CSJ - ATP3097-2026
Detalles
- Título
- CSJ - ATP3097-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Penal
- Año
- 2026
GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado Ponente
ATP3097-2026 Radicación n.° 160166 CUI 05001220400020260173501 Acta No. 344
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026).
I. OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala se pronuncia en relación con la impugnación promovida por quien se identifica como YENINTON DAVID PÉREZ PABA, frente al auto proferido el 15 de septiembre de 2026 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través del cual rechazó la acción de tutela presentada por el prenombrado.Tutela de segunda instancia n.° 160166 CUI 05001220400020260173501
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II. HECHOS Y ANTECEDENTES
1. Del confuso escrito se extrae que la parte actora interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello y la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Puerto Triunfo. Señaló que presenta varias afecciones de salud, entre ellas ansiedad, esquizofrenia y episodios de epilepsia, sin recibir tratamiento médico para dichas patologías. Por lo tanto, pide al juez constitucional ordenar su valoración por medicina legal, control de sus afecciones y la asignación de un tratamiento legal.
2. Mediante auto del 3 de septiembre de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín inadmitió la demanda y requirió al libelista para que, en el
un tratamiento legal.
2. Mediante auto del 3 de septiembre de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín inadmitió la demanda y requirió al libelista para que, en el término de tres días hábiles, acreditara la legitimación en la causa por activa. Esto es, que suscribiera el escrito con la firma correspondiente o ratificara su pretensión.
3. Lo anterior, tras advertir que la demanda carece de la firma de l accionante, no cuenta con visto bueno de la oficina jurídica de algún centro carcelario y fue enviada desde la dirección electrónica accesoriajusta@gmail.com, dominio que no se observa que esté registrado a nombre del interesado.
III. EL AUTO IMPUGNADO
4. En auto del 15 de septiembre de 2026, l a Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de MedellínTutela de segunda instancia n.° 160166
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rechazó la demanda , al considerar que no cumple con los requisitos de procedencia establecidos por la Constitución y la jurisprudencia, aunado a que el accionante no ratificó la demanda ni subsanó el yerro advertido , en el término concedido para tal finalidad.
IV. IMPUGNACIÓN
5. Quien se identifica como YENINTON DAVID PÉREZ PABA impugnó el auto de primer nivel. Expuso idénticos fundamentos a los señalados en la demanda inicial.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
6. La Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnación presentada contra la providencia dictada por la
fundamentos a los señalados en la demanda inicial.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
6. La Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnación presentada contra la providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de quien funge como superior jerárquico, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en concordancia con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
5.2. Problema jurídico
7. En el caso sub examine, el problema jurídico se contrae a determinar si el juez a quo acertó al rechazar la demanda de tutela.Tutela de segunda instancia n.° 160166
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5.4. Caso concreto
8. Previamente ha de precisarse que la Corte Constitucional (CC Auto 001 de 1993, reiterado en la
sentencia CC T-313 de 2018) ha establecido que:
[...] con respecto al derecho de impugnar el fallo de tutela proferido en primera instancia, ni en la Constitución ni en la Ley, se prevén excepciones; por consiguiente, no es procedente implantar una distinción entre fallos de tutela que pueden ser impugnados y fallos que no admiten impugnación, así ellos asuman la modalidad de un rechazo in limine de la petición de tutela. [...]
9. En la misma línea, en la sentencia C-483 de 2008, al analizar la constitucionalidad del artículo 17 del Decreto
así ellos asuman la modalidad de un rechazo in limine de la petición de tutela. [...]
9. En la misma línea, en la sentencia C-483 de 2008, al analizar la constitucionalidad del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena señaló lo siguiente: « La aplicación del rechazo excepcional de la solicitud de tutela se encuentra sometida al control de legalidad de las decisiones judiciales, y es por ello que, frente a una decisión en este sentido, existe la posibilidad de que ella sea impugnada y eventualmente sometida a revisión por la Corte
Constitucional».
10. A partir de los anteriores argumentos, esta Corporación (CSJ STP7637-2024) ha considerado que el auto de rechazo de una acción de tutela es susceptible de ser cuestionado a través del recurso de impugnación y, eventualmente, también puede ser objeto de revisión en la
Corte Constitucional.
11. Lo señalado para significar que la providencia de rechazo emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior delTutela de segunda instancia n.° 160166
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Distrito Judicial de Medellín admite el recurso de impugnación.
12. Dicho ello, cabe resaltar que e l artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley. Siempre que no exista otro medio de defensa judicial
fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley. Siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
13. En ese sentido, pese a la informalidad del mecanismo constitucional de amparo, el juez que conduce el trámite de la tutela debe tener certeza en torno a quién promovió la acción y en qué forma lo hizo. En otras palabras, debe poder establecer con claridad la personería de quien pretende el amparo.
14. Por ello, en la demanda debe aparecer la firma de la parte accionante, o en caso de no ser así, las razones que le imposibilitan estampar su rúbrica. Se trata, en últimas, de una exigencia mínima establecida por la jurisprudencia constitucional (CC T -115 de 2004 y T -575 de 1997), cuya justificación radica en propender porque el nombre de quien actúa presuntamente en condición de demandante no sea utilizado para instaurar la acción sin su consentimiento.Tutela de segunda instancia n.° 160166
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15. De otro lado, el inciso 2° del artículo 6° de la Ley 2213 de 2022, prevé que «las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este». Sin embargo, ello implica que la
forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este». Sin embargo, ello implica que la información allegada se transmita mediante mensajes de datos provenientes del interesado, de modo tal que la autoridad judicial pueda constatar que quien dice estar interviniendo es efectivamente el legitimado para actuar.
16. Así las cosas, al constarse que (i) la petición de amparo fue presentada a través del correo
accesoriajusta@gmail.com, que no está asociado a quien se identifica como YENINTON DAVID PÉREZ PABA, (ii) el escrito no cuenta con la firma ni con otro signo que permita verificar su autoría o voluntad y, (iii) habiéndose requerido su corrección mediante auto del 3 de septiembre, sin respuesta, como lo señaló la primera instancia, no resulta procedente el estudio de fondo del asunto por parte del juez constitucional, por cuanto la demanda carece de los requisitos mínimos para su admisión. Esta conclusión se ajusta a lo sostenido por la Sala en decisiones anteriores en casos de simil ar naturaleza (Vg. CSJ ATP2122 -2024, rad. 140333, 1 oct. 2024, ATP18772024, rad. 139542, 3 sep. 2024, entre otras).
17. Consecuente con lo anotado, se confirmará el proveído impugnado.Tutela de segunda instancia n.° 160166
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
VII. RESUELVE
Primero: CONFIRMAR el auto impugnado.
Segundo. notifíquese de acuerdo con lo previsto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese y cúmplase. MagistradaEste documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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