CSJ - AL12433-2026

SCLAJPT-06 V.00

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente

AL12433-2026 Radicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 Acta 32

Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

La Corte resuelve el recurso de queja interpuesto por FLORES EL CAPIRO SA contra el auto de 14 de enero de 2026, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que negó el recurso extraordinario de casación formulado contra la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2025 , dentro del proceso ordinario laboral promovido por PAOLA ANDREA GARCÍA GÓMEZ contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES

Paola Andrea García Gómez pretendió, mediante demanda ordinaria laboral, que se declarara que existió una relación laboral con Flores El Capiro SA del 11 de abril de 2016 al 10 de abril de 2020, cuya terminación fue unilateralRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 2 y sin mediar autorización previa del Ministerio del Trabajo, pese a encontrarse amparada por estabilidad laboral reforzada debido a sus limitaciones físicas y psíquicas, conocidas por la empleadora, y que, por consiguiente, dicho despido era ineficaz.

En consecuencia, solicitó su reintegro a un cargo igual o de mejor denominación al que desempeñaba y compatible con sus condiciones físicas, junto con el pago de los salarios

despido era ineficaz.

En consecuencia, solicitó su reintegro a un cargo igual o de mejor denominación al que desempeñaba y compatible con sus condiciones físicas, junto con el pago de los salarios dejados de percibir, debidamente indexados —medida que había sido concedida transitoriamente a través del fallo de tutela proferido del 15 de mayo de 2020 por el Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Medellín, confirmado en segunda instancia mediante sentencia emitida el 17 de mayo siguiente por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma municipalidad—; la indemnización equivalente a 180 días de salario prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y la sanción moratoria establecida en el canon 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Finalmente, pidió que la sociedad demandada fuera condenada al reconocimiento y pago de las costas del proceso y agencias en derecho, junto con lo probado ultra y extra petita.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de primera instancia, mediante sentencia de 16 de septiembre de 2022 (SIUGJ, Cuaderno Primera Instancia, 2421ActaAudiencia.pdf, f.os 1-3), resolvió:

PRIMERO: DECLARA [R] que entre PAOLA ANDREA GARCÍA GÓMEZ y FLORES EL CAPIRO SA existió una relación laboral entre el 11 de abril de 2016 al 10 de abril de 2020, y que laRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02

SCLAJPT-06 V.00 3

entre el 11 de abril de 2016 al 10 de abril de 2020, y que laRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 3 terminación del contrato por expiración del plazo fijo pactado del abril de 2020 es ineficaz, por estar amparada por la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud y obedecer a un motivo discriminatorio por lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO: CONDENAR a FLORES EL CAPIRO SA, al pago de la indemnización contemplada en el art. 26 de la [L]ey 361 de 1997, correspondiente a 180 días de salario, que asciende a $6.256.185, suma que deberá ser debidamente indexada hasta el momento de ejecutoria de la sentencia, y a partir del mes siguiente, se deberán reconocer los intereses legales del art. 1617 del CC y hasta la fecha que se realice el pago.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de pago frente a los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, dejados de percibir entre el 11 de abril y el 20 de mayo de 2020 y no probadas las demás excepciones por lo expuesto en las consideraciones.

CUARTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra.

[…]

Al decidir el recurso de apelación interpuesto por Flores El Capiro SA , la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia proferida el 26 de septiembre de 2025 (SIUGJ, Cuaderno Segunda Instancia, 05Sentencia%20(1).pdf, f.os 1-37), confirmó en su integridad el

Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia proferida el 26 de septiembre de 2025 (SIUGJ, Cuaderno Segunda Instancia, 05Sentencia%20(1).pdf, f.os 1-37), confirmó en su integridad el fallo de primer grado.

Inconforme con la anterior decisión, Flores El Capiro SA interpuso recurso extraordinario de casación, el que fue denegado por auto de 14 de enero de 2026 (SIUGJ, Cuaderno Segunda Instancia, 08AutoCasacion.pdf, f.os 1-5), al considerar que la aludida sociedad no acredit ó el requisito del interés económico para recurrir en casación, en los términos del artículo 86 del anterior Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En punto al tema, el juez plural precisó lo siguiente:Radicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02

SCLAJPT-06 V.00 4

El interés jurídico-económico de la demandada se circunscribe, entonces, a las condenas impuestas en primera instancia y posteriormente confirmadas por esta corporación, las cuales están relacionadas con el pago correspondiente a la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la cual asciende a la suma de $6.256.185, tal como fue liquidada por el A quo.

