JEP - Resolución SDSJ 4677 28 diciembre de 2022

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS EXPEDIENTE 9002740-97.2019.0.00.001

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS Resolución SDSJ No. 4677 de 2022

Bogotá D.C., veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Expediente No. 9002740-97.2019.0.00.001

Solicitante: SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS– C.C.

1.030.525.788 Clase de persona Integrante del Ejército Nacional.

Asunto: Acepta sometimiento.

Despacho jurisdicción ordinaria: Fiscalía 49 de la Dirección Especializada

en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá D.C.

Fecha de reparto: 15 de julio de 2019.

I. ASUNTO

1. El despacho de conocimiento en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) se pronunciará acerca del sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del señor GERSAIN GUZMÁN VARGAS, soldado profesional del Ejército Nacional, identificado con cédula de ciudadanía No.

1.030.525.788.

II. COMPETENCIA

2. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es competente para pronunciarse acerca del sometimiento a esta jurisdicción de miembros de fuerza pública investigados, procesados o condenados por hechos ocurridos antes del primero (1°) de

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3. Esta competencia deriva de las facultades constitucionales de la JEP, establecidas en los artículos transitorios 5, 6, 17 y 21 del Acto Legislativo 01 de 2017, para administrar justicia en forma preferente, prevalente e inescindible, respecto de las demás jurisdicciones, sobre el tipo de conductas referido en el párrafo anterior.

4. Sumado a lo anterior, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en razón de lo prescrito en los artículos 44, 51 y 56 de la Ley 1820 de 2016, del artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 y de los artículos 51 y 56 de la Ley 1957 de 2019, tiene competencia para decidir acerca de la concesión de beneficios anticipados y transitorios del tratamiento especial y transicional de justicia para integrantes

de fuerza pública, respecto de conductas ocurridas antes del primero (1°) de diciembre de 2016 que guarden relación con el conflicto armado interno.

III. ANTECEDENTES

• ANTECEDENTES EN LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA

(i) Proceso penal 4928 de la Fiscalía 49 Especializada de la Unidad Contra Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá D.C.

5. Revisados los sistemas de gestión documental de la JEP, se evidencia que el 18 de noviembre de 2016, el señor SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS fue vinculado mediante indagatoria dentro del proceso de la referencia por la Fiscalía 73 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, como presunto coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. En la referida diligencia de indagatoria, la Fiscalía sintetizó los hechos la siguiente manera: […] El día 13 de julio de 2007 en la vereda Islitas – camino que conduce al casco urbano del municipio de Hacarí de N/S, tropas del Batallón de Página 2 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Contraguerrillas No. 96 del Ejército Nacional – Grupo Especial Chacal 3 al mando del sargento viceprimero ARNOLDO TÉLLEZ LOZANO, en desarrollo de la orden de operaciones Fragmentaria No. 72 “JERUSALÉN 13” en donde el comandante de la patrulla militar ordeno iniciar infiltración el día 12 de julio de 2007 a eso de las 21:00 horas aproximadamente, en tres equipos de combate. Salieron inicialmente por la carretera que conduce a la vereda San Pablo, luego de llegar a la escuela de la misma vereda se procede a ser desplazamiento en campo travieso hacia el sector del camino que conduce al municipio de Hacarí y la vereda Islitas a la altura de la hamaca que hay sobre el rio, luego llegaron sobre las 05:30 horas de la madrugada al sector de La Pradera, en donde se le ordeno al C3 VILLAREAL, se ubicara con su equipo de combate en la parte media de la falda del cerro, y luego se ubicara el cabo ZORRILLA con su equipo de combate al lado del camino hacia la parte alta, luego de estar en un espacio de 8 horas, luego después ordenaron iniciar cambio de posición a eso de las 13:15 horas aproximadamente, y al estar esta actividad operacional, la tropa es sorprendida a fuego de la parte baja, e inmediatamente los soldados reaccionaron y dieron de baja

a un sujeto, en el registro se le encontró un revólver calibre 38 largo, marca “Tauros Special”, 9 cartuchos de calibre 38L, 4 vainillas de calibre 38L, un teléfono celular, una granada de mano, entre otras prendas de uso personal de la víctima1. (sic).

