CSJ - SP436-2025

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Magistrado Ponente SP436-2025 Radicación n.º 66.914

CUI: 47001600101820170247101

Aprobado acta n.º029 Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la impugnación especial interpuesta por el defensor de JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA contra la sentencia del 10 de abril de 2024, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta (Magdalena). Con esta decisión, revocó la sentencia absolutoria del 25 de enero de 2024 proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta y, en su lugar, condenó a HERNÁNDEZ PEDRAZA, por primera vez, como autor del delito de homicidio culposo.Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA

II. SÍNTESIS DE LOS HECHOS El 21 de septiembre de 2017, a las 11:00 de la noche,

aproximadamente, en la carrera 1ª del sector de la sociedad portuaria de Santa Marta (Magdalena), Andrés Guillermo Redondo Guerrero se movilizaba en el estribo de una de las puertas del tractocamión de placas SRM-672, que conducía JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA. Este acto fue aceptado por los dos con el fin de que, luego, el primero encarpara tal automotor, labor que cumpliría en un sector cercano conocido como El Tierrero.

JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA. Este acto fue aceptado por los dos con el fin de que, luego, el primero encarpara tal automotor, labor que cumpliría en un sector cercano conocido como El Tierrero. Redondo Guerrero se subió a la parte superior del tráiler del tractocamión y, al llegar a la salida de la sociedad portuaria, tropezó con una valla publicitaria, perdió el equilibrio, cayó, fue alcanzado por las llantas y, como consecuencia de las lesiones padecidas, falleció.

III. ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 27 de noviembre de 2019, ante un Juez con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, la Fiscalía le imputó a JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA el delito de homicidio culposo, conducta descrita y sancionada en el artículo 109 del Código Penal. El imputado no aceptó los cargos y la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento.

2. El 5 de abril de 2021 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta presidió la audiencia de acusación. La

2Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA Fiscalía llamó a juicio a JOHN H ERNÁNDEZ P EDRAZA por el mismo delito por el que formuló imputación.

3. El 14 de septiembre de 2022, el Juzgado realizó la audiencia preparatoria. El 6 de febrero de 2023 inició el juicio oral, el cual culminó el 25 de septiembre de 2023 con anuncio del sentido del fallo de carácter absolutorio.

audiencia preparatoria. El 6 de febrero de 2023 inició el juicio oral, el cual culminó el 25 de septiembre de 2023 con anuncio del sentido del fallo de carácter absolutorio.

4. El 25 de enero de 2024, ese despacho profirió la sentencia absolutoria. La Fiscalía apeló.

5. El 10 de abril de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta revocó el fallo y condenó al acusado como autor del delito de homicidio culposo. Le impuso las penas de 32 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena de prisión. Además, le concedió la prisión domiciliaria.

6. El 27 de mayo de 2024 la defensa técnica interpuso impugnación especial y presentó su sustentación por escrito el 15 de julio de 2024. En los traslados de rigor, los intervinientes no recurrentes guardaron silencio.

IV. LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA.

1. La sentencia de primera instancia.

1. El análisis del Juzgado se centró en esclarecer si el procesado estaba enterado de la presencia de Redondo

3Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA Guerrero en la parte superior del tráiler, lo que le exigiría un comportamiento diferente al ejecutado. Ese despacho concluyó que las pruebas de cargo no fueron suficientes para acreditar ese hecho y para cumplir el estándar de conocimiento exigido

Guerrero en la parte superior del tráiler, lo que le exigiría un comportamiento diferente al ejecutado. Ese despacho concluyó que las pruebas de cargo no fueron suficientes para acreditar ese hecho y para cumplir el estándar de conocimiento exigido para imponer condena y absolvió al acusado por la concurrencia de dudas probatorias insalvables.

