CSJ - SL3032-2024

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL3032-2024 Radicación n.° 102214 Acta 42 Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por BLANCA LIRIA VÁSQUEZ –sucesora procesal de GUILLERMO EMILIO CASTAÑEDA OCAMPO –, contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2023 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso que le sigue a LUZ

MARLENY CASTAÑO ROLDÁN y MINAS LA VETILLA

S.A.S. SCLAJPT-10 V.00Radicación n.° 102214

I. ANTECEDENTES Demandó Guillermo Emilio Castañeda Ocampo a las accionadas, para que se declarara que entre él y la primera

(persona natural), existió un contrato de trabajo desde agosto de 1968, sustituido en la segunda, hasta marzo de

2018. Consecuente con ello, pidió que ambas fueran condenadas solidariamente a pagarle la pensión de vejez desde el 28 de mayo de 2003, y en subsidio de esta, la pensión sanción del artículo 133 de la Ley 100 de 1993.

También reclamó la retroactividad de las cesantías por

el tiempo laborado y sus intereses; las primas de servicios, las vacaciones, la dotación de calzado y vestido de labor; las indemnizaciones de los artículos 64 y 65 del CST y 1 de la Ley 52 de 1975, junto con la indexación. Fundó sus pretensiones en que prestó sus servicios a Ramón Ángel Castaño mediante contrato de trabajo verbal a término indefinido desde agosto de 1968, desempeñando el cargo de cortero en una mina de oro informal denominada La Vetilla, ubicada en un predio de propiedad de aquel, en la vereda del mismo nombre, jurisdicción del municipio de Amalfi. Que, luego de la muerte de su empleador, «alrededor del año de 1997», la administración de la mina quedó en cabeza de la hija de aquel, Luz Marleny Castaño Roldán, sin que se modificara o suspendiera su trabajo, en tanto continuó bajo sus órdenes y subordinación. SCLAJPT-10 V.00 2Radicación n.° 102214 Manifestó que el 3 de marzo de 2005, la empresa pasó a llamarse Minas La Vetilla Ltda., y en junio de 2016, Minas la Vetilla S.A.S., donde continuó prestando sus servicios sin solución de continuidad a órdenes de los hermanos Luz Marleny y José Rogelio Castaño Roldán.

Adujo que: tenía a su cargo un frente de explotación minera, donde decidía cómo se trabajaba dentro del socavón o la mina en busca del oro; su salario era

proporcional a la producción, de acuerdo con el mineral extraído; el promedio de los últimos pagos recibidos fue de $1.400.000; la jornada laboral fue de lunes a sábado, desde las 06:00 hasta las 16:00, con un receso de una hora para el desayuno, y otra para el almuerzo.

Sostuvo que: no fue afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, ni le cancelaron las prestaciones reclamadas; reunió los requisitos de edad y tiempo para la pensión de vejez; no se examinó su estado de salud a la terminación de la relación y; que sus empleadores obraron de mala fe.

Anotó que nunca se modificó el nexo laboral a término indefinido, como tampoco la actividad pactada y; que fue despedido sin justa causa debido a sus problemas de salud. SCLAJPT-10 V.00 3Radicación n.° 102214 Al contestar, Luz Marleny Castaño Roldán y la sociedad Minas la Vetilla S.A.S., aunque en escritos separados, en síntesis, expusieron lo mismo. Se opusieron a todas las pretensiones y dijeron que los hechos no eran ciertos o que no les constaban. En lo sustancial, negaron la existencia de la relación laboral bajo el argumento de que el actor firmó un documento notarial el 13 de abril de 2015 en el que expresamente manifestó que entre ellos no se ejecutó un contrato de trabajo, ya que, se dedicó a labores de

chatarrería para su subsistencia y bajo su propia cuenta. La sociedad agregó que solo se constituyó como persona jurídica el 11 de febrero de 2005. Propusieron las excepciones de falta de legitimación en la causa, inexistencia de la obligación, temeridad, mala fe y prescripción. Minas La Vetilla S.A.S. también formuló la de cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, mediante sentencia del 8 de agosto de 2023, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones.

SCLAJPT-10 V.00 4Radicación n.° 102214

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante sentencia del 24 de noviembre de 2023, confirmó la de primer grado.

