CSJ - SL1902-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1902-2023 Radicación n.° 96903 Acta 026 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA EUGENIA ESPITIA OREJUELA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 28 de octubre de 2021, en el proceso promovido en contra de COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTÍAS (COLFONDOS SA) y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), al cual se vinculó a LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO como litisconsorte necesario.

I. ANTECEDENTES María Eugenia Espitia Orejuela llamó a juicio a Colfondos SA y a Colpensiones, pretendiendo que se declarara la «nulidad» del traslado del Régimen de Prima

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Radicación n.° 96903 Media con Prestación Definida —en adelante RPM— administrado por la segunda, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad —en adelante RAIS— administrado por la primera, realizado el 27 de mayo de 1999. En consecuencia, que se condenara a Colfondos SA, a entregarle a Colpensiones la totalidad de los aportes efectuados en su cuenta de ahorro individual, por los conceptos de pensión, bonos pensionales, rendimientos financieros y el porcentaje correspondiente al fondo de

garantía de pensión mínima; y a la segunda, a reconocerle la prestación de vejez a partir del 15 de julio de 2005, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y los intereses moratorios. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que realizó aportes para pensiones ante el ISS, hoy Colpensiones, desde el 19 de octubre de 1983 al 27 de mayo de 1999, fecha en que se trasladó al RAIS, a través de Citi Colfondos SA Pensiones y Cesantías, hoy Colfondos SA; que el 6 de agosto de 2008 elevó ante la AFP solicitud del traslado pensional al ISS, la cual se le negó por faltarle menos de 10 años para cumplir la edad, presentando igual petición ante Colpensiones, quien le dio respuesta negativa; que mediante comunicación del 15 de marzo de 2020, Colfondos SA objetó el reconocimiento de la pensión de vejez, por no tener el capital suficiente que le permitiera financiar una superior al 110% del salario mínimo; y que sin la opción de traslado

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Radicación n.° 96903 pensional, se vio obligada a solicitar la devolución de saldos del RAIS. Narró que, al momento de trasladarse al RAIS, Citi Colfondos SA Pensiones y Cesantías, no le suministró una información adecuada, suficiente, clara y comprensible sobre su situación pensional, considerando que resulta nula esa afiliación, debido al error el que fue inducida; y que es beneficiaria del régimen de transición, y tiene los requisitos

legales para acceder a la pensión de vejez. Las accionadas al dar respuesta a la demanda, se opusieron a las pretensiones. Colpensiones en cuanto a los hechos, afirmó que no le constaban. Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de la obligación, carencia del derecho, prescripción y compensación. Colfondos SA Pensiones y Cesantías, en su defensa señaló que, que la demandante actúa de mala fe, al pretender un traslado de régimen, que por disposición legal no es procedente, porque ya solicitó la devolución de saldos, lo que se le consignó, además pidió el pago del bono pensional, trámite que igualmente se surtió con la emisión y posterior liquidación de éste, sin objeción de su parte.

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Radicación n.° 96903 Como medios exceptivos formuló los que denominó inexistencia de la obligación; falta de causa; buena fe; validez de la afiliación al RAIS, y ratificación de esta al fondo de pensiones obligatorias; falta de legitimación en la causa por pasiva; cobro de lo no debido; carencia de acción y ausencia de derecho; compensación; pago y prescripción. Igualmente solicitó que se vinculara al proceso como litisconsorte necesario, a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público-; a lo cual se accedió por parte del juzgado de conocimiento. Dicha entidad al responder la demanda, se opuso a las pretensiones; y al respecto expresó, que la demandante está válidamente afiliada al RAIS, razón por la cual no es viable decretar la nulidad, máxime que ya consolidó un derecho en

este; y que aquella se vinculó a Colfondos el 27 de mayo de 1999, y tiene derecho a que se emita en su nombre un bono pensional tipo A, modalidad 2, donde el emisor y único contribuyente es la Nación, y la fecha de redención normal tuvo lugar el 15 de julio de 2010, cuando la actora alcanzó la edad de 60 años, el cual fue emitido y redimido (pagado) mediante la Resolución n.° 7770 del 23 de septiembre de 2010, en respuesta a la solicitud que al respecto elevó la AFP, sin que exista algún trámite pendiente. Como excepciones propuso las de inexistencia de la obligación a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; e imposibilidad de recuperar los dineros pagados por

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Radicación n.° 96903 concepto de bono pensional a favor de la demandante, el cual fue por la suma de $19.359.000. La AFP igualmente presentó demanda de reconvención en contra de la actora, pretendiendo que, en el evento de que se declare la nulidad del traslado, se reintegre a Colfondos SA las sumas de dinero canceladas por concepto de devolución de saldos y el valor del bono a la administradora, capitalizado y actualizado hasta la fecha en que tuvo lugar ello. La citada señora al dar respuesta a aquella, se opuso a las pretensiones; no obstante, expresó que en caso de declararse la nulidad del traslado de régimen y ordenar el reconocimiento de la pensión de vejez en cabeza de Colpensiones, autoriza a la entidad a descontar del valor del

retroactivo pensional, los dineros que en su momento recibió de la AFP del RAIS, por concepto de devolución de saldos. Como excepciones propuso las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, a través de sentencia del 26 de junio de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas por las demandadas, por las razones esgrimidas en esta providencia, SALVO la excepción de PRESCRIPCIÓN alegada

por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESSCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 96903 COLPENSIONES, que se declarará probada parcialmente por las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la afiliación de la señora

MARÍA EUGENIA ESPITIA OREJUELA realizada (sic)

COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTÍAS.

TERCERO: ORDENAR a COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTÍAS, que proceda a trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, la totalidad de lo ahorrado por la demandante señora MARÍA EUGENIA ESPITIA OREJUELA, en su cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos y gastos de administración a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-. De igual manera se autoriza a la parte demandada COLFONDOS S.A.

PENSIONES Y CESANTÍAS que de los valores a trasladar a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES deduzca lo cancelado a la demandante por concepto de devolución de saldos incluido el bono pensional actualizado a la ejecutoria de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONESque proceda a recibir por parte de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, la totalidad de lo ahorrado por la demandante señora MARÍA EUGENIA ESPITIA OREJUELA en su cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos y gastos de administración, conservando para ese efecto la actora, todos sus derechos y garantías, que tenía en el régimen de prima media con prestación definida, antes de efectuarse el traslado al Régimen de Ahorro Individual.

QUINTO: RECONOCER a favor de la señora MARÍA EUGENIA ESPITIA OREJUELA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.221.878, la pensión de vejez desde el 20 de febrero de 2.014 en la suma de $616.000.

SEXTO: CONDENAR A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONESa pagar a la señora MARÍA EUGENIA ESPITIA OREJUELA, la pensión de vejez en la cuantía de $ 616.000, a partir del 20 de febrero de 2.014, tanto para las mesadas pensiónales ordinarias como para las dos adicionales.

Al monto de la pensión se le deberá realizar los aumentos anuales establecidos en la ley. El retroactivo pensional generado entre el 20 de febrero de 2.014 hasta el 30 de junio de 2.020, arroja la

suma de $65.272.200. A partir del 1 de julio de 2.020 el monto de la mesada pensional le corresponde la suma de $ 877.802.

SÉPTIMO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a pagar a la señora MARÍA EUGENIA ESPITIA OREJUELA la indexación del retroactivo pensional de conformidad con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, mes a mes teniéndose como índice inicial

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Radicación n.° 96903 el vigente en el mes de su causación y como índice final el vigente en el mes inmediatamente anterior a su liquidación.

OCTAVO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-, que del retroactivo pensional y la indexación descuente la suma que deducirá COLFONDOS S.A.

PENSIONES Y CESANTÍAS a la demandante señora MARÍA EUGENIA ESPITIA OREJUELA por concepto de devolución de saldos incluido el bono pensional indexado a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para lo cual COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS le brindará la información necesaria al momento del traslado.

NOVENO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, que del retroactivo pensional se realice (sic) los descuentos para salud.

DÉCIMO: NEGAR las demás prestaciones de la demanda

FORMULADAS POR LA PARTE DEMANDANTE y desvincular del

presente asunto a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO.

DÉCIMO PRIMERO: CONCEDER, el grado Jurisdiccional de Consulta, de conformidad con el artículo 69 del Código Procesal Laboral Modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2.007.

DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR a COLFONDOS S.A.

