JEP - Sentencia SRT-ST-159 de 2026

JEP - Jurisdiccion Especial para la Paz

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Detalles

Título
JEP - Sentencia SRT-ST-159 de 2026
Autor
JEP - Jurisdiccion Especial para la Paz
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Transicional
Año
2026

P á g i n a 1 | 22

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500886 - 0 6 . 2 0 2 6 . 0 . 0 0 . 0 0 0 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SUBSECCIÓN TERCERA DE LA SECCIÓN DE REVISIÓN

SENTENCIA SRT-ST-159

Aprobada en Acta No. 37 – SUB03/26

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 1500886-06.2026.0.00.0001

Trámite

Asunto: Acción de tutela interpuesta por la abogada Angie Tatiana Hermosa Romero, como apoderada de la señora ROSALINA GONZÁLEZ FLÓREZ en contra de la Sala de Amnistía o Indulto y la Sección de Apelación de la JEP.

Sentencia de Primera Instancia Fecha de reparto: 24 de agosto de 2026

La Subsección Tercera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (TP-JEP), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Se decide la tutela presentada, por conducto de apoderada judicial, por la señora ROSALINA GONZÁLEZ FL ÓREZ en contra de la Sala de

SENTENCIA

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Se decide la tutela presentada, por conducto de apoderada judicial, por la señora ROSALINA GONZÁLEZ FL ÓREZ en contra de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) y la Sección de Apelación de la JEP (SA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por la presunta vulneración de sus Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 2 | 22

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derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, reincorporación1, seguridad jurídica y paz2.

II. ACCIONANTE O PERSONA QUE INTERPUSO LA TUTELA

2. Se trata de la señora ROSALINA GONZÁLEZ FLÓREZ, a través de su apoderada Angie Tatiana Hermosa Romero, debidamente identificadas3.

III. ÓRGANOS CONTRA LOS QUE SE DIRIGE LA TUTELA

3. La tutela se dirigió contra la SAI y la SA de la JEP. Adicionalmente, con

apoderada Angie Tatiana Hermosa Romero, debidamente identificadas3.

III. ÓRGANOS CONTRA LOS QUE SE DIRIGE LA TUTELA

3. La tutela se dirigió contra la SAI y la SA de la JEP. Adicionalmente, con el fin de integrar el contradictorio, se vinculó a sus secretarías judiciales4.

IV. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA

4.1. Hechos jurídicamente relevantes 5

4. La accionante interpuso la tutela con base en los siguientes hechos:

5. Manifestó6 que perteneció desde 1984 al Frente 23 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) que operaba en el Magdalena Medio. Indicó que desde 2006 y hasta la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) fue enviada a Bogotá para desarrollar labores de cuidado de excombatientes enfermos.

6. Afirmó7 que no fue incluida en los listados de miembros de dicha organización puesto que no se pudo desplazar a ninguna zona veredal ni acercarse a ningún comandante por razones de fuerza mayor , la cuales se relacionaban con dificultades de salud derivadas de una cirugía en los ojos

(terigios) y artritis sortiaria.

1 Expediente Legali, fl. 3. 2 Expediente Legali, fl. 17. 3 Expediente Legali, fl.3. 4 Expediente Legali, fl.214. 5 Expediente Legali, fls. 4-8. 6 Expediente Legali, fls. 4-5. 7 Expediente Legali, fl. 5.

3 Expediente Legali, fl.3. 4 Expediente Legali, fl.214. 5 Expediente Legali, fls. 4-8. 6 Expediente Legali, fls. 4-5. 7 Expediente Legali, fl. 5. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 3 | 22

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7. Explicó8 que, el 29 de enero de 2025, solicitó formalmente ante la SAI su inclusión en los respectivos listados. Para tal efecto, aportó varios elementos probatorios incluyendo historias clínicas y entrevistas adelantadas por el equipo del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD). También, solicitó la práctica de entrevistas a la señora Felisa Vargas Quiroga y el señor Rodrigo Granda Escobar, exmiembros de las FARC-EP. Respecto de este último, en julio de 2025, aportó una entrevista escrita adelantada por el SAAD dado que no se decretó la diligencia para toma de testimonio correspondiente.

8. Indicó9 que, ante la falta de respuesta definitiva al trámite adelantado

de 2025, aportó una entrevista escrita adelantada por el SAAD dado que no se decretó la diligencia para toma de testimonio correspondiente.

8. Indicó9 que, ante la falta de respuesta definitiva al trámite adelantado por la SAI, radicó dos memoriales de impulso procesal el 20 de octubre y el 17 de diciembre de 2025. De igual manera, interpuso una acción de tutela en febrero de 2026 que llevó a que la SAI profiriera la Resolución SAI-AOI-D-PMA099-2026 del 2 de marzo de 2026, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud elevada.

9. Agregó10 que, el 5 de marzo de 2026 interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación respecto de la mencionada resolución de la SAI. Explicó que la SA confirmó la determinación tomada en primera instancia mediante el auto TP-SA 2271 de 2026 del 3 de junio de 2026. Concluyó afirmando que los fallos proferidos por la SAI y la SA incurrieron en los defectos fáctico y por falta de motivación, y desconocieron las garantías constitucionales que orientan el debido proceso en la justicia transicional . En consecuencia , acusó a los mencionados pronunciamientos de adolecer de graves deficiencias en la valoración integral del material probatorio, omitir el análisis de la historia de vida de la accionante, desconocer el alcance de la fuerza mayor alegada y adoptar decisiones insuficientemente motivadas, circunstancias que habilitan excepcionalmente el control constitucional mediante la presente acción de tutela.

4.2. Pretensiones de la parte accionante

adoptar decisiones insuficientemente motivadas, circunstancias que habilitan excepcionalmente el control constitucional mediante la presente acción de tutela.

4.2. Pretensiones de la parte accionante

10. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

(ver, supra, párr. 1). En consecuencia, pidió11 que:

8 Expediente Legali, fl. 6. 9 Expediente Legali, fl. 7. 10 Expediente Legali, fl. 8. 11 Expediente Legali, fl. 17. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 4 | 22

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(i) se deje sin efectos la Resolución SAI-AOI-D-PMA-099-2026 del 2 de marzo de 2026 y el auto TP-SA 2271 de 2026 del 3 de junio de 2026; (ii) se ordene a la SAI proferir una nueva decisión que valore integralmente la totalidad del material probatorio obrante en el expediente, incluyendo las entrevistas, testimonios, documentos médicos, actuaciones administrativas y demás elementos de

(ii) se ordene a la SAI proferir una nueva decisión que valore integralmente la totalidad del material probatorio obrante en el expediente, incluyendo las entrevistas, testimonios, documentos médicos, actuaciones administrativas y demás elementos de convicción aportados por la defensa, sin efectuar una apreciación fragmentada o aislada de los mismos; (iii) se ordene que la nueva decisión reconstruya la historia de vida de la señora GÓNZALEZ FLÓREZ como elemento indispensable para verificar el factor personal de competencia y se analicen, de manera conjunta y motivada, todas las circunstancias alegadas como constitutivas de fuerza mayor, atendiendo el contexto en el que ocurrieron los hechos y los principios que orientan la justicia transicional; (iv) se ordene disponer que la nueva providencia observe los estándares constitucionales de motivación suficiente, valoración integral de la prueba, búsqueda material de la verdad y protección reforzada de los derechos derivados del Acuerdo Final de Paz, garantizando que la decisión que se adopte responda de manera expresa a todos los argumentos y medios de convicción oportunamente allegados.

V. TRÁMITE DE LA TUTELA

11. El escrito de tutela fue remitido al correo electrónico infojep@jep.gov.co el 21 de agosto del año en curso 12. A continuación, y por medio de acta del día 24 del mismo mes13, la Secretaría Judicial (SEJUD) de la SR le repartió el asunto al despacho sustanciador que preside la Subsección Tercera. Posteriormente, mediante auto d el 25 de agosto de 2026 14 se avocó conocimiento del trámite e integró el contradictorio , se dispuso correr traslado a los accionados y los

mediante auto d el 25 de agosto de 2026 14 se avocó conocimiento del trámite e integró el contradictorio , se dispuso correr traslado a los accionados y los vinculados para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

12 Expediente Legali, fl. 1. 13 Expediente Legali, fl. 209. 14 A través del auto SRT-AT-CLD-650 del 25 de agosto de 2026. Expediente Legali, fls. 210-215. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 5 | 22

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12. El 26 de agosto, la parte accionante remitió un escrito denominado “adición de elemento material probatorio” 15 acompañado de un link de video para su valoración en conjunto con lo allegado en la acción de tutela originalmente interpuesta. Dichos elementos procesales fueron incorporados al expediente Legali correspondiente por la SEJUD-SR el 27 de agosto de 2026. Por lo anterior, mediante auto del 31 de agosto de 202616 se dispuso la habilitación de los accesos de los sujetos procesales al expediente digital y se corrió traslado de lo

Legali correspondiente por la SEJUD-SR el 27 de agosto de 2026. Por lo anterior, mediante auto del 31 de agosto de 202616 se dispuso la habilitación de los accesos de los sujetos procesales al expediente digital y se corrió traslado de lo recientemente incorporado a las accionadas y vinculadas para garantizar plenamente el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.

VI. RESPUESTAS ENVIADAS A ESTA SUBSECCIÓN

6.1. Sección de Apelación17

13. La SA se abstuvo de pronunciarse 18 en el marco del presente proceso al alegar que la tutela estudiada posteriormente podría ser de su conocimiento. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la sentencia SU -388 de 2023 de la Corte Constitucional y la sentencia TP-SA-SENIT 6 complementaria . No obstante, afirmó haber conocido el expediente en el cual se profirió el auto TPSA 2271 del 3 de junio de 2026 , cuestionado por la parte accionante, y adjuntó copia de dicha decisión.

6.2. Sala de Amnistía o Indulto19

14. La SAI solicitó20 declarar improcedente la acción de tutela por carencia de relevancia constitucional. Primero , relató algunos aspectos del trámite surtido. Explicó que ordenó entrevistar a la señora GONZÁLEZ FLÓREZ y al señor Rodrigo Granda Escobar . Requirió representación jurídica al SAAD .

Solicitó apoyo de la Oficina Asesora de Enfoques Diferenciales (OAED) para buscar articulación con la Asociación Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de Guerra, Adultos Mayores y Enfermedad de Alto Costo

Solicitó apoyo de la Oficina Asesora de Enfoques Diferenciales (OAED) para buscar articulación con la Asociación Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de Guerra, Adultos Mayores y Enfermedad de Alto Costo (CONELAEC). Pidió informe s al Grupo de Análisis, Contexto y Estadística (GACE-UIA) y al Grupo de Análisis de la Información ( GRAI) sobre la

15 Expediente Legali, fls. 283-287. 16 A través del auto SRT-AT-CLD-664 del 31 de agosto de 2026. Expediente Legali, fls. 1266-1268. 17 Expediente Legali, fls. 293-297. 18 Expediente Legali, fl. 298. 19 Expediente Legali, fls. 935-999 y 1293-1294. 20 Expediente Legali, fl. 940. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 6 | 22

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estructura del Frente 23 y , adicionalmente, solicitó actualización de la información sobre la tutela interpuesta por la parte accionante relacionada con

estructura del Frente 23 y , adicionalmente, solicitó actualización de la información sobre la tutela interpuesta por la parte accionante relacionada con la obtención de su historia clínica. Seguidamente, afirmó que, surtida esa práctica probatoria, concluyó que no se acreditaban los presupuestos legales y jurisprudenciales que le permitieran declarar procedente la petición de inclusión en los listados presentada por la solicitante.

15. En segundo lugar, la SAI argumentó que la decisión cuestionada fue producto de un estudio riguroso que se apartó del precedente de la SA, en su criterio, restrictivo sobre la materia. Sostuvo que, dada su posición jurídica respecto del particular, desplegó una actividad probatoria más amplia de la que el estándar de la SA habría exigido, pero a pesar de lo anterior, no identificó la configuración de ningún presupuesto que permita habilitar la facultad extraordinaria para incluir en los listados a la señora GONZÁLEZ FLÓREZ. Por lo anterior, concluyó que no existe vulneración a los derechos fundamentales de la parte accionante , y que la tutela realmente expresa un desacuerdo con el fondo de la decisión adoptada, sin controvertir el precedente de la SA ni los argumentos concretos empleados por la Sala de Justicia.

16. Adicionalmente, la SAI solicitó21 a esta Subsección abstenerse de valorar el elemento audiovisual aportado por la apoderada de la señora GONZÁLEZ FLÓREZ en su memorial de adición al escrito de tutela. Al respecto, advirtió que la parte accionante pretende reabrir la etapa probatoria del trámite de

el elemento audiovisual aportado por la apoderada de la señora GONZÁLEZ FLÓREZ en su memorial de adición al escrito de tutela. Al respecto, advirtió que la parte accionante pretende reabrir la etapa probatoria del trámite de inclusión en listados, ya resuelto por su Despacho y confirmado por el superior jerárquico, decisión frente a la cual ya ejerció los mecanismos de contradicción disponibles. Señaló que ese trámite tiene etapas preclusivas, por lo que la sede de tutela no es el escenario adecuado para introducir y valorar nuevos elementos probatorios sobre un procedimiento ya concluido. Agregó que la tutelante conserva el derecho de solicitar nuevamente su inclusión en los listados, conforme al artículo 63 de la Ley 1957 de 2019, y de aportar o pedir la práctica de elementos probatorios que no hayan sido decretados ni valorados previamente.

21 Expediente Legali, fl. 1294. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 7 | 22

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6.3. Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto22

17. La SEJUD-SAI solicitó23 que se despache negativamente el amparo y que se desvincule dicha dependencia del trámite. Afirmó haber identificado una solicitud de la señora GONZÁLEZ FLÓREZ que fue asignada en enero de 2025 a la SAI. Recordó la actividad procesal que desarrolló durante el curso del trámite que la mencionada Sala de Justicia impartió a dicha solicitud, la cual finalmente, desembocó en la expedición de la Resolución SAI-AOI-D-PMA-0992026 del 02 de marzo de 2026. Indicó que la SAI profirió la Resolución SAI-AOIDR-PMA-178-2026 del 08 de abril de 2026 con la que negó la reposición interpuesta contra la decisión previamente proferida en marzo de 2026 y concedió el recurso de apelación. Concluyó indicando que el 7 de julio ingresaron al Despacho las diligencias provenientes de la SA que resolvían confirmar lo decidido por la SAI y, en consecuencia, archivó el expediente.

6.4. Secretaría Judicial de la Sección de Apelación24

18. La SEJUD-SA solicitó25 ser desvinculada del proceso. Indicó que la SAI remitió el expediente correspondiente con el fin de dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la parte accionante. Afirmó que la SA confirmó la decisión de primera instancia, por lo que dicha dependencia adelantó las

remitió el expediente correspondiente con el fin de dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la parte accionante. Afirmó que la SA confirmó la decisión de primera instancia, por lo que dicha dependencia adelantó las gestiones de notificación correspondientes. Estableció que el amparo cuestiona la presunta omisión de la SA en su deber de analizar e individualizar las circunstancias fácticas y jurídicas alegadas en el escrito de impugnación presentado contra la Resolución SAI-AOI-D-PMA-099-2026 del 2 de marzo de

2026. Así, indicó que, en su consideración, la tutela pretende dejar sin efecto las providencias de primera y segunda instancia , y, por el contrario, no debate el trámite de notificación adelantado. Por lo tanto, descartó que su proceder se relacionara con la vulneración de derechos presuntamente alegada.

VII. PRUEBAS ALLEGADAS

19. En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes:

22 Expediente Legali, fls. 530-934. 23 Expediente Legali, fls. 531-534. 24 Expediente Legali, fls. 1000-1265. 25 Expediente Legali, fls. 1264. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 8 | 22

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  • Solicitud de inclusión26 de la señora GONZÁLEZ FLÓREZ en los listados de miembros acreditados de las FARC-EP dirigida a la SAI. • Resolución SAI-AOI-D-PMA-099-202627 proferida por la SAI el 02 de marzo de 2026 mediante la cual se declara improcedente la solicitud de inclusión de la señora GONZÁLEZ FLÓREZ en los listados de exintegrantes acreditados de las FARC-EP. • Recurso de reposición y en subsidio apelación 28 contra la Resolución SAIAOI-D-PMA-099-2026. • Resolución SAI-AOI-DR-PMA-178-202629 proferida el 08 de abril de 2026 mediante la cual no se repone la Resolución SAI-AOI-D-PMA-099-2026 y se concede apelación. • Auto TP-SA 2271 de 2026 30 proferido por la SA el 03 de junio de 2026 por medio del cual se confirma la Resolución SAI-AOI-D-PMA-099-2026.

