JEP - Resolución SAI-AOI-D-RJC-189 de 2021 15-diciembre de 2021

SALA DE AMNISTIAS O INDULTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

Resolución SAI-AOI-D-RJC-189-2021 Bogotá, 15 de diciembre de 2021

Expediente Legali: 0002176-43.2020.0.00.0001 9004401-14.2019.0.00.0001

Compareciente: JOSÉ HÉCTOR BELTRÁN GONZÁLEZ

Identificación: C.C. 3.121.260

Rad. Jurisd. Ordinaria: 25513610801420168001900

Delito: Feminicidio agravado en concurso con homicidio agravado en concurso homogéneo Asunto: Resuelve sobre trámite de amnistía

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. El Despacho se ocupa de adoptar la decisión que corresponda en relación con si avoca amnistía frente al ciudadano JOSÉ HÉCTOR BELTRÁN GONZÁLEZ,

identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.121.260 y privado de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá -La Picota-.

II. HECHOS Y ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES

1. El supuesto fáctico

2. Los hechos materia de condena fueron presentados de la siguiente manera por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: “El 9 de enero de 2016, MARÍA ELIZABETH RUBIO CÉSPEDES viajó a la

Inspección de San Antonio de Aguilera del Municipio de Topaipí

(Cundinamarca), en compañía de su hijo de nueve años de edad JSCR y su amiga LEIDY JOHANA CUERVO CAICEDO, con el fin de cumplir una cita a su compañero permanente JOSÉ HÉCTOR BELTRÁN GONZÁLEZ. En 1 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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3. Como consecuencia a la aceptación de cargos el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho (Cundinamarca) condenó a BELTRÁN GONZÁLEZ a 49 años y 10 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, por la comisión de los punibles de feminicidio agravado -siendo víctima la señora María Elizabeth Rubio Céspedesy doble

homicidio agravado -cometido en contra del menor J. S. C. R. y la señora Leidy Johana Cuervo Caicedo-. Dicha providencia fue apelada por la Fiscalía y la Defensa en lo relacionado con la dosificación de la pena, y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca mediante decisión en la que redujo la pena accesoria a veinte años.

4. Contra el fallo de segundo grado se interpuso el recurso extraordinario de casación el cual fue inadmitido mediante Auto AP2602-2018 del 27 de junio de 2018, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

5. La vigilancia del cumplimiento de las penas correspondió al Juzgado 24 de

ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D. C., autoridad que remitió a esta jurisdicción petición de libertad condicionada de BELTRÁN GONZÁLEZ. iii. Tramite en la JEP

6. Varias peticiones de libertad condicionada elevó el señor JOSÉ HÉCTOR BELTRÁN GONZÁLEZ indicando para ello cumplir con todos los presupuestos de que trata la Ley 1820 de 2016, en particular manifestó que militó en los Frentes 42 de las FARC-EP bajo el alias de “Robinson” y a órdenes del “comandante Negro Antonio” hasta el año 2002; y en el 22, comandado, según lo señala en su escrito, por “Marco Aurelio Buendía” y “El Escorpión”. Como soporte de su 2 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca

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SOL ED ERENIER rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .8EC0C1 ogidóc le y 1000.00.0.0202.34-6712000 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth petición anexó una declaración extra-juicio suscrita por José Arquímedes González Torres, quien manifestó que era exmiembro de las FARC-EP, conocido con el alias “21 Japonés” o “Escorpión” y afirmó, bajo la gravedad de juramento que el señor BELTRÁN GONZÁLEZ “OPERO EN EL FRENTE ESTEBAN RAMÍREZ, COMO MILICIANO, EN LOS AÑOS 2000 A 2008, EN EL AREA

RURAL DE LA PALMA CUNDINAMARCA”2.

7. Luego de asignadas dichas peticiones el Despacho emitió la Resolución SAILC-A-RJC-0028-2019-2019 de 13 de mayo, mediante la cual se avocó el trámite buscando información que condujera a determinar la competencia de la JEP para ocuparse de la pretensión liberatoria de JOSÉ HÉCTOR BELTRÁN GONZÁLEZ, ordenando una serie de actividades, gracias a las cuales se supo que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no reconoció a dicho ciudadano como integrante de las FARC-EP.

8. Con dicha información, el Despacho emitió la Resolución SAI-LC-D-RJC-00942019 del 28 de agosto, en la cual negó la pretensión liberatoria por carecer de los

ámbitos de competencia. En particular, se concluyó que no se acreditó: 1) el criterio personal por cuanto BELTRÁN GONZÁLEZ no fue condenado por pertenecer a las FARC-EP ni su eventual vinculación a dicho grupo fue mencionada en la sentencia, ni tampoco fue certificado como integrante del extinto grupo guerrillero por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, además que se consideró que declaraciones extrajuicio de supuestos ex militantes de la organización subversiva no son el medio conducente para satisfacer la exigencia probatoria de dicha membresía, según precedentes sistemáticamente expresados por la Sección de Apelación; 2) tampoco el ámbito material en tanto lo que se observa es un triple crimen sin relación con el conflicto armado y en cambio surgen de un contexto de violencia de género.

9. Pese a que dicha resolución quedó ejecutoriada sin que se interpusiera contra ella recurso alguno, el ciudadano BELTRÁN GONZÁLEZ ha seguido presentando peticiones de libertad condicionada, en una de las cuales solicitó: “citar y hacer comparecer de la manera más expedita a los comandantes BERNARDO OSQUERA(sic) MACHADO alias “Negro Antonio” del Frente 42, al señor JOSÉ

2 Notaría 49 del Círculo de Bogotá D. C. Declaración extrajuicio rendida por José Arquímedes González Torres el 9 de octubre de 2018. Transcripción textual. 3 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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10. En la Resolución SAI-LC-D-RJC-0094-2019 del 28 de agosto solo se resolvió lo referente a la libertad condicionada rechazando de plano la petición en el entendido de que implicaba todos los beneficios de la Ley 1820 de 2016 puesto que al no acreditarse la competencia para los provisionales que son de menor exigencia, menos aún existirían elementos para abordar amnistía; siendo la Senit 2 del 19 de octubre de 2019 la decisión en la que la Sección de Apelación indicó la necesidad de hacer manifestación expresa del estado en que quedaría la eventual renuncia a la acción penal a favor del peticionario.

III. CONSIDERACIONES

11. El Despacho se ocupa de verificar si debe avocar el trámite para el beneficio

de amnistía a favor de JOSÉ HÉCTOR BELTRÁN GONZÁLEZ en relación con la condena que emitió el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho (Cundinamarca) mediante la cual le impuso 49 años y 10 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por los punibles de feminicidio agravado -siendo víctima la señora María Elizabeth Rubio Céspedesy doble homicidio agravado -cometido en contra del menor J. S. C. R. y la señora Leidy Johana Cuervo Caicedodentro del proceso con el radicado 25513610801420168001900; o si por el contrario, la decisión que corresponde adoptar es la de rechazo de plano.

12. En el marco del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” (AP) se concibió el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), orientado a la satisfacción de los derechos de las víctimas, en cuyo desarrollo se expidió la Ley 1820 de 2016, la cual describe con claridad a sus destinatarios.

13. El artículo 5º, al precisar el ámbito de competencia de dicha ley transicional, determina que se “aplicará de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, 4 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .8EC0C1 ogidóc le y 1000.00.0.0202.34-6712000 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas.”

14. Como puede observarse, para hacer parte del universo de los destinatarios de la Ley 1820 de 2016 se hacen una serie de exigencias que rigurosamente deben cumplirse de naturaleza temporal, material y personal; todas construidas en orden a relacionar personas, tiempos, hechos y circunstancias con el conflicto armado no internacional que buscó terminarse por la vía del Acuerdo de Paz.

15. El SIVJRNR diseñó para dichas personas un conjunto de medidas que suponen: 1. Tratamiento penal especial: amnistías de iure, amnistías de sala, indultos, renuncia a la persecución penal, sanciones propias, sanciones alternativas, sanciones ordinarias; 2. Tratamiento penitenciario especial: régimen penitenciario para las penas propias, así como para los agentes del Estado; 3. La extinción de la responsabilidad disciplinaria o administrativa; 4. La exención de la obligación de indemnizar los daños causados; 5. La garantía de no extradición;

6. Tratamiento especial en materia de inhabilidades; y, 7. La facultad

constitucional de seleccionar y priorizar.

16. Sin embargo, se reitera, dichas medidas están destinadas de manera exclusiva a las personas que habiendo participado en el conflicto armado de manera directa o indirecta, hayan sido condenadas, procesadas o señaladas de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado no internacional colombiano, siempre que las mismas hubiesen tenido ocasión con anterioridad al 1º de diciembre de 2016; fecha de la entrada en vigencia formal del Acuerdo de Paz.

17. Los requisitos para otorgar la amnistía han sido regulados por la Ley 1820 de 2016 y se delimitan a los ámbitos de aplicación temporal, personal y material a los cuales debe ceñirse la SAI.

18. Hasta antes de la emisión de la Sentencia Interpretativa 2 de 2019 se entendía que al resolverse negativamente la petición de libertad condicionada se abarcaban todas las peticiones de beneficios transitorios y definitivos ya que los criterios de competencia son compartidos por unos y otros, y al evidenciarse su 5 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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que fue precisada por la Sección de Apelación con la mencionada sentencia interpretativa que resolvió varios interrogantes, entre ellos la forma de tramitar las peticiones: “138. Adicionalmente, como se anunció, en la misma providencia en la que se resuelva el beneficio provisional deberá fijarse claramente el trámite procesal subsiguiente, y ello no sólo en lo que tiene que ver con las variables relacionadas con la competencia de la jurisdicción –como se ha admitido hasta ahora–, sino con las relativas a la naturaleza del delito estudiado, de modo que, en los casos en que se advierta con claridad que el delito no es amnistiable, la actuación –o al menos noticia de ella– sea remitida inmediatamente al órgano de la JEP habilitado para continuar con el proceso de definición de la situación jurídica del compareciente. Para la SA, la precisión relacionada con la naturaleza del delito, novedosa en relación con la práctica hasta ahora implementada, garantiza la plena realización de la articulación entre beneficios provisionales y definitivos buscada por la LEJEP en tanto permite que la decisión sobre el primero se apareje a una determinación que contribuya con el esclarecimiento de la situación jurídica definitiva del compareciente y que prevea, claramente, el trámite subsiguiente.

139. La definición del trámite procesal a seguir depende, en gran parte, de la decisión adoptada sobre el beneficio provisional. Así, frente a la negativa de la libertad condicionada, la SAI puede determinar que la ausencia clara de alguno de los factores de competencia de la JEP hace inocua la continuación del trámite, de modo que, desde allí, defina que, por razones de falta de jurisdicción, no avocará el conocimiento de la amnistía

o el indulto3. Pero también puede ocurrir que, pese a haber negado la libertad condicionada, se adviertan elementos que justifiquen la realización de un análisis de competencia de la JEP de mayor profundidad en sede de amnistía, caso en el cual deberá adoptar –o por lo menos anunciar– la decisión por la cual avocará el conocimiento de aquélla4.

140. En los eventos en que haya decidido acceder a la libertad condicionada corresponderá a la SAI, en la misma decisión y si cuenta con elementos para ello, declarar la no amnistiabilidad o indultabilidad del delito cuandoquiera que sea evidente que el mismo se encuentra dentro de aquéllos enunciados en el literal a) del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016. Dicha declaración, además de constituir en la práctica, por no 3 Así lo ha admitido la SA en casos en los que en sede de libertad condicionada se advirtió la falta de acreditación del factor personal. Auto TP–SA 164 de 2019, párr. 22 y stes. 4 Se recuerda que, en los términos del artículo 46 de la Ley 1922 de 2018, la SAI no se encuentra obligada a avocar inmediatamente el conocimiento de la amnistía. 6 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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le y 1000.00.0.0202.34-6712000 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth avocar conocimiento del trámite del beneficio definitivo, una negativa anticipada de la amnistía en relación con la conducta concernida5 –y como tal, susceptible de recursos independientes a los que puedan ejercerse contra la decisión relativa al beneficio provisional–, deberá acompañarse de una determinación en torno a si, dadas las particularidades del caso, deben o no imponerse condiciones especiales al ejercicio del beneficio provisional –sin perjuicio de que la SR decida ajustarlas en el futuro–(1) y de otra relativa al trámite procesal a seguir (2).”

19. En aras de hacer claridad, en dicha providencia se impartieron instrucciones para el “Trámite de las solicitudes de libertad condicionada y amnistía o indulto en curso” en el párrafo 46 c; así mismo “los trámites de amnistía o indulto ya iniciados”, párrafo 147; categorías en las cuales no encaja la petición de BELTRÁN

GONZÁLEZ.

20. En el análisis de las posibilidades de estudio de la libertad condicionada, la Sección de Apelación indicó que las peticiones de liberación transicional debían resolverse como si también involucraran la de amnistía, al expresar en la mencionada sentencia interpretativa que: “En esa perspectiva se aclara que, en adelante, la SAI tendrá la obligación de:…(ii) interpretar como de amnistía o indulto las solicitudes que, en principio, se presentan única y exclusivamente como de libertad

condicionada; …”; motivo por el cual a eso se procede en las siguientes líneas.

21. Se advirtió anteriormente que en la decisión mediante la cual se negó la libertad condicionada a JOSÉ HÉCTOR BELTRÁN GONZÁLEZ se indicó que NO fueron satisfechos los ámbitos de competencia personal ni material.

22. En efecto, dicho ciudadano no fue ni acusado, ni condenado por el delito de rebelión ni por pertenecer a las FARC-EP ni tampoco fue certificado como integrante de dicho grupo rebelde por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y por tanto no se satisfizo el ámbito de competencia personal. Pero aún si se hubiera superado dicho criterio, lo definitivo es que de lejos se observa que los hechos materia de condena estuvieron ubicados en el contexto de una violencia de género y sus móviles fueron eminentemente personales al peticionario, en los ámbitos de un comportamiento patriarcal, fue una violencia ejercida contra las 5 Cuando se evidencien concursos de delitos, se declarará la ruptura procesal para continuar con el trámite de la amnistía o indulto respecto de aquellos para los cuales, en principio, no estaría excluida la amnistía. 7 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth mujeres por el hecho de serlo6 esto es, sin relación con el conflicto armado y por tanto no se supera el criterio material de competencia; tal como se analizó en la Resolución SAI-LC-D-RJC-0094-2019 del 28 de agosto.

23. Sobre el particular, antes de existir el tipo penal de feminicidio, se aplicaba la causal de agravación del artículo 104 del Código Penal Colombiano que era la que se asemejaba a esa violencia de género, al respecto la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia con radicado de N° 41457 del 04 de marzo de 2015 señaló que: “En otros términos, se causa la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Este entorno de la violencia feminicida, que es una expresión de larga tradición de predominio del hombre sobre la mujer, es el que básicamente ha servido de apoyo al legislador para considerar más grave ese tipo de violencia que se genera en un contexto de desigualdad …” “Particularmente, en contextos de parejas heterosexuales –que conviven o se encuentran separadas—, el maltrato del hombre para mantener bajo su control y “suya” a la mujer, el acoso constante a que la somete para conseguirlo, la intimidación que con ello le produce, el aumento en la intensidad de su asedio y agresividad en cuanto ella más se aproxima a dejar de “pertenecerle” y la

muerte que al final le causa “para que no sea de nadie más”, claramente es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer o “por razones de género”7

24. JOSÉ HÉCTOR BELTRÁN GONZÁLEZ aceptó haber asesinado a machete a su excompañera sentimental y además al hijo de aquélla -de nueve años de edadlo mismo que a la amiga que los acompañaba a cumplir una cita a dicho ciudadano; con lo cual se observa la ajenidad de aquellos hechos con el conflicto armado. Frente a la aceptación de cargos escribió él mismo peticionario: “(…) y me ratifico (sic) que tal aceptación de cargos lo (sic) hice de manera libre y sin coacción alguna, que fui ampliamente informado sobre, mis derechos, así mismos (sic) sobre las ventajas y 6 Código Penal Colombiano. Artículo 104A. 7 Corte Suprema de Justicia. Radicado 41457 del 04 de marzo de 2015. Magistrada Ponente: Patricia Salazar Cuellar. Páginas 20 y 21. 8 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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consecuencias de tal aceptación, por ende, me ratifico en todo y en cada una de las partes de dicha aceptación (…)”8.

