JEP - Sentencia SRT-ST-157 de 2026

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SUBSECCIÓN TERCERA DE LA SECCIÓN DE REVISIÓN

SENTENCIA SRT-ST-157

Aprobada en Acta No. 35 – SUB03/26

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 1500881-81.2026.0.00.0001

Asunto: Acción de tutela presentada por ANDRÉS DAVID OVIEDO CAMPO contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y otras.

Fecha de reparto: 21 de agosto de 2026

La Subsección Tercera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (TP-JEP), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Se decide la acción de tutela presentada en nombre propio por el señor ANDRÉS DAVID OVIEDO CAMPO 1, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Fiscalía General de la Nación

(FGN) —Dirección de Justicia Transicional — y la JEP; por la presunta

ANDRÉS DAVID OVIEDO CAMPO 1, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Fiscalía General de la Nación (FGN) —Dirección de Justicia Transicional — y la JEP; por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, el derecho de petición, el acceso a la administración de

1 Identificado con cédula de ciudadanía No. 7.632.753. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 2 | 39

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justicia, la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición; así como la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV)2.

II. ACCIONANTE, ACCIONADOS Y VINCULADOS

2. El señor ANDRÉS DAVID OVIEDO CAMPO, identificado con C.C. No. 7.632.753, dirigió la tutela en contra de la UARIV, la FGN y la JEP. Sin embargo, para integrar debidamente el contradictorio 3, se vinculó a la Sala de

7.632.753, dirigió la tutela en contra de la UARIV, la FGN y la JEP. Sin embargo, para integrar debidamente el contradictorio 3, se vinculó a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP y a su Secretaría Judicial (SEJUD-SRVR), así como a la Defensoría del Pueblo4. Por demás, se desvinculó a la Presidencia de la JEP en tanto los hechos relatados por el actor no se refieren a algún trámite o asunto relacionado con su mandato.

III. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. Hechos expuestos por el señor OVIEDO CAMPO5

3. El accionante interpuso la acción de tutela con base en los siguientes

hechos:

4. Manifestó que su padre, Orlando Oviedo Otero, fue víctima de homicidio el 26 de febrero de 1993 en el municipio de Pivijay (Magdalena), hecho que dio lugar a la investigación identificada con la Carpeta No. 564679 actualmente en trámite, según indicó, ante la Dirección de Justicia Transicional de la FGN. Señaló que, a raíz de este hecho, él y su familia han acudido ante diversas autoridades estatales con el propósito de obtener el reconocimiento de su condición de víctimas del conflicto armado colombiano y el acceso a los derechos que de ella se derivan.

2 Expediente Legali, fl. 11. 3 Atendiendo a las facultades oficiosas del juez constitucional para interpretar la solicitud de amparo. “(…) cuando el juez de tutela considere (…) que la demanda ha debido dirigirse contra varias entidades,

2 Expediente Legali, fl. 11. 3 Atendiendo a las facultades oficiosas del juez constitucional para interpretar la solicitud de amparo. “(…) cuando el juez de tutela considere (…) que la demanda ha debido dirigirse contra varias entidades, autoridades o personas, alguna o algunas de las cuales no fueron demandas, aquél está en la obligación de conformar el legítimo contradictorio, en virtu d de los principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela”. Corte Constitucional. A-055 de 1997. Cfr., Autos A-238 de 2001, A-583 de 2015, A-536 de 2015 y Sentencias T-1223 de 2005, T-1015 de 2006, SU-116 de 018, T-038 de 2019. 4 Expediente Legali, fls. 40-50. Auto SRT -AT-CLD-645 de 24 de agosto de 2026, por medio del cual se avocó conocimiento de la acción de tutela. 5 Expediente Legali, fl. 11-14. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 3 | 39

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5. Sostuvo que, no obstante, la UARIV ha negado su inclusión en el Registro Único de Víctimas ( RUV), bajo el argumento de que “no existiría una atribución suficiente respecto del hecho y/o de que no se encontraría establecido que el homicidio haya sido cometido por un actor armado relacionado con el conflicto” 6, valoración que el accionante estima insuficiente y contraria a los principios constitucionales que gobiernan la protección de las víctimas.

