JEP - Sentencia SRT-ST-164 de 2026

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SUBSECCIÓN TERCERA DE LA SECCIÓN DE REVISIÓN

SENTENCIA SRT-ST-164

Aprobada en Acta No. 40 – SUB03/26

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 1500891-28.2026.0.00.0001

Trámite:

Asunto: Acción de tutela presentada por el señor ESIDENIO BOTACHE TIMOTE en contra de la Sala de Amnistía o Indulto y la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sentencia de Primera Instancia Fecha reparto: 25 de agosto de 2026

La Subsección Tercera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (TP-JEP), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. La Subsección procede a dictar sentencia dentro de la acción de tutela presentada por el señor ESIDENIO BOTACHE TIMOTE1, en contra de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) y la Sección de Apelación (SA) de la JEP, por la presunta

presentada por el señor ESIDENIO BOTACHE TIMOTE1, en contra de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) y la Sección de Apelación (SA) de la JEP, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y a lo que denominó “ derecho a la norma de normas, derecho a la justicia, derecho al

1 Identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.873.241. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 2 | 17

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Acuerdo Final para la Paz, derecho a la reincorporación a la vida civil” , así como a los derechos a la honra, dignidad humana2 y a la paz3.

II. ACCIONANTE, ACCIONADOS Y VINCULADOS

2. El señor BOTACHE TIMOTE dirigió la acción de tutela contra la SAI y la SA. Sin embargo, para integrar de manera debida el contradictorio4, se vinculó a la Secretaría General Judicial (SEJUD General), a la Secretaría Judicial de la SAI

(SEJUD-SAI), a la Secretaría Judicial de la SA (SEJUD-SA)5 y a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP).

III. LA ACCIÓN DE TUTELA

(SEJUD-SAI), a la Secretaría Judicial de la SA (SEJUD-SA)5 y a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP).

III. LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. Hechos expuestos por el señor ESIDENIO BOTACHE TIMOTE6

3. El accionante interpuso la tutela con base en los siguientes hechos:

4. Señaló que solicitó su inclusión excepcional como miembro exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombi a – Ejército del Pueblo

(FARC-EP) en los listados de la entonces Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), hoy OCCP, debido a que perteneció al grupo armado. E l 12 de agosto de 2008 fue herido en combate por el Batallón Contraguerrilla No. 7 , capturado e incluso condenado por el delito de rebelión.

5. No obstante, cuestionó que la SAI, mediante la Resolución SAI-AOI-DDVL-472 de 25 de agosto de 2025, y la SA, a través del Auto TP-SA 2194 de 25 de febrero de 2026, negaron su solicitud. Lo anterior, sin considerar que cumple con los requisitos para ello, pues, aunque no volvió al grupo armado una vez salió

2. Expediente Legali, fls. 19-20. 3 Expediente Legali, fl. 16. 4 Atendiendo a las facultades oficiosas del juez constitucional para interpretar la solicitud de amparo . “(…) cuando el juez de tutela considere (…) que la demanda ha debido dirigirse contra varias entidades, autoridades o personas, alguna o algunas de las cuales no fueron demandas, aquél está en la obligación

“(…) cuando el juez de tutela considere (…) que la demanda ha debido dirigirse contra varias entidades, autoridades o personas, alguna o algunas de las cuales no fueron demandas, aquél está en la obligación de conformar el legítimo contradictorio, en virtu d de los principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela”. Corte Constitucional. A-055 de 1997. Cfr., Autos A-238 de 2001, A-583 de 2015, A-536 de 2015 y Sentencias T-1223 de 2005, T-1015 de 2006, SU-116 018, T-038 de 2019. 5 Expediente Legali, fls. 20-25. Auto SRT-AT-CLD-215 de 9 de abril de 2026, por medio del cual se avocó conocimiento de la acción de tutela. 6 Expediente Legali, fls. 16-20. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 3 | 17

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de prisión, ello ocurrió porque se encontraba recuperando su estado de salud. Posteriormente, inició el proceso de paz y, en el entretanto, su comandante, quien lo iba a inscribir en los listados de la OACP, “se fue a coger las armas”.

Posteriormente, inició el proceso de paz y, en el entretanto, su comandante, quien lo iba a inscribir en los listados de la OACP, “se fue a coger las armas”.

3.2. Pretensiones

6. Por lo anterior, solicitó la protección de sus derechos fundamentales (ver supra, párr. 1). Y, como consecuencia, que se ordene su inclusión o acreditación como miembro exintegrante de las FARC -EP ante la OACP, OCCP o ante la entidad que sea competente7.

IV. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

7. La tutela fue radicada ante la JEP el 24 de agosto de 20268 y, sometida a reparto al día siguiente, le correspondió a la Subsección Tercera de la SR 9. En consecuencia, el 26 de agosto de 2026 10 se avocó conocimiento, se vinculó a los órganos y a las dependencias antes referidas (ver supra, párr. 2) y se les corrió traslado para ejercer el derecho de defensa y contradicción. Así mismo, se les solicitó información.

V. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADAS

5.1. Secretaría General Judicial de la JEP11

8. La SEJUD General comunicó los radicados presentados por el accionante relacionados con los hechos, e informó que los integró e incorporó al expediente respectivo. Mencionó que los requerimientos son de carácter judicial, luego no tiene trámite pendiente ni la competencia para resolver. Por lo tanto, solicitó la desvinculación de la acción de tutela.

7 Pretensiones deducidas del escrito de tutela. Expediente Legali, fls. 19-20.

tiene trámite pendiente ni la competencia para resolver. Por lo tanto, solicitó la desvinculación de la acción de tutela.

7 Pretensiones deducidas del escrito de tutela. Expediente Legali, fls. 19-20. 8 Expediente Legali, fl. 1. 9 Expediente Legali, fl. 39. 10 Expediente Legali, fls. 40-44. 11 Expediente Legali, fls. 73-74. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 4 | 17

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5.2. Sala de Amnistía o Indulto12

9. La SAI señaló que el accionante solicitó su inclusión excepcional en los listados de miembros exintegrantes acreditados de las FARC-EP con fundamento en el artículo 63 de la Ley 1957 de 2019 . Por lo tanto, mencionó que, dispuso el recaudo de información ante las autoridades competentes y escuchó en una diligencia de entrevista al accionante. Luego, afirmó que, una vez valorado el

material probatorio, logró establecer que el actor perteneció a las extintas FARCEP, pero que su vínculo con dicha organización finalizó en el año 2008. Por ello, mediante la Resolución SAI-AOI-D-DVL-472 de 25 de agosto de 2025 , negó la solicitud del accionante; decisión que fue objeto de recurso de reposición, en subsidio, apelación, siendo resuelto el primer recurso con la Resolución SAIAOI-DR-DVL-618 de 28 de noviembre de 2025 , confirmando decisión y concediendo la apelación ante la SA.

10. Afirmó que la SAI resolvió la solicitud del accionante con fundamento en la Ley y en los criterios jurisprudenciales de la SA, sin que se pueda advertir una actuación arbitraria , caprichosa o carente de motivación . Bajo ese entendido, indicó que la sola discrepancia del actor con la decisión no constituye, por sí misma, una vulneración de derechos fundamentales , ni habilita la procedencia excepcional de la tutela en contra de providencia judicial -que exige además de los requisitos generales, la acreditación de alguno de los defectos específicos - para reabrir una controversia que ya fue objeto de decisión dentro del trámite correspondiente.

11. En consecuencia, solicitó que se declare que no vulneró los derechos fundamentales y la improcedencia de la tutela al no acreditarse los requisitos referidos.

5.3. Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto13

12. La SEJUD-SAI informó la existencia de un expediente Legali a nombre del accionante asignado por la SEJUD-General a la SAI, contentivo de la solicitud

5.3. Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto13

12. La SEJUD-SAI informó la existencia de un expediente Legali a nombre del accionante asignado por la SEJUD-General a la SAI, contentivo de la solicitud de inclusión en los listados de la OACP, el cual fue sometido a reparto el 19 de

12 Expediente Legali, fls. 378-380. 13 Expediente Legali, fls. 212-214. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 5 | 17

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abril del mismo mes y año a un Despacho de la Sala . Adicionalmente, la Secretaría mencionó las actuaciones de la SAI respecto del requerimiento , en donde amplió información, negó la petición , resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión anterior y concedió el recurso de apelación. Por último, informó sobre las comunicaciones efectuadas.

13. Con lo anterior, determinó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, y solicitó que se le desvincule del trámite de la acción constitucional.

5.4. Sección de Apelación14

13. Con lo anterior, determinó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, y solicitó que se le desvincule del trámite de la acción constitucional.

5.4. Sección de Apelación14

14. La SA puso en conocimiento que la providencia atacada es el Auto TPSA 2194 de 25 de febrero de 2026 , por medio del cual resolvió una apelación en contra de la decisión de la SAI que negó la solicitud de inclusión excepcional en los listados de exintegrantes de las FARC-EP del interesado. No obstante, señaló que la procedencia de una tutela para controvertir providencias judiciales es excepcional, por lo que tiene que cumplir unos requisitos generales y específicos.

15. En el caso en concreto, a la luz de los requisitos generales , refirió que la acción de tutela instaurada no cumple con el requisito general de relevancia constitucional. A su juicio, porque la pretensión del accionante es la de mutar el escenario constitucional a una nueva instancia judicial para discutir la negativa de la JEP de aceptar su inclusión excepcional en los listados de exmiembros de la guerrilla.

16. Por lo tanto, solicitó declarar la improcedencia de la acción tutela y que se le desvincule del proceso o, en su defecto, que se niegue el amparo solicitado.

5.5. Secretaría Judicial de la SA15

17. La SEJUD-SA informó sobre trámite relacionado que dio lugar a la emisión del Auto de TP-SA 2194 de 25 de febrero de 2026 , que modificó la decisión adoptada por la SAI y, en su lugar, declaró improcedente la solicitud

emisión del Auto de TP-SA 2194 de 25 de febrero de 2026 , que modificó la decisión adoptada por la SAI y, en su lugar, declaró improcedente la solicitud

14 Expediente Legali, fls. 69-72. 15 Expediente Legali, fls. 130-132. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 6 | 17

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del accionante de inclusión en los listados de acreditados por la OCCP . Así mismo, se refirió a la comunicación y notificación de la decisión al accionante y a su apoderado judicial , que se efectuó el 07 de abril de 2026, quedando ejecutoriado el 14 del mismo mes y año.

18. Con ello, solicitó la desvinculación de la secretaría, al no haber incurrido en acción u omisión que lleve a la vulneración de derechos fundamentales.

5.6. La Presidencia de la República en representación de la OCCP16

19. La OCCP informó que el proceso de acreditación originado en los listados entregados por los miembros representantes de las extintas FARC-EP se adelantó hasta el día D+180 de la firma del Acuerdo Final de Paz; es decir, hasta el 15 de

19. La OCCP informó que el proceso de acreditación originado en los listados entregados por los miembros representantes de las extintas FARC-EP se adelantó hasta el día D+180 de la firma del Acuerdo Final de Paz; es decir, hasta el 15 de agosto de 2017, e indicó que el procedimiento administrativo de verificación de las personas finalizó mediante la Resolución No. 84 del 7 de septiembre de 2024 expedida por la OCCP. Luego, informó que la función de la OCCP en relación con los listados radica en verificar y acreditar si los individuos figuran o no en dichos registros.

20. Frente a la situación del accionante precisó que la solicitud de inclusión extraordinaria, entonces, le corresponde a la JEP, particularmente a la SAI, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 1957 de 2019. Por lo tanto, alegó que no ha cometido omisión alguna que permita al accionante reclamarle por sus derechos, por lo que solicitó que la tutela sea negada en sus pretensiones en relación con la OCCP.

VI. PRUEBAS ALLEGADAS

21. En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes:

• Resolución SAI-AOI-AS-DVL-205 de 30 de abril de 2024 proferida por la SAI, mediante la cual se amplió información con autoridades y se requirió al interesado17.

16 Expediente Legali, fls. 387-395, reiterado en fls. 453-461, 615-623 y 630-638. 17 Expediente Legali, fls. 216-225.

al interesado17.

