PGN - Concepto 288-2026 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
PGN - Concepto 288-2026 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

NULIDAD ELECTORALen ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011

…Al respecto, estima esta Delegada que, la regla invocada describe un procedimiento previo cuyo cumplimiento o no, debe ser acreditado por las autoridades responsables del trámite durante el desarrollo ordinario del proceso. No obstante, llama la atención del Ministerio Público que, vía acción de nulidad electoral contra la designación del demandado, la parte actora controvierte la validez del Decreto 1012 de 2026 - acto administrativo distinto al de nombramientode cuya prosperidad depende que se active una cadena de reproches frente a dicho nombramiento sobre la falta de publicación de su hoja de vida…

MEDIDA CAUTELAR-Se solicitó suspensión provisional de los efectos del acto electoral acusado, por infracción de norma superior y expedición irregular

… Tampoco la invocación del artículo 148 del CPACA conduce automáticamente a la inaplicación solicitada, en el entendido que dicha disposición habilita al juez para inaplicar, con efectos inter partes, actos administrativos contrarios a la Constitución o a la ley, pero presupone que la incompatibilidad normativa pueda establecerse a partir de elementos suficientes que no se advierten en sede cautelar, pues el argumento sobre el vacío en el espacio de la firma requiere esclarecimiento y valoración de fondo que no es propia de esta etapa procesal siendo insuficiente para desplazar cautelarmente la presunción de legalidad del Decreto 1012 de 2026…

…El fallo citado resulta relevante en cuanto a la naturaleza y finalidad del procedimiento previsto en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015. Sin embargo, la existencia de esa regla jurisprudencial no suple la necesidad de establecer en el caso concreto, si efectivamente se omitieron los pasos exigidos. La discusión actual comprende, además, la eficacia del Decreto 1012 de 2026 y la insuficiencia de la prueba disponible sobre el historial de publicación. Por ello, la jurisprudencia aducida no conduce automáticamente a decretar la medida cautelar…

CONCEPTOS-Se solicita negar la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1191 del 12 de agosto de 2026, mediante el cual fue nombrado RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ como director general de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

… En particular, el espacio vacío en el archivo fuente, por sí solo, no acredita de manera concluyente la falta de suscripción o la invalidez del Decreto 1012 de 2026; a su vez, las búsquedas efectuadas no demuestran que la hoja de vida no hubiera sido publicada antes del nombramiento del 12 de agosto de 2026. La verificación de estos aspectos requiere el expediente administrativo y la información histórica que deben aportar el DAPRE y la UPME. En consecuencia, sin perjuicio del análisis definitivo de los cargos, no se advierte soporte suficiente para suspender provisionalmente el Decreto 1191 de 2026…

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2026

Concepto No. 2026-10-MC-288

Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Ponente

Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2026

Concepto No. 2026-10-MC-288

Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Ponente

Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN NO.: 11001-03-28-000-2026-00510-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL

DEMANDANTE: CARLOS ESTEBAN ROMO DELGADO

DEMANDADO: RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ – DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME)

TRÁMITE: MEDIDA CAUTELAR

ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: FALTA DE PUBLICACIÓN DE HOJAS DE VIDA PREVIO A NOMBRAMIENTO Y FALTA DE FIRMA PRESIDENCIAL

Respetado Magistrado:

Dentro del término concedido mediante auto del 1 de octubre de 2026, procedo a intervenir como Agente del Ministerio Público, con el propósito de descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 1191 del 12 de agosto de 2026, mediante el cual fue nombrado RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ como Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

1. ANTECEDENTES 2. Hechos[[1]](#footnote-1) - 1. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) es una Unidad Administrativa Especial de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal.

2. De conformidad con el artículo 6.º del Decreto 2121 de 2023, la dirección de la UPME está a cargo de un Consejo Directivo y de un Director, quien tiene la calidad de servidor público de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

3. El numeral 2.º del artículo 9.º del Decreto 2121 de 2023 atribuye al Director General de la UPME la función de ejercer la representación legal de la entidad.

4. Mediante el Decreto 1012 del 5 de agosto de 2026 se dispuso el cese transitorio de los efectos jurídicos de los artículos 2.2.13.2.2 y 2.2.13.2.3, así como del parágrafo del artículo 2.2.5.1.3 del Decreto 1083 de 2015, relativos al procedimiento previo para la provisión de determinados empleos de libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

1.1.5. El 12 de agosto de 2026, mediante el Decreto 1191, se nombró con carácter ordinario a RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ en el empleo de Director General de Unidad Administrativa Especial, Código 0015, Grado 25, de la planta de personal de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

  • - 1. Contra dicho acto de nombramiento se presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, solicitando también la suspensión provisional de los efectos del acto electoral acusado, por infracción de norma superior y expedición irregular.

