CSJ - Extractos jurisprudenciales

SALA DE CASACIÓN Sala_Especial_de_Instrucción

EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES

RESERVA Sala Especial de Instrucción ID : 819275

M. PONENTE : MISAEL FERNANDO RODRIGUEZ

CASTELLANOS

NÚMERO DE PROCESO : 00900

NÚMERO DE PROVIDENCIA : AEI0142-2023

PROCEDENCIA : Corte Suprema de Justicia Sala

Especial de Instrucción

CLASE DE ACTUACIÓN : INSTRUCCIÓN AFORADOS

TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO FECHA : 08/06/2023

ACTA n.º : 23

FUENTE FORMAL : Constitución Política de Colombia de 1991 art. 180, 181, 183-1, 184, 250-1 y 235-4 / Ley 5 de 1992 art. 296.2 / Ley 599 de 2000 art. 6 / Ley 1881 de

2015

TEMA: DENUNCIA - Presupuestos de admisibilidad / DENUNCIARequisitos / DENUNCIA - Finalidad Tesis: «En el inciso 1.º del artículo 250 de la Constitución Política de Colombia se encuentra establecida la condición general de admisibilidad de las denuncias, peticiones especiales o querellas. Dado que la competencia para investigar a los miembros del Congreso de la República radica en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (art. 235.4 de la Constitución), de acuerdo con el artículo 250 constitucional aquella «está obligada a adelantar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien

suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo» (subrayado fuera del texto original). En concordancia con la norma constitucional antes referida, el artículo 29 de la Ley 600 de 2000 establece que la denuncia debe formularse bajo la gravedad de juramento, en forma verbal o escrita, con «una relación detallada de los hechos» que conozca el denunciante, de manera que su relato presente las circunstancias modales, temporales y espaciales en las que ocurrió la conducta denunciada. Posteriormente, en el inciso segundo de la norma referenciada, se establece que las denuncias «sin fundamento y anónimas que no suministren pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación» serán inadmitidas. La jurisprudencia ha dado cuenta de algunos casos en los que se debe concluir que una denuncia debe ser inadmitida por carecer de fundamento, a saber, (i) «cuando el relato fáctico que la sustenta no contiene una imputación concreta, definida, revestida de seriedad que permita (…) identificar sus autores» ; (ii) cuando las conductas denunciadas «no están descritas en la ley como punibles» : (iii) cuando «carecen de un mínimo de motivación, esto es, que no contengan ‘la información suficiente que permita al órgano investigador (Fiscalía, Corte Suprema o Comisión de Acusaciones, en su caso) (…) establecer un derrotero, apalancarse en la denuncia como punto de partida para el adelantamiento de las pesquisas correspondientes’» ; (iv) cuando la denuncia no contiene un relato detallado que permita determinar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar de los comportamientos denunciados. En síntesis, las denuncias deben ser inadmitidas cuando no ofrecen un señalamiento concreto y circunstanciado que posibilite la formulación de una hipótesis y que, además, permita direccionar una indagación penal cuyo propósito es corroborar o descartar las hipótesis planteadas. Por otro lado, la inadmisión de la denuncia también procede cuando, a pesar de que se puede afirmar que el relato es claro, concreto y circunstanciado, resulta ostensible, sin necesidad de investigación alguna, que los hechos denunciados no son castigados por el derecho penal. El propósito que orienta el juicio de admisibilidad de las denuncias, querellas o peticiones especiales no es otro sino evitar el desgaste del aparato jurisdiccional del Estado con el trámite de denuncias infundadas que puede dar lugar a una afectación de los derechos de los investigados que, sin una razón que justifique la necesidad de intervención estatal, pueden verse sometidos al escrutinio de las autoridades por un tiempo indefinido. Por ello, es deber de la administración de justicia negar el trámite de denuncias sobre las que resulta imposible edificar un plan investigativo o referentes a hechos ostensiblemente no punibles, frente a las cuales se sabe de antemano y sin indagaciones que no se arribará a buen puerto”.