2. La sentencia de segunda instancia.

2. Para el Tribunal, el hecho de que JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA hubiera permitido el actuar de la víctima para la ejecución de ese acto riesgoso, le generó un deber jurídico que lo compelía a evitar cualquier resultado lesivo. En esas condiciones, él era titular de una posición de garante por fuente de riesgo de competencia por organización.

3. En ese marco, la decisión de Redondo Guerrero de subir al tráiler del tractocamión no es suficiente para exonerar al acusado de responsabilidad toda vez que tenía rol de garante respecto de la víctima. Además, con respecto a los hechos del caso, no es posible aplicar la figura jurídica de la acción a propio riesgo (o autopuesta en peligro dolosa).

4. Para el Tribunal, se estructuró una conducta constitutiva de un delito de omisión impropia o comisión por omisión, con sustento en el artículo 25 de la Ley 599 de 2000: “el procesado activó la posición de garante al momento en el que le solicitó sus servicios como carpero a la víctima y, consecuencialmente, que ésta estuviera en la parte externa del

4Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

que le solicitó sus servicios como carpero a la víctima y, consecuencialmente, que ésta estuviera en la parte externa del 4Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA vehículo, por tanto, fue actualizado el deber jurídico por fuente de riesgo por la denominada comunidad de riesgo, bien sea por asunción voluntaria o concertación con antelación y, también podría aplicarse, la tesis de riesgos creados por otras personas que se encuentran dentro del ámbito de influencia de quien omite, o el control de riesgo que operan en el propio ámbito de dominio del agente. Ahora, la Sala insiste que es plausible por las connotaciones del asunto, traer a colación el tópico de los deberes en virtud de responsabilidad por organización.”

5. Con base en esos argumentos, el Tribunal concluyó que estaban acreditados los presupuestos de la responsabilidad penal, revocó la sentencia apelada y, en su lugar, condenó a JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA como autor del delito de homicidio culposo.

V. LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL.

La defensa le solicitó a la Corte que revoque la sentencia condenatoria del Tribunal. Para ello razonó de la siguiente forma:

1. Delimitó dos problemas jurídicos relevantes. Por una parte, se pregunta si JOHN H ERNÁNDEZ P EDRAZA tenía conocimiento de que Andrés Guillermo Redondo Guerrero se encontraba en la parte superior del tráiler del tractocamión.

parte, se pregunta si JOHN H ERNÁNDEZ P EDRAZA tenía conocimiento de que Andrés Guillermo Redondo Guerrero se encontraba en la parte superior del tráiler del tractocamión. Por otra, plantea el interrogante sobre si la decisión de Redondo Guerrero de subirse al tráiler puede entenderse como excluyente de responsabilidad en aplicación de la figura de la acción a propio riesgo. 5Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA

2. Delimitados los problemas que en su consideración resultan relevantes en el caso concreto, la defensa plantea tres cargos para impugnar la sentencia condenatoria de segunda instancia.

Primero, reprocha la ausencia de pronunciamiento sobre sus planteamientos. Estos argumentos se dirigían a sostener la inverosimilitud de las versiones proporcionadas por los dos testigos que afirmaban haber presenciado el accidente. Además, reprocha de los testigos falta de credibilidad y considera que estos han mentido. Segundo, censura la indebida valoración probatoria. La defensa le imputa al Tribunal que hace referencia a una prueba indiciaria, sin construir el indicio para identificar sus elementos y poderlo controvertir. Además, para la defensa, el Tribunal no consideró el material probatorio en su integridad. Tercero, alega que, desde la imputación y hasta la sentencia de segunda instancia, el término prescriptivo había corrido en su integridad, motivo por el cual no hay alternativa diferente que precluir la actuación.

Tercero, alega que, desde la imputación y hasta la sentencia de segunda instancia, el término prescriptivo había corrido en su integridad, motivo por el cual no hay alternativa diferente que precluir la actuación.

VI. CONSIDERACIONES.

1. Competencia.

1. La Sala es competente para resolver la impugnación especial interpuesta por la defensa contra la primera sentencia condenatoria proferida en segunda instancia por la Sala Penal

6Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta contra JOHN H ERNÁNDEZ P EDRAZA. Esto de acuerdo con lo previsto en el numeral 3° del Acto Legislativo 01 de 2018, que reformó el numeral 7° del artículo 235 de la Constitución Política. La Sala, mediante decisión CSJ AP1263-2019 del 3 de abril de 2019, dictada en el radicado N°54.215, adoptó medidas provisionales para garantizar el derecho a impugnar la primera condena emitida en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y lo hizo a fin de materializar los propósitos integradores de la jurisprudencia y cumplir con el mandato constitucional.

2. La Sala de Casación Penal está habilitada para revisar la legalidad de la sentencia cuestionada y pronunciarse de fondo sobre los motivos de la impugnación. Evaluará los argumentos presentados por el recurrente siguiendo la lógica inherente al recurso de apelación. Acorde con el principio de

fondo sobre los motivos de la impugnación. Evaluará los argumentos presentados por el recurrente siguiendo la lógica inherente al recurso de apelación. Acorde con el principio de limitación, el trabajo de la Sala pondrá énfasis en el examen de los cargos específicos por los que la defensa impugna la sentencia condenatoria. No obstante, ampliará este análisis a los temas inseparablemente vinculados al objeto de la crítica.

2. Cuestión previa: El cargo de prescripción de la acción penal.

3. Antes de abordar las críticas del impugnante, en salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso y para depurar el debate, la Sala advierte la necesidad de examinar la

7Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA vigencia de la acción penal respecto a la muerte de Andrés Guillermo Redondo Guerrero, subsumida en el artículo 109 del C.P. como homicidio culposo, tal como lo reclama la defensa en la impugnación radicada.

4. La Sala se ha ocupado de la prescripción de la acción penal respecto a los sentenciados por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en asuntos regidos por la Ley 906 de 2004, luego de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2018.

Para estas situaciones, en el auto AP1942-2021 del 19 de mayo de 2021, dentro del radicado 58403, la Sala estableció que, al dictarse una sentencia de segunda instancia en

01 de 2018. Para estas situaciones, en el auto AP1942-2021 del 19 de mayo de 2021, dentro del radicado 58403, la Sala estableció que, al dictarse una sentencia de segunda instancia en procesos regidos por la Ley 906 de 2004, se suspende el término de prescripción penal por cinco (5) años, conforme al artículo 189 del Código de Procedimiento Penal, pues, si bien este artículo forma parte de la regulación de la casación, también es aplicable a la impugnación especial.

5. En el caso concreto, los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2017. El 27 de noviembre de 2019, la Fiscalía le imputó a JOHN H ERNÁNDEZ P EDRAZA el delito de homicidio culposo. El 25 de enero de 2024, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta profirió sentencia absolutoria. El 10 de abril de 2024, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta la revocó.

El homicidio culposo conlleva una pena de 32 a 108 meses de prisión, en los términos del artículo 109 C.P. En esa 8Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA medida y por mandato del artículo 83 C.P., el máximo de la pena establecida para delimitar el marco temporal de la prescripción en este caso sería de nueve (9) años. En tanto la prescripción de la acción penal se interrumpe con la

pena establecida para delimitar el marco temporal de la prescripción en este caso sería de nueve (9) años. En tanto la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación, reiniciando un nuevo término igual a la mitad del máximo de la pena (artículo 292 de la Ley 906 de 2004), se debería contar cuatro (4) años y medio desde la formulación de imputación. Bajo estas circunstancias el fenómeno de la prescripción hubiese tenido lugar el 27 de mayo de 2024. Pero, como lo destacó la Sala, el Tribunal profirió la sentencia antes de esa fecha. Ahora, según la jurisprudencia indicada, la Sala cuenta con cinco (5) años, desde la promulgación de la primera sentencia de segunda instancia, para resolver el recurso de impugnación interpuesto por el defensor. Así las cosas, como la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta profirió tal condena el 10 de abril de 2024, el término de prescripción permanecerá suspendido hasta el 10 de abril de 2029. Por consiguiente, la acción penal no ha prescrito.

3. Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión.

6. La defensa de JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA sostiene que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta realizó una errada valoración de los medios de prueba practicados en el debate oral y público. Desde su punto

9Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA

prueba practicados en el debate oral y público. Desde su punto 9Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA de vista, no es posible afirmar, con base en los medios de prueba, que el procesado tenía conocimiento de la presencia de Andrés Guillermo Redondo Guerrero en la parte trasera del tráiler del tractocamión, del cual cayó. Sobre esa base, reclama la revocatoria de la condena ante la imposibilidad de imputarle el resultado lesivo.

7. La proyección de la impugnación especial radicada por la defensa exige establecer a quién le es imputable el resultado en cuestión. En la medida en que resulten delimitados con precisión los presupuestos de la imputación del resultado, se podrá realizar una adecuada ponderación de la valoración probatoria llevada a cabo por la segunda instancia y determinar si esta ha sido acertada. A esos fines, primero, la Sala debe aclarar si la decisión de Andrés Guillermo Redondo Guerrero de subirse al tráiler del tractocamión configura una acción a propio riesgo. Segundo, si JOHN HERNÁNDEZ P EDRAZA tenía conocimiento de que Redondo Guerrero se encontraba en la parte trasera del trailer, la Sala debe establecer cuál sería la repercusión de poseer tal conocimiento respecto al resultado lesivo que se le reprocha.

8. En tanto se cuestiona el acierto de la valoración probatoria a partir del cual se atribuyó al acusado el

conocimiento respecto al resultado lesivo que se le reprocha.

8. En tanto se cuestiona el acierto de la valoración probatoria a partir del cual se atribuyó al acusado el fallecimiento de Redondo Guerrero a causa de la caída desde el tráiler del tractocamión conducido por aquel y a los fines de resolver los asuntos impugnados por la defensa, resultan necesarios dos niveles de análisis para esclarecer si el resultado es objetivamente imputable al acusado y, con base

10Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA en ello, apreciar lo atinado de la valoración probatoria del a quem. En esa medida, a manera de marco conceptual y con apoyo en la jurisprudencia, (i) la Sala delimitará la institución de la imputación objetiva. Seguidamente (ii) analizará la valoración probatoria realizada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que es reprochada por la defensa en lo que respecta a los presupuestos de la imputación objetiva en casos de puestas en peligro (CSJ SP, 20 may. 2003, rad. 16636). A partir de estos presupuestos, (iii) la Sala arribará a unas conclusiones sobre el caso concreto y lo resolverá. (i) La imputación objetiva.

9. Para la realización de un juicio de atribución a partir del cual se pueda relacionar el fallecimiento del señor Redondo Guerrero con la acción de HERNÁNDEZ PEDRAZA, es necesario

(i) La imputación objetiva.

9. Para la realización de un juicio de atribución a partir del cual se pueda relacionar el fallecimiento del señor Redondo Guerrero con la acción de HERNÁNDEZ PEDRAZA, es necesario delimitar los presupuestos del juicio de imputación objetiva.

Esta institución encarna un elemento del aspecto objetivo de los tipos penales, especialmente de los tipos culposos, a partir del cual se establece el ámbito de relación entre un resultado y una acción. La imputación objetiva permite concluir la tipicidad de una conducta siempre que esta represente un riesgo jurídicamente desaprobado y se concrete en un resultado lesivo de bienes jurídicos protegidos.