Dicha cantidad, debidamente indexada, alcanza un total de $8.965.817. Sin embargo, esta cifra no supera el umbral mínimo exigido por la normativa para proceder con el recurso de casación.

Contra esa resolución, Flores El Capiro SA presentó los

$8.965.817. Sin embargo, esta cifra no supera el umbral mínimo exigido por la normativa para proceder con el recurso de casación.

Contra esa resolución, Flores El Capiro SA presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de queja (SIUGJ, Cuaderno Segunda Instancia, 09ReposicionQuejaCapiroConstancia%20(1).pdf, f. os 1-5). Como sustento manifestó que el Tribunal «omitió tener en consideración que en el caso bajo estudio la pretensión principal y que salió avante fue la declaratoria de ineficacia de la terminación del contrato del 10 de abril del 2020 y el reintegro a su cargo, co[m]o las consecuencias económicas que esto implica»; y agregó:

[…] se puede concluir que una de las obligaciones impuestas a cargo de la sociedad Flores Capiro, es la ratificación del reintegro en virtud de la declaratoria de ineficacia de la terminación del contrato del 10 de abril del 2020. Reintegro que trae implícita una obligación económica a cargo de mi representada consistente en el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales como las demás acreencias laborales en favor de la trabajadora. Obligación económica que liquidada desde el 10 de abril del 2020 hasta laRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 5 fecha en que se emite la sentencia de segunda instancia 26 de septiembre del 2025, asciende a $142.599.875. Cifra que se debe doblar conforme lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte

SCLAJPT-06 V.00 5 fecha en que se emite la sentencia de segunda instancia 26 de septiembre del 2025, asciende a $142.599.875. Cifra que se debe doblar conforme lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para efectos de la determinación del interés jurídico económico para recurrir en casación al ser una obligación de tracto sucesivo.

Para finalizar, la impugnante precisó que su interés económico para recurrir ascendía a $294.165.566; rubro que discriminó así:

Con posterioridad, el juzgador de segundo grado mantuvo su decisión y, por auto de 2 de febrero de 2026 (SIUGJ, Cuaderno Segunda Instancia, 10AutoNoRepone%20(1).pdf, f.os 1-8), negó el recurso de reposición interpuesto y concedió el de queja, de conformidad con los artículos 352 y 353 del Código General del Proceso , tras considerar que la impugnante carece de interés económico para promover el mecanismo extraordinario, en tanto que, sumados los valores de las condenas impuestas, obtuvo un total de $17.073.583, cifra que no supera la cuantía mínima requerida para la activación del recurso en comento. En punto al tema, el sentenciador colegiado de instancia señaló:

[…] se encuentra plenamente acreditado en el expediente que la trabajadora fue reintegrada desde el 15 de mayo de 2020, enRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02

SCLAJPT-06 V.00 6

trabajadora fue reintegrada desde el 15 de mayo de 2020, enRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 6 cumplimiento del fallo de tutela proferido en esa misma fecha, y que desde entonces la demandada ha venido efectuando el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social como consecuencia directa de la prestación efectiva del servicio.

La sentencia de primera instancia, confirmada por esta [c]orporación, reconoció a favor de la demandante una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, cuyo valor, debidamente indexado a la fecha de la sentencia, asciende a la suma de $8.965.817. A dicho monto deben adicionarse los intereses legales previstos en el artículo 1617 del Código Civil, cuyo cálculo no fue incluido inicialmente en la liquidación del interés jurídico-económico del recurso de casación, y que para la fecha de la sentencia d e segunda instancia ascienden a $8.107.766. La sumatoria de ambos conceptos totaliza $17.073.583, cifra que constituye el único agravio económico derivado del fallo judicial, sin que alcance el umbral mínimo exigido para la procedencia del recurso extraord inario de casación. (Negrillas del texto original).

