CSJ - STP17150-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - STP17150-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente

STP17150-2026 Radicación N.° 158988 CUI 05001220400020260140101 Acta No. 281

Bogotá D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala se pronuncia sobre la impugnación interpuesta por PABLO ANDRÉS MENA RESTREPO contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2026, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela promovida en contra del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad,Tutela 2ª instancia 158988 CUI 05001220400020260140101

2 por la posible vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

II. HECHOS

1. De acuerdo con la información obrante en el expediente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a Pablo Andrés Mena Restrepo por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

2. Según la demanda, el actor ha permanecido privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal y, con ocasión de la expedición de la Ley 2477 de 2025, su defensa solicitó al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Segurid ad de Medellín la redosificación de la pena impuesta.

la Ley 2477 de 2025, su defensa solicitó al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Segurid ad de Medellín la redosificación de la pena impuesta.

3. Dicho despacho, mediante auto 2284 del 22 de junio de 2026, negó la solicitud y, en criterio del actor, esa decisión es contraria al ordenamiento jurídico.

4. En atención a ello, acude al juez constitucional para que ampare sus derechos fundamentales y, como consecuencia, deje sin efecto la providencia aludida y ordene emitir una de reemplazo.

III. ANTECEDENTES PROCESALESTutela 2ª instancia 158988

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5. Radicada la demanda, el conocimiento de la actuación le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que mediante auto del 23 de julio de 2026 avocó conocimiento de la actuación.

6. Cumplido el trámite correspondiente, el 30 de julio siguiente emitió la sentencia de primer grado en la que declaró improcedente la acción de amparo . Contra esa decisión, el accionante promovió impugnación.

IV. DECISIÓN IMPUGNADA

7. Conforme se indicó en precedencia, el 30 de julio de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín resolvió la solicitud de amparo promovida.

8. Al abordar el estudio del caso, señaló que la demanda no satisfacía los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En particular, consideró que no se encontraba

8. Al abordar el estudio del caso, señaló que la demanda no satisfacía los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En particular, consideró que no se encontraba satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues, aunque el accionante contaba con recursos ordinarios para controvertir la decisión que ahora cuestiona, no hizo uso de ellos.

9. Por tal motivo, declaró improcedente la acción de tutela.

V. IMPUGNACIÓNTutela 2ª instancia 158988

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10. Inconforme con la decisión de primera instancia, el accionante la impugnó.

11. Según consta en el expediente, mediante correo electrónico cuyo asunto es «impugnación PABLO MENA»

indicó lo siguiente:

anexo video donde da cuenta que el INPEC llega al apto de la madre del PPL Pablo Andrés Mena y video con periódico de la fecha 20 de agosto de 2025, mismo día Pablo se encuentra en el sitio de reclusión autorizado (casa finca -manzanillo) donde fue visitado por el INPEC minutos después de haber estado en el apto de la madre de pablo.

VI. CONSIDERACIONES

12. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 , la Sala de Casación Penal es competente para resolver la impugnación formulada contra el fallo de tutela que emitió la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, al ser su superior funcional.

13. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela

el fallo de tutela que emitió la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, al ser su superior funcional.

13. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando, por acción u omisión sean v ulnerados o amenazados por cualquier autoridad o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.Tutela 2ª instancia 158988

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5 6.1 Problema jurídico

14. En el presente asunto, corresponde determinar si la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín erró al declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la apoderada judicial de Pablo Andrés Mena Restrepo , al considerar que la demanda no satisfacía el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad.

6.2 Fundamentos de la decisión

6.2.1 Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

15. Debido a la pretensión formulada por el accionante, es necesario acotar que la acción de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales; y su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad (generales y específicos), que implican una carga para el postulante, tanto en su planteamiento, como en su demostración.

judiciales; y su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad (generales y específicos), que implican una carga para el postulante, tanto en su planteamiento, como en su demostración.

16. Los primeros se concretan a que: (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii ) se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la mismaTutela 2ª instancia 158988

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6 tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredido s y que hubiere alegado tal irregularidad en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) no se trate de sentencias de tutela.

17. Mientras que los específicos, implican la demostración de, al menos, uno de los siguientes yerros: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin m otivación; (vii) desconocimiento del precedente; y, (viii) violación directa de la Constitución.

18. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación la

inducido; (vi) decisión sin m otivación; (vii) desconocimiento del precedente; y, (viii) violación directa de la Constitución.

18. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación la Sala verificará si es procedente la intervención del juez constitucional.

6.2.2 Caso concreto

19. El asunto reviste relevancia constitucional, pues se alega una posible vulneración del derecho fundamental Al debido proceso.

20. En relación con la subsidiariedad, esta Sala , al igual que lo hizo el Tribunal, considera que el requisito no se encuentra satisfecho por los motivos que se exponen a continuación:Tutela 2ª instancia 158988

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21. En primer lugar, es preciso recordarle al demandante que, dado el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la intervención del juez constitucional solo resulta procedente ante el agotamiento de todos los medios de defensa judicial existentes.

22. Al respecto, la Corte Constitucional 1 ha indicado que el carácter subsidiario de la acción de tutela busca «reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos».

23. Por ello, es obligatorio acudir, en primer lugar, a los recursos jurisdiccionales con los que se cuente para conjurar la situación que se estime lesiva de derechos, pues de lo contrario, el juez constitucional sustituiría a los naturales de sus funciones correspondientes.

24. Así pues, la jurisprudencia 2 ha sostenido que en

conjurar la situación que se estime lesiva de derechos, pues de lo contrario, el juez constitucional sustituiría a los naturales de sus funciones correspondientes.

24. Así pues, la jurisprudencia 2 ha sostenido que en acciones contra decisiones o procedimientos judiciales, el requisito de la subsidiariedad no se encuentra satisfecho cuando: (i) hay un proceso judicial en curso; (ii ) los medios de defensa judicial que el procedimiento ofrece al accionante no se han agotado; y/o (iii) se utiliza para sustituir al funcionario judicial en la función jurisdiccional que le es propia, o para revivir etapas procesales donde no se utilizaron los mecanismos de impugnación disponibles.

1CC Sentencias T-580 de 2006; T-603 de 2015; T-375 de 2018 entre otras.

2 CC sentencia T-103/2014.Tutela 2ª instancia 158988 CUI 05001220400020260140101

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25. En el presente asunto, según informó el juzgado accionado, el auto a través del cual se resolvió la solicitud del actor se notificó el 24 de junio de 2026, «sin que se hubiese interpuesto recurso alguno, cobrando ejecutoria el día 03 de julio de 2026».

26. Teniendo en cuenta lo anterior, advierte la Sala que a pesar de que en el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia atacada se informó que «c ontra este auto proceden los recursos de reposición y apelación», el accionante no los interpuso.

27. Así, como el accionante no los utilizó a pesar de ser el mecanismo idóneo para reprochar la decisión del juez

este auto proceden los recursos de reposición y apelación», el accionante no los interpuso.

27. Así, como el accionante no los utilizó a pesar de ser el mecanismo idóneo para reprochar la decisión del juez accionado, la acción de tutela se torna improcedente y, por ello, se confirmará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión de tutelas no. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

VII. RESUELVE

Primero: CONFIRMAR el fallo impugnado.

Segundo: NOTIFICAR esta determinación de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.Tutela 2ª instancia 158988

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Tercero: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cúmplase

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