JEP - Resolución SDSJ 3673 03 octubre de 2022

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS EXPEDIENTE 9001110-06.2019.0.00.0001

.0.00.0001 .0.00.0001

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

Resolución No. 3673 Bogotá, D.C., tres (03) de octubre de 2022

Expediente: 9001110-06.2019.0.00.0001.

Compareciente: OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS.

C.C. 71.493.697.

Calidad: Agente del Estado miembro de la fuerza pública.

Situación jurídica: Indiciado. En libertad.

I. ASUNTO

1. El Magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), amparado en lo establecido en los artículos 84 de la Ley Estatutaria No. 1957 de 2019 y 48 de la Ley 1922 de 2018, se pronuncia sobre la solicitud del sometimiento y competencia jurisdiccional de del proceso adelantado en contra del soldado profesional retirado – SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.493.697, en calidad de agente del Estado miembro del Ejército Nacional, la situación jurídica del compareciente y avanzar con el régimen de condicionalidad1.

II. SOLICITUD Y TRÁMITE

2. El 18 de octubre de 2019, el señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA

VANEGAS presentó solicitud de sometimiento ante la JEP respecto del proceso con radicado No. 2008-00115 de la Fiscalía 108 de la Dirección Especializada 1 Por decisión de Sala del 04 de septiembre de 2019, la Magistratura acordó que el estudio y la decisión de los beneficios penales especiales a los miembros de fuerza pública estarán a cargo del despacho de conocimiento del Magistrado al que fue repartida la respectiva solicitud Página 1 de 35 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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RELLIM ESOJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .FC2F72 ogidóc le y 1000.00.0.9102.60-0111009 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth EXPEDIENTE: 9001110-06.2019.0.00.0001 contra las Violaciones a los Derechos Humanos (DECVDH) de Medellín por el delito de homicidio, en hechos ocurridos el 05 de junio de 2007 en la vereda El Encanto del municipio de Caicedo, Antioquia. Con la solicitud, adjuntó copia de algunas de las piezas procesales del proceso precitado2.

3. Mediante la resolución No. 951 del 20 de febrero de 2020, este magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió el conocimiento de la

solicitud de sometimiento elevada por el señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS, le solicitó el compromiso concreto, claro y programado con los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), dispuso de diferentes órdenes de recaudo probatorio y aquellas relacionadas con la participación efectiva de las víctimas3.

4. El 21 de julio de 2020, el señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS, a través del escrito radicado por la abogada Eliana Marcela Cardeño

Álvarez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.017.123.062 y portadora de la tarjeta profesional No. 154.963 del Consejo Superior de la Judicatura, y en respuesta a los requerimientos realizados en la resolución No. 951 de 2020, allegó su compromiso concreto, claro y programado con los fines del SIVJRNR. Además, se adjuntó el poder conferido en debida forma por el señor LOAIZA VANEGAS a la abogada Cardeño Álvarez, para su representación judicial ante la JEP4.

5. El 25 de febrero de 2022, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP aportó informe parcial de la comisión ordenada en la resolución No. 951 de 2020, en el que reportó que en contra del señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS se registra la siguiente causa penal, según la información que reposa en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), a saber, (i) radicado No. 052096000331200880131 de la Fiscalía 106 DECVDH de

Medellín por el delito de homicidio en persona protegida, en hechos ocurridos el 07 de diciembre de 2008, en estado activo y etapa de indagación. Adicionalmente, la UIA informó que identificó las víctimas del proceso referido, pero no pudo establecer contacto con estas5. 2 JEP, expediente No. 9001110-06.2019.0.00.0001, fl. 1 – 386. 3 Ibidem., fl. 387 – 392. 4 Ibidem., fl. 433 – 450. 5 Ibidem., fl. 474 – 475. Página 2 de 35 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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III. SITUACIÓN JURÍDICA DEL COMPARECIENTE

6. De acuerdo con lo obtenido a la fecha de esta resolución por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el compareciente está vinculado en los

siguientes procesos penales:

