma, la Ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 36 contempla la protección especial de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad y señala que “[a]demás de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se