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Esta Subsección es competente para conocer la tutela

20. De acuerdo con el artículo transitorio 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, la SR del Tribunal para la Paz cuenta con una competencia limitada para conocer del trámite de acciones de tutela 31. S ólo

20. De acuerdo con el artículo transitorio 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, la SR del Tribunal para la Paz cuenta con una competencia limitada para conocer del trámite de acciones de tutela 31. S ólo puede pronunciarse respecto de: (i) acciones u omisiones de alguno de los órganos de la JEP que, presuntamente, vulneren o amenacen derechos fundamentales32; y, (ii) providencias judiciales que profiera la JEP por una manifiesta vía de hecho, defecto procesal, o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos a l interior de la jurisdicción para la protección del derecho vulnerado o amenazado33.

26 Expediente Legali, fls. 20-29. 27 Expediente Legali, fls. 227-255. 28 Expediente Legali, fls. 189-201. 29 Expediente Legali, fls. 920-926. 30 Expediente Legali, fls. 217-226. 31 Cfr. JEP, Tribunal para la Paz. Sección de Revisión, Sentencias SRT -ST-252/2018 del 31 de diciembre de 2018; SRT -ST-248/2018 del 28 de diciembre de 2018; SRT -ST-221/2018 del 6 de diciembre de 2018; SRT-ST-215/2018 del 3 de diciembre de 2018; SRT-ST-184/2018 del 7 de noviembre de 2018. 32 Vid. JEP, Tribunal para la Paz. Sección de Revisión, Sentencia SRT -ST-084/2018 de 10 de agosto de 2018.

32 Vid. JEP, Tribunal para la Paz. Sección de Revisión, Sentencia SRT -ST-084/2018 de 10 de agosto de 2018. 33 Cfr. JEP, Tribunal para la Paz, Sección de Revisión, Sentencia SRT -ST-134/2018 de 24 de septiembre de 2018. En el mismo sentido, Corte Constitucional, auto A-644 de 3 de octubre de 2018. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 9 | 22

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21. De la misma manera, la Corte Constitucional ha señalado que, en atención al factor subjetivo de competencia, la Constitución habilita a los jueces y a la JEP a analizar el escrito de tutela con el objetivo de verificar que esté dirigida de manera inequívoca contra uno de los órganos que componen esta Jurisdicción especial o de providencias judiciales que ella misma profiera34. Por ello, cuando la propia JEP reciba la acción de tutela, no podrá acudir a argumentos que desborden las reglas establecidas en el artículo transitorio 8° del artículo 1° ejusdem, ya que la obligación de declarar la falta de competencia

ello, cuando la propia JEP reciba la acción de tutela, no podrá acudir a argumentos que desborden las reglas establecidas en el artículo transitorio 8° del artículo 1° ejusdem, ya que la obligación de declarar la falta de competencia opera sólo cuando advierta, de manera inequívoca, que el amparo no se dirige contra una acción u omisión de los órganos de la JEP o de sus propias providencias35.

22. En este caso se cuestionan actuaciones de la SAI y la SA , que también podrían involucrar a sus secretarías judiciales . Como dichas autoridades pertenecen a la JEP, esta Subsección puede conocer válidamente la presente tutela.

8.2. La tutela no es temeraria ni se presenta duplicidad

23. Existe temeridad cuando una persona radica dos tutelas contra el mismo demandado, por los mismos hechos y solicitando lo mismo, sin un argumento válido que explique la situación 36. El 25 de febrero del presente año, l a parte accionante presentó una tutela37con la que pretendía que se decidiera de fondo,

34 Corte Constitucional, auto A-644 de 3 de octubre de 2018. En el mismo sentido, autos A-400 del 27 de junio de 2018, A-731 del 14 de noviembre de 2018. 35 Corte Constitucional, auto A -644 de 3 de octubre de 2018, reiterado en los autos A -731 de 14 de noviembre de 2018, A-079 de 20 de febrero, A -162 y A-166 de 3 de abril, A -239 de 15 de mayo y A -325 de 19 de junio de 2019. 36 En cuanto a la temeridad, de acuerdo con lo indicado por la jurisprudencia constitucional, se configura

de 19 de junio de 2019. 36 En cuanto a la temeridad, de acuerdo con lo indicado por la jurisprudencia constitucional, se configura cuando se logra verificar: “(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción”. Corte Constitucional.

Sentencia T-184 de 2005. 37 Expediente Legali, fl. 209. El accionante interpuso con anterioridad la siguiente tutela conocida por la

SR:

Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página

SR:

Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 10 | 22

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en el menor tiempo posible, la solicitud radicada el 29 de enero de 2025, y reiterada en dos oportunidades, sobre su inclusión excepcional por la SAI en los listados de exmiembros acreditados de las FARC -EP38. En dicha oportunidad la SR declaró la carencia actual de objeto por hecho superado teniendo en consideración la expedición de la Resolución SAI -AOI-D-PMA-099-2026 durante el curso del proceso de amparo.

24. Ahora bien, l a presente acción de tutela contempla un marco f áctico distinto que incluye la impugnación de la mencionada providencia proferida por la SAI. Además, pretende cuestionar eventuales vicios constitucionales en los que pudieron incurrir las decisiones de primera y segunda instancia, esta última decidida por la SA. Por lo tanto, se concluye que entre una y otra acción no concurre una identidad de los aspectos propios de la duplicidad que impida a esta Subsección conocer del asunto.

8.3. La tutela no resulta procedente pues no supera el requisito de

no concurre una identidad de los aspectos propios de la duplicidad que impida a esta Subsección conocer del asunto.

8.3. La tutela no resulta procedente pues no supera el requisito de relevancia constitucional

25. La tutela presentada por la parte accionante satisface los requisitos de procedibilidad en legitimación por activa y pasiva , inmediatez y

subsidiariedad39. Así, se tiene que:

(i) La parte accionante está legitimad a por activa 40: se reclamó la protección de los derechos presuntamente vulnerados por intermedio de apoderada debidamente facultada 41. La abogada Angie Tatiana Hermosa Romero aportó poder especial debidamente otorgado por la señora GONZÁLEZ FLÓREZ para este trámite.

Cant. Radicado Legali Fecha de reparto Accionado 1 150020888.2026.0.00.0001 26/02/2026 SALA DE AMNISTÍAS O INDULTO de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

38 Expediente Legali, fl. 264. 39 Según el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la procedibilidad de la acción de tutela está sometida, por regla general, al cumplimiento de los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad. 40 El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 indica que la tutela puede presentarse por el titular de los derechos comprometidos, en nombre propio , o por intermedio de abogado o agente oficioso . Ver: artículos 86 de la Constitución y 42 del Decreto 2591 de 1991, y sentencias T-224 y T-553 de 2017.

derechos comprometidos, en nombre propio , o por intermedio de abogado o agente oficioso . Ver: artículos 86 de la Constitución y 42 del Decreto 2591 de 1991, y sentencias T-224 y T-553 de 2017. 41 Poder visible a fl. 207 del expediente Legali. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500886-06.2026.0.00.0001 y el código 91489A.P á g i n a 11 | 22

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500886 - 0 6 . 2 0 2 6 . 0 . 0 0 . 0 0 0 1

(ii) Las accionadas y vinculadas están legitimadas por pasiva42: la SAI y la SA son autoridades que pueden responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante . Adoptaron decisiones judiciales que la tutelante estima atentatoria de sus derechos. Por tanto, preliminarmente, son las principales llamadas a responder por la reclamación alegada. Ahora bien, cabe aclarar que, aunque los argumentos de l amparo se dirigen, principalmente, a cuestionar las decisiones judiciales adoptadas por la SA I y la SA, lo cierto es que no puede descartarse el nexo de sus secretarías judiciales , puesto que, según la información acopiada, han intervenido en el marco del procedimiento de inclusión de la solicitante en los

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