CSJ - STP2172-2021

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente STP2172-2021 Radicación n.° 114918 (Aprobación Acta No.47) Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintiuno (2021) VISTOS Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por el apoderado de CRISTIAN ROSERO SOLIS , contra el fallo de tutela proferido el 25 de enero de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que declaró improcedente el amparo invocado contra el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín.Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación

ANTECEDENTES

Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Fueron recogidos en la decisión de primera instancia en los siguientes términos: Explica el apoderado del accionante que este fue capturado el 21 de diciembre de 2019, al cual se le realizaron las audiencias preliminares y posteriormente la Fiscalía General de la Nación el día 26 de febrero de 2020 presentó escrito de acusación. Asevera que por reparto el proceso fue asignado al JUZGADO DIECISIETE PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el cual llevó a cabo la audiencia de acusación el día 06 de agosto de 2020 donde se declaró formalmente acusado al señor CRISTIAN ROSERO SOLIS, oportunidad para que el ente acusador enunciara los elementos probatorios que haría valer

donde se declaró formalmente acusado al señor CRISTIAN ROSERO SOLIS, oportunidad para que el ente acusador enunciara los elementos probatorios que haría valer posteriormente en el juicio oral. Manifiesta que el 20 de octubre de 2020, se dio inicio a la audiencia preparatoria, donde el juez interrogó a las partes conforme lo descrito en el artículo 356 de la Ley 906 de 2004, pero la defensa argumentó que la Fiscalía no entregó a tiempo ni en debida forma los elementos materiales probatorios, razón por la cual solicitó darle aplicación a los artículo 344 y 346 del Código de Procedimiento Penal, ya que para él hubo vulneración de derechos fundamentales, tales como el debido proceso y el de defensa. Seguidamente el juez resolvió de manera desfavorable la solicitud invocada por la defensa, bajo el entendido que no le era imputable al ente acusador la mora en el descubrimiento de los elementos materiales probatorios ya que los elementos materiales fueron escaneados y enviados los días 7 y 8 de octubre al correo electrónico del defensor. Además, aduce que el juez de instancia negó la interposición de algún recurso como garantía de los derechos, ni el de

octubre al correo electrónico del defensor. Además, aduce que el juez de instancia negó la interposición de algún recurso como garantía de los derechos, ni el de impugnación ni tampoco el de doble instancia; donde seguidamente fija nueva fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria, quedando para el día 25 de enero de 2021, supuestamente subsanando el defectuoso funcionamiento del ente acusador y manteniendo los yerros alegados por la defensa, 2Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación los mismo que permanecerán para la próxima fecha, ya que las pruebas allegadas por la Fiscalía siguen estando en mal estado. Por lo anterior, afirma que acude a la acción de tutela ya que se le violó el derecho al debido proceso, a la defensa técnica y el derecho a la igualdad y en consecuencia se dé el traslado para la presentación de los recursos frente al auto del 20 de octubre de 2020, el cual negó la doble instancia y la impugnación. Adicionalmente y una vez revisada la decisión por la segunda instancia se fije nuevamente la fecha y la hora para llevar a cabo la audiencia preparatoria. EL FALLO IMPUGNADO La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín declaró improcedente el amparo invocado al considerar que, no se configura una vía de hecho en las decisiones del juzgado accionado dentro de la

Judicial de Medellín declaró improcedente el amparo invocado al considerar que, no se configura una vía de hecho en las decisiones del juzgado accionado dentro de la audiencia preparatoria del 20 de octubre de 2020, con ocasión al proceso penal 2020-00187. Aseveró que, la finalidad del actor es acudir a la acción de tutela como una vía alterna para que se brinde un concepto diferente al que dieron los órganos ordinarios competentes en el asunto. LA IMPUGNACIÓN El apoderado de CRISTIAN ROSERO SOLIS impugnó el fallo proferido en primera instancia, y solicitó que este sea revocado, para que, en su lugar, se conceda el amparo constitucional invocado. Afirmó que, las decisiones objeto de reproche son vías 3Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación de hecho, además, no se le garantizó el principio de doble instancia frente a los reproches manifestados con ocasión a la audiencia preparatoria del 20 de octubre de 2020, por lo que se está permitiendo la continuación del proceso penal a partir de los vicios advertidos en el presente trámite constitucional. Criticó que, el juez de primera instancia no se pronunció de fondo sobre los hechos y pretensiones expuestas. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para

expuestas. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por el apoderado de CRISTIAN ROSERO SOLIS, contra el fallo de tutela proferido el 25 de enero de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que declaró improcedente el amparo invocado contra el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia 4Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación Corte Constitucional1. La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término

consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2 1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 2 Ibídem 5Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación f. Que no se trate de sentencias de tutela. Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto org ánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto f áctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci ón del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en

1. Defecto f áctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci ón del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un enga ño por parte de terceros y ese enga ño lo condujo a la toma de una decisi ón que afecta derechos fundamentales. vi) Decisi ón sin motivaci ón, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los 3 Sentencia T-522 de 2001

6Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur ídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.

alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur ídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de car ácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de car ácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 7Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La impugnación se centra en un punto específico: determinar si con la decisión emitida por Juzgado 17 Penal

7Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La impugnación se centra en un punto específico: determinar si con la decisión emitida por Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín en la audiencia preparatoria del 20 de octubre de 2020, con ocasión del proceso penal 202000187, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe concederse el amparo. Al examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jurídico aplicable, la Sala considera que se debe confirmar el fallo de tutela de primera instancia, comoquiera que la presente solicitud de amparo incumple con el requisito general de subsidiariedad, esto es, «que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada». Adicional a lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia, que negó el amparo invocado al advertir que, la finalidad del actor, es acudir a la acción de tutela como una vía alterna para que se brinde un concepto diferente al que dieron los órganos ordinarios competentes en un asunto que ya se encuentra agotado ; la presente impugnación se torna improcedente para el estudio de la misma, dado que el proceso penal 2020-00187, se encuentra en curso. A partir de las alegaciones presentadas por el accionante en su recurso de i mpugnación, la Sala advierte

torna improcedente para el estudio de la misma, dado que el proceso penal 2020-00187, se encuentra en curso. A partir de las alegaciones presentadas por el accionante en su recurso de i mpugnación, la Sala advierte que el fundamento de su solicitud de amparo es el 8Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación desacuerdo con la determinación adoptada por el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín, al no conceder el recurso de apelación contra el auto de 20 de octubre de 2020 -pues este no procedía-; fecha en la cual, se llevó a cabo la audiencia preparatoria dentro del proceso penal 2020-00187. Es menester indicar a la parte actora que, para ejercer el derecho de defensa y propender por las garantías judiciales, debe hacerlo dentro de la actuación ordinaria, no por vía de tutela, toda vez que ésta no puede emplearse para retrotraer las actuaciones dentro del proceso penal, ni como mecanismo para cuestionar los argumentos en los que el juez natural ordinario funda su decisión cuando el proceso no ha culminado. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuación son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías que conforman el debido proceso. Bueno es precisar que, mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuación

curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuación penal, estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales. 9Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación Se insiste en que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar la protección de los derechos que se estimen lesionados en el trámite de un proceso judicial, pues para ello el ordenamiento jurídico ha diseñado una serie de instrumentos que, precisamente, buscan garantizar la corrección de las decisiones judiciales que se adopten en su interior5. En sentencia T-335 de 2018, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional señaló: «3.1.4.1. La acción de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso.

En efecto, la Corte Constitucional ha se ñalado que, cuando el proceso aún se encuentra en tr ámite, la intervenci ón del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se est é ante la posible configuraci ón de un perjuicio irremediableun mecanismo alternativo o

constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se est é ante la posible configuraci ón de un perjuicio irremediableun mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del tr ámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico.» Justamente, ha explicado la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad, que son predicables de la acción de protección constitucional, disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo, para lograr la 5 Sentencia T-103 de 2014 10Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello, además de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política. Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo

este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas. Así las cosas, se reitera, mientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar al interior del trámite el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela6. Finalmente, tampoco se advierte la existencia de una situación excepcional que habilite el amparo para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 6 Cfr. Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y

70.488. 11Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE

ACCIONES DE TUTELA No. 1 , administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuestas. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito. TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

12Rad. 114918 Cristian Rosero Solis Impugnación

MARTHA LILIANA TRIANA SUÁREZ

Secretaria (E) 13