PENSIONES Y CESANTÍAS, a la suma de $1.000.000 por concepto de costas procesales y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONESa la suma de $500.000 por concepto de costas procesales.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de providencia del 28 de octubre de 2021, al resolver los recursos de apelación interpuestos por Colfondos SA, Colpensiones y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como del grado jurisdiccional de consulta a favor de la segunda entidad, revocó la sentencia de primer grado, y en su lugar, declaró que «no opera los efectos de la ineficacia del traslado de régimen pensional que hizo la demandante del régimen de prima media con

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Radicación n.° 96903 prestación definida al régimen de ahorro individual, por haberse consolidado una situación propia del RAIS como es la devolución de saldos, previa emisión y redención del bono pensional». Partió de que el problema jurídico giraba en torno a establecer, si había lugar a declarar la nulidad o ineficacia

del traslado de María Eugenia Espitia Orejuela del RPM al RAIS, determinando a quién le correspondía la carga probatoria; y en caso afirmativo, si operaban los efectos de la segunda de las sanciones mencionadas, cuando previamente a la afiliada se le realizó la devolución de saldos. En cuanto al material probatorio, dijo que se arrimó la historia laboral de Colpensiones, que informa, que dicha señora estuvo afiliada a esa entidad en el período comprendido entre el 19 de octubre de 1983 al 31 de diciembre de 1994, y que posteriormente lo hizo al RAIS, actualmente a través de Colfondos SA. Se refirió a los dos regímenes que conforman el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, que son excluyentes y coexisten, a saber, el RPM y el RAIS (art. 12 Ley 100 de 1993). Afirmó que el literal b) del artículo 13 de esa misma ley, prescribe que la selección de los dos regímenes es libre y voluntaria por parte del afiliado, y para tal efecto debe manifestar su elección al momento de la vinculación o traslado; y que el último, se pueden dar cada 5 años contados a partir de la selección inicial, con la prohibición de no poder

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Radicación n.° 96903 hacerlo, cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Señaló que las administradoras de fondos de pensiones tienen una doble condición: por una parte, son entidades que por delegación de los arts. 48 de la Constitución Política y 91

de la Ley 100 de 1993, prestan un servicio público obligatorio de seguridad social; y por otra, son sociedades que tienen el carácter de instituciones financieras, por lo tanto, fiduciarias del servicio público de pensiones, vigiladas por la Superintendencia Financiera, y sometidas al Estatuto Financiero, esto es, al Decreto 663 de 1993 y la Ley 795 de 2003. Precisó que el deber de información es un elemento de la naturaleza del contrato de fiducia mercantil, tal como lo ha establecido de antaño el artículo 1501 Código Civil; por lo cual, las administradoras están obligadas a dar información inteligible, exacta, pertinente, completa y oportuna, que incluya no solo los aspectos positivos, sino también los negativos, subrayando los riesgos que conlleva la decisión de afiliarse, o incluso, el deber de disuadir al cliente si aquella no le es conveniente, o rechazar la tarea cuando considere que está destinada al fracaso; y que aquel deviene del postulado previsto en el Decreto 663 de 1993 -Estatuto Orgánico del Sistema Financieroarts. 72 literal f) y 97, normas modificadas por la Ley 795 de 2003, que en su artículo 12 prevé, que las decisiones que puedan tomar aquellos, deben estar «debidamente informadas, conociendo cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en

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Radicación n.° 96903 las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas». Adujo que este deber ha sido recogido por los Decretos 2241 de 2010 y 2555 del mismo año, que integran los

principios orientadores del régimen de consumidores financieros y el Sistema General de Pensiones, como: i) la debida diligencia; ii) ofrecer con transparencia, información cierta, suficiente y oportuna; y, iii) el manejo adecuado de los conflictos de interés. Y que aquel es uno que por ley tienen las administradoras de fondos de pensiones, y un derecho para los afiliados a cualquiera de los regímenes, el cual se materializa en: dar un buen consejo, proporcionar una información o ilustración suficiente que dé a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún llegado el caso, a desanimar al interesado de tomar una decisión que claramente le perjudique, lo que justifica el contenido del art. 3 del Decreto 1661 de 1994, que estableció el deber a su cargo, de informar a sus afiliados sobre la posibilidad de retractarse; obligación que debe manifestarse por escrito al momento de la afiliación o traslado, tal como lo señala la normativa citada en su inciso final, cuando establece que «las administradoras deben informar de manera clara y por escrito a los potenciales afiliados el derecho a retractarse». Respecto a la nulidad del traslado de régimen pensional, indicó que la Corte en la sentencia CSJ SL, 22