6. Adicionalmente, sostuvo que la JEP tiene conocimiento de la solicitud que ha presentado para que se reconozca su calidad de víctima, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta clara, precisa, completa y de fondo sobre la existencia de una actuación a su nombre, el despacho o sala competente, el estado del trámite y las decisiones adoptadas, circunstancia que en su criterio configura una situación de indefensión y abandono institucional.

3.2. Pretensiones7

7. Por lo anterior, solicitó que (i) se amparen sus derechos (ver supra, párr. 1); (ii) se ordene a la UARIV realizar una nueva valoración integral de su solicitud de reconocimiento como víctima indirecta y, de ser procedente, se disponga su inclusión en el RUV; (iii) se ordene a la FGN informar el estado actual y el contenido de la investigación identificada con la Carpeta No. 564679;

(iv) se ordene a la JEP responder de fondo las comunicaciones relacionadas con su solicitud, determinando específicamente las actuaciones o expedientes a su

actual y el contenido de la investigación identificada con la Carpeta No. 564679; (iv) se ordene a la JEP responder de fondo las comunicaciones relacionadas con su solicitud, determinando específicamente las actuaciones o expedientes a su nombre, el número de radicado, el despacho sustanciador, el estado actual y las decisiones adoptadas; (v) se vincule a la Defensoría del Pueblo – Regional Magdalena - para que allegue al presente trámite las actuaciones que haya adelantado respecto de los hechos narrados por el accionante; (vi) se disponga la coordinación interinstitucional entre las entidades accionadas y la vinculada; (vii) se ordene a las entidades accionadas abstenerse de negar le el reconocimiento de la calidad de víctima bajo el argumento de que no hay un postulado o responsable del homicidio ; y (viii) se le garantice el acceso a las medidas de asistencia, atención y reparación integral que correspondan legalmente.

6 Expediente Legali, fl. 12. 7 Expediente Legali, fls. 17-19. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 4 | 39

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IV. TRÁMITE DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL

8. El escrito de tutela fue radicado el 18 de agosto de 2026 y repartido el mismo día al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta (Magdalena) - Sala de Decisión Penal -8, el que , mediante Auto de 19 de agosto de 2026 , dispuso la remisión por competencia a esta Jurisdicción9, lo que tuvo lugar el 20 de agosto del año en curso al correo electrónico infojep@jep.gov.co11.

9. Por medio de acta del día 21 del mismo mes 12, la Secretaría Judicial

(SEJUD) de la SR dispuso el reparto del asunto a esta Subsección. En consecuencia, mediante Auto SRT-AT-CLD-645 del 24 de agosto de 202613 se avocó conocimiento, se vincularon a los órganos y a las dependencias antes referidas (ver supra, párr. 2) y se les corrió traslado para ejercer el derecho de defensa y contradicción. Así mismo, se les requirió para que, con el informe correspondiente, allegaran los expedientes y demás actuaciones relacionadas con los hechos objeto de tutela.

10. En la misma decisión, se puso de presente la aparente duplicidad de la acción14, con motivo de la cual el mismo escrito de tutela habría sido conocido de manera simultánea por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta15.

Por ello, se requirió a esta autoridad judicial para que analizara y decid iera

acción14, con motivo de la cual el mismo escrito de tutela habría sido conocido de manera simultánea por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta15. Por ello, se requirió a esta autoridad judicial para que analizara y decid iera sobre la nulidad de lo actuado en dicho trámite , remitiendo la actuación a esta Jurisdicción para lo de su competencia.

11. El 28 de agosto de 2026, se requirió a la UARIV, la Defensoría del Pueblo y al Despacho Fiscal 3 Delegado ante el Tribunal de Distrito Judicialperteneciente a la Dirección de Justicia Transicional de la FGN - para que se pronunciaran respecto de la presente acción constitucional16.