7. Primero: radicado No. 171746000041200800115 de la Fiscalía 106

DECVDH de Medellín. El señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA

VANEGAS está vinculado, en calidad de indiciado, en la investigación penal del radicado referido por el delito de homicidio. De acuerdo con la información suministrada por el señor LOAIZA VANEGAS, la fiscalía precitada le concedió el beneficio de sustitución de la medida de aseguramiento, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 706 de 20176. Los hechos del proceso se toman de las piezas procesales remitidas por el compareciente, relativas a la investigación disciplinaria que se adelantó en el Batallón de Infantería No. 11 “Cacique Nutibara”, de la siguiente manera: Da cuenta de los hechos el señor subteniente QUINTERO GALLEGO GUSTAVO ADOLFO, manifestando que en desarrollo de la operación ESPADA misión táctica MADEJA, el cuarto pelotón de la compañía Alacrán En [sic] maniobra de registro y control militar de área en el municipio de CAICEDO, en donde según información de la sección segunda se tenía información de presencia de bandidos de las ONT – FARC. El día 06 de Mayo [sic] de 2007, se ubica la presencia de aproximadamente 05 bandidos lanzando proclama, a lo que los bandidos responden con fuego nutrido sobre las propias tropas, se produjo intercambio de disparos en donde como resultado del combate pierde la vida una NN de sexo femenino. Quien posteriormente fue identificada como CLAUDIA

ROSA COSSIO PIEDRAHITA.7.

8. Segundo: radicado No. 052096000331200880131 de la Fiscalía 106

DECVDH de Medellín. En esta fiscalía se adelanta la investigación penal en contra del señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS por el delito de

homicidio en persona protegida, en hechos ocurridos el 07 de diciembre de 2008 en la vereda el Piñonal del municipio de Betulia, Antioquia, donde perdieron la 6 Ibidem., fl. 477 – 478. 7 Ibidem., fl. 372. Página 3 de 35 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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9. Tercero: radicado No. 2011-335 del Juzgado 27 de Instrucción Penal Militar (IPM). De acuerdo con la información suministrada por el señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS, se adelanta el proceso precitado por el delito de homicidio, en hechos ocurridos el 07 de agosto de 2009 en la vereda El Nevado del municipio de Caicedo, Antioquia, en donde se reportó como baja en combate la muerte del señor JAIRO DE JESÚS ÁLVAREZ MONTOYA.

IV. CONSIDERACIONES

10. El proceso de diálogo y negociación que el Gobierno Nacional adelantó

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP) concluyó con la suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante “Acuerdo Final de Paz”), firmado por las partes el 24 de noviembre del año 2016, en la ciudad de Bogotá.

11. En su punto 5.1.2., relativo al componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el Acuerdo Final de Paz dispuso la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El numeral 15 del punto en mención, establece que la operatividad del componente de Justicia del SIVJRNR es inescindible y debe, por lo tanto, aplicarse en forma simultánea e integral a todas aquellas personas que participaron en el conflicto armado colombiano. El cuarto párrafo del numeral 32 ibidem, señala que aquellas personas investigadas, procesadas o condenadas por haber cometido conductas delictivas como agentes del Estado, en el contexto y en relación con el conflicto armado colombiano, también serán destinatarias del componente de Justicia del SIVJRNR. Como complemento de lo anterior, en el sexto párrafo del numeral ibidem, se condiciona la aplicación a agentes del Estado del tratamiento de Justicia del Acuerdo Final de Paz, a que no hayan tenido ánimo de enriquecimiento personal ilícito en la presunta comisión de la conducta delictiva, o si lo tuvieron, sin que haya sido el motivo determinante de la misma. 8 Ibidem., fl. 473 – 476.

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12. Por su parte, el Acto Legislativo 01 de 2017 incorporó a la Constitución Política la aplicación del componente judicial del SIVJRNR a agentes del Estado investigados, procesados o condenados por delitos ocurridos en relación con el conflicto armado y con ocasión de este; advirtiendo que este tratamiento será diferenciado, equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. En los artículos transitorios 21 a 26 adicionados a la Constitución por dicho Acto Legislativo, se prescribe en forma más detallada el régimen equitativo, equilibrado y simultáneo que la JEP debe aplicar a integrantes de fuerza pública investigados o condenados por delitos ocurridos antes del primero de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

13. En desarrollo de lo expuesto, la Ley Estatutaria 1957 de 2019 estructuró las funciones orgánicas de la JEP a partir de la delimitación de competencias entre las distintas Salas y Secciones que la conforman, de modo que se materialicen los

tratamientos especiales de justicia acordados e incorporados a la Constitución transitoriamente. De esta manera, el Título III de la norma en cita, determina el contenido de dichos tratamientos penales especiales para agentes del Estado, que incluye, entre otros aspectos, las funciones estatutarias de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) y el régimen de libertades para integrantes de las fuerzas militares y policiales que manifiesten o acepten su sometimiento a la JEP, que hayan sido condenados, procesados o señalados de realizar conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, esto es, el 1° de diciembre de 2016.

14. Lo anterior se encuentra en concordancia con el Título IV de la Ley 1820 de 2016, el cual contiene las disposiciones que regulan el tratamiento especial de justicia que recibirán los agentes del Estado, procesados o condenados, por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano. El artículo 44 de la Ley en cita prescribe la competencia de la SDSJ para otorgar, con la debida verificación de los requisitos exigidos, los mecanismos de tratamiento especial de justicia que se contempla para agentes del Estado miembros de la fuerza pública.

15. En consecuencia, en virtud del inicio en estricto sentido de las funciones judiciales de la JEP y por su competencia preferente y prevalente, corresponde a la SDSJ adelantar el procedimiento, verificar los requisitos legales y decidir sobre Página 5 de 35 bew anigáp al a adecca

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16. Para resolver, se abordará la siguiente secuencia temática: (i) se relacionarán los factores de competencia jurisdiccional de la JEP, y se analizarán estos respecto del proceso penal que se sigue en contra del señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS; (ii) precisará si el asunto corresponde a la competencia de la SDSJ o de otra Sala; (iii) se relacionarán las medidas para garantizar la participación efectiva de las víctimas; (iv) se pronunciará sobre el régimen de condicionalidad; (v) se referirá a la situación del proceso que cursa en la justicia ordinaria; (vi) y concluirá con otras disposiciones.

1. Factores de competencia de la JEP y verificación en el caso concreto

17. De conformidad con lo relacionado en el acápite Situación Jurídica del compareciente, el señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS está

vinculado en tres procesos penales (supra, párr. 7 – 9); sin embargo, este despacho de la SDSJ solo cuenta con piezas procesales de uno de estos, a saber, el radicado No. 171746000041200800115 de la Fiscalía 106 DECVDH de Medellín, respecto del cual se procederá a verificar el cumplimiento de los factores de competencia de la JEP.

18. En virtud de lo establecido en el artículo transitorio 5 de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017 y el artículo 8 de la Ley 1957 de 2019, la JEP “administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1o de diciembre de 2016”. Este límite establece el factor de competencia temporal de esta Jurisdicción.

19. Como documentó el despacho de la SDSJ (supra, párr. 7), el señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS está siendo investigado por los hechos ocurridos el 06 de mayo de 2007 en la vereda El Encanto del municipio de Caicedo, Antioquia, por lo que se encuentra cumplido el factor temporal de competencia de la JEP en el proceso con radicado No. 171746000041200800115.

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20. El factor personal hace referencia a la competencia de la JEP respecto de las personas que ostentan las siguientes calidades: (i) agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, y sin ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser el determinante de la conducta delictiva9, (ii) personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto10, (iii) integrantes de las FARC-EP11, (iv) personas perseguidas penalmente por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o en disturbios internos12, (v) personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos, vinculados como pertenecientes o colaboradores de las FARC -EP, sin que se reconozcan como parte de la mencionada organización13, (vi) colaboradores o financiadores de grupos paramilitares, sin que hayan sido coaccionados a ello y personas que hayan tenido una participación activa o determinante en la comisión de los crímenes competencia de esta Jurisdicción, salvo que previamente hubieren sido condenadas por la justicia por esas mismas conductas14.

21. De acuerdo con la información que obra en el expediente, se tiene

acreditado que para la fecha de los hechos el señor SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS participó en los hechos en calidad de agente del Estado miembro del Ejército Nacional, específicamente como soldado profesional del cuarto pelotón de la compañía Alacrán adscrita al Batallón de Infantería No. 11 “Cacique Nutibara” (supra, párr. 7). De este modo, se tiene por acreditado el factor de competencia personal.

22. Respecto al factor de competencia material, el primer inciso del artículo 5 transitorio de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, señala que los delitos sobre los que esta tendrá competencia serán 9 Constitución Política. Artículo 17 transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017; Ley Estatutaria 1957 de 2019, artículo 63. 10 Constitución Política. Artículo 16 transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017; Ley Estatutaria 1957 de 2019, artículo 63, parágrafo 4; Ley 1820 de 2016, artículo 28 numeral 6. 11 Constitución Política. Artículo 5 transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017; Ley Estatutaria 1957 de 2019, artículo 63; Ley 1820 de 2016. Artículos 17, 22 y 29, numeral 1. 12 Constitución Política, artículo transitorio 10 adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017; Ley Estatutaria 1957 de 2019, artículo 62, parágrafo 1; Ley 1820 de 2016. Artículo 29, numeral 2.

13 Ley Estatutaria 1957 de 2019, artículo 63; Ley 1820 de 2016. Artículo 29, numeral 3. 14 Acuerdo Final de Paz. Punto 5.1.2. Numeral 32, párr. 3; véase: JEP. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 504 de 2018. Página 7 de 35 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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armado haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta punible cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto, en cuanto a: ║ - Su capacidad para cometerla, es decir, a que por razón del conflicto armado el perpetrador haya adquirido habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta. ║ - Su decisión para cometerla, es decir, a la resolución o disposición del individuo para cometerla. ║ - La manera en que fue cometida, es decir, a que, producto del conflicto armado, el perpetrador de la conducta haya tenido la oportunidad de contar con medios que le sirvieron para consumarla. ║ - La selección del objetivo que se proponía alcanzar con la comisión del delito.

23. De conformidad con el artículo transitorio 17 ibidem, para que las conductas delictivas de los agentes del Estado sean competencia de la JEP, estas “debieron realizarse mediante acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado interno, y sin ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser este el determinante de la conducta delictiva”.

24. Adicionalmente, el artículo 62 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 desarrolla en detalle la competencia de la JEP para: […] conocer de los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, entendiendo por tales todas aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su

decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió, cualquiera sea la calificación jurídica que se le haya otorgado previamente a la conducta. La relación con el conflicto abarcará conductas desarrolladas por miembros de la Fuerza Pública con o contra cualquier grupo armado ilegal, aunque no hayan suscrito el Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional. Página 8 de 35 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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25. En concordancia con lo anterior, el artículo 30 de la Ley 1820 de 2016 establece como criterio de valoración de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que serán objeto de resolución por parte de ella las personas a quienes se les atribuyan delitos cometidos en el contexto y en relación con el conflicto armado. Es preciso advertir que esta misma norma contiene como criterio de exclusión de asuntos para su pronunciamiento los “[d]elitos comunes que no hayan sido cometidos en el contexto y en relación con el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero”15.

26. La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz16 ha establecido que corresponde a la JEP la determinación de las conductas que se enmarcan en el ámbito de competencia material, ya que el Acto Legislativo 01 de 2017 no las individualiza y tampoco define qué debe entenderse por “delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto”, correspondiendo a las Salas y Secciones de la Jurisdicción aplicar los criterios del artículo transitorio 23 constitucional ya enunciado en cada caso.

27. La definición del conflicto armado colombiano es analizada como un fenómeno complejo y multicausal, de conformidad con lo advertido por la Corte Constitucional, debido a que: La expresión ‘conflicto armado’ ha sido entendida en un sentido amplio, por lo que la utilización de la preposición ‘con ocasión’ adquiere su sentido más general en este contexto.║ Tanto de la evolución de las normas que han planteado mecanismos de protección y reparación para las víctimas del conflicto armado, como de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la expresión ‘con ocasión del conflicto armado’, ha sido empleada como sinónimo de ‘en el contexto del conflicto armado’, ‘en el marco del conflicto armado’, o ‘por razón del conflicto armado’, para señalar un conjunto de acaecimientos que pueden rodear este fenómeno social, pero que no se agotan en la confrontación armada, en el accionar de ciertos grupos armados, a la utilización de ciertos métodos o medios de combate ocurridos en determinadas zonas geográficas17.

28. Sobre este punto, la SDSJ ha recurrido a precedentes de la Corte Suprema

de Justicia en los cuales se recogen algunos criterios esenciales desarrollados por 15 Ley 1820 de 2016. Artículo 30, numeral 2. 16 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 020 de 2018. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-781 de 2012, fundamento 6. Página 9 de 35 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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tales como la calidad de combatiente del perpetrador, la calidad de no combatiente de la víctima, el hecho de que la víctima sea miembro del bando opuesto, el hecho de que el acto pueda ser visto como un medio para lograr los fines últimos de una campaña militar, o el hecho de que el acto haya sido cometido como parte de los deberes oficiales del perpetrador, o en el contexto de dichos deberes18.

29. De conformidad con lo anterior, este magistrado de la SDSJ considera que el delito de homicidio, por el cual está siendo procesado el SLP (R) OMAR GILBERTO LOAIZA VANEGAS, habría sido cometido con ocasión del conflicto armado no internacional (CANI), como pasa a exponerse.

30. Ha sostenido la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz que cuando se analiza el nexo entre una conducta con el CANI bajo el criterio “con ocasión”, es porque se comprende el mismo como una “relación cercana y suficiente con su desarrollo”19, lo que representa una posición que, por un lado, se aleja del enfoque restrictivo que reduce el CANI a las confrontaciones militares exclusivamente, y por otro lado, adopta una perspectiva amplia que pretende abarcar la complejidad fáctica e histórica en la que se ha desarrollado el conflicto armado en Colombia20. En efecto, debido a la complejidad del conflicto, la clasificación con ocasión aplica al caso bajo estudio, pues se sabe que preliminarmente coincide con los parámetros generales con los que se ejecutaron 18 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radiado No. 42589. Auto AP49012017, fundamento

3. 19 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA No. 19 de 21 de agosto de 2018, párr. 11.12 20 En este sentido se pronunció la Corte Constitucional, mediante sentencia C-781 de 2012.

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31. Esta clase de práctica, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia22, y lo ha reiterado esta Sala en varios pronunciamientos23, no ha sido ajena al desarrollo del conflicto armado interno de nuestro país.

32. Frente al tema de las ejecuciones extrajudiciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha pronunciado de la siguiente manera: […] Según ya reportara la CIDH en 2008, el alto número de ejecuciones extrajudiciales denunciadas, llevó a la identificación de patrones entre los que se destacan los siguientes: las ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, aunque los testigos

declaran que no hubo combate; en un número elevado de casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución; las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarmadas; en ocasiones las víctimas son previamente señaladas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar; el levantamiento del cadáver es realizado por los mismos miembros de la Fuerza Pública que previamente las han dado “de baja en combate”; no se preservan la escena del crimen ni las pruebas existentes; frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura; los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad; los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar donde se los retuvo originalmente y se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para su reconocimiento; los cuerpos son inhumados como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas; los miembros de la 21 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Enero 7 de 2013. Documento

A/HRC/22/17/Add.3. Párrafo 46.: “… las Naciones Unidas utilizan el término ‘ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias’ para incluir una amplia gama de violaciones del derecho a la vida, entre ellas, aunque no exclusivamente, los llamados ‘falsos positivos’.” Apoya la Nota de traducción aclarando: “Se conoce como ‘falsos positivos’ los asesinatos de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros.” 22 CSJ. Sala de Casación Penal. Radicado No. 36.460. Sentencia de 28 de 2013. 23 JEP. SDSJ. Resoluciones No. 360 del 31 de mayo, No. 389 del 1 de julio y No. 690 del 5 de julio, todas del 2018. Página 11 de 35 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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