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Radicación n.° 96903 nov. 2011, rad. 33083, rememoró las providencias del 9 de septiembre de 2008, radicados 31314 y 31989 y 31314, las que esbozaron como principal razón para fundamentar tal

declaratoria, el deber de las administradoras de proporcionar a los interesados una información completa y comprensible que incluya los beneficios y los posibles perjuicios que traería consigo el traslado al RAIS, dado que en ciertos casos, las consecuencias de ello son nocivas, sobre todo para aquellas personas que ya han adquirido el derecho a pensionarse, o que están a punto de cumplir los requisitos para ello en el RPM, a quienes el traslado les implica acceder a la prestación a una edad más avanzada, o en menor cuantía de la que recibirían de no haberse surtido este. Y que de ello se desprende, que las AFP tienen la obligación de brindar información clara, completa y comprensible al momento en que se va a realizar un traslado desde el RPM, indicando los beneficios, pero también las consecuencias adversas de su traslado, tales como la pérdida del régimen de transición, ya que se trata de una decisión trascendental, pues en algunos casos puede incidir en la posibilidad de acceder a una pensión; carga de la prueba que está en cabeza de las administradoras de pensiones, de conformidad con los anteriores precedentes jurisprudenciales, aunado a lo expuesto en las sentencias

CSJ SL1421-2019 y CSJ SL1452-2019.

Luego señaló, que la «nulidad» del traslado de régimen pensional, conllevaría a que la actora regresara al RPM; no obstante, precisó, que debe definirse si operan los efectos de

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Radicación n.° 96903 la ineficacia del traslado cuando previamente a la afiliada se

le realizó la devolución de saldos. Al respecto se adentró en el análisis del material probatorio arrimado al proceso, a saber: la información sobre el bono pensional (f.° 13); la comunicación del 15 de agosto de 2008, en la que la AFP le informó a la actora de su emisión (f.° 17); la certificación pertinente, que da cuenta que fue por valor de $17.012.000 (f.° 18); la objeción de pensión realizada por Citi Colfondos SA Pensiones y Cesantías, el 15 de marzo de 2010, en la que expresó: […] revisado el saldo de la cuenta de ahorro individual administrado por esta entidad, donde se encuentran los aportes realizados por concepto de pensiones al fondo de pensiones obligatorias más los respectivos rendimientos, se evidencia que no cuenta con el capital que se requiere para financiar su pensión de vejez de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 (f.° 24). Igualmente, la Resolución n.° 7770 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se emitió y ordenó el pago de bonos pensionales tipo A, en la que se relacionó a la señora Espitia Orejuela (f.° 175); y copia del comprobante de pago por $19.952.802, por concepto de devolución de saldos, fechado en diciembre de 2010. Concluyó del acervo probatorio, que resulta claro que la señora Espitia Orejuela solicitó ante la AFP del RAIS, el reconocimiento de la pensión de vejez, haciendo parte del capital para financiar la prestación, el bono pensional, el cual

fue emitido y redimido; y ante la objeción presentada por Citi Colfondos SA Pensiones y Cesantías, en cuanto que el

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Radicación n.° 96903 capital, incluido el referido bono, no alcanzaba a generar una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo, se le reconoció la devolución de saldos, la cual recibió. Que ante el interrogante de si es posible devolver las cosas al estado anterior, ante la ineficacia del traslado de régimen pensional, la respuesta se obtiene en lo expuesto por la Corte en la sentencia CSL SL373-2021, en la que precisó los efectos de la «ineficacia» de la afiliación al RAIS, que consisten en volver las cosas al estado anterior; efecto que no tiene siempre la misma aplicación, siendo necesario analizar cada caso en particular. Y que descendiendo al asunto en concreto, se tiene que la demandante si bien no logró el reconocimiento de la pensión en el RAIS, sí obtuvo un beneficio propio de ese régimen, que fue la devolución de saldos, por no tener el capital suficiente para generar la pensión de vejez de conformidad con el artículo 64 de la Ley 100 de 1993; por lo tanto, no se puede predicar el efecto de la «ineficacia» del traslado, es decir, devolverla al RPM, y reconocerle la pensión bajo este, como lo ordenó el sentenciador de primer grado, porque el hecho de haberse redimido el bono pensional, es una de las situaciones consolidadas que no permiten retrotraer al escenario anterior.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el

Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente, que se case la sentencia impugnada, para que en sede de instancia confirme las condenas impartidas en primera instancia.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación; objeto de réplica por Colpensiones, pues si bien la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó escrito al respecto, este no contiene una oposición. Los cuales se resolverán en forma conjunta, en la medida en que se complementan entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia impugnada de violar por infracción directa los artículos 1746 del CC, 13 y 113 de la Ley 100 de 1993, y 14 del CST.