DENUNCIA - Inadmisión: al referirse a hechos que no revisten las características del delito / CONGRESISTA - Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades: se sanciona con la pérdida de investidura no con una sanción penal

Tesis: «De acuerdo con lo informado por el denunciante, la conducta del representante a la Cámara MAPP presuntamente infringe el artículo 180 de la Constitución Política.

Esta norma establece, entre otras, la prohibición a los congresistas de desempeñar un cargo público o privado simultáneamente con la investidura que ejercen. Prohibición que, de conformidad con el artículo 181 de la Constitución Política, dura el período constitucional de ejercicio del cargo y, en caso de renuncia, se extiende por un año más después de la aceptación de la renuncia. Por otra parte, tanto en la constitución como en la ley se ha establecido que la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de los congresistas de la República es sancionada con la pérdida de investidura del funcionario (artículos 183.1 de la Constitución y 296.2 de la Ley 5 de 1992). La corporación judicial encargada de adelantar los procesos de pérdida de investidura es el Consejo de Estado (artículo 184, Const.), bajo los lineamientos procesales establecidos en la Ley 1881 de 2015. Ahora bien, este régimen de incompatibilidades que está establecido en la Constitución Política y en las leyes que se ocupan del funcionamiento del Congreso y del trámite del proceso de pérdida de investidura no tiene un correlato en la legislación penal. En efecto, el legislador no ha considerado que la violación a este tipo de normas o que el hecho de que un congresista incurra en una incompatibilidad de esta naturaleza sea mérito para la imposición de una sanción penal. En la medida en que el derecho penal establece un sistema de responsabilidad de estricta

caracterización legal, de conformidad con el cual sólo serán punibles los hechos que de manera expresa sean descritos como tales en la ley (art. 6.º, CP), debe concluirse que la incompatibilidad de un congresista causada por presuntamente desempeñar un cargo público o privado simultáneamente con su investidura es una conducta absolutamente atípica , pues no se encuentra descrita como delito en la legislación penal. Por tal razón, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia advierte que lo denunciado por el ciudadano CARC versa sobre hechos que carecen de relevancia penal para que se despliegue alguna actividad investigativa por parte de la Sala, dado que la legislación penal no comprende tal conducta como punible. En consecuencia, la denuncia interpuesta por CARC será inadmitida».

DENUNCIA - Inadmisión: recurso, procede el de reposición Tesis: «Contra esta decisión procede el recurso de reposición».

JURISPRUDENCIA RELACIONADA: Rad: AP4299-2016 (47015) | Fecha: 06/07/2016 | Tema: DENUNCIA - Inadmisión: causales Rad: AP3993-2018 (53275) | Fecha: 18/09/2018 | Tema: DENUNCIAInadmisión: causales Rad: 29834 | Fecha: 12/08/2009 | Tema: DENUNCIA - Inadmisión: causales

RESERVA Sala Especial de Instrucción ID : 819270

M. PONENTE : CRISTINA LOMBANA VELÁSQUEZ

NÚMERO DE PROCESO : 00883

NÚMERO DE PROVIDENCIA : AEI00137-2023

PROCEDENCIA : Corte Suprema de Justicia Sala

Especial de Instrucción

CLASE DE ACTUACIÓN : INSTRUCCIÓN AFORADOS

TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO FECHA : 01/06/2023

ACTA n.º : 22

FUENTE FORMAL : Constitución Política de Colombia de 1991 art. 95-7, 186, 250, 234 y 235-3 / Ley 600 de 2000 art. 27 y 29 / Ley 906 de 2004 art. 29 y 69-2 / Acto Legislativo 01 de 2018

TEMA: FUERO - Congresista: competencia de la Sala Especial de Instrucción / FUERO - Congresista: acreditación de la condición foral Tesis: “En el presente asunto, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 186, 234 y 235, numeral 3º, de la Carta Política, modificados por el Acto Legislativo 01 de 2018, en concordancia con el artículo 75, ordinal 7º, de la Ley 600 de 2000, a la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde determinar la viabilidad de la admisión o no de la denuncia.