1. Argumentos y normas que sustentan la solicitud de medida cautelar

El demandante solicita la suspensión provisional del Decreto 1191 del 12 de agosto de 2026 y sostiene en síntesis que, el nombramiento desconoció el procedimiento previo previsto en los artículos 2.2.13.2.2 y 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, en particular, la evaluación de competencias y la publicación de la hoja de vida de la aspirante durante tres días calendario, tanto en la página de la Agencia Nacional de Tierras como en la del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), con evaluación previa de las observaciones ciudadanas.

La demanda agrega que, el Decreto 1012 del 5 de agosto de 2026, que dispuso temporalmente el cese de efectos de aquellas reglas, no podría servir de fundamento para omitir el procedimiento ordinario, en tanto el archivo fuente remitido por el DAPRE a la Imprenta Nacional para su publicación, contiene vacío el espacio destinado a la firma presidencial, lo que compromete su formación y validez a la luz de los artículos 6, 115, 121 y 189 numeral 11, de la Constitución Política, así como de los artículos 2.1.2.4.1, 2.1.2.4.2 y 2.1.2.4.17 del Decreto 1081 de 2015, incorporados por el Decreto 385 de 2026.

A partir de lo anterior, el actor pide inaplicar inter partes el Decreto 1012 de 2026, aplicar el régimen ordinario del Decreto 1083 de 2015 y suspender el nombramiento. Como sustento de la falta de publicación, refiere búsquedas independientes en el sistema Aspirantes del DAPRE, en las que no localizó la hoja de vida de RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ. Solicita, además, requerir al DAPRE y a la UPME para que certifiquen las fechas y horas de publicación, aporten los registros técnicos y el expediente administrativo, e informen sobre las observaciones ciudadanas y su evaluación. Adicionalmente, invoca como precedente la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 8 de agosto de 2024, proferida en el caso de Álvaro Moisés Ninco Daza.

1. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1191 del 12 de agosto de 2026, mediante el cual fue nombrado RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ como Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre el mecanismo de la suspensión provisional para luego pronunciarse frente al caso concreto.

  • - 1. El mecanismo de la suspensión provisional

La Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control.

  • - 1. El mecanismo de la suspensión provisional

La Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control.

El Consejo de Estado, y más concretamente la Sección Quinta[[2]](#footnote-2), ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. Ha dispuesto que, si bien, tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA.

El legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto.

Señaló que al demandado debe corrérsele traslado por el término de 5 días de la solicitud de medida cautelar, a fin de garantizar su derecho a la defensa, garantía de la cual solo se puede prescindir ante una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique que la referida petición se resuelva de plano[[3]](#footnote-3) y, luego decide sobre la misma en el auto admisorio.

En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral, están[[4]](#footnote-4):

1. Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA)

2. Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277 CPACA), sin embargo, ha aceptado, criterio del cual se ha apartado esta Delegada, que pueda ser presentada en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad[[5]](#footnote-5).

3. Se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud

4. Se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente en la misma.

5. Sustentación específica y propia o una expresa remisión en el sentido que la solicitud se soporta en el mismo concepto de violación.

6. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento, pero en aquellos eventos en los que no se refiera, en concreto, a cargo específico, se analizarán las censuras de la demanda.

7. Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza.

8. No cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto, debe analizarse, en cada caso concreto, la implicación de este con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas, su legalidad.

9. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente.[[6]](#footnote-6)

Así mismo, ha señalado que uno de los aspectos más destacados de la reforma, en contraste con la legislación anterior, se encuentra en el título XI, dedicado a las medidas cautelares procedentes en el marco de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, las cuales: (i) revisten naturaleza instrumental, provisional y mutable; (ii) se sustentan en la apariencia de buen derecho y el riesgo de la mora, con excepción de la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, cuyos requisitos específicos se encuentran previstos en el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) tienen por finalidad garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo[[7]](#footnote-7).

  • - 1. Análisis del caso concreto

La solicitud de medida cautelar se enfoca de manera particular en que el nombramiento de RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ como Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) efectuado mediante el Decreto 1191 del 12 de agosto de 2026, vulnera normas superiores y se expidió de forma irregular a partir de dos premisas relacionadas: (i) la pretendida invalidez o ineficacia del Decreto 1012 de 2026, por la ausencia de firma presidencial en el espacio dispuesto en el archivo fuente enviado para publicación; y (ii) la consecuente aplicación del procedimiento ordinario de los artículos 2.2.13.2.2 y 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, cuyo incumplimiento derivaría de la falta de publicación previa de la hoja de vida y de la ausencia de evaluación de observaciones ciudadanas.