Planteó que el problema jurídico consistía en determinar si existió una relación de trabajo entre las partes. Para ello, invocó los artículos 22, 23, 24 y 145 del CST, así como el proveído CSJ SL326-2021, para resaltar que la parte demandante debía acreditar la prestación personal de su servicio, en orden a activar la presunción legal de un contrato de trabajo, invirtiendo así la carga de la prueba a su favor y trasladando a las accionadas la necesidad de desvirtuarla. Recordó que, primariamente, se pretendía la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre el

prueba a su favor y trasladando a las accionadas la necesidad de desvirtuarla. Recordó que, primariamente, se pretendía la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre el actor y Ramón Ángel Castaño, contrato que posteriormente se ejecutó con las accionadas Luz Marleny Castaño Roldán y Minas La Vetilla S.A.S., en virtud de la figura de la sustitución patronal. Valoró los interrogatorios de las partes, así como los testimonios de Miguel Ángel Uribe, Nidia Eugenia Medina de Castrillón, Blanca Liria Vásquez; Eldar Alberto y Edwin Alexander Zapata Zapata; Adrián Alirio Tamayo Preciado, Robinson Alirio Zea y José Aldemar Caicedo Vásquez. SCLAJPT-10 V.00 5Radicación n.° 102214 Refirió que, de acuerdo con la demanda, su contestación «y la prueba oral y documental recaudada» , no se demostró que el accionante hubiere prestado un servicio personal en beneficio de las enjuiciadas, en tanto las pruebas dieron fe de que ejecutó labores como cortero en una mina de propiedad de Ramón Castaño, que recibía un porcentaje de la producción, y que posteriormente continuó realizando actividades de chatarrero, las cuales desarrollaba con autonomía, al no estar sometido a órdenes e instrucciones, ni al cumplimiento de un horario. Halló acreditado que, «conforme lo indican las señoras Luz Marleny y Margarita Castaño Roldán», la mina fue explotada de manera informal por su padre, Ramón

Halló acreditado que, «conforme lo indican las señoras Luz Marleny y Margarita Castaño Roldán», la mina fue explotada de manera informal por su padre, Ramón Castaño, desde 1960 o 1962 hasta 1990, pero que después pasó a ser de todos los hermanos, hasta que se constituyó formalmente como sociedad a partir del 11 de febrero de 2005, como se verificaba en el respectivo certificado de existencia y representación legal. A renglón seguido, examinó la prueba testimonial, y expresó: Con la prueba testimonial se logró determinar que el señor GUILLERMO EMILIO CASTAÑEDA OCAMPO, ejecutó labores de cortero en la mina La Vetilla, desde 1968 o 1969 hasta 1985 a 1986, arrancando mina y peña, tal como lo expuso el señor Miguel Ángel Uribe Uribe, y luego partía con el dueño el metal extraído por mitades. En igual sentido, LUZ MARLENY CASTAÑO ROLDÁN, dijo que el demandante trabajó con su padre Ramón Castaño, desarrollando la labor de cortero y partía con éste al 50%; por su parte, Eldar Alberto Zapata Zapata, dijo que en 1990 el demandante laboró en la mina La Vetilla como cortero, que trabajaba 3 o 4 meses y lo que

sacaban lo partían por mitad con el dueño de la mina; Robinson Alirio Zea dijo que en 1983 el señor GUILLERMO trabajó en la mina extrayendo material y la remuneración era «como a partir», SCLAJPT-10 V.00 6Radicación n.° 102214 y en el año 1990, lo veía como cortero en algunas ocasiones, sin precisar la periodicidad; por lo que podría decirse que en principio, el señor GUILLERMO EMILIO desarrolló la labor de cortero en la mina La Vetilla, desde 1986 hasta 1990, sin embargo, no puede decirse que dichas labores estuvieran enmarcadas en una relación laboral, por cuanto el mismo demandante adujo en el interrogatorio de parte, que la retribución que recibía por dicha labor obedecía a un reparto de utilidades y no existe prueba que prestara servicios de manera subordinada al servicio del señor Ramón Castaño. Respecto al tiempo laborado por el señor GUILLERMO EMILIO después de 1990, la prueba testimonial da cuenta de que realizó actividades en la mina La Vetilla, de manera discontinua, dado que Eldar Alberto Zapata Zapata sostuvo que entre 1991 y 1997 se fue para la finca de Víctor García, periodo en el cual regresaba a la mina y se quedaba 1 o 2 días, sin