Finalmente, respecto del planteamiento de la quejosa alusivo a que la exclusión de las sumas pagadas en cumplimiento del fallo de tutela vulneraba su derecho de defensa, la colegiatura razonó:

[E]s preciso señalar que dicha exclusión no obedece a una

alusivo a que la exclusión de las sumas pagadas en cumplimiento del fallo de tutela vulneraba su derecho de defensa, la colegiatura razonó:

[E]s preciso señalar que dicha exclusión no obedece a una sanción o castigo, sino a la naturaleza jurídica distinta de las decisiones adoptadas en sede constitucional frente a las proferidas dentro del proceso ordinario laboral. En efecto, los pagos realizados en cumplimiento de una orden de tutela no provienen de una condena judicial ordinaria, sino del acatamiento de un mandato constitucional de carácter transitorio, razón por la cual no pueden ser computados para efectos de determinar el interés económico exigido por el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

[…] Si bien la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que, en los procesos en los que se persigue el reintegro del trabajador, la cuantía del interés para recurrir en casación se establece con el valor de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde l a fecha del despido hasta la sentencia de segunda instancia y, adicionalmente, con una cantidad igual al monto resultante, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo que refleja el verdadero agravio sufrido, dicha regla no resulta aplicable cuando la reincorporación del trabajador se ha producido porRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 7 orden judicial de tutela , evento en el cual deben realizarse consideraciones especiales. En el caso concreto, tales consideraciones resultan improcedentes, por cuanto la demandada reintegró a la trabajadora desde el 15 de mayo de

SCLAJPT-06 V.00 7 orden judicial de tutela , evento en el cual deben realizarse consideraciones especiales. En el caso concreto, tales consideraciones resultan improcedentes, por cuanto la demandada reintegró a la trabajadora desde el 15 de mayo de 2020, en cumplimiento del fallo constitucional. (Negrillas del texto original).

En apoyo de su criterio, el juez plural reprodujo lo discurrido por esta sala a través de los proveídos CSJ AL7522024 y AL6920-2024.

Una vez corrido el traslado correspondiente en los términos de los artículos 110 y 353 del Código General del Proceso, la demandante solicitó denegar el recurso extraordinario de casación interpuesto por Flores El Capiro SA, señalando que no se cumple con el requisito de la cuantía mínima para que sea viable dicho medio de impugnación (SIUGJ, Cuaderno Corte,

05ESCRITODEOPOSICIONRECURSODEQUEJA.pdf, f.os 1-3).

II. CONSIDERACIONES

Sobre la viabilidad del recurso extraordinario de casación, ha explicado suficientemente la Corte que se produce cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) que se interponga dentro de un proceso ordinario contra la sentencia de segunda instancia, salvo que se trate de la situación excepcional a que se refiere la llamada casación per saltum; (ii) que la interposición del recurso se efectúe oportunamente, esto es, dentro del término legal de los quince (15) días siguientes a la notificación del fallo atacado;

situación excepcional a que se refiere la llamada casación per saltum; (ii) que la interposición del recurso se efectúe oportunamente, esto es, dentro del término legal de los quince (15) días siguientes a la notificación del fallo atacado; y (iii) que la sentencia recurrida haya agraviado a la parteRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 8 recurrente en el valor equivalente al interés económico para recurrir.

También ha sido reiterativa esta corporación en manifestar que la cuantía del interés para recurrir en casación está determinada por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, como en el caso bajo estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, frente al extremo demandante, en el monto de las pretensiones que hubiesen sido denegadas por la sentencia que se intenta impugnar. En ambos casos, teniendo en cuenta la confor midad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado; además, el agravio debe estar plenamente acreditado para que sea determinado o determinable y, en todo caso, debe superar el monto mínimo establecido en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es decir, los 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

En ese orden, en el presente caso se estructuran los dos primeros requisitos indicados, puesto que la sentencia objeto de impugnación se dictó en un proceso ordinario laboral y el recurso de casación se interpuso oportunamente.

En ese orden, en el presente caso se estructuran los dos primeros requisitos indicados, puesto que la sentencia objeto de impugnación se dictó en un proceso ordinario laboral y el recurso de casación se interpuso oportunamente.

Ahora bien, en lo que concierne al interés económico para recurrir de Flores El Capiro SA, se evidencia que está determinado por la única obligación dineraria que impuso en su contra el fallador a quo —contenida en el ordinal segundo del fallo primigenio—, que fue confirmada integralmente porRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 9 el Tribunal, consistente en el pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de salario y tasada en $6.256.185; suma cuya indexación se dispuso hasta la ejecutoria de la sentencia y que, a partir del mes siguiente, causaría los intereses legales contemplados en el canon 1617 del Código Civil hasta la fecha de su pago.

No obstante, para la Sala emerge claro que en el recurso impetrado la recurrente presenta argumentos que no están llamados a prosperar.

De un lado, importa recordar que en el auto mediante el cual el juez plural negó el recurso extraordinario de casación, ratificó que el agravio de la quejosa parte de la cifra referida con antelación —$6.256.185—, que al ser debidamente indexada, asciende a un total de $8.965.8171, sin que Flores El Capiro SA se ocupara de presentar los cálculos pertinentes que tendrían como propósito, a través de un ejercicio

indexada, asciende a un total de $8.965.8171, sin que Flores El Capiro SA se ocupara de presentar los cálculos pertinentes que tendrían como propósito, a través de un ejercicio aritmético completo, refutar dicho guarismo y persuadir a la Corte de que su afirmación, consistente en que se cumple con el requisito de interés económico para recurrir en casación, tiene sustento real, más allá de las aseveraciones que carecen de soporte alguno . Contrario sensu , l ejos de controvertir el resultado que antecede, en la sustentación del recurso objeto de estudio , la impugnante coincidió con el guarismo obtenido por el colegiado de alzada, pues asintió

1 Valor que fue corregido por el Tribunal al resolver el recurso de reposición, tras complementar materialmente el cálculo inicial , pues agregó los intereses legales previstos en el artículo 1617 del Código Civil por $8.107.766 y , en consecuencia, concluyó que el agravio ascendía realmente a: $17.073.583.Radicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 10 que la « indemnización de 180 días indexada » también equivalía a $8.965.817, lo que indica que estuvo conforme con la cuantificación de ese rubro.

En punto al tema , esta corporación ha ilustrado reiteradamente que quien pretende que se declare mal denegado el recurso de casación, en casos en los que el juzgador de alzada se abstuvo de concederlo por no comprobarse el requisito del interés económico, deberá acreditar los elementos que lo prueben, si estos no brotan directamente del fallo, y realizar materialmente las

juzgador de alzada se abstuvo de concederlo por no comprobarse el requisito del interés económico, deberá acreditar los elementos que lo prueben, si estos no brotan directamente del fallo, y realizar materialmente las operaciones aritméticas del caso que conduzcan al convencimiento de la completa satisfacción del recurso en este particular aspecto (CSJ AL3164 -2024 y AL6113-2025); carga que incumplió en este caso Flores El Capiro SA.

Por otra parte, la discrepancia de la recurrente frente a la cuantía establecida por el Tribunal proviene de la inclusión de otros conceptos que, según afirma, también integrarían su agravio patrimonial, —entre ellos: salarios, prestaciones, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales—, a los que atribuyó un valor global de $142.599.875 y que, además, duplicó para efectos de determinar el interés económico para recurrir.

Se advierte que tales rubros no pueden integrar el agravio económico de Flores El Capiro SA, dado que no corresponden a condenas impuestas en la sentencia cuya casación pretende. En efecto, el fallo de primer grado, confirmado íntegramente por el Tribunal, únicamente leRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 11 impuso, como obligación dineraria, el pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por $6.256.185, debidamente indexada hasta la ejecutoria de la sentencia y, a partir del mes siguiente, con los intereses legales contemplados en el artículo 1617 del Código Civil.

1997, por $6.256.185, debidamente indexada hasta la ejecutoria de la sentencia y, a partir del mes siguiente, con los intereses legales contemplados en el artículo 1617 del Código Civil.

Sumado a lo anterior, tal como acertadamente lo razonó el ad quem al momento de denegar el recurso de reposición promovido en el asunto bajo estudio, no era posible tener en cuenta los pagos realizados a la accionante en virtud de la acción de tutela fallada en su favor, de la que derivó no solo el reintegro y la posterior prestación efectiva del servicio sino, además, el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el despido hasta el momento en que se produjo el reintegro , así como de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral ; obligaciones cuyo acatamiento , según precisó la colegiatura , «se encuentra plenamente acreditado en el expediente», pues resulta importante recordar que en los casos de reintegro del trabajador en cumplimiento de una orden constitucional, la Sala ha sostenido un criterio pacífico alusivo a que dichos conceptos no pueden hacer parte del interés económico para recurrir en casación, al no existir agravio en ese aspecto con la sentencia impugnada ante la jurisdicción ordinaria (CSJ AL916-2018, reiterada en AL44132019, AL3519-2020, AL2560-2021, AL3613-2022, AL109482026 y AL10950-2026).

Asimismo, la Corte ha precisado que no es pertinente duplicar el valor relativo a ese lapso específico de cese deRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02

2026 y AL10950-2026).

Asimismo, la Corte ha precisado que no es pertinente duplicar el valor relativo a ese lapso específico de cese deRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 12 trabajo pues la razón para doblar la cifra de las condenas o de lo pretendido, según sea el caso, radica en el efecto de no solución de continuidad que se deriva de la orden judicial, el cual genera consecuencias económicas futuras que no se exhiben en la decisión de s egunda instancia , pues resulta evidente que, si al momento del fallo el trabajador ya se encuentra reincorporado, no es posible evaluar las incidencias económicas que conlleven el mandato de reintegro, como quiera que este ya se materializó (CSJ SL5107-2025). Tal como aconteció en el presente asunto, al tratarse de un hecho acreditado y decantado en las instancias, pues conviene memorar que el fallo primigenio en su ordinal tercero dispuso: «DECLARAR probada la excepción de pago frente a los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, dejados de percibir entre el 11 de abril y el 20 de mayo de 2020»; determinación que fue confirmada por el Tribunal.

En ese contexto, las pluri evocadas acreencias laborales aludidas por la recurrente no podían integrar la cuantificación del interés para recurrir, por cuanto ya fueron satisfechas, lo que conduce a reiterar que únicamente lo constituya la indemnización de 180 días de salario de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, con su respectiva actualización monetaria.

que conduce a reiterar que únicamente lo constituya la indemnización de 180 días de salario de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, con su respectiva actualización monetaria.

En armonía con lo explicado, es dable colegir que el fallador de segundo grado no erró al negar el recurso extraordinario de casación, pues la única condena dinerariaRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 13 impuesta a Flores El Capiro SA no satisface el requisito del interés económico para recurrir.

Colofón de lo expuesto, como la impugnante no desvirtuó la cifra ratificada por el Tribunal ni acreditó que el eventual agravio económico derivado de la condena impuesta en su contra superara el umbral legal exigido, se declarará bien denegado el recurso de casación.

Se condenará en costas en el recurso de queja a cargo de la recurrente y a favor de Paola Andrea García Gómez, por cuanto presentó oposición dentro del traslado previsto en el artículo 353 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho se fija la suma de un millón setecientos mil pesos ($1.700.000), que será incluida en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el canon 366 ibidem.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso extraordinario de casación formulado por FLORES EL CAPIRO SA contra la sentencia dictada el 26 de septiembre

Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso extraordinario de casación formulado por FLORES EL CAPIRO SA contra la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2025 , por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinarioRadicación n.° 05001-31-05-002-2020-00308-02 SCLAJPT-06 V.00 14 laboral promovido por PAOLA ANDREA GARCÍA GÓMEZ contra la recurrente.

SEGUNDO. CONDENAR en costas, como se indicó en la parte motiva.

TERCERO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para los fines pertinentes.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.VÍCTOR JULIO USME PEREA

PRESIDENTE DE LA SALA

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Firmado Por: Víctor Julio Usme Perea

Magistrado Presidente Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Laboral Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Juan Carlos Espeleta Sánchez Magistrado Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Laboral Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Luis Benedicto Herrera Díaz Magistrado Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Laboral

Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Laboral Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Luis Benedicto Herrera Díaz Magistrado Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Laboral Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Iván Mauricio Lenis Gómez Magistrado Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Laboral Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Clara Inés López Dávila Magistrada Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Laboral Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Omar Ángel Mejía Amador Magistrado Corte Suprema De JusticiaSala De Casación Laboral Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Marjorie Zúñiga Romero Magistrada Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Laboral Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: f15a4966f790f8c4fd1f70dde147b47c38c53a64fe980145393f8a7030657d06

Documento generado en 07/10/2026 11:16:23 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica