JEP - Resolución SAI AOI AS DVL 218 08 junio de 2022

SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

BOGOTÁ D.C., 8 DE JUNIO DE 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

RESOLUCIÓN SAI-AOI-AS-DVL-218-2022

Expediente Legali: 001682-13.2022.0.00.0001

Asunto: Resolución que ordena la suscripción del régimen de condicionalidad y el formato F-1 y ordena ampliación de información Solicitante: EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ Documento de identificación: c.c. nro. 3.129.817

I. ASUNTO POR RESOLVER Este despacho de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) procede a ampliar información respecto de los procesos penales adelantados en contra del señor EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 3.129.817, a fin de resolver sobre la solicitud de beneficios transicionales.

II. IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICA DEL SOLICITANTE

1. El señor EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ se identifica con la cédula de ciudadanía nro. 3.129.817. De acuerdo con información aportada por la directora de Asuntos Jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, el mencionado se encuentra en el listado de las personas que recibieron el beneficio de libertad condicionada, bien con ocasión de la expedición de una decisión de la justicia

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III. ANTECEDENTES

2. Mediante oficio remitido por la directora de Asuntos Jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz radicado con el nro. 202203019093 del 1 de noviembre de 2022 y en atención a lo discutido en la Sala Plena de la Sala de Amnistía o Indulto, se envió a la presidencia de esta Sala de justicia el listado de las personas a quienes se les otorgó el beneficio de libertad condicionada, bien por una decisión proferida por la justicia ordinaria o por la terminación de las Zonas Veredales Transitoria de Normalización (ZVTN). 2.1. En virtud de lo anterior, el 1 de noviembre de 20222, la presidenta de la SAI solicitó a la Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía e Indulto adelantar las gestiones necesarias para asignar por reparto a los despachos de la Sala el trámite de beneficios respecto de las personas incluidas en el listado adjunto en el que se incluyeron los datos de identificación y la autoridad judicial que posiblemente

otorgó el beneficio transitorio. En el listado, se encuentra la información relativa al

señor EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ.

3. En atención a las instrucciones impartidas por la Presidencia de la SAI, mediante informe del 4 de noviembre de 2022, la Secretaría Judicial asignó por reparto a este despacho el caso de EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ contenido en el expediente LEGALi 0001682-13.2022.0.00.00013..

4. A fin de contar con información adicional a la reportada por la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre la situación jurídica del señor EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ, este despacho consultó el Sistema para la Gestión de Procesos Judiciales de la Rama Judicial del Poder Público4 y el registro de 1 Jurisdicción Especial para la Paz. Sistema de Gestión Judicial Legali, radicado nro. 000168213.2022.0.00.0001, folios 3 a 5. 2 Ibidem, folio 1. 3 Ibid. Folio 9. 4 Rama Judicial de Colombia. Sistema para la Gestión de Procesos Judiciales de la Rama Judicial del Poder Público. Consultado el 1 de junio de 2023 en el siguiente enlace:

https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial Página 2 de 18 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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otnemucod etsE .71FB13 ogidóc le y 1000.00.0.2202.31-2861000 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth antecedentes de la Procuraduría General de la Nación5 en el que encontró información relativa al mismo en el siguiente proceso: - Proceso de radicado nro. 250003107002200700159 00 por el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cundinamarca en Descongestión, mediante decisión del 29 de julio de 2009, condenó6 al señor EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ a 40 años de prisión y multa de 2.717 salarios mínimos legales mensuales vigentes por encontrarlo penalmente responsable de las conductas punibles de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro simple agravado, secuestro extorsivo y rebelión. Esta decisión fue modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca mediante sentencia del 3 de noviembre de 2010, en la que condenó al señor PEDRAZA MARTÍNEZ como coautor de los delitos de secuestro extorsivo y rebelión a la pena de 348 meses de prisión y multa de 2.050 s.m.l.m.v.

6. De acuerdo con los registros de la Procuraduría General de la Nación, la sanción de prisión así como la pecuniaria decretada por la justicia se encuentra vigente.

7. Adicionalmente este despacho consultó el aplicativo de Visor de Inventario de Beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz en el que halló que el Juzgado

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Dorada (Caldas) concedió el beneficio transitorio de libertad condicionada contemplada en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 en favor del señor PEDRAZA MARTÍNEZ7.

8. En ese mismo aplicativo, el despacho constató que, además del proceso judicial referido en el párrafo 5, en contra del señor EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ la fiscalía adelanta las siguientes investigaciones: La Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional de Terrorismo, radicados 308-64100 y 30867502 por el delito de homicidio. 5 Procuraduría General de la Nación. Consulta de Antecedentes. Consultado el 1 de junio de 2023 en

el siguiente enlace: https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/Certificado.aspx?t=dAylAkFT/gSkkvpDoI89aORiq2C8LI 3z9uHAnBFaF08/32nPrGQhH4HhIkyJHgMD30HMssetl++//CsdGTf4ZYH7hnSx68rXKT9MI6N0L25 ipvVlkwZR+TABjraDbp0hlrwP2GCLMX8Rl+aw1u6GwgGEkvY16WZ4qm8sL17YyY5FLVGWSy+E ys6FEeWWKx6G+Rm/XaHa4L9eayTZkhzvIL4bJrDB501fmA/wv3NJ74I=&tpo=1 6 Información pendiente de verificación con la ampliación de información. 7 Aplicativo Visor de Inventarios de Beneficios, consultado el 1 de junio de 2023. Página 3 de 18

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9. Así mismo, este despacho consultó la página web de antecedentes de la Policía Nacional de Colombia con los datos de identificación del señor EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ cuya búsqueda arrojó la siguiente anotación: “actualmente no es requerido por autoridad judicial alguna”8.

10. De igual forma, este despacho consultó el sistema de registro de la población carcelaria del INPEC en el cual no se encontró registro de EDGAR ROLANDO

PEDRAZA MARTÍNEZ9.

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO La competencia de la SAI para gestionar el régimen de condicionalidad respecto de las conductas por las que fue otorgado el beneficio de libertad condicionada al interesado.

11. Al precisar el alcance de los artículos 81, 157 y 158 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, la Sección de Apelación, a través de la Sentencia Interpretativa 2 del 9 de octubre del 2019, aclaró que el legislativo escindió las competencias generales de esta jurisdicción respecto de los beneficios provisionales otorgados por la Jurisdicción Penal Ordinaria a exmiembros y antiguos colaboradores de las

FARC–EP, a los investigados o juzgados penalmente como tales, así como a las personas vinculadas con delitos relacionados con protesta social o disturbios públicos, entre la Sección de Revisión y la Sala de Amnistía o Indulto. De tal forma, al primero de los órganos mencionados le corresponde su revisión y supervisión10, mientras que al segundo se le impone la gestión del régimen de condicionalidad 8 Policía Nacional de Colombia. Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales. Consultado el 1 de junio de 2023 en el siguiente enlace: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 9 Registro de la Población Privada de la Libertad. INPEC. Consultada el 1 de junio de 2023. Disponible en: https://www.inpec.gov.co/en/registro-de-la-poblacion-privada-de-la-libertad 10 De acuerdo con lo explicado por la Sección de Apelación en la sentencia TP-SA-SENIT 2 de 2019 del 9 de octubre de 2019, la función de revisión y supervisión “debe ser entendida como el seguimiento y control de la situación temporal de estas personas y comprende dos facetas: la de revisar las condiciones de ejercicio del beneficio recibido y, de ser el caso, ajustarlas, y la de vigilar el cumplimiento de dichas condiciones a través de los órganos de la JEP o de las autoridades de diverso orden que, por sus atribuciones legales o reglamentarias, estén obligadas a realizar la parte operativa de dicha tarea”. Página 4 de 18 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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12. De otra parte, cabe recordar que el beneficio concedido al interesado en este caso es el provisional de libertad condicionada reglamentado en el artículo 10 del Decreto 277 de 2017, se otorgaba a condición de que se cumplieran los siguientes requisitos:

(i) permanencia mínimo de 5 años de privación de la libertad, (ii) acreditación del ámbito personal de competencia previsto en el artículo 17 de la Ley 1820 de 2016 y (iii) la suscripción del acta de compromiso prevista en el artículo 35 de la misma codificación. Cabe advertir que, en principio, no es posible hacer tabula rasa de la decisión que profirió la jurisdicción penal ordinaria en ejercicio de la competencia transitoria que la ley le atribuyó12. El régimen de condicionalidad aplicable a EDGAR ROLANDO PEDRAZA

MARTÍNEZ

13. Los destinatarios de los beneficios establecidos en la Ley 1820 de 2016, al ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz y, como consecuencia, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), adquieren obligaciones y

compromisos para acceder y mantener dichas prerrogativas. En el caso concreto, implica el mantenimiento del beneficio de libertad condicionada otorgados al señor

EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ.

14. El Acto Legislativo 1 del 2017 establece que el SIVJRNR, del cual hace parte la JEP, busca dar una respuesta integral a las víctimas, de manera que los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición “no pueden entenderse de manera aislada, (…) [e]starán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de 11 La Sala de Amnistía o Indulto es competente para conocer, en el marco de trámites de amnistía o indulto, de las solicitudes de libertad condicionada elevadas por quienes invoquen la calidad de exmiembros y antiguos colaboradores de las FARC–EP y de investigados o juzgados penalmente como tales. La Sala también “(…) es el órgano competente para imponer las condiciones especiales a las que haya que someter el beneficio de libertad condicionada cuandoquiera que ha sido concedido”. Sin embargo, a la Sección de Revisión le corresponde, de manera excepcional, estudiar las solicitudes de libertad condicionada elevadas por los acusados o condenados por delitos que se adviertan ostensiblemente no amnistiables o indultables que, pese a haber obtenido la autorización para el traslado a ZVTN, no accedieron al mismo y en el entretanto tampoco han alcanzado la libertad, o que aún se encuentran en observación posiblemente en situación de privación de la libertad (Jurisdicción Especial para la

Paz, Sección de Apelación, TP-SA-SENIT 2 de 2019 del 9 de octubre de 2019). 12 Al respecto ver: autos TP-SA 336 de 2019, 432 de 2020 y 733 de 2021. Página 5 de 18 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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15. A partir de esta noción de relaciones de condicionalidad entre beneficios y obligaciones, la Corte Constitucional elaboró el concepto de Régimen de Condicionalidad en la Sentencia C-674 de 2017, estableciendo una serie de obligaciones genéricas que deben ser cumplidas por quienes pretenden recibir y mantener los tratamientos penales especiales contemplados en las normas que

desarrollan el Acuerdo Final de Paz15, a saber: (i) Dejación de armas; (ii) Obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma integral;

(iii) Obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo del artículo transitorio 5º del artículo 1º del A.L. 01 de 2017; (iv) Garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos, o delitos de ejecución permanente, después del primero (1º) de diciembre de 2016, en particular, conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de producción de los cultivos de uso ilícito y sus derivados; (v) Contribuir a la reparación de las víctimas, y en particular a decir la verdad en relación con los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos; y (vi) Entregar los menores de edad, en particular las obligaciones específicas establecidas en el numeral 3.2.2.5 del Acuerdo Final16.

16. Para la Corte, la imposición, supervisión y seguimiento del régimen deben ser realizados por la JEP, bajo los siguientes parámetros: 13 Acto Legislativo No 01 del 4 de abril de 2017, artículo transitorio 1°. 14 Acto Legislativo No 01 del 4 de abril de 2017, artículo transitorio 5°. 15 Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017. 16 Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2017.

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le y 1000.00.0.2202.31-2861000 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth i) El régimen es integral y comprensivo, en tanto que se extiende a todos los beneficios y medidas sancionatorias especiales y es transversal a todos los componentes del Sistema Integral (JEP, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas); ii) Se extiende tanto al acceso como al mantenimiento de los beneficios, por lo que el incumplimiento de condiciones no solo impide el acceso a los tratamientos diferenciales, sino que puede implicar su suspensión o pérdida de forma proporcional a la falta y iii) Debe estructurarse bajo los principios de proporcionalidad y gradualidad, “en el sentido de que el nivel de contribución a la verdad, a la reparación y a la no repetición determina, al menos parcialmente, la magnitud de los beneficios susceptibles de ser otorgados, y en el sentido de que la dimensión y la gravedad del incumplimiento de las condiciones determina el alcance de la pérdida del tratamiento especial”17.

17. Estos desarrollos fueron recogidos en el artículo 20 de la Ley 1957 de 2019, que definió de manera más precisa las obligaciones que debe contener el régimen, así como las consecuencias de su incumplimiento. El parágrafo 3 de ese artículo debe interpretarse en concordancia con el artículo 67 de la Ley 1922 de 2018, según el cual las faltas en las que incurran los comparecientes originarán la apertura de un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad.

18. Como resultado de este procedimiento, la JEP podrá aplicar sanciones graduales y proporcionales a la falta cometida, pudiendo incluso decretar la pérdida de los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016 o cualquier otro tratamiento especial de justicia, incluyendo la expulsión del compareciente del sistema de justicia transicional.

19. El artículo 35 de la Ley 1820 de 2016, en el mismo sentido, dispone que “la Jurisdicción Especial para la Paz podrá revocar la libertad de quienes incumplan alguna de las obligaciones fijadas en el acta formal de compromiso”. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acta formal de compromiso se relaciona con el régimen de condicionalidades mencionado en el último inciso del

artículo 35 de la Ley 1820, así: 17 Ibidem. Página 7 de 18 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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AGEV AIRAM ANAID rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .71FB13 ogidóc le y 1000.00.0.2202.31-2861000 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth Si durante la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, los beneficiarios de mecanismos de tratamiento penal especial de la presente ley se rehusaran a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de

Búsqueda de las Personas dadas por desaparecidas, se les revocará el derecho a que se les apliquen los beneficios de la libertad condicional o las sanciones establecidas en la JEP.

20. Las condicionalidades establecidas en el citado el artículo 20 de la LEJEP son de carácter general y nada obsta para que las Salas y Secciones de la JEP las ajusten, atendiendo a las circunstancias propias de cada compareciente y de cada caso concreto. Igualmente es necesario resaltar la importancia que las normas sobre régimen de condicionalidad le otorgan a la obligación de los comparecientes de contribuir a la verdad, para lo cual las Salas y Secciones cuentan con la posibilidad de implementar mecanismos tales como el llamado formato F-118 o la convocatoria a diligencias de aporte a la verdad. Esto, bajo el principio de que el deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades, en los términos del artículo 20 de la Ley 1957 de 2019.

22. En el caso concreto, no se evidencia que en sede de la justicia ordinaria se le hubiera impuesto un régimen de condicionalidad al ciudadano tal como ha sido decantado por la normativa transicional y la jurisprudencia, ya que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Dorada (Caldas) solo condicionó la materialización del beneficio provisional a la suscripción del Acta de Compromiso. En ese sentido, únicamente exigió la faceta negativa del régimen de condicionalidad.

23. Por lo tanto, el mantenimiento del beneficio otorgado al señor EDGAR

ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ quedará sometido al régimen de condicionalidad que por medio de esta providencia impone este despacho de la SAI de la JEP; sin perjuicio de que, luego de su firma, se pueda llamar al compareciente para que, eventualmente, continúe cumpliendo el compromiso de contribuir a la verdad mediante la presentación de una entrevista u otros mecanismos que la JEP, en conjunto, desarrolle para ello. Así, el compareciente deberá: 18 Según lo descrito en la SENIT 01 de 2019, proferida por la SA, el formato F-1 es una planilla de recolección de información que tiene como fin práctico la “aplicación homogénea de los principios que justifican la transición” y la gestión adecuada de la interacción restaurativa y el ejercicio de las competencias de la JEP. Página 8 de 18 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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1. Informar todo cambio de residencia a la autoridad competente de la

Jurisdicción Especial para la Paz.

2. No salir del país sin previa autorización de la autoridad competente de la

Jurisdicción Especial para la Paz.

3. Garantizar la dejación de armas y comprometerse a no reincidir en la comisión

de delitos dolosos.

4. Participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas.

5. Comparecer ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ante la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas o ante la JEP cuando sea requerida, aportando verdad plena.

6. Comparecer ante la JEP cada vez que sea requerida para que efectúe aportes en trámites judiciales, en aras de que sea escuchada en relación con toda la información relevante para la JEP, por ejemplo, frente a casos propios o de otros comparecientes

7. Contribuir por escrito al esclarecimiento de la verdad para que informe sobre hechos y conductas de las que tenga conocimiento para efectos de determinar máximos responsables políticos y militares en las antiguas FARC-EP de las que fue integrante.

8. Diligenciar de manera íntegra y exhaustiva el formato F-1 que se pondrá en su conocimiento.

24. El señor EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ deberá remitir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, por vía electrónica, el acta de Régimen de Condicionalidad que se adjunta a la presente Resolución. Esta acta servirá como constancia de su entendimiento sobre las obligaciones a las cuales está sometido en relación con esta jurisdicción especial y el

SIVJRNR.

25. Igualmente, en concordancia con la jurisprudencia de la Sección de Apelación, y como materialización de la obligación contenida en el numeral 7 del Régimen de Condicionalidad que le será comunicado al señor EDGAR ROLANDO PEDRAZA MARTÍNEZ, este deberá remitir, por vía electrónica y debidamente diligenciado, el

mencionado formato F-1 dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución. El incumplimiento injustificado de esta obligación podría implicar una infracción al régimen de condicionalidad, con la subsiguiente imposición de sanciones que pueden derivarse de un incidente de incumplimiento.

26. En este formato F-1 el compareciente deberá referirse, en particular, a las circunstancias que enmarcaron su pertenencia a las FARC-EP y que llevaron a que Página 9 de 18 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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27. De conformidad con la jurisprudencia de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz19, es fundamental para los despachos de la SAI resolver de manera definitiva y no solo provisional la situación jurídica del procesado al interior de la JEP20. Para ello, deberá seguir la siguiente ruta:

(i) evaluar si la SAI podría tener competencia en el asunto o si, por el contrario, es ostensible que carece completamente de ella, para lo cual podrá decretar – al menos preliminarmente – las pruebas que considere necesarias y con fundamento en ellas decidir si avoca o no el conocimiento del asunto o rechaza de plano la solicitud, según proceda; (ii) en caso de avocar conocimiento del asunto, adelantar un trámite unificado con miras a obtener la solución definitiva de la situación jurídica del procesado, lo cual no podrá ocurrir hasta tanto no cuente con la totalidad de las piezas procesales que constituyen el proceso objeto de su pronunciamiento; y (iii) examinar, en una etapa temprana del procedimiento, si procede conceder la amnistía de iure cuando ello sea jurídicamente posible, y en los demás casos, decidir de oficio o a instancia de parte el beneficio provisional de la libertad condicionada, para que con fundamento en dicha decisión se defina la suerte que ha de correr el trámite del beneficio definitivo del procesado.