precisar la periodicidad con la que lo hacía; que entre 2005 y 2018 se desempeñó como chatarrero, labor que ejecutaba sin cumplir horario, dado que iba y volvía cuando quería; Edwin Alexander Zapata Zapata, dijo que en el año 1997 el demandante trabajó como chatarrero en la mina, agregando que no tenía horario, no estuvo de manera permanente, iba y volvía y algunas veces se demoraba hasta 6 meses para regresar; Adrián Alirio Tamayo Preciado expuso que en 1990 veía al señor GUILLERMO trabajando en la mina La Justicia como chatarrero, y en la misma época desempeñó la misma labor en La Vetilla, en ambas partes iba por días, agregando que igualmente desarrolló dicha actividad en la mina de Víctor García donde permaneció durante 5, 6 o 7 años sin que precisara durante qué período tuvo lugar tal hecho; el señor Robinson Alirio Zea, sostuvo que entre 1997 y 1998 el demandante estuvo como chatarrero, en la mina La Vetilla, se iba 3, 4 o 5 meses, trabajaba el día que quería, a la hora que quería; y José Aldemar Caicedo Vásquez, dijo que después del año 2005, dejaban al demandante trabajar como chatarrero en la mina La Vetilla, sin que precisara si lo hizo de manera continua, razón por la cual no se logró acreditar que en el periodo comprendido entre 1990 a 2018, el demandante

la mina La Vetilla, sin que precisara si lo hizo de manera continua, razón por la cual no se logró acreditar que en el periodo comprendido entre 1990 a 2018, el demandante hubiera desempeñando una actividad continua al servicio de los demandados, dado que los testigos afirman que realizaba dicha labor con autonomía, para su propio beneficio y se iba de la mina por temporadas. SCLAJPT-10 V.00 7Radicación n.° 102214 En cuanto a la retribución que percibió el demandante entre 1990 y 2018, el colegiado razonó que, si bien Blanca Liria Vásquez adujo «que en el año 2015 lo fue entre $12.000.000 y $14.000.000» , y que al finalizar «el vínculo laboral» Luz Marleny Castaño Roldán le entregaba la suma de $350.000 a título de ayuda, lo cierto es que al haberse acreditado que trabajó de manera autónoma, se desvirtuaba la subordinación propia de un contrato de trabajo. En esa medida, dedujo que las ganancias económicas que obtuvo por su actividad, inicialmente como cortero, y luego como chatarrero, no revestían el carácter de salario, pues, en puridad, no correspondían a la remuneración de unos servicios personales prestados para otra persona. Aseguró que, si bien algunos de los testigos traídos por la parte demandada presentaron contradicciones en sus dichos o confusión respecto de las fechas, o frente a la forma en que se realizaban los pagos, sus versiones debían ser valoradas de manera conjunta, teniendo en cuenta la

la parte demandada presentaron contradicciones en sus dichos o confusión respecto de las fechas, o frente a la forma en que se realizaban los pagos, sus versiones debían ser valoradas de manera conjunta, teniendo en cuenta la conducta asumida en el proceso, conforme lo establecía el artículo 61 del CPTSS. Explicó que la decisión se apoyaba en el precedente vertido en un caso de similares contornos proferida por esa misma corporación, […] en la que revocó la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2017, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, mediante la cual se había declarado la existencia de una relación laboral en un asunto de similares contornos, al considerar que se desvirtuó la presunción de subordinación consagrada en el artículo 24 del C.S.T, debido a las inconsistencias de la prueba testimonial y por cuanto se indicó que todos hacían parte de una sociedad conformada con el fin de explotar la minería de aluvión y de ello dividir lo producido SCLAJPT-10 V.00 8Radicación n.° 102214 en la misma por porcentajes. Así, concluyó que después de 1990 no quedó demostrada la continua prestación del servicio del demandante, y de las evidencias allegadas por la pasiva solo se podía concluir que la labor que aquel realizó era intermitente, desarrollada en diferentes minas, y sin estar sometido a horarios, órdenes o instrucciones. Por último, aseveró que «el solo hecho de habérsele