10. Esta figura encuentra arraigo legal en el artículo 9 inciso 1º del C.p., según el cual “[…]La causalidad por sí sola no

11Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA basta para la imputación jurídica del resultado.” La Sala ha profundizado en los fundamentos y aplicación de esta institución, entre otras cosas, advirtiendo que se trata de “[…]desligar la atribución de responsabilidad a la simple relación causal con la acción (u omisión), de allí que el juicio de valor se concreta tanto en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado por el ordenamiento jurídico como con la realización de dicho riesgo en el resultado ” (CSJ SP3360, 21 ago. 2019, rad. 54896; CSJ SP3790, 02 nov. 2022, rad. 56430). Lo anterior significa que la determinación causal de un

jurídico como con la realización de dicho riesgo en el resultado ” (CSJ SP3360, 21 ago. 2019, rad. 54896; CSJ SP3790, 02 nov. 2022, rad. 56430). Lo anterior significa que la determinación causal de un resultado no es suficiente para concluir sobre la responsabilidad penal de un acusado. El dato ontológico que se revela con la modificación del mundo exterior no puede ser un presupuesto de la condena. La lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados no pueden juzgarse solo a partir de la percepción sensorial sobre el desenlace objetivo de un curso causal. Adicional a ello, se hace necesaria una valoración normativa; esto es, que el riesgo que se genera con una conducta se encuentre desaprobado por el ordenamiento jurídico (CSJ SP153-2017, 18 ene. 2017, rad. 47.100).

11. En esa medida y tal como lo ha sostenido la Sala, la atribución de un resultado a un agente requiere que aquel haya creado o incrementado un riesgo que es desaprobado desde el punto de vista jurídico y que se concrete en el resultado desvalorado típicamente (relación de determinación entre creación de riesgo no permitido y resultado). Esto explica que la relación de causalidad entre acción y resultado no sea un presupuesto exclusivo para la atribución de un resultado a

12Impugnación Especial

Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA una acción (Cfr. CSJ SP, 29 jun. 2016, rad. 41245 y CSJ SP, 27 oct. 2009, rad. 32582, CSJ SP-1291, 25 abr. 2018, rad. 49680, entre otras). En esa medida, la creación del riesgo jurídicamente desaprobado se entiende como un elemento general del injusto y con él se expresa la desaprobación jurídica que condiciona el juicio de tipicidad en delitos de resultado . De esa forma se restringen los juicios de causalidad en sentido naturalístico: Por un lado, canalizando una valoración político criminal de los juicios causales y, por otro lado, haciendo depender la imputación del resultado lesivo de su inclusión en el ámbito de protección de la norma penal. En este último sentido, si un resultado lesivo de bienes jurídicos no está abarcado dentro del alcance de protección de la norma penal, este no puede ser imputado al sujeto activo de la conducta desaprobada.

12. La Sala ha abordado este último juicio de valoración para explicar cuándo se inhibe la imputación objetiva de un resultado de carácter típico. Una de las constelaciones de casos más discutida ha sido precisamente la relativa a las denominadas “acciones a propio riesgo”. Para la Sala, no se crea un riesgo jurídicamente desaprobado “ […]Cuando alguien solo ha participado respecto de la conducta de otro en una acción a propio

denominadas “acciones a propio riesgo”. Para la Sala, no se crea un riesgo jurídicamente desaprobado “ […]Cuando alguien solo ha participado respecto de la conducta de otro en una acción a propio riesgo, o una autopuesta en peligro” (Cfr. CSJ SP, 22 may. 2008, rad. 27357. También en CSJ SP, 4 abr. 2006, rad. 12743; CSJ SP, 20 may. 2003, rad. 16636; CSJ SP, 20 abr. 2006, rad. 22941; CSJ SP 27 nov. 2013, rad. 36842). 13Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA En las acciones a propio riesgo o “autopuestas” en peligro, “la víctima (con plena conciencia) se pone en tal situación o permite que otra persona la ponga en riesgo, por lo que no puede imputársele el tipo objetivo a un tercero, toda vez que quien conscientemente se expone a un acontecer amenazante se hace responsable de las consecuencias de su propia actuación”. (CSJ SP-1291, 25 abr. 2018, rad. 49680).

