JEP - Auto SAR AI 051 2024-04 julio 2024

SECCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA PARA CASOS

DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO

DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SECCIÓN DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD

Y RESPONSABILIDAD

MC FP. FARC-EP

AUTO SAR-AI-051-2024

Bogotá, D. C., 4 de julio de 2024

Radicado SAJ: 0000057-70.2024.0.00.0001

Asunto: Decreta Medidas de Protección para el

AETCR de Miravalle – Centro PobladoOscar Mondragón.

Magistrada sustanciadora: Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra.

I. ASUNTO La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz (en adelante Sección o SAR), dentro del trámite oficioso de medidas cautelares de protección a los comparecientes forzosos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante, JEP), procede a decretar medidas de protección en favor de los y las excombatientes que están llevando a cabo su proceso de reincorporación en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Miravalle – Centro Poblado - Oscar Mondragón que se ubica en la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá1. 1 La SAR, mediante Auto AT-057-2020, de 29 de abril, avocó el trámite de medidas cautelares colectivas, para proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP miembros de Fuerza Pública

e integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARCEP), en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), puntos 2.1.2. y 3.4. del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo Final) y ha adoptado medidas de protección y seguimiento. 1

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II. ANTECEDENTES

1. La Sección, en el Auto SAR AT-061-2023 ordenó la realización de una audiencia pública presencial en la ciudad de Pitalito (Huila). Esta determinación surgió a raíz de la multiplicidad de hechos victimizantes documentados contra los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz en los departamentos de Tolima, Huila, Putumayo y Caquetá, situación que alertó sobre la falta de garantías y seguridad para las Personas en Proceso de Reincorporación (en adelante, PPR).

La convocatoria de la audiencia territorial tuvo como propósito escuchar a las autoridades, tanto nacionales como territoriales, responsables de la seguridad y la reincorporación y abordar de manera integral la situación de seguridad en la región Sur del país.

2. En el desarrollo de la audiencia, la Gobernación de Caquetá intervino e informó que el departamento tiene 930 PPR y su situación de seguridad es compleja debido a la intensidad de los conflictos en varios municipios. En la zona del Pato Balsillas, hay enfrentamientos y allí se encuentra el antiguo ETCR de

Miravalle: “Desde la firma del Acuerdo de Paz al 6 de febrero de 2024, 1456 líderes y lideresas han sido asesinados, entre ellas, Ludivia Galindes, presidenta de junta en Miramar y luego de ASOJUNTAS en el municipio de La Montañita; han asesinado a 415 firmantes de paz de los cuales 38 estaban llevando a cabo su proceso de reincorporación en este departamento. En la zona Norte y Suroccidental, municipios de la Montañita, Doncello y Puerto Rico las PPR ha sufrido homicidios selectivos y amenazas por las disidencias de la FARC”.

3. Respecto de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (en adelante, PESP), la Gobernación expresó que no cuentan con asistencia técnica del nivel nacional para su implementación y tampoco hay presencia del Gobierno Nacional en el territorio para la materialización de las garantías de seguridad y protección que se contemplan en el Acuerdo de Paz.

4. Una vez terminada las intervenciones de la citada audiencia la SAR emitió el Auto AI006-2024 del 26 de febrero en el que consideró que: […] Los y las firmantes del Acuerdo de Paz son ciudadanos en pleno derecho y sujetos de especial protección, a quienes debemos garantizarles la preservación de la vida con especial ahínco, población que goza de la

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DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD EXPEDIENTE: 0000057-70.2024.0.00.0001 presunción de riesgo extraordinario e inminente, a sabiendas de las obligaciones y deberes que tienen con la sociedad, entre ellas, contar la

verdad y aportar al esclarecimiento y la reparación de las víctimas como garantía de los fines de la justicia especial para la paz. En este sentido, es menester recordar que la Corte Constitucional en Sentencia C -630 de 2017, manifestó que “el desarrollo del derecho a la paz es una política de Estado, a partir de la realización del propósito fundamental del derecho internacional y, como consecuencia directa de ello, deben las instituciones y autoridades del Estado, cumplirlo de buena fe como obligación de medio.”

5. En consecuencia, se ordenó al Alto Comisionado para la Paz y a la Unidad para la implementación del Acuerdo Final de Paz aprobar mediante decretos: i) el Programa de Protección Integral a excombatientes, PPI, ii) y la política de desmantelamiento y el plan de acción de las organizaciones criminales establecido en el decreto-ley 154 de 2017, reconociendo que son instrumentos importantes que van más allá de un concepto de seguridad individual y material, dado que buscan la garantía de una seguridad humana que “abarca el derecho a una vida libre del temor, el derecho a una vida libre de miseria y el derecho a una vida digna”2.

6. En esta decisión se reconoció la importancia del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (en adelantes, PESP) como instrumento que recoge el concepto de seguridad integral y humana, por lo que se ordenó iniciar la fase de implementación desde los territorios en un plazo de treinta (30) días3.

7. El 25 de junio de 2024 la Unidad de Investigación y Acusación (en adelante, UIA) de la JEP radicó ante este Despacho un oficio que alerta la “situación de riesgo

inminente de desplazamiento forzado masivo y otros hechos que afectarían gravemente los derechos a la integridad, la libertad y la seguridad de firmantes del acuerdo de paz (comparecientes ante la JEP).” 2 Asamblea General de las Naciones Unidas. A/62/695. 3 Decisión que fue objeto de recursos de Ley y mediante Auto TP-SA 1678 de 2024 se resolvió DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de queja interpuesto por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –por conducto de apoderada–, en representación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, contra el auto SAR-AI-027 del 18 de abril de 2024, por cuyo medio la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad entre otras cosas, rechazó por improcedente la apelación presentada por la misma entidad respecto del auto SAR-AI-006 del 26 de febrero de 2024, por las razones consignadas en la fundamentación, por lo que se CONFIRMÓ el Auto SAR-AI-027 del 18 de abril de 2024 lo concerniente al rechazo de la apelación por improcedencia. 3

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8. En el citado oficio, se reiteró que en numerosas ocasiones se ha advertido el alto nivel de riesgo que persiste en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR): […] un patrón de victimización a firmantes del Acuerdo de Paz, cuyo carácter sistemático, pone en vilo el cumplimiento integral del mandato

de la JEP, toda vez que se atenta contra la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de comparecientes que tienen un rol activo en los macro casos abiertos por la Jurisdicción4 y los proyectos restaurativos que se vienen impulsando.5 Este patrón, que fue presentado a las autoridades competentes, en el marco del seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP6; refleja la ocurrencia de graves escenarios de riesgo.

9. En este sentido, se explicó que en aquellas zonas donde coincide la presencia armada de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central “se aumenta tres veces el riesgo de que un firmante del Acuerdo de Paz sea asesinado. Las zonas más críticas son Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo”, por lo que: […] En el 82% de los municipios donde se han registrado enfrentamientos armados entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, se ha presentado como mínimo dos casos de homicidios de firmantes de paz.

Esto es un factor de riesgo estadísticamente significativo, ya que las díadas de enfrentamientos bélicos entre estos dos grupos armados no estatales es el más alto de todos.

10. En su diagnóstico manifiestan que los espacios colectivos de reincorporación que manejaba el Bloque Oriental o el Bloque Sur son corredores 4 Citando a su vez, lo siguiente: Por ejemplo, la Unidad de Investigación y Acusación ha registrado que el mayor nivel de riesgo para los firmantes del acuerdo de paz (comparecientes) se encuentra en aquellos que participan o están vinculados judicialmente a los macro casos número 01, 02, 04, 05 y 07.

5Citando a su vez, lo siguiente: Constitucionalmente, el paradigma orientador de la JEP es la justicia

restaurativa. Por eso, aproximadamente 2.700 comparecientes están relacionados con el Sistema Restaurativo o con Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR). 6 Citando a su vez lo siguiente: La UIA explicó y fundamentó el carácter sistemático de los ataques letales contra firmantes del acuerdo de paz, en dos escenarios procesales diferentes: el primero, llevado a cabo en Pitalito (Huila) el 26 de febrero de 2024. La segunda, en audiencia reservada con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en Bogotá el 8 de mayo de 2024. Sobre la transmisión de la audiencia de Pitalito, se puede consultar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=PTPq5_yzoGQ 4

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DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD EXPEDIENTE: 0000057-70.2024.0.00.0001 estratégicos de movilidad que el Estado Mayor Central ha pretendido reestablecer y por lo tanto se aumenta el riesgo de desplazamiento masivo de los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz, así como la posibilidad de que un AETCR desaparezca de esos territorios.

11. La UIA afirma que la situación se ha venido agravando porque hay que transitar por retenes ilegales instalados por el Estado Mayor Central y: […] la Zona de Reserva Campesina El Pato/Balsillas, y la AETCR de Miravalle, se convirtieron en un escenario de disputas y confrontaciones armadas entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Esta confrontación no solo es consecuencia del carácter geoestratégico del

territorio sino también por su valor simbólico, ya que la zona de El Pato hizo parte de las primeras retaguardias guerrilleras de las FARC-EP cuando nacieron y se fueron expandiendo gradualmente.

12. Finalmente, pone de presente las declaraciones de la Segunda Marquetalia y del Estado Mayor del Frente Iván Díaz Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño del 23 de junio de 2024 y, sumado al contexto ya expresado: “es altamente probable que se materialice de forma inminente un riesgo de desplazamiento forzado masivo de los firmantes que viven en la AETCR de Miravalle, y que se profundicen los ataques violentos contra los civiles que residen en la Zona de Reserva Campesina de El

Pato/Balsillas”.

13. Por todo lo anterior, la UIA hizo las siguientes recomendaciones: • […] Al Consejero Comisionado de Paz, que priorice la discusión sobre las garantías de seguridad para los comparecientes ante la JEP en las dos mesas de negociación abiertas con el denominado Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. • A los jefes de las delegaciones del gobierno con el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, que anuden esfuerzos para que se asuma como compromiso ineludible un alto a las hostilidades contra los firmantes del Acuerdo de Paz. • Al Ministerio de Defensa, reiterar la alerta emitida durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares desarrollada en Pitalito

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(Huila)7, para que fortalezca los esquemas de seguridad en los perímetros de los siguientes espacios colectivos de reincorporación: AETCR La Pradera, AETCR Agua Bonita, NAR Puerto Guzmán, NAR Rioblanco, NAR Berlín Ataco, NAR Planadas, AETCR El Oso, NAR Algeciras, NAR Íquira y NAR urbana de Neiva. Esta medida es necesaria para evitar que el patrón ilustrado se siga replicando en otros lugares del país.

14. En el mismo sentido, los apoderados del Partido Comunes dentro de este trámite de medidas de protección y el apoderado del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (en adelante, SAAD-Comparecientes) quien representa judicialmente a varios firmantes del Acuerdo de paz que viven en el espacio territorial de Miravalle – Oscar Mondragón - hoy centro poblado que se ubica en la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, radicaron memoriales mediante los cuales se puso en conocimiento las declaraciones del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia del 23 de junio de 2024, ya mencionadas anteriormente.

15. El Estado Mayor del Frente Iván Díaz en su comunicado hace las siguientes afirmaciones: “Es el caso lamentable del ETCR de Miravalle, claro, no por todos sino por algunos residentes de ese Espacio, que ha sido asaltado en su buena fe por grupos armados contrarrevolucionarios como la “Segunda Marquetalia”, que instrumentaliza a los excombatientes para ejecutar sus fechorías”, por lo que el apoderado del SAADComparecientes manifiesta que: […]Esta situación, ha inundado de temor a todos los habitantes tanto

niños, niñas y mujeres de Miravalle, a pesar de los esfuerzos y logros en su reincorporación tras el acuerdo, aún enfrentan un desafío que ha sembrado temor entre todos, los firmantes del acuerdo de paz han venido cumpliendo a cabalidad su reincorporación cómo se evidencia en sus proyectos productivos, han exportado y competidos en otros países en deporte en rio cómo Rafting, aprovechado sus riquezas naturales que han destacado en proyectos de senderismos, han realizados innumerables TOAR que Secretaria Ejecutiva de la JEP ha certificado. Los habitantes de Miravalle enfrentan múltiples preocupaciones al ser desplazados de sus territorios arraigados. Temen por sus proyectos de vida, trabajos comunitarios y los avances en sus proyectos TOAR, pero 7 Citando a su vez lo siguiente: En dicha audiencia, la UIA manifestó que la AETCR de Miravalle se encontraba en un alto nivel de riesgo, dados los ejercicios de “gobierno de facto” y control social que ejercían las disidencias en el perímetro de la zona. 6

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DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD EXPEDIENTE: 0000057-70.2024.0.00.0001 sobre todo por su vida e integridad física, la crisis humanitaria y de seguridad en los territorios agudiza estas inquietudes.

16. Por lo que solicita al despacho lo siguiente: i) buscar todas las garantías institucionales posibles para preservar la vida e integridad física de los y las firmantes y continuar con sus procesos de reincorporación de manera plena en

cualquier lugar del territorio; ii) robustecer las medidas de protección colectiva e individual que ya se tiene alcanzadas y están siendo materializadas por la Unidad Nacional de Protección UNP y iii) gestionar un canal de comunicación “que permita a los firmantes y líderes sociales de la comunidad sentirse respaldada y acompañada. Es crucial que los gobiernos locales y nacionales intervengan humanitariamente para abordar y resolver esta situación.”

17. El apoderado informó que, con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (en adelante, ARN) se están tomando algunas medidas, entre esas la realización de un censo de la población para poder anexar información completa y detallada de las personas que habitan el AETCR de Miravalle.

18. Igualmente, mediante memorial con fecha del 26 de junio, los apoderados del partido Comunes dentro del trámite de medidas cautelares que cursa ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad presentaron un informe que da cuenta de la grave situación de seguridad de las personas que habitan el AETCR Oscar Mondragón

(Miravalle) y alertan el inminente desplazamiento forzado colectivo, por lo que, solicitaron la activación de un plan de seguridad.

19. En su escrito presentaron un contexto de la situación que viven las personas en proceso de reincorporación en el departamento del Caquetá donde hacen presencia los siguientes grupos armados ilegales: i) disidencias del Frente 14 comandadas por el Estado Mayor Central - Hacia los municipios de la Montañita y Paujil hacen injerencia el Frente 1 quien con el Frente 7 conformaron

el Comando Conjunto Manuel Marulanda Vélez - ; ii) “los pobladores en el Caquetá también han denunciado la presencia de grupos paramilitares como las Águilas Negras y las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) aunque las autoridades locales no logran confirmar dicha situación” y iii) la Segunda Marquetalia hace presencia en la zona montañosa de los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico en el Caquetá y convocan a reuniones con las Juntas de Acción Comunal (JAC). 7

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20. Manifiestan que el Estado Mayor Central está avanzando hacía las zonas de presencia de la Segunda Marquetalia y: […] los primeros han advertido que se quedarán en las dichas zonas cercanas al ETCR Miravalle, cerca de Guacamayas, Basillas, Puerto Amor, Santana Ramos entre otros y la población civil ha denunciado amenazas de ambos grupos para trabajar con ellos, en caso de negarse o resistirse la población debe abandonar en 72 horas. La columna Movil[sic] Teofilo[sic] Forero -de las disidenciastambién hace presencia en el Caquetá y en el Huila, en el municipio de Garzón.

21. Igualmente expresan que las disputas territoriales entre estos dos actores armados están relacionadas con: […] la lucha por la recuperación de tierras que eran propiedad de las FARC-EP antes del AFP. En esa búsqueda de propiedades han asesinado firmantes de paz como es el caso de Pablo Ramírez Yate, quien fue citado

a una reunión y luego asesinado porque este tenía conocimiento de donde se encontraban los bienes que serían entregados al gobierno tras la firma del acuerdo. […] Estas organizaciones por su manera de actuar, el conocimiento de los firmantes y de la región pueden atentar de manera selectiva y sistemática contra los firmantes y sus familias. Asimismo, la ineficaz intervención de la fuerza pública en estos territorios ha impedido el desarrollo de acciones penales para identificar a los máximos responsables e imponer la sanción respectiva.

22. Ponen de presente las alertas emitidas por el Sistema de Alertas

Tempranas de la Defensoría del Pueblo:

1. AT 035-19 alertó los riesgos electorales en San Vicente del Caguán como municipio de riesgo extremo dada la injerencia de grupos armados ilegales, las violaciones de derechos humanos y las afectaciones al Derecho Internacional Humanitario, a la vida, la integridad y libertad de los aspirantes, candidatos, partidos políticos y restricciones a la cotidianidad de los habitantes de las zonas rurales y urbanas; ii. AT 019-23 que reitera el riesgo extremo en el cual se encuentra el municipio de San Vicente del Caguán por cuenta de la violencia armada, por lo que se recomienda avanzar en la caracterización de los grupos armados ilegales y del crimen organizado que operan en el país para

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DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD EXPEDIENTE: 0000057-70.2024.0.00.0001 determinar el marco jurídico aplicable y se insta a las organizaciones local

a tomar acciones que permitan la protección de la población en reincorporación; iii. AT 018-23 que registra los riesgos inminentes sobre el AETCR Miravalle Oscar Mondragón debido al ingreso de unidades del EMC en las Zonas de Reserva Campesina en las áreas del Bajo Pato y las inspecciones de Guacamayas y Troncales, sectores donde se presentan disputas por el control territorial con el grupo disidente de la Segunda Marquetalia; y iv. AT -007-24 advierte sobre los riesgos que afectan a las defensoras de DDHH y liderazgos sociales que ejercen su labor en asuntos ambientales en la región amazónica colombiana. Esto debido a la persecución y los homicidios selectivos de los que han sido objeto líderes comunales, indígenas y ambientales que se oponen a la tala indiscriminada y otras afectaciones sobre la selva amazónica colombiana, por esto, firmantes han sido asesinados en el departamento del Putumayo y otros líderes en Amazonas y Caquetá. Esta situación pone en riesgo a los habitantes del ETCR Miravalle, quienes según la ARN cuentan con distintos proyectos con contenido medio ambiental como la Cooperativa Multiactiva Manuel Marulanda Vélez, que hace énfasis en el proyecto “Amazonía Joven: Corredores amazónicos sostenibles para la paz liderados por jóvenes del Caquetá”.

23. Por todo lo anterior, afirman que: […] La situación que se presenta en el ETCR Miravalle ubicado en San Vicente del Caguán tiene a las y los firmantes del AFP, a sus familias y a los pobladores de la región en un riesgo inminente. De acuerdo con los comunicados relacionados en esta zona se registra un escalamiento de las

acciones armadas y alertan sobre intimidaciones del Estado Mayor Central para que las personas se unan a sus filas y asuman las armas. Incluso, advierten que quienes se nieguen a hacerlo tendrán consecuencias violentas.

24. Dada la situación descrita anteriormente, los representantes del Partido Comunes solicitan, entre otras cosas: el decreto de medidas cautelares de protección en favor de las personas que habitan el AETCR Oscar Mondragón

(Miravalle), ubicado en San Vicente del Caguán, Caquetá. Estas medidas deben garantizar una seguridad humana integral y un proceso de reincorporación en condiciones dignas. Asimismo, se solicita información relacionada con el plan de contención respecto a la situación de emergencia descrita. 9

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25. Además, solicitan que la ARN, la Sociedad de Activos Especiales (en adelante, SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (en adelante, ANT) que informen sobre las acciones adelantadas para la adjudicación de tierras a los firmantes que están en Miravalle; la permanencia y continuidad de los proyectos productivos. De igual manera, requieren información a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la ARN relacionada con las condiciones de seguridad, protección y acompañamiento a la comunidad asentada en dicho territorio y piden la instalación de un campamento humanitario y el reforzamiento de las medidas de seguridad y protección asignadas, tanto colectivas como individuales, para los pobladores del ETCR Miravalle.

26. El 27 de junio de 2024, los colectivos de reincorporación Caguán Expeditions y Remando por la Paz emitieron un comunicado a la opinión pública mediante el cual manifestaron lo siguiente: […] Nuestra salida de la vereda Miravalle, ubicada en la Zona de Reserva Campesina del río Pato y Valle de Balsillas, es un hecho real e inminente.

Nos vemos obligados a salir del territorio, del espacio de reincorporación, de nuestro hogar, nuestro querido “filo”, lugar matriz, cina de inspiración natural de nuestros proyectos. La razón de esta decisión es la imposibilidad de permanencia y convivencia con la guerra, con la confrontación armada, que después de 7 años, está de regreso en nuestros territorios. Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto de ahogo, sofocando las posibilidades de arraigo para los firmantes y comunidades.

27. Igualmente, el mismo 27 de junio de 2024, la Comunidad Firmante de Paz del Centro Poblado Óscar Mondragón publicaron un comunicado a través del cual expresaron que: […] La disputa del territorio por parte de los grupos armados nos deja en medio de la zozobra, el riesgo e incertidumbre, y como siempre, la peor parte la vive la población civil. Nos resistimos en retornar a la guerra, que retrasa el desarrollo de toda una región y a la final no gana nadie, todos perdemos, pierde una región, y pierde también el país. Por eso, hemos

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DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD EXPEDIENTE: 0000057-70.2024.0.00.0001 tomado la decisión de abandonar este espacio de reincorporación, buscando proteger nuestras vidas y la de nuestras familias. Tener que desplazarnos nos entristece profundamente, es un retroceso enorme al trabajo que hemos realizado durante siete años, sin embargo, no vamos a desistir en nuestra firme convicción de que el único camino posible es la búsqueda de la Paz.

28. Asimismo, en los sitios web de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (en adelante, ARN) y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (en adelante, UIAFP) la SAR conoció un comunicado mediante el cual rechazaron “la amenaza proferida por el EMC a los habitantes del AETCR de Miravalle, en el marco de la disputa militar que sostiene con la Segunda Marquetalia. Acciones que consideramos contrarias a cualquier manifestación de voluntad de paz8”.

29. Como respuesta a la situación informan lo siguiente: […] hoy se realizó un Puesto de Mando Unificado por la Vida, en las instalaciones del ETCR, convocado por el Ministerio del Interior y en el cual participaron el Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, la Oficina del Comisionado de paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras, la Policía y el Comando conjunto Estratégico para la Transición de las Fuerzas militares. Así como, la Gobernación del Caquetá y el municipio de San

Vicente del Caguán; los delegados de la población firmante del ETCR de Miravalle, el componente comunes en la CSIVI y el Consejo Nacional de Reincorporación.

30. En consecuencia, en este PMU se acordaron rutas dirigidas a garantizar la vida de la población firmante y el Gobierno Nacional anunció que: […] sostendrá la presencia de la fuerza pública en la zona, acelerará el traslado y consolidación del ETCR de Miravalle a un lugar definitivo que facilite la reincorporación integral, atendiendo al llamado realizado por sus habitantes y para lo que se acordó una ruta para su desarrollo, a la vez que, manifestó que exige al EMC desistir de su amenaza. 8 Consultado en las páginas web: https://portalparalapaz.gov.co/comunicado-de-prensa/29/ y

https://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2024/gobierno-nacional-sepronuncia-ante-las-amenazas-en-el-etcr-en-miravalle-caqueta.aspx 11

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31. En el mismo sentido el Ministerio del Interior dio a conocer las conclusiones y los acuerdos alcanzados durante la realización del “Puesto de Mando Unificado por la por la Vida AETCR Miravalle, San Vicente del Caguán9”, en este se afirma que: […] El gobierno nacional deja constancia que desde que tuvo conocimiento de tales hechos, ha adelantado todas las gestiones para concertar medidas de atención a la emergencia; para garantizar la

seguridad en el territorio y para exigir una retractación de tal amenaza por parte del grupo anterior. Producto de ello, ha propuesto a la comunidad de firmantes un conjunto me de medidas y acciones para su permanencia en el territorio. De igual forma, deja constancia que la fuerza pública se mantendrá en la zona con todas sus capacidades orientadas a continuar garantizando seguridad de los habitantes. Durante el transcurso del dialogo, la población firmante mantiene su decisión de salir de territorio, como consecuencia de la amenaza mencionada.

32. Teniendo en cuenta lo anterior el comunicado manifiesta que se acordó, entre otras cosas, lo siguiente: i) “La comunidad de firmantes notifica al gobierno nacional que abandonará el ETCR Miravalle el 25 julio y se trasladará al ETCR de Doncello, Caquetá”; ii) Una vez los firmantes del AETCR de Miravalle lleguen al AETCR del Doncello se declarará campamento humanitario; iii) se conformarán dos comisiones mixtas: una encargada de realizar trámites del traslado definitivo y adquisición de tierras y otra para monitoreo y generar condiciones de seguridad: iv) “Se realizarán dos reuniones de la Mesas de diálogo de paz (una por mesa) que se llevan a cabo con el EMC y Segunda Marquetalia, con participación de cinco delegados de la población firmante residente en Caquetá para abordar los temas relativos a la no agresión a la población reincorporada, las cuales serán articuladas por la Oficina del 9 En el que participaron: El Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del

Acuerdo Final de Paz, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación del Caquetá, la Alcaldía de San Vicente del Caguán, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, CSIVIComunes, el Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación – CNR, los vocero