6. Es necesario indicar que, el radicado 4928 de la Fiscalía 49 Especializada de la Unidad Contra Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá surtido en contra del SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS aún se encuentra en sumario y aún no se le ha resuelto su situación jurídica. Por esta razón se evidencia que en dicha actuación no se han decretado medidas restrictivas de la libertad en contra del solicitante.

• ANTECEDENTES EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

7. Mediante escritos presentados el 04 de octubre de 20182 y 26 de febrero de 20193 el SLP GERSAIN GUZMÁN solicitó su sometimiento a la JEP indicando que su responsabilidad penal estaba comprometida dentro del proceso bajo radicado 4928 de la Fiscalía 49 Especializada de la Unidad Contra Violaciones a 1 Indagatoria de 18 de noviembre de 2016, Fiscalía 49 Especializada contra Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá, radicado 4928, cuaderno 03, página 70 y siguientes. Expediente Legali 9002740-97.2019.0.00.001.

Folio 120. 2 Radicado Conti 20181510298122. 3 Radicado Conti 20191510084802 Página 3 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp

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Derechos Humanos de Bogotá surtido en su contra por los presuntos punibles de homicidio en persona protegida y fabricación, porte y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

8. Este despacho de la SDSJ, mediante Resolución 4191 de 13 de agosto de 20194 asumió conocimiento de la solicitud presentada por el señor SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS y ordenó una serie de requerimientos tendientes a recaudar la información necesaria para poder decidir de fondo en el caso concreto.

9. En la resolución indicada se reconoció personería al señor abogado Eduardo Rodríguez Barón como apoderado de confianza del SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS frente a las actuaciones que se adelanten en contra del militar en la

JEP.

10. No obstante, se evidencia que el señor SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS allegó un nuevo poder, esta vez otorgado a la abogada María Alejandra Bohórquez Manco, portadora de la cédula 63.545.894 y de la tarjeta profesional

163.895 del Consejo Superior de la Judicatura, para que dicha profesional del derecho lo representara ante la JEP5.

11. Se observa que mediante escrito allegado el 26 de mayo de 2022 la abogada María Alejandra Bohórquez Manco, solicitó a este despacho se le autorizara el acceso al expediente Legali del señor SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS y que se le reconociera personería6.

12. A través de informe parcial de 14 de septiembre de 2022, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP manifestó a esta magistratura que en contra del interesado en comparecer se surte el proceso bajo radicado 4928 de la Fiscalía 49 Especializada de la Unidad Contra Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá, aportando copia del expediente del radicado referido7. 4 Expediente Legali 9002740-97.2019.0.00.001. Folios 15 a 18. 5 Ibidem. Folio 67. 6 Ibidem. Folios 101 a 105. 7 Ibidem. Folios 118 a 133.

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13. Por otra parte, se tiene que mediante escrito de 30 de agosto de 20198 el Director de Centros de Reclusión Militar manifestó a esta magistratura que el señor SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS “nunca ha estado detenido en ninguna de las Cárceles y Penitenciarias de Alta y Media Seguridad del Ejercito Nacional ni en los Pabellones adscritos a las mismas”.

14. Revisados los sistemas de gestión documental de la JEP, se evidencia que el señor SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS aún no ha firmado ni diligenciado el acta formal de sometimiento ante la jurisdicción.

15. Mediante escrito allegado a la JEP 13 de marzo de 2022, la Dirección Especializada contra Violaciones a Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, manifestó a este despacho que en contra del señor SLP GERSAIN GUZMÁN VARGAS existía el proceso 4928 a cargo de la Fiscalía 49

Especializada de la Unidad Contra Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá, y no relacionó ningún otro radicado.

16. El proceso fue objeto de reparto el 15 de julio de 2019 al interior de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas correspondiéndole su conocimiento a este despacho.

IV. CONSIDERACIONES Orden de análisis

17. El despacho (i) precisará las características, requisitos y efectos del sometimiento de integrantes de fuerza pública a la JEP. Luego, (ii) examinará si

en el caso concreto se satisfacen las exigencias jurídicas para aceptar el sometimiento a la JEP del solicitante frente al radicado 4928 de la Fiscalía 49 Especializada de la Unidad Contra Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá. Y concluirá (iii) verificando las condiciones jurídicas y materiales del estado de libertad del interesado en comparecer, para evaluar la procedencia de medidas transitorias y anticipadas. 8 Ibidem. Folio 36. Página 5 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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A. Del sometimiento de miembros de fuerza pública a la Jurisdicción Especial para la Paz

18. Uno de los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz consiste en otorgar plena seguridad jurídica a quienes han visto comprometida su responsabilidad penal por conductas de connotaciones delictivas, relacionadas con el conflicto armado interno9.

19. Este propósito se encuentra estrechamente vinculado con los otros fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). En

efecto, la competencia preferente, prevalente y exclusiva de la JEP para dar trámite judicial a los hechos del conflicto, permite concentrar institucionalmente en el sistema las respuestas a las demandas sociales de justicia frente a este fenómeno, lo cual redunda en el esclarecimiento de la verdad, la restauración del daño, la superación de las hostilidades y la consolidación de una paz generalizada y duradera.

20. El Acuerdo Final, del que surge el SIVJRNR, resultó de las negociaciones adelantadas por el Gobierno Nacional con el grupo exguerrillero de las FARC – EP, para concluir el prolongado conflicto armado interno. Ello explica que la JEP, fruto de ese convenio, tenga facultades exclusivas para aplicar tratamiento penal especial respecto de los delitos que cometieron los integrantes de dicha agrupación insurgente en desarrollo de las hostilidades.

21. Ahora bien, debido al carácter integral del sistema, las medidas de justicia transicional deben destinarse también a quienes fueron contraparte de los rebeldes durante el conflicto armado interno.

22. Así, en el Acuerdo Final y en las normas que lo implementan, se estableció que dentro del componente de justicia del SIVJRNR se debe otorgar un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equilibrado, equitativo y simultáneo a los miembros de fuerza pública investigados, procesados o 9 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 5.1.2., Principios básicos del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), numeral 2°, página 143. También Acto Legislativo 01 de 2017, artículo 5°

transitorio, inciso 1°. Página 6 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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23. En esto consiste el principio de inescindibilidad11. En su concepción original establecía que “[…] toda persona responsable de crímenes cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado no internacional, debía presentarse ante el Sistema de forma obligatoria”.

24. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C-674 de 2017 precisó que la comparecencia de terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de Fuerza Pública a la Jurisdicción Especial para la Paz es estrictamente voluntaria12.

Correlativamente, la Corte determinó que los destinatarios directos del tratamiento especial de justicia en la JEP son los miembros de la Fuerza Pública y los exguerrilleros de las FARC.

25. Ahora bien, el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz es

integral, irreversible e irrestricto.

26. Esto quiere decir, en primer lugar, que el sometimiento a la JEP de un miembro de fuerza pública cobija todas las conductas delictivas ocurridas antes del primero de diciembre de 2016 relacionadas con el conflicto por las que su responsabilidad se encuentre comprometida. En segundo lugar, que, una vez materializado el sometimiento, su situación jurídica será resuelta en forma definitiva por la Jurisdicción Especial para la Paz, salvo en el evento de que se presenten incumplimientos al régimen de condicionalidad que justifiquen su exclusión del sistema transicional integral13. Y, en tercer lugar, como lo señaló la Sección de Apelación de la JEP, que la “[…] comparecencia implica una 10 Véase Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 5.1.2., numerales II.32, especialmente párrafo cuarto, y II.44, páginas 149 y 152. Acto Legislativo 01 de 2017, artículos transitorios 17 y 21. Ley 1820 de 2016, artículos 2°, 9° y su Título IV, contentivo de los artículos 44 a 59. 11 Numeral 15, página 146 ibídem: “El funcionamiento del componente de justicia del SIVJRNR es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores.” Respecto del principio de inescindibilidad de la JEP véanse también Acto Legislativo 01 de 2017

artículo transitorio 21 y Ley 1820 de 2016 artículo 3°. 12 Corte Constitucional. Sentencia C – 674 del 14 de noviembre de 2017, consideraciones 5.5.2.1. a 5.5.2.9., páginas 402 a 413. 13 Sin perjuicio de la prerrogativa de la Corte Suprema de Justicia para la revisión de las sentencias que haya proferido, de conformidad con el artículo 10 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. Página 7 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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27. Para determinar que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia sobre un caso concreto, se debe verificar el cumplimiento concurrente de tres

factores. El primero tiene que ver con el momento en que ocurrieron los hechos (factor temporal), el segundo con la condición de los involucrados al momento de su comisión (factor personal) y el tercero con la naturaleza de las conductas (factor material).

28. El factor temporal de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se encuentra establecido constitucionalmente en el primer inciso del artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 201715. Esta disposición señala que la JEP “[…] conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016 […]” Por lo cual, todos los delitos ocurridos con posterioridad a dicha fecha, independientemente de su eventual relación con el conflicto armado interno, quedan excluidos del ámbito de facultades de la JEP y deberán ser conocidos por la jurisdicción ordinaria16.

29. Respecto del factor personal de competencia de la JEP, el artículo transitorio

17 del Acto Legislativo 01 de 2017 señala que: El componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) también se aplicará respecto de los Agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el 14 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación, auto TP – SA 19 del 21 de agosto de 2018. Punto 7.21., página 35. 15 A esta disposición constitucional remite por lo demás el artículo 65 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP, como fuente normativa del ámbito temporal de competencia de la Jurisdicción Especial.

16 Sin perjuicio de la competencia de la JEP para conocer los delitos cometidos, entre el primero de diciembre de 2016 y el 27 de junio de 2017, durante el proceso de dejación de armas y estrechamente vinculados a dicho proceso, por integrantes de organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el Gobierno nacional, a la luz de lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. Página 8 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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30. El anterior criterio constitucional de competencia personal sustenta la aplicación del tratamiento especial de justicia en la JEP a integrantes de fuerza pública procesados por hechos relacionados con el conflicto armado interno que hayan ocurrido antes del primero de diciembre de 2016. Esta aplicación se

desarrolla en los artículos transitorios 21 a 26 del Acto Legislativo 01 de 2017, constitutivos del capítulo VII de la mencionada norma.

31. En especial, el artículo transitorio 21 superior establece que los miembros de la fuerza pública involucrados en la comisión de conductas delictivas relacionadas con el conflicto recibirán en la JEP un tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo, respecto del destinado en este escenario a exintegrantes desmovilizados de grupos rebeldes.

32. Los elementos normativos del ámbito personal de competencia de la JEP fueron precisados en la Ley Estatutaria 1957 de 2019. En el primer inciso del artículo 63 se precisa la inescindibilidad en el funcionamiento del escenario transicional de justicia, debiendo aplicarse “[…] de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado […] y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores”.

El último inciso del artículo reproduce la regulación del artículo 17 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, a partir de la cual la JEP cuenta con competencia para aplicar el tratamiento transicional de justicia a los Agentes del Estado procesados por conductas relacionadas con el conflicto armado interno.

33. El parágrafo segundo del artículo 63 de la Ley Estatutaria precisó que el agente del Estado que haya participado en la conducta delictiva teniendo como móvil determinante el ánimo de enriquecimiento personal ilícito, quedará excluido de la competencia de la JEP.

34. Por último, respecto del factor personal es relevante señalar que en el

artículo 69 de la misma ley se consagró expresamente el trato diferencial pero Página 9 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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35. El factor material de competencia de la JEP está relacionado con la naturaleza de los hechos que son materia de sus actuaciones. El inciso primero del artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 prescribe que las conductas delictivas sobre las que la JEP ejerce sus facultades son exclusivamente aquellas cometidas “[…] por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado […]”.}

36. En la misma norma constitucional se establecen los criterios jurídicos que deben guiar el análisis de los hechos, para determinar si tienen conexión con el conflicto armado interno.