En su desarrollo aduce, que el Tribunal aceptó en su decisión, que en el presente caso, siguiendo las normas de la carga de la prueba, y lo desarrollado por la doctrina de la Corte, es la entidad autorizada para administrar el RAIS quien debe demostrar que el afiliado recibió la suficiente información de conveniencia para trasladarse a ese régimen; lo que no encontró respaldo en la actuación, adicionando que se trata de una afirmación negativa, que implica la alteración de la carga de la prueba, por consiguiente, Colpensiones no probó el hecho positivo de haberle brindado aquella en forma idónea.

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Radicación n.° 96903 Y que, a pesar de contener la providencia, referencias a

las normas que regulan el traslado de un régimen a otro, y admitir la ineficacia del realizado, a través de Colfondos SA, y sus consecuencias, no reconoció retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto, por el hecho de haberle entregado el bono pensional; en ello radicó el error del ad quem. Dice que la devolución de aquel, fue acogida por el juez plural como circunstancia exclusiva para no reconocer el efecto jurídico de la ineficacia del traslado; conclusión que conduce a que, para el sentenciador no existe el derecho al retorno al sistema de pensión, regulado bajo el RPM. Afirma que en ese razonamiento estriba el error esencial de la decisión impugnada, al desconocer que los actos jurídicos afectados de ineficacia son inexistentes, como lo considera la Corte. Señala que la ineficacia del acto jurídico de no informar al afiliado los beneficios o desventajas del traslado de un régimen a otro, como lo ha reiterado la Corte, genera, por aplicación del artículo 1746 del CC, el efecto retroactivo de aceptar, que, en virtud de ello, regresa el o los comprometidos con el mismo, al momento anterior a este. Expone que se reconoce por la jurisprudencia de la Corte, tanto en su Sala Laboral, como Civil, que el legislador no consignó norma expresa que regule las consecuencias jurídicas del acto jurídico calificado de ineficaz, como sí las

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Radicación n.° 96903 postula para el declarado nulo en el art. 1746 del CC, que

determina los derechos de los vinculados con ese acto, para ser restituidos al mismo estado en que se hallarían, de no haber existido aquel; disposición aplicable entonces por analogía para el asunto laboral que ocupa a la Sala. Reitera que el ad quem dejó de aplicar la citada norma civil, error contundente y evidente que estructura la violación directa de dicha norma sustancial; de haberse considerado ante la decisión indiscutible de la ineficacia de su traslado al RAIS, su retorno al RPM era un derecho innegable, desconocido por la decisión impugnada, por la devolución del bono pensional. Resalta que la devolución de saldos por la ineficacia del traslado, no se establece por el legislador como sanción para impedir el retorno a Colpensiones, como lo admite el sentenciador de segundo grado; con ello queda sin opción para acceder al régimen del Sistema General de Pensiones, o al reconocimiento de su pensión de vejez, lo que igualmente pone de presente la violación directa del literal a) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el 14 del CST. Añade que desconoció igualmente el ad quem, el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, al no aplicar esta norma sustancial, que así mismo regula el caso, porque consideró que no era viable la determinación por causa de devolución de saldos; que si algún activo tenía, debía pasar a Colpensiones; equívoco que configura la violación directa y protuberante de la disposición, por cuanto si declaró la

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ineficacia de su traslado al RAIS, se entiende y obliga a que su patrimonio en la AFP, debía transferirse a la administradora del régimen de prima media, haciendo las deducciones pertinentes.

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la violación directa por aplicación indebida del artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

En su desarrollo expone, que la citada norma, aplicada para decidir por el juez colegiado, no regula el caso, porque define los presupuestos para reconocer el derecho pensional de quien está válidamente afiliado al RAIS; y su vinculación a Colfondos SA se descartó acertadamente por el sentenciador, al calificar la ineficacia del traslado a esta AFP.

