CSJ - STL17726-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - STL17726-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2026

SCLAJPT-11 V.00

VÍCTOR JULIO USME PEREA Magistrado ponente

STL17726-2026 Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00 Acta 32

Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte se pronuncia, en primera instancia, de la acción de tutela que GERARDO ALONSO HERRERA HOYOS presenta contra la SALA DE CASACIÓN CIVIL, AGRARIA Y RURAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA , con fundamento en hechos extensivos a la CORTE

CONSTITUCIONAL.

I. ANTECEDENTES

El promotor instaura acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.

En lo que interesa al presente trámite constitucional, se tiene que el promotor interpuso acción de tutela contra laRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00

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Corte Constitucional, la cual se identificó con el radicado n.° 11001-02-30-000-2026-00835-00 (en adelante rad. 202600835-00), a través de la cual solicitó que «se conceda amparo de pobreza», con fundamento en que:

Tuteló a LA CORTE CONSTITUCIONAL, pues me canse (sic) de tutelar al juez, al tribunal de Boyacá y a la corte suprema de justicia, quien se niegan mis desistimientos en renuentes y

Tuteló a LA CORTE CONSTITUCIONAL, pues me canse (sic) de tutelar al juez, al tribunal de Boyacá y a la corte suprema de justicia, quien se niegan mis desistimientos en renuentes y moratorias acciones populares y me obligan contra mi voluntad a seguir actuando en acciones populares.

El conocimiento de ese trámite constitucional le correspondió a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rura l de esta corte; autoridad judicial que, a través de auto del 05 de junio de 2026, inadmitió el escrito introductorio, pues el gestor debía:

1. IDENTIFICAR de manera completa el proceso judicial cuestionado, indicando su naturaleza, partes, número de radicación íntegro y las providencias específicas que reprocha.

2. PRECISAR de manera clara cuál es la autoridad, despacho judicial o sujeto a quien atribuye la acción u omisión presuntamente vulneradora de sus derechos fundamentales.

(Negrilla original del texto).

Dentro del término concedido, el accionante remitió un escrito vía electrónica en el que manifestó: «conceda el amparo de pobreza que le pedí, no se que debo corregir y menos como lo debo hacer de rechazar mi acción apelo». No obstante, en proveído de 22 de junio de 2026, el magistrado al que se le asignó el asunto rechazó la tutela al considerar que el interesado no subsanó las falencias inicialmente advertidas.

El 30 de junio de 2026, el promotor del mecanismo

al que se le asignó el asunto rechazó la tutela al considerar que el interesado no subsanó las falencias inicialmente advertidas.

El 30 de junio de 2026, el promotor del mecanismo tutelar impugnó la anterior determinación , no obstante, laRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00 SCLAJPT-11 V.00 3 homóloga Civil , Agraria y Rural, en auto del 08 de julio siguiente, lo rechazó por improcedente y, en su lugar, remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión el 17 de julio de la presente anualidad.

A través de este mecanismo constitucional, el tutelante cuestiona el proveído que rechazó la impugnación interpuesta contra el auto que rechazó la acción de tutela que interpuso con anterioridad , toda vez que, en su decir, tal decisión vulnera al debido proceso

Conforme a lo anterior, solicita acceder al amparo de las prerrogativas constitucionales invocadas y, como medida para restablecer la vulneración, pide dejar sin efecto el auto dictado el 08 de julio de 2026, a través del cual se rechazó por improcedente la impugnación interpuesta contra el proveído que rechazó la acción constitucional n.° 202600835-00 y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada «conceda [la] apelación» interpuesta contra la determinación censurada.

La tutela inicialmente se presentó el 15 de julio de 2026, y se repartió a este despacho el 22 posterior. No obstante, en

accionada «conceda [la] apelación» interpuesta contra la determinación censurada.

La tutela inicialmente se presentó el 15 de julio de 2026, y se repartió a este despacho el 22 posterior. No obstante, en auto del 24 de julio , se ordenó remitir por competencia el asunto a la Sala Plena de esta corporación, debido a que, al examinar los hechos planteados en el escrito inaugural, la censura se hacía extensiva a la Corte Constitucional, al advertir que el expediente de tutela, en que se dictó el auto censurado, fue remitido a esa entidad y, además, también fungía como accionada en el trámite tutelar.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00

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Cumplido lo anterior, el trámite constitucional fue repartido a la Sala de Casación Penal, autoridad que, en auto de 05 de agosto de 2026, devolvió las diligencias a este despacho, con fundamento en que:

[E]l hecho de que la actuación se encuentre en trámite de revisión ante la Corte Constitucional no significa que la eventual vulneración de derechos fundamentales le sea atribuible a esa Corporación, sino a la autoridad judicial que profirió la providencia cuestionada.

Admitir lo contrario conduciría a una consecuencia irrazonable: que toda acción de tutela promovida contra una decisión judicial sometida al eventual trámite de revisión constitucional tuviera que dirigirse también contra la Corte Constitucional, por el so lo hecho de que el expediente se encuentre bajo su conocimiento para decidir sobre su eventual selección o revisión.

sometida al eventual trámite de revisión constitucional tuviera que dirigirse también contra la Corte Constitucional, por el so lo hecho de que el expediente se encuentre bajo su conocimiento para decidir sobre su eventual selección o revisión.

En virtud de lo anterior, el expediente de tutela retornó a esta sala especializada e ingresó al despacho del ponente el 20 de agosto del presente año. Mediante auto de 25 de agosto posterior, la tutela se admitió, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y vincul ar a la Corte Constitucional y a las partes e intervinientes en el proceso laboral en el que se emitió la providencia censurada, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa.

En el término concedido la Corte Constitucional solicitó su desvinculación del asunto, ya que afirmó que, si bien el expediente de tutela fue remitido a esa corporación para su eventual revisión, la censura planteada en este trámite tutelar estaba dirigida, exclusivamente, contra la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural que rechazó el recurso de impugnación contra el auto que dispuso el rechazo de la acción constitucional promovida previamente por el aquí tutelante.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00

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II. CONSIDERACIONES

Sea lo primero indicar que, conforme a las pretensiones que el tutelante formuló contra el proveído de 08 de julio de 2026, en el que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural rechazó por improcedente el recurso de impugnación interpuesto por el aquí tutelante contra la decisión que

que el tutelante formuló contra el proveído de 08 de julio de 2026, en el que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural rechazó por improcedente el recurso de impugnación interpuesto por el aquí tutelante contra la decisión que dispuso el rechazo de la acción de tutela anterior con radicado n.° 2026 -00835-00, se insiste , en que los hechos relatados se hacen extensivos a la Corte Constitucional, toda vez que el expediente censurado fue remitido a esa corporación y, además, porque las resultas del asunto aquí debatido pueden incidir en el trámite del recurso eventual de revisión que se está tramitando.

Por lo anterior, al ser necesaria la integración de la Corte Constitucional al contradictorio , el trámite de esta acción constitucional debió efectuarse a través de la Sala Plena de esta corporación.

Sin embargo, con el fin de no generar dilaciones en la acción de tutela y, debido a la devolución del expediente que realizó la Sala de Casación Penal, se asumirá el conocimiento de este asunto, a prevención, con miras de garantizar los principios de celeridad y sumariedad que rigen este trámite constitucional.

Aclarado lo anterior, debe memorarse que conforme a lo estatuido en el artículo 86 de la CP y los decretos que lo reglamentan, la acción de tutela se estableció para reclamar,Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00 SCLAJPT-11 V.00 6 mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten lesionados o

SCLAJPT-11 V.00 6 mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten lesionados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley.

Es oportuno recordar que, por mandato legal, y como lo ha advertido de manera reiterada la Corte Constitucional, es abiertamente improcedente la acción de tutela promovida contra otro mecanismo de la misma naturaleza y, con mayor razón, cuando se invoca para que se revoquen decisiones allí adoptadas.

No obstante, se ha aceptado la posibilidad de su estudio en casos excepcionales, específicamente, en aquellos en los que es evidente el desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso , esto es, cuando no se integra al contradictorio a quienes tenían interés en las resultas del trámite censurado o si se advierte «cosa juzgada fraudulenta» en la determinación adoptada por los funcionarios cognoscentes del mecanismo excepcional de tutela.

Al respecto, en sentencia CC SU -627-2015, la Corte Constitucional unificó su criterio, para lo cual expuso:

[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de

sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00

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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habr ía sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

En la misma línea, a través de la sentencia CC SU-12192001, se concretó por esa corporación judicial que por excepción es viable formular una tutela cuando en el procedimiento de una tutela anterior el funcionario judicialRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00

2001, se concretó por esa corporación judicial que por excepción es viable formular una tutela cuando en el procedimiento de una tutela anterior el funcionario judicialRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00 SCLAJPT-11 V.00 8 incurrió en vías de hecho las cuales están descritas, entre otras sentencias, en fallo CC SU-116-2018, esto es:

Defecto orgánico, que ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de competencia.

Defecto procedimental absoluto, que surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley.

Defecto fáctico,  que se presenta cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión.

Defecto material o sustantivo, que tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión.

El error inducido, que acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales.

Decisión sin motivación,  que presenta cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan.

Desconocimiento del precedente que se configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado tema y el

incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan.

Desconocimiento del precedente que se configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado tema y el funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundam ental a la igualdad.

Violación directa de la Constitución,  que se deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como documento plenamente vinculante y con fuerza normativa.

Los precedentes citados, permiten advertir que las únicas posibilidades para que proceda esta acción contra una decisión proferida al interior de un trámite tutelar son cuando se verifica una irregularidad en el trámite vulneradora del debido proceso y cuando se configura la «cosa juzgada fraudulenta», pues por regla general existe otroRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00 SCLAJPT-11 V.00 9 mecanismo judicial de defensa judicial, el cual es la revisión eventual ante la Corte Constitucional (art. 86 inciso 2º C.P.).

En el presente asunto, para la Sala es claro que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si es viable, a través de esta senda tuitiva, dejar sin efecto el auto dictado el 08 de julio de 2026, por medio del cual la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural rechazó por improcedente la impugnación interpuesta contra el proveído que rechazó la acción constitucional n.° 2026-00835-00.

Casación Civil, Agraria y Rural rechazó por improcedente la impugnación interpuesta contra el proveído que rechazó la acción constitucional n.° 2026-00835-00.

Antes de analizar de fondo el asunto, resulta necesario advertir que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo. Esto por cuanto entre la fecha de notificación del proveído judicial cuestionado -09 de julio de 2026 - y la de presentación del amparo constitucional -15 de julio de 2026transcurrieron menos de seis meses, plazo razonable y acorde con el principio de inmediatez. Asimismo, se encuentra satisfecho el postulado de residualidad, toda vez que contra la decisión cuestionada no procedía recurso alguno. De manera que la Sala está habilitada para analizar si la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales específicas descritas.

En lo que interesa a la acción constitucional, se tiene que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural indicó que el promotor de la tutela n.° 2026-00835-00 -hoy convocante-, interpuso la denominada «apelación» contra el auto de 22 de junio de 2026, mediante el cual se rechazó esa acción constitucional, sin embargo, de entrada, advirtió que «dichoRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00 SCLAJPT-11 V.00 10 mecanismo resulta improcedente en este trámite constitucional».

Argumentó que en el procedimiento especial de la acción de tutela no se encuentra prevista la «apelación» contra los autos que rechazan la solicitud de amparo.

mecanismo resulta improcedente en este trámite constitucional».

Argumentó que en el procedimiento especial de la acción de tutela no se encuentra prevista la «apelación» contra los autos que rechazan la solicitud de amparo.

Textualmente, indicó que:

Dentro del particular procedimiento de la acción de tutela únicamente están previstos como medios de controversia o de control de las decisiones judiciales, la impugnación de la sentencia de primera instancia, la eventual revisión de la misma y de la dicta da en segundo grado, y la consulta para la providencia que impone sanciones por desacato a lo ordenado por el juez constitucional, según se infiere inequívocamente de los artículos 31, 33 y 52, inciso 2°, del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la aludida salvaguarda.

Por lo expuesto, concluyó que debía rechazarse por improcedente el recurso de apelación formulado por el actor contra el auto de 22 de junio de 2026.

En ese contexto, tras un estudio minucioso de la providencia censurada y del acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala observa la existencia de un defecto procedimental absoluto, pues en este asunto se tiene que el juez constitucional actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley, tal como se pasa a explicar, pues rechazó por improcedente el recurso de impugnación instaurado contra el auto que rechazó la acción de tutela.

Al respecto, tal como lo ha señalado esta sala en

procedimiento previsto por la ley, tal como se pasa a explicar, pues rechazó por improcedente el recurso de impugnación instaurado contra el auto que rechazó la acción de tutela.

Al respecto, tal como lo ha señalado esta sala en anteriores oportunidades al analizar casos de igualRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00 SCLAJPT-11 V.00 11 naturaleza (CSJ STL17909-2024 y CSJ STL3613-2025), debe indicarse que el auto a través del cual se rechaza la acción de tutela, como toda providencia judicial, también está sometido a un control de legalidad. Por tanto, es susceptible de ser impugnada y analizada en segunda instancia, y cuando ello no ocurra, debe remitirse a la Corte Constitucional a fin de que se analice la eventual posibilidad de someterse a revisión.

Sobre el particular, al ejercer el control de constitucionalidad del artículo 17 del Decreto 2591 de 1993, que regula el trámite de la acción de tutela, la Corte Constitucional indicó a través de la sentencia CC C -4832008:

Ciertamente, la aplicación del rechazo excepcional de la solicitud de tutela se encuentra sometida al control de legalidad de las decisiones judiciales, y es por ello que frente a una decisión en este sentido, existe la posibilidad de que ella sea impugnada y eventualmente sometida a revisión por la Corte Constitucional, como en efecto ha ocurrido. Oportunidades en las que será posible controlar las actuaciones del juez de instancia con respecto a la aplicación de la medida de rechazo, con el fin de verificar que la misma se halla aplicado de

Constitucional, como en efecto ha ocurrido. Oportunidades en las que será posible controlar las actuaciones del juez de instancia con respecto a la aplicación de la medida de rechazo, con el fin de verificar que la misma se halla aplicado de conformidad con la ley, es decir, teniendo en cuenta que se trata de una medida excepcional y restrictiva, no obligatoria. (Negrilla de la Sala)

De igual forma, mediante fallo CC T -313-2018, la misma corporación reiteró que «[dicha] Corte ha señalado que el derecho a impugnar los fallos de tutela se predica “incluso si el fallo asume la modalidad de rechazo” y que , en caso de rechazarse la acción de amparo, los jueces deben enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión».Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00

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Por lo anterior, se concederá el amparo constitucional invocado y se dejará sin efecto el auto que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia profirió el 08 de julio de 2026, junto con las actuaciones posteriores a dicha decisión , conforme los argumentos expuestos en precedencia.

Teniendo en cuenta que el expediente de tutela censurado se encuentra en la Corte Constitucional surtiéndose su eventual revisión, se ordenará a esta última corporación que de manera inmediata devuelva el expediente con radicado n.° 11001-02-30-000-2026-00835-00 a la homóloga Civil, Agraria y Rural de esta corte.

Asimismo, se ordenará a la Sala de Casación Civil,

con radicado n.° 11001-02-30-000-2026-00835-00 a la homóloga Civil, Agraria y Rural de esta corte.

Asimismo, se ordenará a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia que, en un término no superior a tres días contados a partir de la recepción del expediente de tutela cuestionado, profiera una providencia de reemplazo en la que tenga en cuenta los razonamientos expuestos en este proveído.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso, invocado por GERARDORadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02009-00

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ALONSO HERRERA HOYOS , por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la CORTE CONSTITUCIONAL que de manera inmediata devuelva el expediente con radicado n.° 11001 -02-30-000-2026-00835-00 a la homóloga Civil, Agraria y Rural, conforme a lo analizado con precedencia.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO el auto de fecha 08 de julio de 2026 proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL, AGRARIA Y RURAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para que en el término de tres días, contados a partir de la recepción del expediente de tutela cuestionado,

AGRARIA Y RURAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para que en el término de tres días, contados a partir de la recepción del expediente de tutela cuestionado, profiera una decisión de reemplazo, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Salvamento de votoOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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