25. Así pues, no se satisface el ámbito de competencia material, se insiste, por la ajenidad de los hechos con el conflicto armado; escenario en el cual, así se acreditara el factor personal, que es lo que persigue el peticionario con sus solicitudes de testimonios de personas que presenta como exguerrilleros y excomandantes de las FARC-EP, en nada se modificaría la falta de competencia material que se observa; amén de que la membresía al grupo subversivo solo se obtiene por las formas legalmente previstas, ninguna de las cuales involucra declaraciones extrajuicio o testimonios de terceros.

26. Por ello, la JEP carece de competencia personal y material para ocuparse de la amnistía de JOSÉ HÉCTOR BELTRÁN GONZÁLEZ. Como la SAI no ha avocado el conocimiento de la forma extintiva de la acción penal y de la pena, lo procedente es su rechazo de plano por la evidencia de la incompetencia para ocuparse de su eventual concesión.

27. En el Auto TP-SA-224 de 2019,9 de 11 de julio, la Sección de Apelación estableció los parámetros para la inadmisión y el rechazo, al indicar:

22. La Sección de Apelación ha señalado que en los eventos en los cuales se evidencie la incompetencia general de la JEP, sea para acceso a beneficios provisionales como definitivos, las Salas de Justicia pueden rechazar de plano su trámite mediante decisión de ponente, debidamente motivada y susceptible de recurso de apelación. Esta

es una facultad que, aun cuando es excepcional, permite descartar asuntos abiertamente improcedentes cuyo estudio detallado no sólo resulta innecesario, sino que tiene graves incidencias en la congestión judicial, además resulta lesiva a los fines propios de la justicia transicional y contraría el principio de estricta temporalidad en el que se funda la JEP.

23. En esta oportunidad, para efectos de claridad y precisión, es necesario diferenciar entre el ejercicio de dicha facultad del rechazo de plano antes de avocar conocimiento y el ejercicio de ella luego del avocamiento del respectivo asunto. Desde el punto de vista metodológico, cuando algún órgano de la JEP debe pronunciarse respecto de una solicitud, lo primero que debe determinar es si ante una manifiesta incompetencia o 8 Fl. 209 Cuaderno de conocimiento. Transcripción textual. 9 Mediante Auto TPSA164 de 27 de junio de 2019 la Sección de Apelación consideró que la decisión de no avocar un beneficio definitivo debe interpretarse como un rechazo por falta de competencia, lo que implica que debe remitirse el asunto a la justicia ordinaria. 9 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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injustificada petición procede un rechazo de plano o in limine, en las condiciones precisadas. Y, sólo en el evento que no proceda la aplicación de dicha figura, se justifica acudir a un amplio análisis de los hechos y pruebas del caso y a un extenso desarrollo dogmático.

24. Pero puede ocurrir que, luego de avocar conocimiento del asunto, con posterioridad a dicho acto procesal relevante, quede en evidencia la manifiesta incompetencia de la JEP, caso en el cual, en estricto rigor jurídico, no procede el mismo rechazo de plano, por resultar antitécnico, sino la inadmisión por incompetencia, como una alternativa eficaz para poner término temprano al trámite, con el consiguiente ahorro de tiempo y medios.

25. La inadmisión por incompetencia es un filtro posterior al momento de avocar conocimiento que impide un debate relacionado con el fondo del asunto puesto a consideración del juez transicional. Como cuestión previa, se opone a la instauración de una aguda controversia sobre la fundamentación de la solicitud. Y, frente a los resultados, extingue la posibilidad de postulación de forma concluyente, salvo que aquélla se restablezca tras la activación y decisión de los recursos de ley.

26. Así las cosas, en eventos en los que luego de avocar conocimiento del asunto se advierte que la solicitud elevada es manifiestamente improcedente o abiertamente infundada, siendo claro que la JEP carece de competencia para conocer del asunto, por celeridad y economía procesal, la respectiva sala -de manera excepcional, mediante providencia de ponente debidamente motivada y contra la cual caben los recursos de

ley, tal como ocurre con el rechazo de planodeberá evaluar si procede inadmitir por incompetencia la solicitud, sin necesidad de acudir a su análisis de fondo.” Otras consideraciones.