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, por «error de hecho en valoración de pruebas», acorde con los arts. 12 del Acuerdo 049 de 1990, y 12, 13 y 36 de Ley 100 de

1993. En su exposición indica, que el fallo recurrido le negó la pensión de vejez reclamada, porque no tenía en Colfondos SA el capital suficiente para ello; conclusión respaldada en el documento del 15 de marzo de 2010, y sustentada en lo

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Radicación n.° 96903 regulado por el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. Dice que ello no podía ser considerado como fundamento para negarle la prestación, porque su vinculación a esa AFP fue calificada por el Tribunal como ineficaz; lo que configura el error de hecho evidente, pues no era el capital que tenía en Colfondos SA, la prueba a

considerar, como lo consignó la decisión impugnada, sino las relativas a la edad, el tiempo de servicio y las semanas cotizadas, como medios probatorios de obligatoria valoración. Afirma que la opción del derecho a la pensión, la debió estimar el ad quem, considerando los supuestos determinados por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 758 del mismo año, es decir, establecer si tenía en el momento de su reclamación pensional, el respaldo probatorio idóneo de la edad y las semanas cotizadas impuestas por el precepto, y no, el requisito probatorio del capital ahorrado, consagrado en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. Y que, acorde con ello, acreditó: que nació el 15 de julio de 1950, por consiguiente, para la fecha en que inició la vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años; y que tenía una densidad de cotizaciones superior a 500 semanas; elementos de convicción demostrativos del hecho esencial, de que le asiste derecho al reconocimiento de la

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Radicación n.° 96903 pensión de vejez. Agrega que la devolución de saldos considerada en la decisión recurrida, implica igualmente valoración errada del juzgador colegiado, pues a partir de ella razonó que no tenía el capital suficiente para el reconocimiento de pensión de vejez a través del sistema pensional administrado por la AFP, posibilidad totalmente descartada por la ineficacia reconocida de la afiliación a ese fondo. Y que el exclusivo alcance del valor probatorio del bono

devuelto, es el establecido en el literal b) del art. 113 de la Ley 100 de 1993, que ordena la restitución a Colpensiones de los valores que por concepto de ahorro tenía en la AFP, por razón de la ineficacia del traslado reconocida por el ad quem; consideración probatoria que no estableció el sentenciador, razón por la cual se estructuró la estimación equivocada de esta prueba, generando error de hecho por vía indirecta.

IX. RÉPLICA Asegura que la finalidad de los tres reproches es idéntica: que se tenga como errada la conclusión a la que arribó el ad quem, relacionada con la imposibilidad de declarar la ineficacia del traslado al RAIS, por presentarse en el presente evento una situación jurídica consolidada; determinación que se encuentra ajustada al precedente que a la fecha sostiene la Corte, y que, por demás, no fue atacada,

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Radicación n.° 96903 desvirtuada ni reprochada por la recurrente. Indica que el primer cargo carece de proposición jurídica completa, como lo exige la ley, por cuanto no acusa ninguna norma de alcance nacional que establezca el derecho perseguido, que, en últimas, es la pensión de vejez; defecto que enerva el estudio de fondo; y que por lo demás, plantea la violación del art. 1746 del CC, por lo que debió denunciarse también el 19 del CST, que autoriza la aplicación del primero. Señala que, por otra parte, la disposición civil se refiere a la nulidad de un acto jurídico, sin que fuere aplicable al

asunto de la referencia, por cuanto lo que se persigue es la ineficacia del traslado efectuado al RAIS, errando la censora en su denuncia; máxime que el ad quem ni siquiera debatió que se le cercenó el derecho a un traslado informado, sin embargo estimó, que al haber recibido todos los dineros de su cuenta de ahorros, declarar ineficaz el acto jurídico y retrotraer la situación a su estado inicial, resultaría imposible. Afirma que la entrega a la asegurada del bono pensional tipo A, incluía los ahorros y el dinero que constituían el capital necesario para reconocer su pensión de vejez; lo que determinaba una situación consolidada que no podía dar marcha atrás, ubicándola en el escenario estudiado por la Corte en la sentencia CSJ SL373-2021. En lo concerniente al cargo segundo, expresa que debe

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Radicación n.° 96903 tenerse en cuenta, que el art. 64 de la Ley 100 de 1993 fue traído a colación en la sentencia acusada, para explicar que la reclamante ya había recibido la devolución de to