13. Para la Sala, la configuración de las denominadas “autopuestas en peligro consentidas” tiene lugar sobre la base de los siguientes requisitos: “Uno. En el caso concreto, tenga el poder de decidir si asume el riesgo y el resultado. Dos. Que sea autorresponsable, es decir, que conozca o tenga posibilidad de conocer el peligro que afronta con su

de los siguientes requisitos: “Uno. En el caso concreto, tenga el poder de decidir si asume el riesgo y el resultado. Dos. Que sea autorresponsable, es decir, que conozca o tenga posibilidad de conocer el peligro que afronta con su actuar. Con otras palabras, que la acompañe capacidad para discernir sobre el alcance del riesgo. Tres. Que el actor no tenga posición de garante respecto de ella” (CSJ SP, 20 may. 2003, rad. 16636. Reiterada en CSJ AP, 27 feb. 2012, rad. 36854, CSJ SP, 27 nov. 2013, rad. 36842 y CSJ AP, 25 may. 2015, rad. 45329, entre otras.) En tal sentido, la Sala ha sostenido que se excluirá la imputación del tipo, primero, si la víctima conoce (o tiene la capacidad de conocer) el peligro que afronta con su acción. Segundo, si la generación del riesgo que se concreta en el resultado está bajo el control de la víctima. Tercero, si el interviniente no tiene el deber de evitar un resultado lesivo (posición de garante) respecto de la persona que de manera consciente y voluntaria se ha puesto en peligro (CSJ SP352, 10 feb. 2021, rad. 52.857). 14Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA

(ii) El tratamiento de los aspectos probatorios de la puesta en peligro en el caso concreto.

14. En el sentido ya descrito en la delimitación del

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA

(ii) El tratamiento de los aspectos probatorios de la puesta en peligro en el caso concreto.

14. En el sentido ya descrito en la delimitación del problema jurídico (supra Planteamiento del Problema, núm. 68), el recurrente cuestiona el ejercicio de apreciación y valoración de los medios de prueba realizado por el juez plural, de la mano del cual dio por acreditada la tesis fáctica de la Fiscalía más allá de toda duda razonable.

15. Al constatar los fundamentos del fallo de condena, así como los argumentos expuestos por el impugnante, la Sala advierte que es necesario dilucidar los siguientes aspectos en orden a establecer si a JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA (el conductor del tractocamión) se le puede imputar objetivamente la muerte del señor Andrés Guillermo Redondo Guerrero (la víctima): Primero, si la víctima tenía el poder de decidir si asumía el riesgo y el resultado en el caso concreto. Para ello se hace necesario determinar si se configuró un ámbito de riesgo desaprobado (el peligro) para la víctima y si la víctima fue dirigida por JOHN H ERNÁNDEZ P EDRAZA a injerir en dicho ámbito de riesgo o si lo ha aprobado de forma autónoma. En concreto, si el desplazamiento de la víctima por la estructura del tractocamión (puesta en peligro) fue inducido o no por el conductor.

Segundo, si es posible establecer que la víctima disponía de la capacidad para discernir sobre el alcance del riesgo. En 15Impugnación Especial

del tractocamión (puesta en peligro) fue inducido o no por el conductor. Segundo, si es posible establecer que la víctima disponía de la capacidad para discernir sobre el alcance del riesgo. En 15Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA este punto se debe esclarecer si la víctima tenía un control objetivo sobre los riesgos que afrontaba con la acción de escalar sobre la estructura del tractocamión. Tercero, que el conductor del tráiler no tenga posición de garante respecto de ella. Con ello se intenta establecer si el señor HERNÁNDEZ PEDRAZA tenía el deber de evitar un resultado lesivo (posición de garante) respecto del señor Redondo Guerrero. Esclarecido ello se podrá determinar si se trató de una autopuesta en peligro consciente y con propia responsabilidad por parte de la víctima (puesta en peligro aprobada por la víctima) o si la acción del conductor determinó que la víctima se pusiera en peligro a través de la acción de escalamiento entre el cabezote y el tráiler del tractocamión. a. ¿Se configuró un ámbito de riesgo desaprobado para la víctima?