En concreto, constituye un hecho notorio exento de prueba, la condición de representante a la Cámara por la circunscripción de Cauca de CCGC, calidad que en la actualidad mantiene. Además, encuentra corroboración en medios abiertos, por tanto, ninguna discusión suscita la competencia de la Corporación para emitir el presente pronunciamiento”. DENUNCIA - Concepto / DENUNCIA - Requisitos / DENUNCIACompromete derechos constitucionales a la honra y buen nombre

/ DENUNCIA - Inadmisión: su propósito es evitar el desgate del aparato de administración de justicia, respetar los derechos de los ciudadanos y dar cumplimiento a los fines establecidos en Sentencia C-1177 de 2005, así como aquellos delimitados por la Sala de Casación Penal / DENUNCIA - Inadmisión / DENUNCIA - Inadmisión: causales Tesis: “Dada su naturaleza eminentemente informativa, la denuncia constituye en esencia un acto procesal que activa el acceso a la administración de justicia, en virtud del cual su promotor da a conocer a la autoridad judicial la ocurrencia de una conducta de connotación delictiva. Por esa razón, se hace necesario que la misma cumpla con las formalidades previstas en el artículo 29 de la Ley 600 de 2000, a efecto de establecer que la noticia criminal ostenta un carácter idóneo y fundamentado, con el fin de poder estructurar «una estrategia investigativa o forjar un criterio orientador que pueda conducir a la comprobación de la concreta y supuesta conducta punible» y de esa manera evitar un desgaste injustificado del aparato judicial. Pero, además, el ejercicio de dicho acto se encuentra celosamente regulado en procura de salvaguardar derechos fundamentales como la libertad y el buen nombre de las personas que eventualmente pudieran ser sometidas a una investigación penal, resultando afectadas de forma ilegítima con el adelantamiento de una actuación judicial desprovista de cualquier base razonable. De tal manera, para que el Estado, en cumplimiento del mandato contenido en los artículos 250 de la Constitución Política y 29 del Código de Procedimiento Penal de 2000, despliegue el ejercicio del ius puniendi

se requiere, entre otros aspectos, que la denuncia permita a la autoridad competente comprender (i) que el comportamiento reportado reúne las características de una ilicitud y, de ser posible, también (ii) facilite determinar quién es su autor o autores, así como las circunstancias indicativas de la posible ocurrencia. En contraste, en los eventos en que, por sí sola, esta impida la formación de un conocimiento sobre tales aspectos y «obstruye los canales de acceso a la verdad de lo sucedido» se impone su inadmisión, según lo consagrado en el inciso 2° del artículo 29 de la Ley 600 de 2000. Ciertamente, la aludida norma establece: «Se inadmitirán las denuncias sin fundamento y las anónimas que no suministren pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación, las que serán remitidas a los organismos que desarrollan funciones de policía judicial para que realicen las diligencias necesarias de verificación.» (Énfasis fuera del texto original). No en vano el numeral 7° del artículo 95 de la Constitución Política, establece como uno de los deberes y obligaciones para el ciudadano colombiano: «Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia», precepto constitucional que encuentra desarrollo legal inicialmente en el artículo 27 de la Ley 600 de 2000, cuando se alude al deber de denunciar, y, seguidamente, en el artículo 29 ídem, que consagra los parámetros mínimos que debe contener la denuncia; en contraste, el inciso segundo del precepto que se acaba de transcribir, señala la sanción al no proceder de esa manera.

Bajo esta línea de argumentación la sentencia C-1177 del 17 de noviembre de 2005, de la Corte Constitucional, desarrolla el sentido de la expresión «sin fundamento», prevista en el inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, cuya redacción se asimila al aparte subrayado del precepto antes transcrito, al respecto explicó lo siguiente: « […] son dos los parámetros que provee la Constitución… para determinar el fundamento de una denuncia: (i) Que los hechos revistan las características de un delito, se trata de una exigencia que hace referencia a aspectos meramente descriptivos de la conducta, sin que su constatación involucre elementos valorativos. Es un concepto que responde a lo que en la teoría clásica del delito se ha denominado tipo objetivo, concepto que involucra elementos puramente descriptivos, es decir aquellos componentes de la conducta asequibles a la percepción sensorial, sin que en esa constatación se ingrese en terrenos valorativos. Lo que conduce a afirmar que para la estructuración de este primer elemento de fundamentación basta con que el funcionario investigador constate que la conducta que denuncia se encuentra descrita como delito, perseguible de oficio, sin que le sea permitido ingresar en la consideración de aspectos valorativos. Es suficiente que circunstancias fácticas le indique la caracterización del hecho como delito, es decir como conducta descrita en la ley penal. Una denuncia que se contrae a hechos que son manifiestamente inocuos, que evidentemente revelan una actuación conforme a derecho, o una queja ostensiblemente intrascendente para el derecho penal, es sin duda una denuncia sin

fundamento. (…) (ii) El segundo parámetro de fundamentación atañe a la suficiente motivación de la denuncia acerca de la existencia del hecho. La expresión “siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo” (Art. 250 CP), impone al denunciante una carga informativa que permita inferir razonablemente que el hecho denunciado efectivamente existió. No se trata de trasladar al denunciante la carga probatoria sobre la materialidad del hecho, la cual evidentemente reposa en la agencia investigadora, sino de comprometerlo con un deber elemental de rodear de credibilidad su declaración de conocimiento y de aportar información, no pruebas, que permitan construir una hipótesis de investigación.» (énfasis de la Sala). Ahora bien, con relación a la consecuencia jurídica de la inadmisión, derivada de la formulación de una denuncia, querella o petición contentiva de hechos irrelevantes para el derecho penal, la Sala de Casación Penal del Corte Suprema de Justicia indicó: «Para la admisibilidad de una denuncia en materia penal, la imputación debe ser concreta, tener visos de seriedad y formularse contra persona determinada, pues la información suministrada por el denunciante será la que permita determinar, al menos inicialmente, el objeto de la investigación previa o de la instrucción, de manera que si aquélla es genérica, ambigua o deficiente, se inadmitirá ya que la actividad investigativa no podrá concretarse y ningún sentido tendría iniciarla, tal como reiteradamente lo ha señalado esta Corporación. […] Por lo tanto, para que la acción penal se ponga en movimiento se requiere

que los hechos denunciados o puestos en conocimiento de la autoridad respectiva "revistan las características de un delito ", como prevé el artículo 250 de la Constitución Política, ante lo cual se torna obligatoria su activación y la realización de la correspondiente investigación. […] Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que una denuncia cuyos hechos no contienen los elementos objetivos que configuran un tipo penal, no puede ser admitida como tal. […]». (Negrilla ajenas al original). Planteamiento que también se ha consolidado en la Sala Especial de Instrucción, en cuyos pronunciamientos ha sido enfática en cuanto que: «procede la inadmisión de la denuncia, no obstante conocerse la identidad del denunciante, cuando del relato que se incluye en aquella no se logra establecer una imputación específica que pueda llevar al instructor razonadamente a inferir sobre la ocurrencia de una conducta delictual.» (Negrillas y subrayas de la Sala)”.

DENUNCIA - Inadmisión: al tratarse de imputaciones abstractas genéricas e imprecisas / DENUNCIA - Remisión: a organismos con funciones de policía judicial para que realicen diligencias de verificación / DENUNCIA - Inadmisión: el escrito carece de pruebas o datos concretos y detallados que permitan encauzar la investigación Tesis: “Una vez examinado el escrito presentado por los denunciantes LAOS y ÁACT, la Sala evidencia que carece de idoneidad para dar inicio a una indagación penal, pues las afirmaciones allí plasmadas no tienen fundamento fáctico, pues no determinan las circunstancias temporales y espaciales que den cuenta de la ocurrencia de alguna conducta punible.