se podía concluir que la labor que aquel realizó era intermitente, desarrollada en diferentes minas, y sin estar sometido a horarios, órdenes o instrucciones. Por último, aseveró que «el solo hecho de habérsele dado unos carnets (sic) en los que se indicaba que trabajaba como minero o el hecho de que utilizara las herramientas de la mina», no era suficiente para demostrar la existencia de una relación laboral. Mediante auto del 15 de febrero de 2024, el ad quem reconoció a Blanca Liria Vásquez, cónyuge del demandante, su calidad de sucesora procesal, dada la muerte de este (f.° 58, y 62-65 cuaderno Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la sucesora procesal del actor, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y acceda a las pretensiones de la demanda. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, libre de réplica.

SCLAJPT-10 V.00 9Radicación n.° 102214

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 176, 221, 243, 244, 245, 250, 253 del CGP; 51, 53 y 54A-2 del CPTSS, modificado el segundo por el 8 de la Ley 1149 de

243, 244, 245, 250, 253 del CGP; 51, 53 y 54A-2 del CPTSS, modificado el segundo por el 8 de la Ley 1149 de 2007, y adicionado el tercero por el 24 de la Ley 712 de 2001; el 60 del referido estatuto procesal del trabajo, como violación de medio, a través de la cual se aplicó indebidamente el 67, 68 y 69 del CST, en relación con el 1º, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 40, 43, 55, 61 y 64 ibidem, modificado el último por el 28 de la Ley 789 de 2002; 9 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 33 de la Ley 100 de 1993; 36 ídem , en consonancia con los artículos 1568 y 1602 del Código Civil; el 4, 13, 29, 53, 228 y 230 de la Constitución; el 51, 60, 61, 66 del CPTSS, modificados por el 10 de la Ley 1149 de 2007; el 66A ibidem; el 164, 166, 167, 168, 176, 191, 194, 197, 203, 205, 211, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 260 y 261 del CGP. Le enrostra al Tribunal los siguientes yerros fácticos: 6.1.1. No dar por demostrado, estándolo, que con los interrogatorios practicados a las codemandadas Luz Marleny y Margarita Edith Castaño Roldan, y el de los señores Miguel

6.1.1. No dar por demostrado, estándolo, que con los interrogatorios practicados a las codemandadas Luz Marleny y Margarita Edith Castaño Roldan, y el de los señores Miguel Ángel Uribe, José Aldemar Caicedo Vásquez, Eldar Alberto Zapata Zapata, se pudo demostrar la existencia de la relación laboral entre el señor Guillermo Emilio y el señor Ramon Castaño desde el año de 1968 hasta su fallecimiento, lo cual debió valorarse en sana critica por el Tribunal Superior de Antioquia. 6.1.2. No dar por demostrado, estándolo, que con los interrogatorios practicados a las codemandadas, y de los testimonios recepcionados, al hacer una valoración en su conjunto, se puede claramente acreditar la existencia de la relación laboral con los hermanos CASTAÑO ROLDAN de los cuales hace parte la señora LUZ MARLENY CASTAÑO ROLDAN, SCLAJPT-10 V.00 10Radicación n.° 102214 relación que inicio (sic) tal como lo puede establecer de dichos testimonios en el año de 1990 y que perduro (sic) hasta el año de 2018 aun después de la legalización de la mina la vetilla. 6.1.3. Dar por establecido, sin estarlo, contrariando la ley laboral, que la remuneración percibida por el señor Guillermo Emilio Castañeda Ocampo no era salarial, sino un simple porcentaje de la producción, como si se tratara de una partición