8 Expediente Legali, fl. 10. 9 Expediente Legali, fls. 4-9. 10 Expediente Legali, fl. 1 11 Expediente Legali, fls. 1-3. 12 Expediente Legali, fl. 39. ACTA.TSR.000000303.2026 de 21 de agosto de 2026. 13 Expediente Legali, fls. 40-50. 14 Según consulta realizada el 21 de agosto de 2026 en el sistema de gestión documental de la JEP — Conti. 15 La acción de tutela ante el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta se tramita bajo el radicado 47 001 3333 003 2026 00242 00 . En ella, el despacho ponente dispuso la admisión de la acción constitucional mediante Auto de 18 de agosto de 2026, requiriendo a las accionadas – entre ellas la JEPpara que rindieran el correspondiente informe. 16 Expediente Legali, fls. 220-222.

constitucional mediante Auto de 18 de agosto de 2026, requiriendo a las accionadas – entre ellas la JEPpara que rindieran el correspondiente informe. 16 Expediente Legali, fls. 220-222. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 5 | 39

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12. El 31 de agosto de 2026, se requirió al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta para que se pronunciara frente al requerimiento contenido en el Auto SRT-AT-CLD-645 del 24 de agosto de 202617.

V. RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADAS

5.1. Fiscalía General de la Nación

13. Inicialmente, se recibió respuesta de la Dirección de Justicia Transicional de la FGN18, en la que se explicó que, según la consulta efectuada en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP), el accionante y su padre registran como víctimas asociadas a la Carpeta No. 564679 , la cual se encuentra a cargo del Despacho Fiscal 3 Delegado ante el Tribunal de Distrito Judicial , a quien

de Información de Justicia y Paz (SIJYP), el accionante y su padre registran como víctimas asociadas a la Carpeta No. 564679 , la cual se encuentra a cargo del Despacho Fiscal 3 Delegado ante el Tribunal de Distrito Judicial , a quien trasladó el requerimiento efectuado en el curso de la presente acción de tutela, por considerarlo de su competencia.

14. Agregó que, a la fecha, no existe ninguna petición a nombre del accionante asignada a dicha Dirección, por lo que solicitó ser desvinculada de este trámite constitucional.

15. Posteriormente, el Despacho Fiscal 3 Delegado ante el Tribunal de Distrito Judicial allegó un pronunciamiento 19 en el que solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que las pretensiones de fondo del accionante buscan el reconocimiento y pago de indemnizaciones administrativas individuales, competencias que, conforme a las Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011, recaen exclusivamente en UARIV.

16. Sostuvo que ese despacho fiscal no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Explicó que tiene a su cargo la investigación por el homicidio de Orlando Oviedo Otero, ocurrido el 26 de febrero de 1993 en Pivijay y respecto del cual el señor AND RÉS DAVID OVIEDO CAMPO figura como víctima indirecta (registro de hechos No. 617920, asociado a la carpeta No. 564679) pero, con corte al 27 de agosto de 2026, los hechos no han sido aceptados, confesados ni reconocidos por postulados pertenecientes a las

17 Expediente Legali, fls. 277-279.

1. pero, con corte al 27 de agosto de 2026, los hechos no han sido aceptados, confesados ni reconocidos por postulados pertenecientes a las

17 Expediente Legali, fls. 277-279. 18 Expediente Legali, fls. 81-84, reiterada a fls. 113-116. 19 Expediente Legali, fls. 259-275. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 6 | 39

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extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el marco de la Ley 975 de 2005, ni existen registros de comparecientes del Bloque Caribe ante la JEP que se hayan atribuido dicha responsabilidad penal.

17. Indicó que esa circunstancia le ha sido informada oportunamente al accionante mediante diferentes respuestas. En particular, se refirió a certificación expedida por la FGN el 13 de agosto de 2026 y a la respuesta que emitió aquel despacho dentro de la acci ón de tutela que tramita

simultáneamente el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta.

certificación expedida por la FGN el 13 de agosto de 2026 y a la respuesta que emitió aquel despacho dentro de la acci ón de tutela que tramita simultáneamente el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta.

18. Más adelante, el 31 de agosto de 2026, el Despacho Fiscal 3 Delegado ante el Tribunal de Distrito Judicial dio alcance a su pronunciamiento 20 informando que en esa misma fecha emitió y notificó al accionante de la respuesta de fondo, abarcando las peticiones que elevó el accionante en el escrito de tutela y remitiéndole copia de la documentación disponible en la Carpeta No. 564679. En consecuen cia, al considerar satisfecha la pretensión y desvirtuada la vulneración de derechos, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado y el archivo de la actuación.

5.2 Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas21

19. Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener que la petición del accionante no fue recibida ni tramitada por dicha secretaría.

20. No obstante, informó que, verificado el sistema de gestión documental Conti, encontró que la solicitud del actor a la JEP para ser acreditado en calidad de víctima 22 y el Informe de Acreditación No. 3642 – Bloque Caribe 23 fueron asignados por la Secretaría General Judicial (SEJUD General) directamente al Caso 10 , que se tramita bajo el expediente Legali MC 10 000159120.2022.0.00.0001/0041.

20 Expediente Legali, fls. 286-289.

Caso 10 , que se tramita bajo el expediente Legali MC 10 000159120.2022.0.00.0001/0041.

20 Expediente Legali, fls. 286-289. 21 Expediente Legali, fls. 85-112. 22 Radicado Conti No. 202601006835. 23 Radicado Conti No. 202603024495. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 7 | 39

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21. Agregó que , el pasado 25 de agosto, el Despacho relator del Caso 10 profirió el Auto JLR -10 No. 533 de 2026 en el que resolvió la acreditación del accionante, providencia frente a la cual esa Secretaría dio cumplimiento a los trámites de su competencia. Al respecto, precisó que

[u]na vez el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD -Víctimas) dé respuesta a lo requerido en el numeral SEGUNDO del Auto, esta Secretaría procederá a generar las contraseñas de acceso al expediente del Caso a favor de Andrés David Oviedo Campo y/o de su apoderado(a), en

dé respuesta a lo requerido en el numeral SEGUNDO del Auto, esta Secretaría procederá a generar las contraseñas de acceso al expediente del Caso a favor de Andrés David Oviedo Campo y/o de su apoderado(a), en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral TERCERO. Una vez finalizado este trámite, se procederá a fijar el estado correspondiente24.

5.3. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas25

22. La Magistrada Relatora del Caso 10 solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado y la ausencia de vulneración de derechos fundamentales. Explicó que la petición presentada por el accionante el 2 de febrero de 2026 inició la fase adminis trativa de acreditación ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP . Dentro de dicha etapa , el 4 de marzo de 2026 , la Oficina Asesora de Atención a Víctimas (OAAV) le requirió información complementaria al accionante y, tras el acopio de datos en bases oficiales, la OAAV radicó el Informe de Acreditación No. 3642 el 10 de abril de 2026 ante esa Sala.

23. Sostuvo que el 25 de agosto de 2026 profirió el Auto JLR -10 No. 533 de 2026, mediante el cual resolvió de fondo la petición y dispuso acreditar al señor ANDRÉS DAVID OVIEDO CAMPO como interviniente especial dentro del Caso 10. Asimismo, ordenó al SAAD -Víctimas verificar o designarle representación judicial, dispuso la generación de contraseñas de acceso al expediente Legali y ordenó las notificaciones correspondientes. Concluyó que

Caso 10. Asimismo, ordenó al SAAD -Víctimas verificar o designarle representación judicial, dispuso la generación de contraseñas de acceso al expediente Legali y ordenó las notificaciones correspondientes. Concluyó que la pretensión de amparo fue resuelta favorablemente y dentro de un plazo razonable —contado desde la recepción del informe administrativo hasta la decisión judicial—, desapareciendo así el objeto de la tutela.

24 Expediente Legali, fls. 91-100, reiterado a fls. 130-139. 25 Expediente Legali, fls. 119-157. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 8 | 39

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5.4. Secretaría Ejecutiva de la JEP26

24. Informó que se había pronunciado previamente sobre los mismos hechos y pretensiones mediante el radicado No. 202602022270 del 21 de agosto de 2026, presentado ante el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta.