28. Como lo indica el primer paso, para definir la situación jurídica de los solicitantes al interior de la JEP, la SAI debe realizar un estudio preliminar para definir si el asunto es de su competencia y, para ello, deberá verificar el cumplimiento de los factores de competencia personal, temporal y material. 19 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación, TP-SA-SENIT 2 de 2019 del 9 de octubre de 2019. 20 Ibid. Párr. 133.

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29. En relación con el factor de competencia personal para ex integrantes de las FARC que aspiran a beneficios transicionales, ya sean provisionales o definitivos, los artículos 17, 22 y 29 de la Ley 1820 de 2016 y al artículo 6 del Decreto 277 de 2017 señalan con fines similares21, los siguientes requisitos de manera alternativa:

1. Que el solicitante haya sido procesado, investigado o condenado por pertenecer o colaborar con las FARC-EP y así conste en decisión judicial;

2. Que el solicitante haya sido incorporado a los listados entregados por los representantes designados por las FARC EP y verificados por la OACP, aunque no haya sido procesado, investigado o judicializado por su pertenencia a esta organización.

3. Que la sentencia condenatoria en contra del solicitante indique la pertenencia del condenado a las FARC-EP, aunque no se le condene por un delito político, siempre que el delito cumpa los requisitos de conexidad;

4. Que el solicitante haya sido investigado, procesado o condenado por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fue investigado o procesado por su presunta pertenencia o

colaboración a las FARC-EP, sin que el mismo reconozca su pertenencia.

30. La acreditación de este factor es un acto reglado que no se puede satisfacer con medios de prueba distintos a los señalados en los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de 2016, es decir, que solo puede acreditarse mediante: (i) providencia o pieza procesal que indique que la persona fue investigada, procesada o condenada por pertenecer o colaborar con las FARC EP (numeral 1); (ii) certificación realizada por la OACP, tras la verificación de la inclusión del solicitante en los listados entregados al Gobierno Nacional por representantes de las FARC EP (numeral 2)22; (iii) sentencia condenatoria que señale la pertenencia del condenado, a pesar de no haber sido procesado por un delito político, pero sí por un delito conexo con este (numeral 3); y (iv), por último, que sea posible demostrar la condición de exintegrante o colaborador de las FARC-EP, cuando pueda deducirse de investigaciones, providencias judiciales u otras evidencias, que la persona interesada en el beneficio 21 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA 152 del 24 de abril de 2019. 22 La Sección de Apelación, mediante Auto TP-SA-123 de 6 de marzo de 2019, señaló que este supuesto también puede cumplirse con el certificado emitido por el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), que puede entenderse homólogo al expedido por la OACP.

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AGEV AIRAM ANAID rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .71FB13 ogidóc le y 1000.00.0.2202.31-2861000 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth fue investigada o procesada por su presunta pertenencia o colaboración con el extinto grupo guerrillero (numeral 4)23.

31. En lo concerniente al factor de competencia temporal, el artículo transitorio nro. 5° del Acto Legislativo 01 de 2017 señala que la JEP administra justicia de manera transitorio y autónoma; además, conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, lo que hace que el límite de competencia temporal de la JEP y particularmente de la SAI, para la concesión de beneficios transicionales, se circunscribe a conductas cometidas antes de esa fecha24.

32. Respecto del factor material de competencia, el artículo 23 del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser este la causa determinante de la conducta delictiva.

33. De esta forma, para que la SAI pueda determinar si tiene competencia o no frente a una solicitud de beneficios transicionales de un ex integrante de las FARC, deberá

verificar si las conductas por la cuales solita el beneficio guardan relación con el conflicto armado; ha fijado como criterio la SA que, para esta etapa inicial de definición de competencia, se debe descartar que exista una ostensible falta de relación con el conflicto, lo cual debe acreditarse bajo un estándar probatorio de convencimiento bajo; en tal sentido, ante un estado de duda, debe avocarse conocimi