laboral, que la remuneración percibida por el señor Guillermo Emilio Castañeda Ocampo no era salarial, sino un simple porcentaje de la producción, como si se tratara de una partición de ganancias o utilidades, desconociendo que estaba probado la existencia del salario a destajo y lo preceptuado en el articulo (sic) 132 del C.S.T. y de la S.S. 6.1.4. No dar por demostrado estándolo, que entre las demandadas y los hermanos Castaño Roldan, se presentó sustitución patronal al haber hacer una errada valoración de los testimonios rendidos por los testigos, las codemandadas, y de la indebida valoración de los documentos allegados para su valoración, como lo fueron los carnets que le fueron entregados por la Mina La Vetilla SAS al señor Guillermo Emilio entre los años de 1997 a 2005, y la carta que le fue entregada a firmar al señor Guillermo Emilio por el representante legal de la mina La Vetilla el 13 de abril de 2005, de la cual no se valoro (sic) tal como quedo (sic) acreditado en el proceso que este es una persona completamente iletrada, y ni siquiera pudo establecer si el poder que le había conferido a su abogado el (sic) lo había consentido, al no poder conocer el contenido del documento. 6.1.5. Dar por probado a pesar de no estarlo, que a partir de 1990 el señor Guillermo Emilio realizaba actividades de

chatarrero, cuando este laboraba en los socavones de la Mina La Vetilla en el cargo de cortero, percibiendo su remuneración o salario a destajo, tal como lo percibían los demás trabajadores de la mina, ello es en un porcentaje de lo producido 50% para los dueños de la mina y 50% para los trabajadores. Errando el Tribunal al acreditar sin serlo que las actividades ejecutadas las desarrollaba con autonomía, al no estar sometido a órdenes e instrucciones, ni al cumplimiento de un horario, cuando este cumplía horario, instrucciones, acataba órdenes y percibía como consecuencia su salario en la modalidad a destajo. 6.1.6. No dar por evidenciado, estándolo, de que al trabajador se le terminó el contrato de trabajo en el año 2018 como consecuencia de su despido unilateral de parte de su empleadora Mina La Vetilla SAS, tal como quedó demostrado con el testimonio del mismo Guillermo Emilio, su esposa Blanca Liria, y de las codemandadas. 6.1.7. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, de que el trabajador Guillermo Emilio le sirvió intermitentemente y por periodos de tiempo discontinuos a las codemandadas, desde el año de 1990 hasta el año de 2018, cuando de los testimonios del mismo demandante, de la señora Blanca Liria Vásquez, y de los testimonios incoherentes, deslucidos, y amañados de los

testigos de las codemandadas, se pudo corroborar que no hubo interrupción ni solución de continuidad entre el año 1990 al SCLAJPT-10 V.00 11Radicación n.° 102214 año 2018. Y que de los testimonios parcializados de los testigos de las codemandadas en razón a su subordinación, si bien en sus mismas contradicciones posicionaban a el señor Guillermo Emilio en diferentes épocas como trabajador en los socavones, sumado a el hecho de la existencia de los carnets de identificación que le fueron entregados por los codemandados y que datan de 1997 al 2005, lo que acredita el vinculo (sic) laboral que han tratado de desvirtuar mediante la introducción de unas pruebas testimoniales que son disimiles, confusas, y contradictorias entre sí, y que entre sus mismas contradicciones solo corroboran lo innegable, que es la existencia de la relación laboral, en favor del señor Guillermo Emilio Castañeda (Q.E.P.D). 6.1.8. Dar por no probada, a pesar de estarlo, el derecho a la sustitución patronal y la solidaridad de las codemandadas, pues es en la misma parte resolutiva de la sentencia recurrida, donde no se dio por establecida la existencia del contrato de trabajo, se puede establecer que el mismo tribunal corroboro (sic) de las declaraciones de las codemandadas LUZ MARLENY y

Margarita Castaño Roldán, que la mina La Vetilla fue explotada de manera informal por su padre Ramón Castaño desde 1960 o 1962 hasta el año 1990; que en ese año de 1990 pasó a ser de todos los hermanos castaño roldan, y que se constituyó formalmente como sociedad a partir del 11 de febrero de 2005, línea del tiempo que fue perfectamente elaborada por mi representado al momento de delimitar los extremos temporales de su relación laboral, extremos en los cuales los testigos de cargo y de descargo, de acuerdo al tiempo en que iniciaron su relación laboral con minas la vetilla posicionan a el señor Guillermo Castañeda dentro de los socavones de la mina ejerciendo la labor de cortero, a pesar que traten de esconder dicha labor con la de chatarrero. 6.1.9. No dar por demostrado, estándolo, que existe sustitución patronal y por consiguiente también solidaridad entre las codemandadas, para reconocer el derecho a la pensión de jubilación, por cuanto existió una relación laboral sin solución de continuidad desde el año de 1968 hasta el año 2018, bajo la continua dependencia, subordinación, con las codemandadas, las cuales deberán responder de manera solidaria por todas las acreencias y prestaciones sociales, entre ellas la pensión jubilatoria, razón por la cual, la sentencia debió reconocer la pensión de jubilación o en su defecto la pensión sanción equivalente al tiempo laborado con las codemandadas. Como pruebas erróneamente apreciadas relaciona las siguientes:

pensión de jubilación o en su defecto la pensión sanción equivalente al tiempo laborado con las codemandadas. Como pruebas erróneamente apreciadas relaciona las siguientes: 6.2.1. El documento privado firmado por el señor Rogelio Castaño Roldan y por el señor Guillermo Emilio Castañeda del SCLAJPT-10 V.00 12Radicación n.° 102214 134 de abril de 2015 que fue aportada por la codemandada Minas La Vetilla SAS, donde se trata de demostrar que mi mandante de manera libre y voluntaria reconoció la inexistencia de la relación laboral. Documento que fue indebidamente valorado por el tribunal Superior de Antioquia, y al cual se le dio credibilidad en favor de la codemandada Minas la Vetilla. 6.2.2. Los testimonios de los señores: Blanca Liria Vásquez, Miguel Ángel Uribe, Eldar Alberto Zapata, Edwin Alexander Zapata, Robinson Alirio Roldan Zea, José Aldemar Caicedo Vásquez. Y como dejadas de valorar, refiere: 6.3.1 Los carnets (sic) que fueron aportados por la señora Blanca Liria Vásquez en su declaración, y que dan cuenta de la plena identificación y reconocimiento ante la misma mina la vetilla antes y después de su formalización o legalización, y ante terceros de la existencia de la relación laboral del señor Guillermo Emilio Castañeda Ocampo con esa mina, carnets que tienen unas fechas de expedición entre los años de 1997 al año de 2005.

terceros de la existencia de la relación laboral del señor Guillermo Emilio Castañeda Ocampo con esa mina, carnets que tienen unas fechas de expedición entre los años de 1997 al año de 2005. 6.3.2. La escritura publica (sic) 48 del del 11 de febrero de 2005 mediante la cual se constituyó legalmente la sociedad Minas La Vetilla, donde figuran todos los socios que hacen parte de dicha sociedad. 6.3.3. Estatutos de la constitución de la sociedad Minas La Vetilla del 09 de febrero de 2005 donde figuran todos los socios que hacen parte de dicha sociedad. En la sustentación, manifiesta que del interrogatorio del actor se puede establecer que, a pesar de su edad y dificultades de salud, fue coherente en sus respuestas, en las que afirmó que trabajó en La Vetilla S.A.S., «arrancando mina», que laboró como cortero, y explicó de qué manera lo hacía, perforando con taladros e incorporando dinamita en los respectivos frentes de trabajo en los socavones. También dijo el interrogado que en algunas ocasiones le pagaron con plata o en oro, y por porcentaje, que de acuerdo con lo extraído del producido de la mina se les daba la mitad a los trabajadores, y la otra para el dueño de aquella, y que SCLAJPT-10 V.00 13Radicación n.° 102214 efectivamente ese pago era libre de alimentación y de hospedaje. Agrega que el declarante fue claro al manifestar que quien lo contrató fue Ramón Castaño a partir de 1968, y que estuvo trabajando con él «más o menos hasta el 88», a pesar de que de los testimonios se estableció que fue hasta

hospedaje. Agrega que el declarante fue claro al manifestar que quien lo contrató fue Ramón Castaño a partir de 1968, y que estuvo trabajando con él «más o menos hasta el 88», a pesar de que de los testimonios se estableció que fue hasta 1990; que, posteriormente, el empleador les entregó la mina a sus hijos para que la manejaran, pero que él continuó laborando con la familia hasta el año 2005; que luego la legalizaron, y permaneció hasta 2018, cuando lo despidieron sin justa causa; que las órdenes durante la relación laboral se las daba el señor Ramón, así como Arturo y Rogelio Castaño; que Fernando fue quien manejó el personal los últimos años, y que dicha narración se acredita con los testimonios que fueron indebidamente valorados, los cuales corroboran la presencia continua e ininterrumpida de Guillermo Castañeda en la mina. Aduce que el documento firmado por este en el que negó la existencia de la relación laboral, no fue valorado conforme al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, máxime cuando se trataba de un adulto mayor de especial protección constitucional, debido a que era una persona analfabeta, que solo sabía firmar, y que su avanzada edad no le permitía entender el contenido de un documento jurídico. De ahí, estima que es desacertado

deducir una confesión de ese medio fáctico, al no proceder de una voluntad consciente y libre. SCLAJPT-10 V.00 14Radicación n.° 102214 Asegura que la representante legal de Minas La Vetilla S.A.S. confesó lo siguiente: i) que la relación laboral existió, en tanto aceptó que era «corterito»; ii) que se dividía el producido de la mina en un 50% para el dueño y el otro porcentaje para los trabajadores; iii) que le suministraba explosivos y las herramientas cuando trabajó al servicio de Ramón Castaño, para que pudiera realizar sus labores en los socavones; iv) que la mina pertenecía a la familia, específicamente a los cuatro hermanos, como lo ratifica la escritura pública n.º 48 del 11 de febrero de 2005; v) que se le acondicionó un rancho de madera donde dormía al lado de los demás trabajadores, y se le dio alimentación durante el tiempo que permaneció en ese lugar, hecho ratificado por el testigo Miguel Ángel Uribe, quien empezó a trabajar en 1979 hasta 1985, es decir, que presenció que sí laboraba en la mina de manera subordinada al servicio de Ramón Castaño. Afirma que el testigo José Aldemar Caicedo Vázquez fue renuente a responder, guardaba silencio, y su declaración siempre estuvo parcializada, y que se le restó credibilidad mediante el contrainterrogatorio; que dejó evidenciadas serias contradicciones en sus afirmaciones. Enfatiza en que recibió carnés, entre los que se encuentra uno otorgado por la cooperativa de mineros, donde aquel

credibilidad mediante el contrainterrogatorio; que dejó evidenciadas serias contradicciones en sus afirmaciones. Enfatiza en que recibió carnés, entre los que se encuentra uno otorgado por la cooperativa de mineros, donde aquel fue identificado como «cortero», lo que permite probar la existencia de la relación laboral «en los años 80 y 90», así como «también ya entrando al año 2001 hasta el año 2005 para demostrar que siempre estuvo laborando». SCLAJPT-10 V.00 15Radicación n.° 102214 Concluye que los medios de convicción acreditan la existencia de la relación laboral ininterrumpida, así como de la sustitución patronal. Añade que el ad quem interpretó de manera errada el artículo 132 del CST, en tanto pasó por alto que todos los declarantes, trabajadores de la mina, aceptaron que se les pagaba el mínimo legal solo para efectos de cotización a la seguridad social.

VII. CONSIDERACIONES Le corresponde a la Sala determinar si erró el colegiado al no declarar la existencia de un contrato de trabajo realidad entre las partes.

Para resolver, importa recordar que la subordinación, como concepto jurídico propio de las relaciones de trabajo dependiente, constituye el elemento que diferencia a estas de las civiles o mercantiles, muy apropiadas a la libertad del empresario que realiza sus actividades con absoluta discrecionalidad en cuanto a la cantidad, calidad y

condiciones en que las ejecuta. De otro lado impone un sacrificio a la autonomía del trabajador en aras de obtener una remuneración. Ahora, la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, implica garantizar los derechos del trabajador sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades (CC C-665 -1998), como en aquellos casos en los que en apariencia se ha celebrado un contrato de prestación de servicios, pero en SCLAJPT-10 V.00 16Radicación n.° 102214 efecto lo que se verifica es uno marcado por la subordinación jurídica. Así, dado el carácter tuitivo del derecho del trabajo, la presunción contenida en el artículo 24 del CST cumple una función esencial en el esclarecimiento de los anteriores aspectos, pues, una vez establecida la prestación personal del servicio, se deduce que ese nexo está regido por un vínculo laboral. En esos eventos, a quien se beneficia de esa labor le incumbe desvirtuar la presunción