En efecto, de la denuncia se extracta que los quejosos informan un presunto incumplimiento de algunos compromisos pactados entre el municipio de Popayán y la empresa SERVIASEO S.A. E.S.P. con la comunidad de la vereda La Yunga, por la construcción de un relleno sanitario en el predio LP, sin más detalles. Esta sindicación, además de etérea, prescinde de consignar cuáles fueron las obligaciones adquiridas por la Alcaldía de Popayán en cabeza de CCGC que podrían tener relevancia penal, si de ellas se fijó plazo o condición para su cumplimiento, tampoco esbozó las razones por las cuales se afirmó, con generalidad, que estaría involucrado el prenombrado representante a la Cámara, incluso porque se extiende el lacónico recuento fáctico a la empresa de aseo. En esos señalamientos imprecisos, se destaca, no se concretó ninguna imputación delictiva que comprometa al aforado GC, respecto de quien GS y CT dirigen la noticia criminal en el presente asunto. Incluso, esas sindicaciones se realizaron sin especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría ocurrido el supuesto ilícito. En esas condiciones, el presente escrito de denuncia es insuficiente para iniciar una investigación, pues, por un lado, es abstracto e impreciso y, por otro, carece de pruebas o datos concretos y detallados que permitan encauzar la investigación, como lo dictamina el artículo 29 (Ley 600/2000). Así mismo, no avizora una imputación concreta en relación con la posible comisión de una o más conductas punibles que puedan ser

atribuidas al congresista, se insiste. Al respecto, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para determinar el fundamento de una denuncia debe establecerse si los hechos que llegan a conocimiento revisten las características de un delito investigable de oficio y si existen suficientes motivos y circunstancias de hecho que puedan indicar la posible ocurrencia de alguna conducta, tales requisitos no se evidencian en el presente caso. Por lo anterior, debe inadmitirse la denuncia instaurada en contra del Representante a la Cámara CCGC, con fundamento en el artículo 29 de la Ley 600 de 2000, en el entendido que la misma no se ajusta a las exigencias de la norma. Por último, la Sala debe indicar que advierte pertinente dar aplicación al inciso final del último precepto mencionado, por tanto, remitirá las presentes diligencias a los organismos que cumplen funciones de policía judicial, para que realicen las diligencias necesarias de verificación”.

DENUNCIA - Inadmisión: recurso, procede el de reposición Tesis: “Tercero: Contra esta decisión procede el recurso de reposición».

JURISPRUDENCIA RELACIONADA: Rad: 29826 | Fecha: 05/11/2008 | Tema: DENUNCIA - Requisitos Rad: Sentencia C-1177 de 2005 | Fecha: 17/11/2005 | Tema: DENUNCIA - Inadmisión: su propósito es evitar el desgate del aparato de administración de justicia, respetar los derechos de los ciudadanos y dar cumplimiento a los fines establecidos en Sentencia C-1177 de 2005, así como aquellos delimitados por la Sala de

Casación Penal Rad: AP2138-2018 (52176) | Fecha: 28/05/2018 | Tema: DENUNCIA - Inadmisión: su propósito es evitar el desgate del aparato de administración de justicia, respetar los derechos de los ciudadanos y dar cumplimiento a los fines establecidos en Sentencia C-1177 de 2005, así como aquellos delimitados por la Sala de Casación Penal Rad: AEI000582019 (00031) | Fecha: 20/03/2019 | Tema: DENUNCIA - Inadmisión: su propósito es evitar el desgate del aparato de administración de justicia, respetar los derechos de los ciudadanos y dar cumplimiento a los fines establecidos en Sentencia C-1177 de 2005, así como aquellos delimitados por la Sala de Casación Penal

RESERVA Sala Especial de Instrucción ID : 819272

M. PONENTE : CRISTINA LOMBANA VELÁSQUEZ

NÚMERO DE PROCESO : 36989

NÚMERO DE PROVIDENCIA : AEI0126-2023

PROCEDENCIA : Corte Suprema de Justicia Sala

Especial de Instrucción

CLASE DE ACTUACIÓN : INSTRUCCIÓN AFORADOS

TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO FECHA : 25/05/2023

DELITOS : Tráfico de influencias de servidor público / Interés indebido en la celebración de contratos ACTA n.º : 19

FUENTE FORMAL : Constitución Política de Colombia de 1991 art. 186 y 235 / Ley 5 de 1992 art. 238-6-8 / Ley 599 de 2000 art. 32, 83-1, 409 y 411-1 / Ley 600 de 2000

art. 38, 75-7, 92, 187, 322, 325 y 327 / Ley 793 de 2002 art. 23 / Ley 890 de 2004 art. 14 / Acto Legislativo 01 de 2018 art. 1 y 3

TEMA: INVESTIGACIÓN PREVIA - Finalidad / INVESTIGACIÓN PREVIA - Término, vencimiento / INVESTIGACIÓN PREVIA - Término / INSTRUCCIÓN - Apertura: causales de improcedencia Tesis: «El artículo 322 de la Ley 600 de 2000 dispone que la investigación previa tiene por finalidad establecer: i) si el comportamiento denunciado acaeció, ii) su tipificación como delito, iii) si el sujeto agente ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, iv) el cumplimiento de los requisitos de procesabilidad de la acción penal y v) recaudar las pruebas necesarias en orden a individualizar los autores o partícipes de la conducta punible.

El artículo 325 ibidem consagra que la indagación preliminar se realizará en el término máximo de seis meses, vencidos los cuales se dispondrá apertura de instrucción o se dictará decisión inhibitoria. Por su parte, el artículo 327 del citado ordenamiento procesal señala que el funcionario judicial se abstendrá de abrir instrucción cuando: i) las pruebas recaudadas demuestran que la conducta denunciada no existió o es atípica, ii) la acción penal no puede iniciarse o iii) se acreditó la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad prevista en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000».

TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICO - Elementos

/ TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICOConfiguración / TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR

PÚBLICO - Concepto Tesis: «En atención al contexto fáctico dado a conocer en la noticia criminal, la Corte ordenó pruebas encaminadas a establecer si el excongresista pudo haber utilizado, indebidamente, su investidura como representante a la cámara para lograr que en el año 2010, la gobernación del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina adquiriera el bien con matrícula inmobiliaria […], donde tendría lugar el «Centro de Atención Especializada del Menor Infractor», pese al «notorio sobrecosto» con el cual se fijó el valor de compra.

De tal manera, la primera hipótesis delictiva de cara a la cual se analizaron los hechos reseñados fue el delito de tráfico de influencias de servidor público, el cual, de acuerdo con el inciso 1° del artículo 411 del Código Penal, consiste en lo siguiente: El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer… En términos de la anterior descripción típica, se trata de un delito con sujeto activo calificado, por cuanto se requiere que un servidor público, prevaliéndose de su condición de tal, propicie, en provecho suyo o de un tercero, que el destinatario de su influencia, quien también debe ser servidor público, adopte alguna determinación o realice el quehacer

solicitado en asunto sometido a su consideración o que ha de conocer. El último, necesariamente, debe obrar bajo el influjo del peticionario, ejecutando una actividad que no adelantaría, de no ser por el carácter del que este se haya investido. Se trata de un tipo penal de mera conducta, en tanto su consolidación no depende de que se materialice el fin perseguido, «esto es, el éxito en la gestión del influenciado o la aceptación del requerimiento por parte de éste, basta que se despliegue el acto de la indebida influencia para consumar el delito». TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICO - Consumación Tesis: «En aras de contextualizar la cuestionada adquisición del bien con matrícula inmobiliaria […], debe indicarse que ante la naturaleza específica y especial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes implementado con la Ley 1098 de 2006, por cuya filosofía las medidas allí consagradas revisten un carácter pedagógico, específico y diferenciado frente a la investigación y el juzgamiento de adultos, era necesario que para cumplir con la privación de la libertad de los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad, prevista como sanción por el artículo 187 ibídem, en el marco del proceso de implementación del citado Código de la Infancia y de la Adolescencia los distritos judiciales del país contaran con un centro de atención especializada. Además de satisfacer las condiciones de seguridad necesarias para lograr el cabal cumplimiento de dicha medida, tales establecimientos debían permitir a los destinatarios beneficiarse con programas educativos y

talleres de capacitación en ambientes seguros y sanos, donde se les garantizara la integridad personal, la recreación y la expresión cultural y artística. En vista de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no contaba con la infraestructura requerida , se incluyó en el plan de desarrollo departamental «Living Island for All» el proyecto denominado «Construcción, Adecuación y Dotación del Centro de Atención Especializada del Menor Infractor en San Andrés Isla», el cual fue registrado el cuatro (4) de octubre de 2008, en el banco de programas y proyectos de inversión con el radicado […]. Fue así como se emprendió la búsqueda de un inmueble que permitiera cumplir con tales exigencias, contexto en el cual NB, reconocido «corredor de avalúos y propiedades» en el Archipiélago, informó que la gobernación «invit[ó] a una reunión a los inmobiliarios, pues para ver quién tenía un inmueble con las características que necesitaban» . Con ocasión de la aludida convocatoria se presentaron las siguientes propuestas: i) El bien ubicado en la […], sector Newcastle Robinson Will Natalie, antigua cantera de San Andrés, propiedad de JFRS, JCSR, APSR y HJVM, cuyo valor comercial ascendía a $1.562.815.000 y contaba con una extensión de 8.809 metros cuadrados. ii) El inmueble ubicado en el sector Perry Newcastle (Canteras), propiedad de C Y VP, con un valor comercial de $412.903.517 y área de 4.129 metros cuadrados. iii) El inmueble localizado en el sector Lever South End, […] de la isla, el cual fue ofertado el veintitrés (23) de junio de 2010 por la sociedad N Y

CLTDA., a través de su representante legal JN, por $725.204.250, cuya área era de 16.115 metros cuadrados. El seis (6) de julio de 2010, el Comité de Contratación conformado por funcionarios de la gobernación del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , evaluó las anteriores propuestas y de «manera unánime consideró que… la que resulta[ba] más conveniente para la construcción de los Centros Transitorios y Preventivos del Menor Infractor, es la No. 3 presentada por la sociedad N Y CLTDA.». El Despacho instructor, entre otras pruebas, practicó los testimonios de WVH, secretaria de servicios administrativos; ANA, director de planeación; FZF, secretario de infraestructura y obras públicas; RM, profesional universitario SIOP; SCC, secretaria del interior, y ECB, jefe de la oficina jurídica. Los mencionados, además de haberse desempeñado como funcionarios de la gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hicieron parte del Comité de Contratación que, según acta del seis (6) de julio de 2010, recomendó al entonces mandatario, PGF, la adquisición del predio ofrecido por la sociedad N Y CLTDA., para llevar a cabo la construcción y adecuación del «CENTRO DE ATENCIÓN

ESPECIALIZADA DEL MENOR INFRACTOR».

De la reseña antes efectuada se logra concluir que la selección del bien con matrícula inmobiliaria [...], ofertado por la sociedad N Y CLTDA.,

devino del trámite que de forma autónoma adelantó la administración departamental, y de la «recomendación» que, según acta del seis (6) de julio de 2010, realizó el Comité de Contratación, reitérese, por considerar que «la que resulta más conveniente para la construcción de los Centros Transitorios y Preventivos del Menor Infractor, es la No. 3 presentada por la sociedad N Y CLTDA.». Ese panorama permite tener aquella como presunta fecha de concreción del delito de tráfico de influencias en el asunto sub judice, pues, aunque como lo destaca el Ministerio Público, el negocio jurídico de compraventa se protocolizó mediante escritura del ocho (8) de octubre de 2010, a tal acto lo antecedió el trámite antes descrito, siendo esta la oportunidad en la que podría haberse ejercido la indebida injerencia por parte del investigado, esto es, la deliberación a la que fue convocado el Comité de Contratación, cuyo resultado fue la selección del cuestionado inmueble. De modo que el acto de protoc