28. En el marco de este expediente, es preciso resaltar, como lo hemos expresado en párrafos anteriores, nos encontramos ante un escenario de violencia de género, que no se inventó en la guerra, ni en el marco de los conflictos armados, es una construcción propia de las sociedades patriarcales, por lo tanto, este tipo de violencia debe entenderse en sentido amplio, dado que sus víctimas por su condición de mujer o identidad de género diversa sufren algún tipo de violencia, y ese, en últimas es el móvil del perpetrador10.

29. Ahora bien, la violencia de género sí se profundizó en el marco del conflicto armado, en consecuencia, la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para 10 Jurisdicción Especial para la Paz. Concepto de la Comisión de Género del 9 de septiembre de 2021.

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la Paz en uno de sus conceptos, desarrolló los criterios para establecer la relación de los delitos de violencia sexual y violencia de género con el conflicto armado, de la siguiente manera: 1. “Los delitos de violencia sexual y de género deben estar ligados al conflicto armado colombiano.

2. El autor del delito debe conocer la conexión entre el delito y el contexto de violencia.

3. El conflicto no necesariamente es la causa directa del delito, basta con que el delito se cometa en desarrollo del conflicto armado, o que éste último sirva de pretexto para la comisión del delito.

4. No es necesario que los delitos de violencia sexual y de género se cometan en la escena del combate,

5. No es necesario probar que había combates en todos los rincones del territorio.

6. No es necesario establecer que los delitos se planearon o fueron apoyados por algún tipo de política.

7. El contexto debe jugar un rol sustancial en la habilidad del perpetrador para cometer el crimen, su decisión de cometerlo, la manera en que se cometió, o el propósito para el cual se cometió.

8. El estatus del autor y la víctima.

9. Considerar si puede afirmarse que el acto servía al fin último de la campaña militar.

10. Considerar si el delito fue cometido como parte de, o en el contexto de, las funciones oficiales del autor”11.

30. Frente a la situación fáctica que nos ocupa en este trámite, se evidencia que fue una situación de violencia contra la mujer. En este caso, hacia su excompañera sentimental, la señora María Elizabeth Rubio Céspedesy que fue extensivo a sus acompañantes, su hijo, el menor J. S. C. R. y la señora Leidy

Johana Cuervo Caicedo. El conflicto armado no facilitó las condiciones para la comisión de los hechos y tampoco tuvo relación directa o indirecta con estos, sus móviles obedecieron a decisiones personales y no es posible concluir que fue una orden de las FARC-EP como lo manifestó el señor BELTRÁN, sino que los mismos fueron perpetrados en el marco de relaciones de pareja en las que se evidencian las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, dando lugar a violencias contra las últimas. 11 Jurisdicción Especial para la Paz. Concepto de la Comisión de Género del 25 de junio de 2018. Página

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31. En estos casos, la JEP, siguiendo la jurisprudencia de la Sección de Apelación, ha sido especialmente cuidadosa para no descartar de la competencia de la justicia transicional en los hechos que, vistos por encima, parecerían ajenos al conflicto por haber sido actos oportunistas o habituales, pero que en realidad son circunstanciales al conflicto, y no se hubiera podido dar sin que este existiera, las desigualdades, la atmosfera coactiva y las reconfiguraciones culturales que

generó.

32. No obstante, para este caso en particular, se evidencia que los móviles del autor se enfocaron en una violencia patriarcal desde una mirada que, feministas como la antropóloga Rita Segato han denominado, “dueñidad”, en donde el Autor de los delitos de feminicidio agravado y doble homicidio agravado se sintió investido de un escenario de poder y autoridad motivado por su idea de ser dueño de la vida, de la muerte y del destino, no solo de su excompañera sentimental, sino del hijo de ésta y su amiga, quien la acompañaban a la cita.

33. De lo anterior se colige que comprobada la incompetencia de la JEP lo que se sigue es declinar anticipadamente el trámite, o inadmitiéndolo o rec