16 Expediente Legali, fls. 387-395, reiterado en fls. 453-461, 615-623 y 630-638. 17 Expediente Legali, fls. 216-225. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 7 | 17

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500891-28.2026.0.00.0001

• Resolución SAI-AOI-AS-DVL-625 de 16 de diciembre de 2024 emitida por la SAI, por medio de la cual se comisionó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que realizara una entrevista18. - Resolución SAI-AOI-D-DVL-472 de 25 de agosto de 2025 emitida por la SAI, mediante la cual se negó una solicitud de incorporación excepcional en los listados acreditados por la OACP como miembro de las FARC-EP19. - Recurso de reposición y en subsidio de apelación instaurado en contra de la Resolución SAI-AOI-D-DVL-472 de 25 de agosto de 202520. - Resolución SAI-AOI-DR-DVL-618 de 18 de noviembre de 2025 pro ferida por la SAI, por medio de la cual no repuso la Resolución SAI-AOI-D-DVL-

• Resolución SAI-AOI-DR-DVL-618 de 18 de noviembre de 2025 pro ferida por la SAI, por medio de la cual no repuso la Resolución SAI-AOI-D-DVL472 de 25 de agosto de 2025 y se concede el recurso de apelación21. - Auto TP-SA 2194 de 25 de febrero de 2026 proferido por la SA, mediante el cual modificó la Resolución SAI-AOI-DVL-472 de 25 de agosto de 2025 y, en su lugar, declaró improcedente la solicitud de inclusión en los listados de acreditados por la OCCP22. - Notificaciones, comunicaciones y constancia de ejecutoria del Auto TP-SA 2194 de 25 de febrero de 202623.

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Esta Subsección es competente para conocer la acción de tutela

22. De acuerdo con el artículo transitorio 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, la SR del Tribunal para la Paz cuenta con una competencia limitada para conocer del trámite de acciones de tutela 24 . S ólo puede pronunciarse respecto de: (i) acciones u omisiones de alguno de los órganos de la JEP que, presuntamente, vulneren o amenacen derechos fundamentales 25; y,

(ii) providencias judiciales que profiera la JEP por una manifiesta vía de hecho, defecto procesal, o cuando la afectación del derecho fundamental sea

18 Expediente Legali, fls. 256-262. 19 Expediente Legali, fls. 23-38, también en fls. 271-285 y 362-377. 20 Expediente Legali, fls. 304-310. 21 Expediente Legali, fls. 317-328.

19 Expediente Legali, fls. 23-38, también en fls. 271-285 y 362-377. 20 Expediente Legali, fls. 304-310. 21 Expediente Legali, fls. 317-328. 22 Expediente Legali, fls. 2-14, también en fls. 78-90 y 349-361. 23 Expediente Legali, fls. 90-119. Constancia de ejecutoria del 14 de abril de 2026 en fl. 126 y 348. 24 Cfr. JEP, Tribunal para la Paz. Sección de Revisión, Sentencias SRT-ST-252/2018 del 31 de diciembre de 2018; SRT-ST-248/2018 del 28 de diciembre de 2018; SRT -ST-221/2018 del 6 de diciembre de 2018; SRTST-215/2018 del 3 de diciembre de 2018; SRT-ST-184/2018 del 7 de noviembre de 2018. 25 Vid. JEP, Tribunal para la Paz. Sección de Revisión, Sentencia SRT-ST-084/2018 de 10 de agosto de 2018. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 8 | 17

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consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado

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consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la jurisdicción para la protección del derecho vulnerado o amenazado26.

23. De la misma manera, la Corte Constitucional ha señalado que, en atención al factor subjetivo de competencia, la Constitución habilita a los jueces y a la JEP a analizar el escrito de tutela con el objetivo de verificar que esté dirigida de manera inequívoca contra uno de los órganos que componen esta Jurisdicción especial o de providencias judiciales que ella m isma profiera27. Por ello, cuando la propia JEP reciba la acción de tutela, no podrá acudir a argumentos que desborden las reglas establecidas en el artículo transitorio 8° del artículo 1° ejusdem, ya que la obligación de declarar la falta de competencia opera sólo cuando advierta, de manera inequívoca, que el amparo no se dirige contra una acción u omisión de los órganos de la JEP o de sus propias providencias28.