Reafirmó lo expuesto en dicha oportunidad, señalando que la OAAV le informó

hechos y pretensiones mediante el radicado No. 202602022270 del 21 de agosto de 2026, presentado ante el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta. Reafirmó lo expuesto en dicha oportunidad, señalando que la OAAV le informó oportunamente al accionante sobre la recepción de su solicitud de acreditación y el inicio de la Ruta de Acreditación de Víctimas en Fase Administrativa (RAFA). Asimismo, destacó que el 10 de abril de 2026 la OAAV emitió el Informe de Acreditación No. 3642 – Bloque Caribe (Caso 10) con recomendación favorable de acreditación, remitido a la SRVR, a la que corresponde la decisión de fondo.

25. Finalmente, solicitó considerar la posible configuración de temeridad en la acción de tutela promovida por el accionante, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. Fundamentó su petición en que el presente amparo y el tramitado ante el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta guardan plena identidad en los hechos, sujetos accionados y pretensiones, sin que se advierta un motivo o causa justificada para la interposición reiterada de la acción constitucional.

5.5. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas27

26. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del principio de subsidiariedad o, en su defecto, denegar el amparo por ausencia de vulneración de derechos fundamentales.

27. Precisó que el señor A NDRÉS DAVID OVIEDO CAMPO rindió declaración el 1.º de marzo de 2022 ante la Defensoría del Pueblo de Santa Marta

de vulneración de derechos fundamentales.

27. Precisó que el señor A NDRÉS DAVID OVIEDO CAMPO rindió declaración el 1.º de marzo de 2022 ante la Defensoría del Pueblo de Santa Marta por el homicidio de su padre, Orlando Oviedo Otero, ocurrido el 26 de febrero de 1993 en Pivijay. Agregó que la Dirección de Registro y Gestión de la Información expidi ó la Resolución No. 2022 -46822 del 29 de junio de 2022, mediante la cual resolvió no incluir al accionante en el RUV por extemporaneidad en la declaración y falta de acreditación de una causal de fuerza mayor que justificara la extemporaneidad, conforme al artículo 155 de la

26 Expediente Legali, fls. 158-209. 27 Expediente Legali, fls. 236-258. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 9 | 39

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Ley 1448 de 2011. Sostuvo que dicha decisión fue notificada personalmente el 27 de septiembre de 2022 sin que el actor hiciera uso de los recursos en sede

Ley 1448 de 2011. Sostuvo que dicha decisión fue notificada personalmente el 27 de septiembre de 2022 sin que el actor hiciera uso de los recursos en sede administrativa o las acciones contenciosas ordinarias.

28. Concluyó que el amparo es improcedente pues la tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir los actos administrativos que deciden sobre la inscripción en el RUV, señalando que la contradicción de estas determinaciones se realiza mediante la interposición de los recursos que prevé el procedimiento administrativo o, una vez en firme , mediante demanda de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

29. Agregó que la actuación de la entidad estuvo marcada por la estricta observancia del debido proceso administrativo y el principio de legalidad.

Además, e xplicó que, efectuada la búsqueda en el sistema de gestión documental de la entidad, no se evidenció la existencia de otras peticiones a nombre del accionante que estuvieran pendientes de resolver, por lo que la entidad no ha incurrido en una actitud evasiva.

5.6. Defensoría del Pueblo

30. La SEJUD-SR, mediante informe número ISJ.TSR.0004104.2026 de 31 de agosto28, dejó constancia de que la Defensoría del Pueblo no allegó respuesta al trámite constitucional.

VI. PRUEBAS ALLEGADAS

31. En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes:

• Oficio MJD -OFI23-0042327 de 3 de noviembre de 2023 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el cual informa al accionante el

31. En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes:

• Oficio MJD -OFI23-0042327 de 3 de noviembre de 2023 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el cual informa al accionante el traslado de su petición por competencia a la Dirección de Justicia Transicional de la FGN29.

• Petición fechada el 29 de enero de 2026, a través de la cual el accionante solicitó a la Dirección de Justicia Transicional de la FGN y la JEP, el reconocimiento como víctima por el homicidio de su padre, certificación oficial

28 Expediente Legali, fl. 276. 29 Expediente Legali, fls. 2324. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 10 | 39

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con destino a la UARIV e información del estado de la investigación SIJYP No. 564679, que habría sido radicada ante la JEP por correo electrónico remitido el 2 de febrero del año en curso30.

• Constancia expedida el 13 de agosto de 2026 por la Dirección de Justicia

564679, que habría sido radicada ante la JEP por correo electrónico remitido el 2 de febrero del año en curso30.

• Constancia expedida el 13 de agosto de 2026 por la Dirección de Justicia Transicional de la FGN, en la que certifica el registro del hecho No. 617920 dentro de la carpeta No. 564679 por el homicidio de Orlando Oviedo Otero, ocurrido el 26 de febrero de 1993 en Pivijay31.

• Oficio No. 202602003299 de 10 de febrero de 2026 expedido por la OAAV, confirmando al accionante la recepción de la solicitud de acreditación y la asignación de número de radicado32.

• Certificado de notificación electrónica del 12 de febrero de 2026, expedido por Gestión de la Seguridad Electrónica S.A. (GSE), que acredita el envío de la confirmación de recepción del trámite al correo del accionante33.

• Oficio No. 202602006510 de 10 de marzo de 2026 expedido por la OAAV, mediante el cual le informa al accionante el inicio de la fase administrativa de la RAFA, sus etapas y la competencia de la UARIV en materia de indemnizaciones34.

• Certificado de notificación y apertura electrónica de 16 de marzo de 2026 expedido por GSE, en el que consta la entrega y apertura por parte del accionante del oficio informativo de la RAFA35.

• Informe de Acreditación No. 3642 – Bloque Caribe de 10 de abril de 2026 , expedido por la OAAV y remitido a la Sala de Reconocimiento, que contiene la verificación técnica y la recomendación favorable de acreditación del accionante

• Informe de Acreditación No. 3642 – Bloque Caribe de 10 de abril de 2026 , expedido por la OAAV y remitido a la Sala de Reconocimiento, que contiene la verificación técnica y la recomendación favorable de acreditación del accionante dentro del Caso 1036.

30 Expediente Legali, fls. 193-199. Radicado Conti No. 202601006835. 31 Expediente Legali, fl. 22. 32 Expediente Legali, fl. 200. 33 Expediente Legali, fl. 201-202. 34 Expediente Legali, fl. 203-204. 35 Expediente Legali, fls. 205-206. 36 Expediente Legali, fls. 127-129, reiterado a fls. 207-209. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500881-81.2026.0.00.0001 y el código 913F0D.P á g i n a 11 | 39

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500881 - 8 1 . 2 0 2 6 . 0. 0 0 . 0 0 0 1

• Auto JLR-10 No. 533 de 2026 de 25 de agosto de 2026, mediante el cual la SRVR resuelve de fondo la solicitud de acreditación disponiendo acreditar al accionante como interviniente especial dentro del Caso 1037.

• Auto JLR-10 No. 533 de 2026 de 25 de agosto de 2026, mediante el cual la SRVR resuelve de fondo la solicitud de acreditación disponiendo acreditar al accionante como interviniente especial dentro del Caso 1037.

• Constancias secretariales y de notificación del Auto JLR -10 No. 533 de 2026, expedidas por la SEJUD-SRVR38.

• Resolución No. 2022-46822 de 29 de junio de 2022, proferida por la Dirección Técnica de Registro y Gestión de la Información de la UARIV, mediante la cual resolvió no incluir al accionante en el RUV por el hecho victimizante de homicidio de su padre, Orlando Oviedo Otero39.

• Formato suscrito el 27 de septiembre de 2022 que acredita la notificación personal al accionante de la Resolución No. 2022-46822 de 29 de junio de 202240.

• Petición fechada el 23 de febrero de 2022, formulada por el accionante ante la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, la FGN y la Defensoría del Pueblo, solicitando una indemnización bajo la Ley 1448 de 2011 por el homicidio de su padre41.

• Oficio No. 20225910001081 de 24 de febrero de 2022 mediante el cual la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada de la FGN responde petición del accionante42.

• Oficio No. 20225910001341 de 2 de marzo de 2022 mediante el cual la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada de la FGN responde petició