16. Un aspecto central para decidir sobre la imputación objetiva de la muerte de la víctima al conductor del tractocamión es establecer si se generó un ámbito de riesgo desaprobado para esta. Sobre esta base se podrá acreditar, en consecuencia, si la víctima tenía el poder de decidir si asumía el riesgo y el resultado en el caso concreto.

desaprobado para esta. Sobre esta base se podrá acreditar, en consecuencia, si la víctima tenía el poder de decidir si asumía el riesgo y el resultado en el caso concreto.

17. A este propósito resulta pertinente el documento videográfico exhibido en el juicio oral. El video se incorporó al caudal probatorio por medio de Franklin Rafael Acosta

16Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA González, quien intervino como testigo de acreditación. Con el material videográfico se documenta que el accidente de tránsito, en el que la víctima perdió la vida, se produce cuando esta se encontraba en la parte superior del tractocamión conducido por JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA. Según se exhibe en el documento videográfico, cuando el vehículo estaba en movimiento, la víctima es golpeada por una valla, cae al piso y allí las llantas del vehículo la lesionan gravemente1. De esta manera, resulta acreditada la generación de un ámbito de riesgo en razón del transcurrir del tractocamión y del cual se sigue el resultado lesivo mortal para la víctima.

18. En tanto la víctima estaba en la parte superior del vehículo conducido por él, se trata de un riesgo desaprobado en razón del artículo 83 del Código Nacional de Tránsito. Esta disposición fija una prohibición al respecto en los siguientes términos: “Ningún vehículo podrá llevar pasajeros en su parte exterior, o fuera de la cabina, salvo aquellos que por su naturaleza así lo requieran,

disposición fija una prohibición al respecto en los siguientes términos: “Ningún vehículo podrá llevar pasajeros en su parte exterior, o fuera de la cabina, salvo aquellos que por su naturaleza así lo requieran, tales como los vehículos de atención de incendios y recolección de basuras. No se permite la movilización de pasajeros en los estribos de los vehículos.”

19. La creación de un riesgo desaprobado es uno de los presupuestos del juicio de imputación objetiva. Sin embargo, para determinar la atribución del resultado al conductor, resulta relevante establecer, además, si la intervención en el 1 Minuto 18:41 ss. del video exhibido en la sesión del juicio oral llevada a cabo el día 28 de marzo de 2023, cuya acta de realización se encuentra en Segunda instancia_Cuaderno principal 1_Cuaderno2024102214900, folios 44-46 (pdf).

17Impugnación Especial Radicado n.° 66.914

CUI: 47001600101820170247101

JOHN HERNANDEZ PEDRAZA ámbito de riesgo por parte de la víctima fue decidida y asumida de forma consciente por esta o si fue dirigida por el conductor del tractocamión. Solo en la medida en que se confirme que la víctima no aprueba su intervención en el ámbito de riesgo o la aprueba sin prever los potenciales resultados lesivos, entonces aquel podría ser sancionado penalmente. La conclusión será la contraria, si la intervención de la víctima en el ámbito de riesgo no permitido resulta aprobada por ella, es decir, se hace de forma consciente y libre de presiones por parte del conductor, en los términos ya

la intervención de la víctima en el ámbito de riesgo no permitido resulta aprobada por ella, es decir, se hace de forma consciente y libre de presiones por parte del conductor, en los términos ya delimitados por la Sala (CSJ SP, 20 may. 2003, rad. 16636). b. ¿La injerencia de la víctima en el ámbito de riesgo desaprobado fue dirigida por JOHN HERNÁNDEZ PEDRAZA?

20. Sobre el desarrollo de las circunstancias d