El demandante sostiene que, el archivo fuente remitido por el DAPRE a la Imprenta Nacional presenta vacío el espacio destinado a la firma del Presidente de la República. A partir de ello, invoca los artículos 6, 115, 121 y 189 numeral 11, de la Constitución Política, así como los artículos 2.1.2.4.1, 2.1.2.4.2 y 2.1.2.4.17 del Decreto 1081 de 2015, incorporados por el Decreto 385 de 2026, y solicita la inaplicación inter partes del Decreto 1012 con fundamento en el artículo 148 del CPACA.

Sin embargo, la prueba descrita por el actor —un espacio en blanco en el archivo que habría sido remitido para publicación— no permite concluir, por sí sola y en esta etapa, que el decreto carezca jurídicamente de firma presidencial, que no se hubiera formado la voluntad de la autoridad competente o que el acto sea inexistente o inválido. La apariencia del archivo constituye un elemento que amerita esclarecimiento, pero no equivale necesariamente a una prueba fehaciente sobre el procedimiento de suscripción, la integridad del expediente que le sirvió de sustento, ni los mecanismos mediante los cuales se exteriorizó la voluntad del Presidente de la República.

Si bien en la demanda se refiere que la Imprenta Nacional recibió un archivo del DAPRE y que no recibió versiones adicionales, correcciones o sustituciones antes de la publicación, esta información permite identificar el documento enviado para ser publicado, pero no despeja por sí misma todas las cuestiones jurídicas y fácticas relativas a la formación del decreto ni permite concluir, sin examinar el expediente correspondiente y la información oficial de las entidades involucradas, que se configura una infracción manifiesta que haga procedente su inaplicación cautelar.

Tampoco la invocación del artículo 148 del CPACA conduce automáticamente a la inaplicación solicitada, en el entendido que dicha disposición habilita al juez para inaplicar, con efectos inter partes, actos administrativos contrarios a la Constitución o a la ley, pero presupone que la incompatibilidad normativa pueda establecerse a partir de elementos suficientes que no se advierten en sede cautelar, pues el argumento sobre el vacío en el espacio de la firma requiere esclarecimiento y valoración de fondo que no es propia de esta etapa procesal siendo insuficiente para desplazar cautelarmente la presunción de legalidad del Decreto 1012 de 2026.

De otro lado, el actor afirma que, si se inaplica el Decreto 1012 de 2026, dicha circunstancia deriva en que a los nombramientos debían aplicarse las reglas ordinarias del Decreto 1083 de 2015. En particular, el artículo 2.2.13.2.3 que dispone que, una vez evaluadas las competencias laborales y antes del nombramiento discrecional, la hoja de vida debe publicarse durante tres días calendario en las páginas web de la entidad a la que pertenece el cargo y del DAPRE, y que, la autoridad nominadora solo podrá proceder al nombramiento una vez efectuada la publicación y evaluados los comentarios ciudadanos.

Al respecto, estima esta Delegada que, la regla invocada describe un procedimiento previo cuyo cumplimiento o no, debe ser acreditado por las autoridades responsables del trámite durante el desarrollo ordinario del proceso. No obstante, llama la atención del Ministerio Público que, vía acción de nulidad electoral contra la designación del demandado, la parte actora controvierte la validez del Decreto 1012 de 2026[[8]](#footnote-8) - acto administrativo distinto al de nombramientode cuya prosperidad depende que se active una cadena de reproches frente a dicho nombramiento sobre la falta de publicación de su hoja de vida.

Sobre este último aspecto, el demandante refiere que efectuó diversas búsquedas en el Portal de Aspirantes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), utilizando el nombre completo de RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ, así como diferentes criterios y variantes de consulta, sin obtener resultados que permitieran localizar un registro de publicación de su hoja de vida con ocasión de su aspiración al cargo de Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Las evidencias de dichas consultas se aportaron con la demanda. No obstante, el actor precisa que los resultados obtenidos se circunscriben a la información públicamente disponible y no descartan la eventual existencia de registros históricos o internos que actualmente no sean accesibles.

En particular, las búsquedas reseñadas en la demanda se dirigieron a establecer si existió una publicación de la hoja de vida del señor RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ con ocasión de su aspiración al cargo mencionado. Sin embargo, el material aportado no permite establecer, por sí solo, el estado histórico del portal durante los tres días calendario anteriores a la expedición del Decreto 1191 del 12 de agosto de 2026. Así, la ausencia de resultados en las consultas efectuadas no equivale, sin información adicional, a prueba concluyente de que la publicación no se hubiera realizado previamente o de que no hubiese permanecido disponible durante el término exigido.

El propio demandante reconoce la necesidad de esclarecer este aspecto al solicitar que el DAPRE y la UPME informen si la publicación se efectuó y, en caso afirmativo, certifiquen sus fechas y horas de inicio y finalización, aporten las direcciones electrónicas históricas, los registros y metadatos asociados, los logs de auditoría y los antecedentes administrativos correspondientes. Asimismo, solicita información sobre la evaluación de competencias laborales, las eventuales observaciones ciudadanas y las actuaciones adelantadas para evaluarlas antes del nombramiento. Se trata de elementos probatorios cuya incorporación al proceso permitiría esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento previo a la designación.

En consecuencia, las búsquedas y los archivos electrónicos aportados constituyen elementos indicativos que deben valorarse en conjunto con las demás pruebas del proceso, pero no permiten concluir, en esta etapa, que la hoja de vida del señor RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ no fue publicada en los portales institucionales durante el período relevante, ni que las observaciones ciudadanas, de haber existido, dejaron de ser evaluadas antes del nombramiento. Tampoco se encuentra acreditada de manera directa, con los elementos actualmente disponibles, la ausencia de evaluación de competencias laborales.

Finalmente, el demandante invoca la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 8 de agosto de 2024, radicación 25000-23-41-000-2023-00394-01 (acumulado), relativa al nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza, para sostener que la publicación durante tres días calendario y la evaluación de las observaciones ciudadanas constituyen exigencias sustanciales y previas al nombramiento.

El fallo citado resulta relevante en cuanto a la naturaleza y finalidad del procedimiento previsto en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015. Sin embargo, la existencia de esa regla jurisprudencial no suple la necesidad de establecer en el caso concreto, si efectivamente se omitieron los pasos exigidos. La discusión actual comprende, además, la eficacia del Decreto 1012 de 2026 y la insuficiencia de la prueba disponible sobre el historial de publicación. Por ello, la jurisprudencia aducida no conduce automáticamente a decretar la medida cautelar.

A partir de las anteriores consideraciones, son varios aspectos que deben ser ventilados al interior de la Litis antes de proceder con una decisión sobre los efectos del acto de nombramiento objeto de censura, motivo por el cual se solicitará sea negada la cautelar rogada.

2.2. Síntesis

De lo expuesto se puede colegir que, en el actual momento procesal, los argumentos esgrimidos por el demandante no cuentan con respaldo probatorio y jurídico suficiente para suspender el acto atacado, debiéndose determinar su legalidad en la sentencia que finalice la presente causa judicial, razón por la cual, se solicitará desestimar las pretensiones de suspensión del Decreto 1191 del 12 de agosto de 2026, mediante el cual fue nombrado RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ como Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), al no acreditarse en esta fase la infracción de norma superior y la expedición irregular.

En particular, el espacio vacío en el archivo fuente, por sí solo, no acredita de manera concluyente la falta de suscripción o la invalidez del Decreto 1012 de 2026; a su vez, las búsquedas efectuadas no demuestran que la hoja de vida no hubiera sido publicada antes del nombramiento del 12 de agosto de 2026. La verificación de estos aspectos requiere el expediente administrativo y la información histórica que deben aportar el DAPRE y la UPME. En consecuencia, sin perjuicio del análisis definitivo de los cargos, no se advierte soporte suficiente para suspender provisionalmente el Decreto 1191 de 2026.

III. CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, la Procuradora Séptima Delegada solicita NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1191 del 12 de agosto de 2026, mediante el cual fue nombrado RAFAEL ENRIQUE FRAGOZO DÍAZ como Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Respetuosamente,

IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ

Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

1. Se toman los relacionados en la demanda. ↑

2. Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad No. 44001-23-33000-2020-00022-01, Auto del 26 de noviembre de 2020. ↑

3. Ibídem. ↑

4. Consejo de Estado, Sección Quinta C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2021-00009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021. ↑

5. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 1300123-33-000-2016-00070-01, Sentencia del 3 de junio de 2016. Reiterado, recientemente, en Consejo de Estado, Sección Quinta CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 11001-03-28-000-2021-00009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021. ↑

6. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 19001-23-33-000-2015-00044-01. Auto de 09 de abril de 2015. ↑

7. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. No. 17001-23-33-000-2019-00551-01, Sentencia del 27 de febrero de 2020. ↑

8. Que goza de presunción de legalidad y cuya legitimidad debe ser cuestionada por la vía de la simple nulidad. ↑

Consultar sobre este documento ...