37. En efecto, como implementación normativa de lo estipulado en el tercer inciso del numeral 9° del punto 5.1.2. del Acuerdo Final para la Terminación del

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el artículo 23 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 señala: Artículo transitorio 23°. Competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser este la causa determinante de la conducta delictiva. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a. Que el conflicto armado haya sido la causa directa o indirecta de la comisión de la conducta punible o, b. Que la existencia del conflicto armado haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta punible cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto, en cuanto a: • Su capacidad para cometerla, es decir, a que por razón del conflicto armado el perpetrador haya adquirido habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta. • Su decisión para cometerla, es decir, a la resolución o disposición del individuo para cometerla. • La manera en que fue cometida, es decir, a que, producto del conflicto armado, el perpetrador de la conducta haya tenido la oportunidad de contar con medios que le sirvieron para consumarla. • La selección del objetivo que se proponía alcanzar con la comisión del delito. Página 10 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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38. En este sentido, la Corte Constitucional indicó en la sentencia C – 291 del 25 de abril de 2007 que los criterios que se acaban de señalar son coherentes con las reflexiones que sobre el mismo aspecto se han recogido en la jurisprudencia del

Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

39. Entre otros pronunciamientos, en la sentencia del 12 de junio de 2002, caso del Fiscal contra Kunarac, Kovaç & Vuković, la Sala de Apelación del Tribunal Internacional determinó que el conflicto armado no tiene necesariamente que haber sido la causa de la comisión del delito, pero sí haber incidido en la capacidad de su autor para ejecutarlo, o en su decisión para llevarlo a cabo, o en la forma en que lo hizo, o en el propósito que aspiraba conseguir mediante su realización.

40. Y así, para establecer si existe relación con el conflicto, se deben considerar como factores la eventual condición de combatiente del perpetrador, la pertenencia de la víctima al bando opositor en las hostilidades o su condición de no combatiente, que la conducta pueda contribuir a los objetivos de una campaña

militar o que sea ejercicio de los deberes oficiales o institucionales de su autor.

41. Estos aspectos fueron sintetizados en el artículo 62 de la Ley estatutaria 1957 de 2019. El primer inciso de la disposición ratificó que la JEP es competente para conocer de los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, entendiendo como tales las conductas punibles donde el conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad o en la decisión del perpetrador para cometerla, o en la manera en la que llevó a cabo. Por último, la parte final del primer inciso de este artículo establece que “La relación con el conflicto abarcará conductas desarrolladas por miembros de la Fuerza Pública con o contra cualquier grupo armado ilegal, aunque no hayan suscrito el Acuerdo Final de Paz con el Gobierno

Nacional”. A.2. Régimen de condicionalidad

42. Ahora bien, además de la satisfacción concurrente de los tres factores de competencia, según lo expuesto, se requiere que el integrante de fuerza pública Página 11 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS EXPEDIENTE 9002740-97.2019.0.00.001 formalice sus compromisos con los objetivos derivados de la suscripción del Acuerdo Final y para los que fue instituido el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En primer lugar, el agente deberá comprometerse con el esclarecimiento de la verdad plena, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual señala: […] Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa, o incumpla cualquiera de las condiciones del Sistema, perderá el tratamiento especial de justicia.

43. Adicionalmente, deberá comprometerse con la restauración de los daños que los hechos del conflicto por los que fue procesado ocasionaron a la sociedad colombiana, siempre que ello sea posible, o en caso de que se haya declarado su responsabilidad penal, deberá asumir su obligación para con la reparación inmaterial a las víctimas. Deberá comprometerse así mismo con la constitución de garantías para que los hechos de violencia no se repitan. Se requiere también que se comprometa a contribuir con la construcción de una paz estable,

generalizada y duradera. Y en todo caso, deberá obligarse a atender los requerimientos que en cualquier momento le formulen los órganos del SIVJRNR.

44. Se debe señalar, por lo demás, que la Jurisdicción Especial para la Paz verificará en todo momento el cumplimiento efectivo de tales compromisos.

45. La formalización de estas obligaciones con las víctimas, con la sociedad y con el SIVJRNR y la verificación permanente de su cumplimiento configuran el Régimen de Condicionalidad, el cual es un elemento consustancial de la

Jurisdicción Especial para la Paz.

46. En relación con este aspecto fundamental, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, órgano de cierre de la JEP, señaló en el auto 019 del 21 de agosto de 2018 que “[…] En esencia, la condicionalidad es el supremo atributo Página 12 de 42 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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