24. En este caso, el accionante cuestiona providencias judiciales proferidas por la SAI y la SA, y esas actuaciones también implican actuaciones por parte de sus secretarías judiciales. Como dichas autoridades pertenecen a la JEP, está Subsección es competente y puede conocer válidamente de la presente acción de tutela.

25. Ahora, aunque en este asunto se vinculó a la OCCP, que no hace parte de la JEP, se precisa que ello no descarta la competencia de la JEP para resolver el

tutela.

25. Ahora, aunque en este asunto se vinculó a la OCCP, que no hace parte de la JEP, se precisa que ello no descarta la competencia de la JEP para resolver el asunto, puesto que, la Corte Constitucional44 ha señalado que, en estos escenarios es aplicable el fuero de atracción, lo que implica que la JEP al estudiar una tutela , debe decidir integralmente la controversia, incluso si puede involucrar, como en el caso, a otras entidades que no conforman su estructura orgánica.

7.2. La tutela no resulta procedente pues no se supera el requisito de relevancia constitucional

26 Cfr. JEP, Tribunal para la Paz, Sección de Revisión, Sentencia SRT-ST-134/2018 de 24 de septiembre de

2018. En el mismo sentido, Corte Constitucional, auto A-644 de 3 de octubre de 2018. 27 Corte Constitucional, auto A-644 de 3 de octubre de 2018. En el mismo sentido, autos A -400 del 27 de junio de 2018, A-731 del 14 de noviembre de 2018. 28 Corte Constitucional, auto A -644 de 3 de octubre de 2018, reiterado en los autos A -731 de 14 de noviembre de 2018, A-079 de 20 de febrero, A-162 y A-166 de 3 de abril, A-239 de 15 de mayo y A-325 de 19 de junio de 2019.

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19 de junio de 2019. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 9 | 17

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26. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela está sometida al cumplimiento de los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad. No obstante, en relación con la procedencia contra providencias judiciales, tanto la jurisprudencia constitucional, como el artículo transitorio 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, han supeditado la procedencia de la acción ante una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva. Así, se tiene que:

27. El accionante está legitimado por activa29: el señor BOTACHE TIMOTE reclamó la protección de derechos fundamentales , en nombre propio, respecto de los cuales es su titular.

28. Las accionadas y vinculadas están legitimadas por pasiva 30: La SAI y la SA profirieron las decisiones judiciales que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales, por lo que pueden ser llamadas a responder. En todo

28. Las accionadas y vinculadas están legitimadas por pasiva 30: La SAI y la SA profirieron las decisiones judiciales que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales, por lo que pueden ser llamadas a responder. En todo caso, si bien los argumentos de la solicitud de amparo se dirigen a cuestionar las providencias, no puede descartarse el nexo de sus secretarías judiciales ni de la SEJUD-General, puesto que de los hechos se advierte que han intervenido en el marco del procedimiento de inclusión de la solicitante en los listados de exintegrantes acreditados de las FARC-EP31. Por su parte, la OCCP fue vinculada al trámite dado que podría aportar información relacionada con el objeto de la acción.

29. La tutela supera el requisito de inmediatez 32: La acción de tutela se presentó en un lapso razonable a partir de la presunta vulneración, puesto que se predica de la decisión de la SAI proferida el 25 de agosto de 2025, que fue modificado, posteriormente, por la SA por medio de decisión d el 25 de febrero

29 El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 indica que la tutela puede presentarse por el titular de los derechos comprometidos, en nombre propio, o por intermedio de abogado o agente oficioso. Ver: artículos 86 de la Constitución y 42 del Decreto 2591 de 1991, y sentencias T-224 y T-553 de 2017. 30 El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 indica que la tutela puede presentarse por el titular de los derechos comprometidos, en nombre propio, o por intermedio de abogado o agente oficioso. Ver:

30 El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 indica que la tutela puede presentarse por el titular de los derechos comprometidos, en nombre propio, o por intermedio de abogado o agente oficioso. Ver: artículos 86 de la Constitución y 42 del Decreto 2591 de 1991, y sentencias T-224 y T-553 de 2017. 31 En el caso de las Secretarías Judiciales debe tenerse en cuenta su rol de poner en conocimiento de la magistratura cualquier solicitud que sea de su competencia, en los términos del artículo 67 del Reglamento General de la JEP. 32 Corte Constitucional, sentencias T-797 de 2002, T-762 de 2003, T-812 de 2003, T-601 de2004 y T-633 de 2004. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 10 | 17

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de 2026, notificado el 07 de abril de 2026 y ejecutoriado el 14 del mismo mes y año. Por lo tanto, a la fecha de la presentación de esta tutela, no ha trascurrido más de 6 meses desde la notificación de la última decisión.

30. La tutela supera el requisito de subsidiariedad 33 : El accionante no

año. Por lo tanto, a la fecha de la presentación de esta tutela, no ha trascurrido más de 6 meses desde la notificación de la última decisión.

30. La tutela supera el requisito de subsidiariedad 33 : El accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos para solicitar su protección ante la alegada vulneración de derechos fundamentales presuntamente causada por las decisiones judiciales cuestionadas.

31. La acción de tutela no satisface la relevancia constitucional

32. Abordado lo anterior, se precisa que, cuando se cuestionan providencias judiciales, como en este caso, la jurisprudencia constitucional 34 ha establecido que, independientemente de las garantías o derechos fundamentales que se invoquen, la acción de tutela debe cumplir con otros requisitos generales de procedibilidad.

33. Tales requisitos generales, además de los ya examinados (ver, supra párr. 26 y ss.), incluyen: que el asunto tenga (i) relevancia constitucional, es decir, que el debate trascienda la esfera legal; que si se invoca una (ii) irregularidad procesal decisiva, esta sea determinante en la providencia cuestionada; que se (iii) identifiquen de manera razonable los hechos vulneradores del derecho, que implica una carga argumentativa y explicativa para el accionante; y que (iv) no se ataquen sentencias de tutela, o las sentencias interpretativas proferidas por la SA del Tribunal para la Paz de la JEP, cuando se cuestionen criterios y reglas generales de interpretación35.

33 Según los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto 2591 de 1991, la tutela es un mecanismo

SA del Tribunal para la Paz de la JEP, cuando se cuestionen criterios y reglas generales de interpretación35.

33 Según los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto 2591 de 1991, la tutela es un mecanismo subsidiario que procede cuando no hay otro medio de defensa judicial para logar la protección de los derechos comprometidos o, existiendo este, no permite evitar un perjuicio irremediable. 34 En esta sección se retoma lo considerado, entre otras, en las sentencias C-590 de 2005, T-173 de 1993, T504 de 2000, T-315 de 2005, T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-088 de 1999, SU-1219 de 2001, T-951 de 2013, T-224 de 2023. 35 En este caso, si las decisiones son consecuencia de una petición específica de algún órgano de la JEP y detentan exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto. Corte Constitucional. Sentencia SU388 de 2023, párr. 136. Más recientemente, la Corte Constitucional precisó el alcance de esta regla en la Sentencia C-073 de 2026, párr. 110, en donde se señaló: “(…) si se pre tende controvertir el resultado del control de legalidad vía recurso de apelación, procederá la acción de tutela, mientras que, si se cuestionan los criterios y reglas generales de interpretación, debería emplearse en principio la acción pública de inconstitucionalidad (…)”. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página

inconstitucionalidad (…)”. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500891-28.2026.0.00.0001 y el código 917B4D.P á g i n a 11 | 17

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500891-28.2026.0.00.0001

34. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, se debe establecer que el debate trascienda de la esfera ordinaria. Esto significa que solo pueden estudiarse asuntos que tengan trascendencia superior y no solamente legal, contractual o de otra naturaleza 36 que son de competencia exclusiva del juez ordinario37. Por tanto, no se pueden ventilar por esta vía inconformidades con decisiones adoptadas por los jueces naturales de cada asunto. El debate implica apuntar a resolver un probado desconocimiento de los derechos como el debido proceso o al acceso a la administración de justicia38.

35. Para ese efecto, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de tres finalidades que ha identificado la Corte Constitucional de cara a la relevancia constitucional: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdiccione